martes, 5 de marzo de 2013

ACEFALÍA, USURPACIÓN Y MENTIRAS
Gehard Cartay Ramírez

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Artículo 350 de la Constitución.
    
Estas son las tres características del régimen de facto que, insólitamente, se ha apoderado del país desde el 10 de enero pasado.
Hay una indiscutible acefalía presidencial. La persona que fue reelecta el 16 de octubre de 2012 como presidente de la República no ha tomado posesión del cargo, tal como debió hacerlo el pasado 10 de enero, en cumplimiento de la Constitución Nacional. Y es un hecho claro que, a pesar de la expresa desinformación y ocultamiento que ha propiciado el régimen en esta materia, se sabe que esa persona no está en condiciones de asumir la responsabilidad que se le confió.
Sin embargo, y aún cuando su ausencia ya es indiscutible, no se han cumplido los dispositivos constitucionales al respecto, a pesar de que el mismo presidente reelecto señaló el 08-12-2012 que debían cumplirse, si sobrevenía, como en efecto sobrevino, su incapacidad por razones médicas.
Toda esta situación de facto ha permitido a quien fue vicepresidente hasta el 10 de enero pasado usurpar la presidencia de la República, con la complicidad escandalosa del Tribunal Supremo. Ambos, el usurpador y el alto tribunal, han violado la Constitución Nacional de manera inescrupulosa y aviesa. Aquél, porque detenta un cargo para el que no ha sido nombrado ni elegido. Y si bien es cierto que era vicepresidente, ya dejó de serlo, pues su período feneció el 10 de enero pasado. Y el alto tribunal, porque ha propiciado el incumplimiento de la Carta Magna, cuya interpretación está obligada a hacer, pero sin transgredir la letra, espíritu, propósito y razón de la misma, como lamentablemente lo ha hecho.
Estamos, pues, ante un régimen ilegítimo, que nadie ha elegido y, por tanto, contrario a la normas constitucionales. No hay un presidente de la República ejerciendo el cargo legítima y legalmente. Por tanto, no hay quien dirija el Gobierno; ni nadie facultado para nombrar el vicepresidente y los ministros (a quienes también se les venció su período); tampoco tenemos a quien administre la Hacienda Pública Nacional y ejerza como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, entre otras atribuciones que la Constitución le concede al Presidente de la República en su artículo 236. Y ello es así, insisto, porque no hay un Presidente de la República en funciones.
  Ya se ha repetido hasta la saciedad que lo que debió hacerse era cumplir con la norma constitucional, es decir, declarar la ausencia absoluta por incapacidad física (Artículo 233), encargar de la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones, tal como lo ordena esta mismo disposición de le carta magna. Nada de eso se hizo. Por el contario, una camarilla usurpadora del poder, que nadie eligió, con la complicidad del TSJ y  de espaldas al país, se ha apoderado del poder de manera inconstitucional.
En paralelo, han ocultado la situación del presidente enfermo, a quien mantuvieron secuestrado en Cuba -en connivencia con la dictadura castrista- y ahora, aparentemente, han traído al país, aunque sigue desconociéndose su estado real. En otras palabras, a la acefalía y usurpación, la cúpula podrida del régimen ha añadido una descarada campaña de mentiras, con lo cual engañan e irrespetan al pueblo venezolano y, muy especialmente, a sus propios partidarios.
Y todo transcurre como si nada. Las mayorías parecen dormidas, inertes, sin capacidad de reacción. Están en desacuerdo con la usurpación del poder por parte de la cúpula podrida del chavismo, pero dejan que tal aberración siga su curso. Los partidos políticos, las sociedades intermedias y la opinión pública en general han demostrado una impotencia alarmante frente a lo que debería haber sido repudiado por la mayoría de los venezolanos, apoyados en el artículo 350 de la Constitución Nacional.
Como decía Juan Pablo II, ya es hora de “despertar y reaccionar”.

LA PRENSA de Barinas - Martes, 05 de marzo de 2013) 

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