LA CONSTITUCIÓN Y
LOS MILITARES
Gehard
Cartay Ramírez
No se
justifica la reacción destemplada de la cúpula militar frente al correcto
planteamiento del nuevo presidente de la Asamblea Nacional instándolos a
cumplir sus deberes constitucionales.
Entre
otras cosas, porque esa es una exigencia nacional a estas alturas. Y nadie les
está pidiendo que den un golpe de Estado, como el de Chávez y sus golpistas en
1992. En absoluto: lo que se les reclama es que garanticen el cumplimiento de
la Constitución, violada todos los días desde el mismo momento en que la
aprobaron en 2000.
Porque,
además -por si no se han dado cuenta-, aquí nadie quiere continuar bajo un
régimen militarista. Esa experiencia siempre ha sido nefasta y hay que
desterrarla por completo, como sucede en todo país moderno y civilizado, donde
los militares se mantienen en los cuarteles, alejados del partidismo político.
Cuando
se le exige a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que garantice la vigencia de la Carta
Magna, ella misma debe comenzar cumpliendo con el artículo 328, que la regula
como institución castrense, y que su cúpula viola a cada rato. La Constitución
le ordena ser “una institución esencialmente profesional, sin militancia
política”, que “en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo
de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Más claro no canta un gallo. Entonces, sobra
eso de “Chávez vive” o lo de “patria socialista”. Comiencen, pues, por cumplir
el artículo 328.
Desde
luego que por estas mismas razones -por estar “al servicio exclusivo de la Nación”- la FAN debería exigirle al régimen que cumpla
también con la Constitución y las leyes, respete el Estado de Derecho,
garantice la comida y la paz de los venezolanos, deje de violar los derechos
humanos, libere a los presos políticos y no impida la celebración de
elecciones. ¿Es mucho pedir? Por supuesto que no: todo eso está en las normas
constitucionales, especialmente en el artículo 2 que define a Venezuela “como
un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, que obviamente ahora
no lo es.
Hay que recordarle a la cúpula militar de
hoy que desde 1958 hasta 1998 las FAN fueron -por expreso mandato de la
Constitución de 1961- “apolíticas, no deliberantes y sometidas al poder civil”.
Se les inculcó entonces una profunda raigambre constitucional y se las mantuvo
alejadas del debate político-partidista. Se respetó -en lo posible- la meritocracia
en materia de ascensos, revisados por el Senado, antes de ser aprobados por el
Presidente de la República. Y se actualizó entonces a la alta oficialidad en
temas de interés nacional, a través del Instituto de Altos Estudios de la
Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Rafael Caldera.
Entre 1958 y 1999 las FAN como institución tuvieron
un comportamiento institucional, con apego a las normas constitucionales. En su
momento, respaldaron la democracia republicana frente la subversión guerrillera
de la extrema izquierda, patrocinada por el dictador cubano Fidel Castro, y la
derrotaron militarmente.
La llegada al poder del actual régimen en
1999 cambió intempestivamente el papel de las FAN. No hay que olvidar, por
cierto, que luego de la derrota de las guerrillas en los años sesenta, continuó
la infiltración marxista de los cuadros medios de la institución armada (Véase
mi libro Los orígenes ocultos del
chavismo, Editorial Libros Marcados, 2006). Después siguieron la preparación
sigilosa de una logia militar conspiradora
y las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992.
Estos lamentables hechos y la gigantesca
crisis nacional creada por el actual desgobierno convierten a la institución
militar en un factor decisivo en el desenlace de la actual situación. De allí
que los venezolanos le reclamen a la Fuerza Armada Nacional que actúe en
función de los principios constitucionales y sea garante efectivo de la institucionalidad
democrática, y no el soporte armado de un proyecto político que ha destruido
las instituciones, dividido al país y sembrado el odio, aparte de conducirnos a
la más severa crisis económica que este país haya podido sufrir nunca antes.
La resolución
de la presente crisis de gobernabilidad debe ser democrática e institucional. Está
en la voluntad del pueblo decidir si este nefasto proceso chavomadurista
continúa destruyendo al país o si le damos un parao a la tragedia que sufrimos hoy, mediante una salida
democrática y electoral a tales efectos.
Y cualquiera que sea la decisión de la inmensa
mayoría será de obligatorio cumplimiento para todos, y la Fuerza Armada
Nacional tiene que ser su garante, pues ella es el custodio de las armas propiedad
del pueblo venezolano y del monopolio de la violencia.
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 10 de enero de 2017.
