EL IMPERIO DE LA CORRUPCIÓN
Gehard Cartay Ramírez
Sin temor a equivocarse puede decirse que el actual es el régimen más
corrupto en nuestra historia.
Y ello es doblemente significativo. Por una parte, porque la corrupción
ha sido una constante -con sus lógicas excepciones- en el ejercicio histórico
del poder en Venezuela. Pero, ciertamente, nunca como hasta ahora, la
corrupción administrativa se había convertido en un desbordante río crecido que
lo inundara todo, como hoy acontece. Los corruptos de antes son insignificantes
al lado de los ladrones chavistas, cuyas fechorías han superado todos los latrocinios
anteriores contra el Patrimonio Público.
Por la otra, porque los corruptos que gobiernan desde 1999 han manejado
recursos públicos como nunca antes los tuvo la República. En 15 años han recibido
los más altos precios por la venta del petróleo, unos 100 dólares por barril,
aproximadamente. En cambio, el gobierno del presidente Caldera -que lo
antecedió- apenas percibió nueve dólares
por barril entre 1994 y 1998. Por lógica conclusión, los corruptos de ahora han
disfrutado de miles de millones de dólares como nunca antes los tuvieron otros
gobiernos, lo que implica un espectacular crecimiento exponencial de la
corrupción desde 1999.
Un solo caso, entre miles, resulta sumamente grotesco al respecto: el
robo de 25 mil millones de dólares a la República -y solamente en el año 2012-
a través de las operaciones fraudulentas realizadas por CADIVI en beneficio de
empresas de maletín propiedad de gente del régimen o vinculada con su cúpula
podrida. Esta es la más grande estafa que se ha hecho a la nación venezolana, y
una de las más colosales en todo el mundo, por las magnitudes del dinero robado
a los venezolanos.
Esta gravísima denuncia, como se recordará, la
hicieron en su momento Edmée Betancourt, siendo presidenta del Banco Central de
Venezuela, y el entonces ministro de Finanzas Jorge Giordani, altísimos
funcionarios de régimen iniciado por Chávez en 1999. De modo que quienes
pretenden desmentirla no pueden alegar que tal denuncia fue hecha por la
oposición, el imperialismo o los marcianos. Y algo que hay que agregar: a esos
dos funcionarios chavistas los sacaron de sus cargos, luego de denunciar este
robo milmillonario contra todos los venezolanos.
Hay otras prácticas corruptas, de menor cuantía, pero
también demostrativas de la inmoralidad -y lo que resulta más grave aún- de la
impunidad con que actúa la cúpula del actual régimen. Una de ellas, por
ejemplo, es la utilización de la Residencia Presidencial La Casona por personas
sin entidad para vivir allí, a costa del presupuesto público. O la también
abusiva utilización de centenares de policías y soldados por parte de
familiares de la cúpula gobernante, mientras los venezolanos comunes y
corrientes sufren los atentados diarios de la inseguridad.
Un caso particularmente emblemático del abuso e
impunidad con que actúan los altos jerarcas del chavismo se puso al descubierto
con la detención de una niñera al servicio de la familia del ministro Jaua,
detenida en Brasil al descender de un avión de PDVSA que la trasladó a ella y a
la suegra de aquel, según todas las informaciones de prensa procedentes de la
vecina nación.
Y pensar que en 1999, pocos días después de asumir el
poder, Chávez condenó las llamadas “colitas” en los aviones de PDVSA y ordenó
la venta de buena parte de la flota de la estatal petrolera. Sin embargo, desde
entonces y según medios informativos, las “colitas” se multiplicaron y altos
funcionarios con sus familias, son alegres viajeros que turistean por el mundo
a bordo de los aviones de PDVSA. Incluso se ha informado que algunos
presidentes suramericanos, como Evo Morales, los usan en sus desplazamientos
oficiales, lo que -de ser cierto- constituiría un presunto peculado de uso. Se
ha informado también que esa flota aérea ha crecido en todos estos años.
Junto a la abierta corrupción oficial lo que indigna igualmente es la
impunidad que la protege y deja actuar a sus anchas. Así, por ejemplo, no hay,
hasta ahora, un solo preso por el robo de los 25 mil millones de dólares de
CADIVI que denunciaron Giordani y Betancourt. El régimen, por supuesto, sabe quiénes
son los culpables, pero se niega a publicar sus nombres, salvo algunos pocos que
aparecieron para aplacar la molestia en aquel momento, pero los “peces gordos”
siguen protegidos por el silencio oficial.
En el caso Jaua ni siquiera se
han molestado en ofrecer una disculpa o una aclaratoria, mucho menos una
investigación y menos aún el establecimiento de las responsabilidades a que
haya lugar. Total: la impunidad absoluta, que ubica a unos cuantos
privilegiados por encima de la Constitución y las leyes.
Mientras tanto, Leopoldo López, Scarano y Ceballos, al igual que unos
cuantos estudiantes, siguen presos sin fórmula de juicio.
@gehardcartay LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 11 de noviembre de 2014.
