viernes, 31 de julio de 2015

PALABRAS DE GEHARD CARTAY RAMIREZ AL BAUTIZAR EL LIBRO "COMO SE DESTRUYE UN PAÍS"




CÓMO SE DESTRUYE UN PAÍS

PALABRAS DE
GEHARD CARTAY RAMÍREZ
 AL PRESENTAR SU LIBRO “CÓMO SE DESTRUYE UN PAÍS”, EN ACTO CELEBRADO EN LA SEDE DEL DIARIO “EL NACIONAL”

(Caracas, tres de julio de 2009)


Cómo se destruye un país, el libro que estamos presentando esta noche, persigue dos objetivos que ojalá puedan cumplirse a cabalidad, pues fueron los que me motivaron a escribirlo.
El primero, dejar constancia de este tiempo destructivo y decadente de nuestra vida republicana que, a pesar de ser reciente, pudiera olvidarse fácilmente, sobre todo por el terco empeño del régimen actual en falsificar nuestra historia sobre la base de sus conveniencias y de su visión totalitaria de los hechos.
El segundo, enfrentar algunas opiniones, definitivamente propagandísticas y falsas, según las cuales con el actual régimen comenzó un nuevo ciclo histórico en el país, supuestamente para transformarlo y sepultar los errores del pasado.
Ambos propósitos son -a mi juicio- fundamentales para salvaguardar la realidad de los hechos frente a los venezolanos de hoy y, especialmente, los del futuro.
Respecto a este difícil tiempo que nos ha tocado vivir en las últimas décadas, y especialmente en la que ahora termina, el libro pretende demostrar que constituyen la crucial etapa en que Venezuela se destruyó como la nación que venía siendo, con potencialidades económicas envidiables, instituciones consolidadas y un proceso democrático que marchaba a la cabeza de los países latinoamericanos.
Ese proceso de destrucción nacional, pronosticado a tiempo por Juan Pablo Pérez Alfonso, se inició cuando se produjo aquella revolución de las magnitudes que trajo consigo el espectacular aumento de los precios del petróleo en los meses finales de 1973. Aquella inmensa masa de recursos financieros no fue manejada con acierto, y lo que pudo ser una oportunidad excepcional para consolidar los logros del ensayo democrático iniciado en 1958 se perdió en los laberintos de la incapacidad, la insensibilidad y la corrupción reinantes en los años siguientes.
Como era natural, aquellas equivocaciones produjeron sus efectos trágicos y la crisis nacional latente emergió al poco tiempo. Mostrará sus primeros signos de gravedad con la explosión social que significó el llamado Caracazo en los primeros días del segundo gobierno de CAP. Tres años después, en 1992, se producirán -sin éxito inmediato- las dos sucesivas intentonas golpistas. Y en 1993 el enjuiciamiento y destitución del presidente Pérez, la posterior interinaria del historiador Ramón J. Velásquez en la Presidencia y, finalmente, la elección de Caldera por segunda vez como Jefe del Estado. Eran suficientes advertencias en torno a lo que sobrevendría después.
En cuanto a esta última aseveración, el libro Cómo se destruye un país también pretende demostrar cómo el actual régimen ha terminado  profundizando aún más los problemas que encontró a su llegada al poder, sin haber resuelto ninguno, agravándolos todos y, por si fuera poco, creando nuevos inconvenientes, entre ellos, su terco empeño en pretender imponernos la camisa de fuerza de su descabellado proyecto político, su siembra permanente de odio y exclusión y la cada vez más comprometida situación de Venezuela como factor de perturbación en el mundo, contrariamente a lo que había sido su política exterior durante mucho tiempo.
No hay duda, pues, de que todo este proceso histórico declinante se agravó dramáticamente desde hace 10 años con la elección del teniente coronel golpista Hugo Chávez Frías como presidente. Así, la enfermedad terminal de la institucionalidad democrática entró en su fase culminante. A partir de 1999, la puesta en marcha de un proyecto autoritario y personalista, su accidentado régimen, el agravamiento de la debacle económica y social, la destrucción de la institucionalidad -facilitada con el absurdo concurso de quienes debieron entonces defenderla-, la politización de la Fuerza Armada, la insurrección popular y la posterior insurgencia militar del 11 de abril de 2002, la inmediata renuncia de Chávez Frías a la presidencia, la ilegítima designación de Carmona Estanga como presidente interino, su decreto golpista, el aborto de la insubordinación castrense en marcha y la consiguiente restauración del presidente renunciante; fueron síntomas indiscutibles de esa enfermedad terminal que afecta al actual ciclo histórico venezolano.
Más tarde, el cuadro patológico de la democracia venezolana se agravaría aún más: el errático paro nacional de diciembre 2002/enero 2003, la toma chavista de PDVSA, la purga militar, los intentos opositores para convocar el referendo revocatorio presidencial, su realización el 15 de agosto de 2004, la posterior ”victoria” del oficialismo en las elecciones regionales de octubre de ese mismo año y en las siguientes de 2005 para escoger la Asamblea Nacional, hasta coronar su objetivo de reelegir al Presidente de la República en diciembre de 2006 y, finalmente, la derrota del régimen y su propuesta constitucional para perpetuarse en el poder, durante el referéndum consultivo de diciembre de 2007; han sido todos sucesos que conforman el capítulo final del proceso de crisis generalizada que se inició hace más de 30 años y que se cerrará ineluctablemente con la salida del poder del actual presidente de la República.
Algo más de tres décadas después de haber recibido su sable de subteniente de manos del Presidente Pérez y luego de algo más 10 años de ejercicio continuo y total del poder, puede llegarse a la conclusión de que la presidencia de Chávez Frías ha multiplicado hasta la exageración todos los errores que le criticó a aquél y que lo llevaron, incluso, a justificar su intentona de golpe de Estado de 1992. El golpista que hoy ocupa la presidencia de la República Bolivariana, contrariamente a sus ofertas electorales y a su manido discurso, ha profundizado en todo sentido la crisis que el país arrastra desde hace tiempo. Todo cuanto reprochó a sus antecesores lo ha repetido su régimen de manera colosal, concretamente en materias como la política económica (en especial, el desatinado manejo de la espectacular riqueza petrolera que ha inundado su gestión, la perversión de sus manejos financieros, el colosal endeudamiento de la República y el sobredimensionamiento del Estado venezolano), sin que podamos obviar la corrupción generalizada y la incapacidad para mejorar la calidad de vida de sus compatriotas, a pesar de haber dispuesto de recursos suficientes para lograrlo.
Hoy está comprobado que la destrucción del país se ha acelerado vertiginosamente bajo el actual régimen, pues bien se sabe que Venezuela sufre desde 1999 un lamentable proceso de retroceso, destrucción y crispación.
Los ya diez largos años del régimen actual han sido más que suficientes para que el país experimente un grave retroceso en materias que habían registrado indudables avances entre 1958 y 1998. No se trata de hechos aislados o de iniciativas hemipléjicas. Se trata, por el contrario, de una estrategia planificada de antemano para destruir la institucionalidad y la alternabilidad democráticas, y sustituirlas por un sistema político de carácter autocrático y autoritario, cuya instancia fundamental la constituye el proyecto de presidencia vitalicia que Chávez Frías persigue desde su llegada al poder, y que aspira establecer definitivamente con la anunciada reforma de la actual Constitución.
Hoy presenciamos un retorno absurdo a conceptos anacrónicos, impropios de la modernidad que debería exhibir un país como el nuestro. Rémoras escandalosas como la autocracia reinante a través del caudillismo presidencialista, del culto a su personalidad y del sometimiento de los demás poderes a su mando omnímodo, el estatismo exagerado y el militarismo rampante, la liquidación del federalismo, la conspiración permanente contra el sufragio confiable y efectivo, la conversión del régimen en una colonia castrista, la persecución y penalización de la disidencia, la violación de los derechos humanos, los zarpazos constantes contra la libertad de expresión y de información, la destrucción de aparato productivo del sector privado, el crecimiento de la pobreza, la miseria y la desnutrición, el colapso de los servicios públicos, la falta de viviendas para los sectores populares y la clase media, la ausencia de oportunidades para nuestros jóvenes y el asesinato de más de 100 mil venezolanos a manos del hampa, son hoy problemas crecientes por culpa de una gestión que ha priorizado sus propósitos políticos e ideológicos hacia adentro y hacia afuera, olvidándose de atender las exigencias básicas de los venezolanos.      
No es cierto entonces que con la llegada del teniente coronel Chávez Frías al poder se haya iniciado una nueva etapa histórica en Venezuela, que dejara atrás todos estos problemas y nos permitiera avanzar como nación progresista, con recursos humanos y materiales que así lo garantizaran. Todo lo contrario: al terminar su mandato, debe cerrarse definitivamente este ciclo destructivo y decadente, para abrir paso a un nuevo país, civilista y democrático, moderno y avanzado, capaz de vencer los obstáculos y de superar definitivamente nuestros atavismos y perversiones seculares.
Tamaño desafío exigirá de nuestro liderazgo actual y emergente un esfuerzo de cabal comprensión de lo que significa una democracia vigorosa, basada en el relevo a tiempo y en el compromiso para superar las odiosas diferencias sociales y económicas hoy aumentadas. Requerirá, desde luego, de una dirigencia preparada, estudiosa y profundamente solidaria y sensible con quienes menos tienen y continúan siendo excluidos.
Termino estas palabras agradeciendo a todos ustedes su presencia en este acto y, especialmente, a los doctores Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, y Simón Alberto Consalvi, editor adjunto, así como a las licenciadas Miriam Ardizzone y Andreína Gómez-Orellana, por su generosidad al haber auspiciado la publicación de este libro.
Agradezco igualmente al doctor César Pérez Vivas, gobernador de Estado Táchira, sus generosas palabras de presentación.
Muchas gracias a todos.




domingo, 26 de julio de 2015

LA DESESPERACIÓN DEL RÉGIMEN

LA DESESPERACIÓN DEL RÉGIMEN
Gehard Cartay Ramírez
La desesperación del régimen ante su menguado apoyo popular no admite discusión.
Lo demuestra palmariamente su última maniobra, de cara a las elecciones de diciembre próximo. Se trata de las fulanas “inhabilitaciones” de candidatos a diputados por la oposición democrática. Porque, como se sabe, sólo son “inhabilitados” los candidatos opositores, especialmente aquellos más representativos por haber ejercido una oposición valiente.
Al respecto, lo primero que hay que dejar en claro es que esas fulanas “inhabilitaciones” son inconstitucionales. La carta Magna señala expresamente en su artículo 65, que “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
“Más claro no canta un gallo”. Para ser inhabilitado entonces tiene que haber sido previamente condenada la persona. Por lo tanto, el juicio debe haber finalizado con la respectiva sentencia condenatoria “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público”. La inhabilitación procede “a partir del cumplimiento de la condena” y de acuerdo con la gravedad de la misma.
A este respecto, hay que insistir -como lo ha dicho el respetado penalista Alberto Arteaga- en que la inhabilitación política sólo procede “como pena accesoria de la pena de presidio o prisión, a consecuencia de una condena en un juicio penal” y sólo puede ser dictada por un juez (El Nacional, 18-07-2015)
 Hasta ahora, ninguno de esos extremos constitucionales se han llenado en ninguna de las fulanas “inhabilitaciones”, dictadas arbitrariamente por organismos administrativos -como la Contraloría General de la Nación- que no tienen facultades al respecto ya que no son tribunales de justicia. Así de sencillo.
Por desgracia, “la lupa” de la contraloría general no se ocupa de lo que tiene que ocuparse, en lugar de estar persiguiendo líderes opositores. Que se sepa, nada ha hecho con la estafa de los 25.000 millones de dólares robados en Cadivi y denunciados por el exministro chavista Jorge Giordani y la ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Egleé Betancourt. Tampoco se ha preocupado por investigar los depósitos milmillonarios de cuentas del régimen en el Banco de Andorra, en Europa y que eran mantenidos ocultos. Mucho menos se ha ocupado de los desastres milmillonarios en PDVSA, denunciados en varias oportunidades. Y eso para hablar sólo de los “mega guisos”. Pero nada: de eso no se ocupa, mucho menos del resto de la galopante corrupción que está a la orden del día en la Administración Pública.
Queda claro entonces que las fulanas “inhabilitaciones” son una trampa del régimen para apartar adversarios molestos. Así lo han hecho desde 2005, cuando “inhabilitaron” a Leopoldo López -preso político del régimen desde hace casi un año-, a quien le prorrogaron tal disparate hasta 2014 y ahora la Fiscalía General -que tampoco está facultada para ello- ha anunciado que será hasta 2017. Toda una monstruosidad jurídica.
La cadena de “inhabilitaciones” la han extendido también contra el ex alcalde de San Cristóbal y preso político del régimen, Daniel Ceballos, a quien destituyeron del cargo; y últimamente contra la ex diputada María Corina Machado -igualmente despojada de su curul-; Enzo Scarano, destituido como Alcalde San Diego, Estado Carabobo; y Pablo Pérez, ex gobernador del Zulia.
Contra estas perversiones del régimen ya han comenzado a protestar diversos parlamentos y líderes democráticos del mundo, así como el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien advirtió que “las únicas inhabilitaciones las hace el pueblo” (La Prensa, 17-07-2015).   
Vendrán otras fulanas “inhabilitaciones”, igualmente inconstitucionales. Ya lo advertíamos semanas atrás (Ganar… y cobrar, La Prensa, 30-06-2015). El régimen está dispuesto a hacer todo lo posible para intentar salvarse de la segura derrota que le espera en las próximas elecciones. Y un objetivo fundamental es fomentar la abstención entre los votantes opositores, creando desánimo y escepticismo. Por lo tanto, quienes se abstengan lo estarán ayudando en estos torvos propósitos para continuar saqueando y arruinando al país.
Termino citando al escritor Alberto Barrera Tyszca: “Estamos asistiendo a un espectáculo grotesco y peligroso. Podría llamarse El culillo colorado. La oligarquía está asustada. Su revolución se está descascarando. El gobierno del pueblo le tiene miedo al pueblo” (El Nacional, 19-07-2015).
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 21 de julio de 2015.

miércoles, 15 de julio de 2015

EL ASEDIO A LAS UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS



EL ASEDIO A LAS UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS

Gehard Cartay Ramírez
El régimen viene desplegando desde hace tiempo una estrategia de asedio contra las universidades autónomas.

La razón no es otra que ponerle la mano a un sector que les ha sido esquivo en todos estos años. Porque, como bien se sabe, el mundo académico, cultural y científico de las universidades autónomas y democráticas -es decir, las que no controla el régimen- y su estudiantado, rebelde y contestatario, rechazan un régimen anacrónico, inepto y corrupto como el que lleva al país a su quiebra definitiva en todos los órdenes.

Esa actitud universitaria le escuece a la cúpula podrida del chavismo. No aceptan aún que los universitarios verdaderos rechacen valientemente su proyecto político e ideológico. Por cierto que siempre ha existido ese espíritu de lucha en los universitarios de cada tiempo histórico venezolano. Nunca se han sometido a los gobiernos de turno, aunque muchas veces lo han intentado, y al no lograrlo, las han cerrado y clausurado. Pero las universidades siguen actuantes, mientras los otros han sido barridos por la historia.

En este sentido, uno de los logros más importantes de la República Civil entre 1958 y 1998 fue la creación de numerosas universidades autónomas en todo el país. Porque no hay que olvidar que en Venezuela, a la caída de la dictadura perezjimenista, sólo existían cuatro universidades, todas creadas en los siglos anteriores. Fue a partir de 1958, y hasta 1998, cuando se multiplicaron las universidades autónomas y otros institutos superiores.

Venezuela es, desde entonces, uno de los países con más estudiantes universitarios. Y permítame el lector una breve anécdota al respecto. En 1981 estuve en China presidiendo una delegación parlamentaria. Hubo una reunión con el ministro de educación chino. Recuerdo que nos preguntó cuántos estudiantes tenía Venezuela en sus universidades. Al darle la cifra de entonces, el funcionario se sorprendió: “- ¿Cómo puede Venezuela tener tantos estudiantes con una población tan modesta…? ¡Son demasiados!”, nos dijo, asombrado, el ministro de educación del país más poblado de la tierra.

Pues bien, ese logro que significa la existencia de numerosas universidades autónomas y democráticas le molesta al régimen, como le incomoda todo ente autónomo y crítico, que no se le someta o controle de acuerdo a su esquema castrocomunista.

Por eso vienen estrangulando las universidades autónomas, negándose a aumentarles sus presupuestos, cada vez más insuficientes y escasos. Así, nuestros profesores e investigadores universitarios cobran hoy sueldos insuficientes y los recursos apenas alcanzan para mantener el funcionamiento indispensable de las universidades.

Pero ahora han puesto en marcha una maniobra para someterlas de otra manera. Pretenden -nada más y nada menos- que ingresen mayoritariamente como estudiantes de las universidades autónomas gente identificada con el régimen.

Como se sabe, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), dependiente del Ministerio de Educación Superior, está favoreciendo a los egresados de la Misión Ribas -creada por el chavismo en 2003- por encima de egresados de liceos públicos y colegios privados más antiguos y prestigiosos. Lo peor es que aquellos se forman apenas en dos años, y estos en cinco. Por si fuera poco, a los de la Misión Ribas los ingresan a pesar de tener promedios más bajos que los estudiantes de los planteles mencionados.

Un estudio realizado por la UCV al respecto, y publicado por El Nacional el pasado 12 de julio, reveló que, por ejemplo, en la Escuela de Medicina se postularon 10.394 estudiantes para 215 plazas. La OPSU privilegió en un 90% a estudiantes de la Misión Ribas con promedios de 14 y 17 puntos, mientras que sólo el 10% de estudiantes sobresalientes de otros institutos públicos y privados con 19,39 puntos fueron postulados. Quiere decir que el 90% restante no fue aceptado por la oficina gubernamental.

Resulta obvio el favoritismo oficialista hacia estudiantes que se suponen afectos al régimen y que tienen menos tiempo de preparación. Y así ocurre en las demás carreras de la UCV, pues sólo se le dio cupo al 7% de estudiantes con 20 puntos de promedio provenientes de planteles públicos y privados. Y así sucede también en las demás universidades autónomas.

Resulta también demasiado obvio que así es como pretenden controlar las universidades autónomas y democráticas. Y cuentan para ello con la complicidad del Tribunal Supremo, que ha rechazado una solicitud de nulidad de esa medida y obedientemente le ha dado la razón al régimen.

Como no han podido convencer a la juventud universitaria en estos 16 años, ahora, a la machimberra quieren hacerlo clientelarmente favoreciendo a los suyos por encima de quienes tienen mejores notas para ingresar a nuestras universidades.

 @gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 14 de julio de 2015.

lunes, 13 de julio de 2015

TOCANDO FONDO



TOCANDO FONDO

Gehard Cartay Ramírez
Aquí casi todos -salvo algunos cínicos e ingenuos- sabemos que la colosal crisis que sufre Venezuela está tocando fondo.

Se trata de una crisis terminal. Una crisis en todos los sentidos. Una crisis moral, política, económica y social. Una crisis que se acerca a su desenlace definitivo.

El régimen chavista -su principal responsable- se hace el desentendido ante el colapso que a todos nos golpea. Pretende, como siempre, seguir corriendo la arruga, cuando ya eso no es posible. Porque toda crisis, cualquiera que sea su signo, siempre termina explotando y devorando a quienes la han causado. Se trata de una especie de ley física, similar a aquella otra que dice que todo vacío termina siendo llenado de alguna forma.

Varios detonantes caracterizan esa gravísima crisis. El primero y más importante es la tragedia humanitaria que lleva implícita. En este sentido, está muy claro que nos aproximamos a una situación límite en materia alimentaria. Ya hay suficientes indicios al respecto: el desabastecimiento, la escasez y el racionamiento están a la orden del día. Y con ellos, el alto costo de la vida, la inflación y la especulación.

Parece mentira que un país como Venezuela haya llegado a esta situación. Un país petrolero, que hasta hace unas décadas gozaba de uno de los mayores ingresos por habitante, hoy rueda por el precipicio de la pobreza generalizada y de una posible hambruna, si esto no cambia urgente y radicalmente.

Y no sólo eso: Venezuela es hoy un infierno, donde “la vida no vale nada”, como dice la canción mejicana. Cerca de 300.000 asesinatos perpetrados desde 1999 dan cuenta del horror que significa este genocidio, ejecutado impunemente por una delincuencia tolerada por el régimen.

En su afán de destruir el país, el régimen arruinó nuestra producción industrial y agropecuaria, pues a su perversión totalitaria no le convenía un sector privado fuerte y robusto. Así destruyó también fuentes de alimentos y bienes, así como  millones de empleos. Creyó que comprando comida a otros países con nuestros petrodólares podía consolidar su esquema protocubano. Y así, colateralmente, terminó arruinado también a PDVSA, “la gallina de los huevos de oro”. 

Llegaron al poder prometiendo que acabarían con la corrupción. Hoy ellos son muchísimos más corruptos que sus predecesores. Han saqueado al país como nunca antes y amasado milmillonarias fortunas que no pueden esconder en ninguna parte del mundo.

Gracias a ellos, hoy somos un país prácticamente en la ruina. Y es que cuando el país fue tomado en 1998 por el grupo de ambiciosos golpistas y felones que aún lo saquean a sus anchas, estaba escrito que Venezuela se sumergiría en las actuales arenas movedizas donde ahora nos hundimos.

Por desgracia, quienes votaron por ellos entonces no se dieron cuenta de su irresponsabilidad, conciente o ingenuamente. Pero ese inconmensurable daño se hizo, y ahora todos -incluyendo a quienes nos opusimos a aquel dislate, estamos pagando las consecuencias.

Porque hay otra verdad que no se puede esconder, y es que ahora estamos peor que antes. Muchísimo peor, hay que agregar. Porque no es verdad, como algunos dicen apelando a la mentira, que bajo el actual régimen hemos retrocedido a la situación de 1998. No es verdad, repito. Porque el país -entre 1958 y 1998- nunca llegó a estos niveles de espantosos de pobreza miseria, hambre, inseguridad y corrupción que hoy lo agobian.

Y pensar que el chavismo llegó al poder prometiendo que resolvería los problemas de entonces. Dolorosamente, 16 años después, y a pesar de haber dilapidado milmillonarios recursos que nunca antes tuvo ningún gobierno venezolano, no ha resuelto ni uno solo de los problemas que encontró y, paradójicamente, ha creado otros nuevos y muchísimos más graves. Por cierto que el pasado domingo el capitán (r) Florencio Porras, ex gobernador de Mérida, soltó esta perla, que desnuda de cuerpo entero el fracaso del chavismo en el poder: “Por muchísimo menos de lo que estamos viviendo hoy en el país nos alzamos el 4 de febrero de 1992” (La Razón, 05-08-2015).

Lo dicho: la monumental crisis creada por este régimen desde 1999 está tocando fondo. Por ello hay que trabajar por su sustitución, a fin de evitar que se les siga haciendo más daño a los venezolanos y a las futuras generaciones.

@gehardcartay
 LA PRENSA de Barinas (Venezuela ) - Martes, 07 de julio de 2015.