Verdades
EL CNE Y LA IMPUNIDAD PRESIDENCIAL
Gehard Cartay Ramírez
gehardcartay@latinmail.com
twitter:@gehardcartay
Ya se sabe que en este país sin instituciones que se hagan respetar, el actual Presidente de la República se cree con licencia para abusar de su poder como cabeza de un régimen con muchos recursos y sin ningún escrúpulo.
Tal aberración ocurre porque este funcionario público -al fin y al cabo, eso es, legalmente- se considera por encima de la Constitución y las leyes, y lo más grave es que así también lo consideran los demás “Poderes” Públicos, hoy integrados por una recua de incondicionales.
Así es como el Consejo Nacional Electoral (CNE), que debería ser un poder independiente como lo manda la Constitución Nacional, también ha terminado arrodillado ante el jefe único del régimen, alcahueteándole al candidato vitalicio a presidente eterno sus permanentes violaciones a la Carta Magna, las leyes y los propios reglamentos del organismo comicial.
A diario el fuhrer de Sabaneta utiliza los recursos del estado para hacer campaña electoral como candidato presidencial, ante la complacencia del CNE que a estas alturas nada hace para ponerle un parao a su abuso de poder. Todo lo contrario, prácticamente le ha garantizado impunidad total, mientras amenaza al candidato presidencial de la Unidad Democrática por los motivos más necios y estúpidos.
A diario el fuhrer de Sabaneta utiliza los medios comunicacionales del Estado y los privados también -obligados mediante cadenas radiotelevisivas- para hacer campaña electoral a su favor, mientras el CNE amenaza a los medios de comunicación social privados independientes por cualquier tontería sin importancia.
Y resulta que, de acuerdo con la norma constitucional, el Presidente de la República y los demás funcionarios públicos -incluidos los rectores del CNE- carecen de inmunidad para hacer lo que le dé la gana. Por el contrario, el Presidente de la República es responsable absoluto de sus actos (Artículo 232 de la Constitución Nacional), al igual que cualquiera que ejerza una función pública.
No es nadie, por tanto, para abusar de su poder y utilizar los recursos de Estado para sus intereses personales y políticos en la presente campaña electoral, por más que el CNE lo permita, violando así su condición de árbitro imparcial y objetivo, de acuerdo con las normas constitucionales, protegiéndolo vergonzosamente y garantizándole la más cínica impunidad, en flagrante violación de la Carta Magna y de las leyes.
A este respecto, hay que citar igualmente el artículo 139 de la Constitución, que señala expresamente: “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”. Y esta disposición vale para todos los miembros del Poder Público, comenzando por el Presidente de la República.
Pero el CNE no le para a la Constitución y a las leyes, en su afán por complacer al candidato vitalicio a presidente eterno. Por ello, las violan descaradamente y por ello han colocado la voluntad omnímoda del führer sabaneteño por encima de la Constitución y las leyes.
Por esas razones hay que derrotar al candidato vitalicio a presidente eterno y a su CNE este siete de octubre. Y lo vamos a hacer con una avalancha tal de votos que sepultará a ambos y a cualquier posibilidad de burlar la voluntad popular.
La enfermedad del poder
Quienes, por ahora, mandan en Venezuela y Barinas están enfermos de poder. Por eso mismo, creen que van a mandar eternamente, que nunca le van a rendir cuentas a la justicia y que todos sus abusos van a ser perdonados y olvidados.
Por eso se creen dueños de la verdad y, por tanto, se creen con derecho a insultar y ofender a quienes no piensan como ellos. En el fondo, por supuesto, los ha pervertido una degeneración totalitaria y excluyente, propio de los déspotas y atrabiliarios.
Esa ha sido la infeliz actitud que asumió este domingo pasado el gobernador del Estado en contra del periodista Tarquino González Concho, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Barinas y redactor del diario La Prensa. Sin duda que se trata de una posición inaceptable, que debería ser condenada por todos quienes defendemos la libertad de información y de pensamiento.
Desde aquí expresamos a González Concho nuestra solidaridad ante tal alevosía y condenamos este tipo de conductas de quienes abusan del poder y se creen con licencia para apostrofar a aquellos no comulgan con sus posiciones políticas.
