“LOS PODERES PÚBLICOS DEL PAÍS ESTÁN EN CRISIS”
DISCURSO DEL DIPUTADO
GEHARD CARTAY RAMÍREZ
DURANTE EL ACTO DE PARTICIPACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
(Caracas, 04 de marzo de 1985)
Ciudadanos Magistrados:
Nuevamente acudimos ante ustedes, como todos los años, con el propósito de participarles el acto de instalación de las Cámaras Legislativas para el presente período de sesiones ordinarias y de comunicarles, igualmente, reflexiones e inquietudes, algunas de ellas comunes entre nuestras dos ramas del Poder Público.
Este período de sesiones que ahora iniciamos promete ser activo e interesante.
Está planteada, en primer término, la conmemoración de los primeros veinticinco años de nuestra Constitución Nacional, hecho de por sí trascendente en un país como el nuestro, donde las dictaduras superaron siempre a las escasas democracias, y cuyas Cartas Fundamentales no pasaron de ser muchas veces letra muerta o instrumentos dóciles en manos de caudillos y déspotas.
Pero aparte de la significativa circunstancia que implica mantener, como nunca antes había acontecido en nuestra historia, tan largo y fértil período de constitucionalidad, también nos toca enfrentar un justo reclamo que desde hace ya casi un cuarto de siglo nos plantean las propias disposiciones de nuestra Carta Magna. Me refiero, por supuesto, al desarrollo de la mayoría de sus Disposiciones Transitorias, algunas de las cuales lo están exigiendo ya de manera imprescindible e inaplazable.
Se ha dicho, y con razón, que el Congreso de la República está en mora con la Constitución casi desde el momento mismo en que aprobara en 1961. Y ha llegado la hora de que pongamos al día tan formidable instrumento jurídico, tal vez uno de los mejores del Continente, proyectándolo, al propio tiempo, con sentido de futuro; ampliándolo y perfeccionándolo hasta donde sea posible, de acuerdo con la invitación que en días pasados nos hiciera uno de sus autores, el ex Presidente Rafael Caldera.
Están próximos a ser incluidos en la agenda de trabajo del Congreso -aunque no será en fecha inmediata, por supuesto- los temas que se refieren a la Reforma del Estado. El Congreso tiene que ser necesariamente el epicentro de tal iniciativa, de sus logros y resultados concretos. Pero será fundamental para el éxito de tan ambicioso proyecto, alrededor del cual parece haberse nucleado una inusual concertación política e institucional, que el propio Parlamento pueda concretarlo por encima de la montaña de retórica y de palabrería que muchas veces impide llegar al logro cierto de este tipo iniciativas tan trascendentales para el desarrollo democrática del país. Un conjunto importante de leyes tendrán que ser aprobadas o reformadas para modelar esta reforma de manera sustancial. Otros proyectos de leyes tendrán que surgir del taller parlamentario. Y unas y otras deberán ser acordadas con el más vasto consenso nacional que sea posible para que la Reforma del Estado surja como la más alta expresión de toda la voluntad nacional.
Estamos absolutamente ciertos de que los partidos políticos son parte importante de ese todo, y esta convicción cobra mayor fuerza tratándose justamente del papel que corresponde en este asunto al Congreso de la República, máxima expresión del pluralismo ideológico-partidista en Venezuela. Por eso es ha dicho también que los partidos son la piedra angular de toda esa Reforma del Estado. Si a ellos se debe, en mucho, la implantación del sistema democrático, a ellos también corresponde conducirlo a una nueva etapa de consolidación, en donde se reconozca que no sólo los partidos son las únicas sociedades intermedias entre el hombre y el Estado, sino que también existen otras organizaciones capaces de aglutinar y canalizar el aporte de muchos venezolanos al progreso y bienestar del país. Dicho en otras palabras: ya es hora de que los partidos políticos redimensionen su actuación y comprendan más cabalmente su misión en una sociedad plural y abierta, como la que se ha venido perfilando en los últimos veintisiete años.
La Reforma del Estado surge, en todo caso, como una exigencia inaplazable ante la constatación de una verdad no menos demoledora: los Poderes Públicos del país están en crisis. Al Poder Ejecutivo se le critica su morosa y costosa burocracia, su ineficacia reiterada y odiosa, su incapacidad para atender con eficiencia hasta los más elementales servicios públicos. Al Poder Judicial se le reclama su falta de celeridad procesal a todos los niveles, la incompetencia y negligencia de muchos jueces, la partidización excesiva de algunas de sus instancias. Al Poder Legislativo se le enrostra su extrema tendencia a la retórica escandalosa, su falta de trabajo y de preocupación para poner al día nuestro ordenamiento legal. A todos, de alguna manera, los salpica la podre de la corrupción. Pareciera evidente que la Reforma del Estado debe apuntar a superar todas estas dificultades antes de que sea demasiado tarde, y debemos ser honestos al reconocer que aquellas existen para poder liquidarlas definitivamente.
El esfuerzo que implica la tan anhelada Reforma del Estado debe producir cambios sustanciales en materias tales como los actuales sistemas electorales y municipales, así como la legislación vigente sobre partidos políticos y las normas que se refieren al Poder Judicial y a la administración de justicia, y todo lo atinente a la descentralización y regionalización del país, en una labor de conjunto capaz de remontar los numerosos obstáculos que entorpecen la marcha hacia una auténtica y real democratización de todas sus instituciones.
En el plano más inmediato, el Congreso deberá abocarse en las sesiones que ahora comenzamos a la discusión del nuevo Código de Procedimiento Civil, en torno al cual ha venido trabajando la recién creada Comisión Legislativa, presidida por los doctores Gonzalo Barrios y Godofredo González, ex Presidentes del Congreso y actuales Presidentes de los dos grandes partidos del país, conjuntamente con sus proyectistas y un calificado grupo de juristas y especialistas.
Igualmente, durante el segundo período de sesiones del presente año se tiene previsto abordar la discusión del nuevo Código Penal, cuyo estudio debe iniciar en breve también la ya citada Comisión Legislativa.
En el seno de la Comisión de Contraloría, a través de una Subcomisión Especial presidida por el diputado Paciano Padrón, hemos abordado igualmente una materia de la más alta prioridad. Se trata de la reforma de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, joven instrumento jurídico que hasta ahora no parece haber cumplido las finalidades que motivaron su creación. Parecieran diversas las razones para que presenciemos esta lamentable situación. Por una parte, numerosos jueces alegan una supuesta rigidez procesal de la referida ley, en tanto que no faltan aquellos que argumentan ausencia de recursos para acometer decididamente su aplicación. Por la otra, desde distintas áreas del Poder Ejecutivo se ha insistido en la poca flexibilidad de esta normativa legal y hasta han llegado a suponer que la misma entraba en alguna forma el funcionamiento de la Administración Pública.
Vamos a hacer un amplio diagnóstico sobre la materia y a procurar, en la medida en que sea posible, una reforma capaz de hacer más expedita y útil esta ley, en torno a la cual se han juntado no pocas esperanzas y expectativas. Lo propio haremos con las normas que se refieren a la función contralora del Congreso, ya de por sí o a través de su órgano auxiliar, la Contraloría General de la República.
Ciudadanos Magistrados:
Sentimos que debemos atender todas estas exigencias del presente con pasión de futuro, más allá de lo contingente o accidental que supone muchas veces el debate político menudo e inmediatista.
El Congreso de la República, como es natural, no puede renunciar a su misión esencial de servir de tribuna de excepción al debate y al diálogo pluralista, indispensable, por lo demás, en una sociedad democrática. Pero no debe olvidar tampoco su función de legislar y controlar. Aspiramos que en este nuevo período de sesiones los parlamentarios podamos equilibrar estas tres obligaciones que nos impone la Constitución.
Y, desde luego, apelando al principio constitucional que consagra la colaboración entre las ramas del Poder Público, queremos mantener con ustedes una permanente y cordial relación de fructífera cooperación que haga posible el cumplimiento de aquellas esperanzas que los sueños del pueblo han puesto sobre los hombros de ustedes y nosotros.
Muchas gracias (Aplausos).
