DERECHOS HUMANOS Y SOBERANÍA

DERECHOS HUMANOS Y SOBERANÍA

Gehard Cartay Ramírez

Los regímenes autoritarios siempre se esconden detrás del concepto de soberanía para pretender excusar sus crímenes de lesa humanidad.

Acuden entonces a un concepto de soberanía anacrónico y absurdo, propio de los feudos y las monarquías de siglos atrás, pero no del actual mundo globalizado donde la democracia tiende a ser un sistema planetario y la defensa de los derechos humanos no conoce fronteras.

Sin embargo, según estos regímenes autoritarios, su concepto de soberanía significa que ellos pueden hacer lo que les dé la gana en sus respectivos países, y nadie de afuera –o de adentro– puede entrometerse.

Obviamente, ese concepto de soberanía ya está periclitado. Hoy día ningún gobernante puede hacer lo que quiera en contra de los ciudadanos de su país, sin incurrir en violaciones de los articulados de la Declaración de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales y el Derecho de Gentes.

Hoy día los mandatarios tienen límites en el ejercicio de sus gobiernos, y ningún país puede permanecer indiferente a la suerte de otros en donde, por ejemplo, se conculquen los derechos humanos, se cometan crímenes de lesa humanidad o se desconozcan los principios democráticos. 

La soberanía, pues, no existe en los términos concebidos por las dictaduras y los gobiernos que aspiran a convertirse en estas. Y es lógico que así sea: no puede utilizarse la soberanía para excusar crímenes y delitos de gobiernos genocidas, forajidos, terroristas, narcotraficantes y antihumanitarios.

Por lo tanto, frente a esos crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional tiene perfecto derecho a intervenir, bien por las vías diplomáticas, jurídicas y económicas o, incluso, por las vías de hecho. Ningún gobernante puede pretender, a estas alturas de la historia, convertir a su país en un coto cerrado para atentar contra su pueblo o contra los demás, para violar los derechos humanos o para poner en peligro la paz y el orden internacional.

El moderno concepto de soberanía respeta, desde luego, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en sus asuntos internos. Pero el Derecho Internacional ha evolucionado de tal manera que los derechos humanos están por encima de cualquier consideración, visto que hoy día se persigue la protección de toda persona, independientemente del sistema jurídico a que esté sometido. En otras palabras, el sagrado respeto a la persona humana trasciende a cualquier Estado de cualquier país, lo que implica, sin duda, una gran conquista para el desarrollo de toda la humanidad presente y futura. 

Esa soberanía que tanto gusta a los mandatarios delincuentes y terroristas sólo busca evadir el castigo de sus crímenes, tarea que hoy día no conoce fronteras de ninguna naturaleza. Ya no existe la famosa inmunidad que antes los protegía, lo cual permitió, por ejemplo, que el dictador chileno Augusto Pinochet fuera detenido y procesado en Inglaterra hace varios años y que el tirano yugoslavo Miselovic fuera juzgado en La Haya por una corte internacional.

Hay que detenerse a pensar, por ejemplo, qué habría sucedido si la comunidad internacional hubiese actuado tempranamente contra Hitler, Stalin o Mao durante sus respectivas dictaduras, bajo las cuales murieron, en su conjunto, 60 o 70 millones de personas. Para ejecutar libremente tales prácticas criminales y perversas, todos ellos alegaron la soberanía de sus Estados y detrás de ella escondieron el trágico final de esos millones de hombres, mujeres y niños que murieron en los campos de concentración nazis, en los gulag soviéticos de Siberia y durante la descomunal  hambruna china en los años cuarenta del siglo pasado.

Ese concepto utilitario, desnaturalizado y cínico de soberanía es el mismo al que hoy apela el régimen chavomadurista para intentar tapar la tragedia humanitaria que nos afecta (sin comida, ni medicinas), casi un centenar de asesinatos de adversarios políticos por la brutal represión contra protestas pacíficas, así como sus miles de presos políticos, sus sistemas de torturas y detenciones sin fórmula de juicio –todos crímenes de lesa humanidad–, sus violaciones reiteradas a la Constitución, a los convenios internacionales y a los derechos humanos.

De allí que la estrategia hoy en ejecución sea la de alzarse en contra de la comunidad internacional, desconocer sus organismos y decisiones y encerrarse en las fronteras del país –al estilo de Castro en Cuba– para impedir ser castigados.

Pero, al final, no lo lograrán: una vez fuera del poder deberán ser juzgados por sus crímenes, y será muy difícil que puedan escapar a la justicia universal. Ya no hay lugar seguro para los ex gobernantes tiránicos o autoritarios.

@gehardcartay

El Blog de Gehard Cartay Ramírez

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 20 de junio de 2017.

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“CONSTITUYENTE” SIN PUEBLO

“CONSTITUYENTE” SIN PUEBLO

Gehard Cartay Ramírez

Eso es lo que pretende la cúpula podrida de Maduro y compañía.

Si lograran hacerla, ya se sabe que tendría el contundente rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Sería entonces una “constituyente” sin pueblo, es decir, una “constituyente” de mentira. Sería, en definitiva, una “constituyente” que no es tal, inexistente para todos los efectos. Por lo tanto, sus acuerdos y decisiones tendrían que ser desconocidas por los venezolanos.

¿Cómo se podría obligar al pueblo a acatar la decisión de un grupito canalla y contrario a los intereses de Venezuela? Sería absolutamente imposible, así continuaran reprimiendo y asesinando a la gente. No habría manera de imponerles a los venezolanos la camisa de fuerza que sería esa “constituyente” fabricada por un cogollito de ineptos y corruptos, como el que maneja el país desde hace años.

Porque el único que puede convocar y aprobar una nueva Constitución es el pueblo. Más nadie. Esta verdad hay que repetirla y machacarla, así sea una perogrullada más.

La Constitución actual es muy clara al respecto y aquí no vale ninguna Sala “Constitucional” para interpretarla. Su texto es clarísimo, como el agua de un manantial.  No está escrita en ruso o arameo y, por tanto, no necesita traducción alguna, mucho menos interpretación jurídica.

Lo primero que debe advertirse es que una Constituyente sólo puede convocarla el pueblo de Venezuela como “depositario del poder constituyente originario” (Art. 347). Por consiguiente, no la puede convocar nadie más. Aquí estriba precisamente el fraude de Maduro y compañía, al pretender sustituir al pueblo para convocar su “constituyente” pirata. 

Y el pueblo de Venezuela puede convocarla con tres objetivos precisos y simultáneos: “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” (Art. 347). Si usted, amigo lector, vuelve a leer lo anterior, se dará cuenta de que, en el caso de una nueva Constitución, la Constituyente que se elija sólo puede redactarla, mas no aprobarla. Porque es el pueblo el único que puede aprobarla para que sea, en verdad, la Constitución de todos.

Por lo tanto, hay dos procesos que deben cumplirse obligatoriamente: uno, que el pueblo convoque o no la Constituyente, consultada su voluntad mediante un referendo a tal efecto; y dos, si fuere el caso, el pueblo será el que, en definitiva, aprobará o no el proyecto de Constitución redactado por la Constituyente. 

Por lo tanto, hay que diferenciar la convocatoria de la Constituyente (Art. 347), por un lado, de la iniciativa para convocarla (Art. 348), por el otro. La trampa madurista pretende fundir ambos actos, que son distintos en sí mismos. El Art. 348 establece quiénes tienen la iniciativa para convocar la Constituyente, pero sólo eso. En cambio, el 347 señala que sólo el pueblo de Venezuela podrá convocar la Constituyente, así como aprobarla o no.

Por estas razones, y como ya se ha señalado suficientemente, la “constituyente” de Maduro y su cúpula podrida no es otra cosa que un escandaloso fraude constitucional, tal como lo ha denunciado la Fiscal General de la República.

Esa iniciativa del régimen viola la Constitución en tres aspectos fundamentales: 1) No la somete a la voluntad del pueblo, donde “reside intransferiblemente la soberanía” (Art. 5); 2) Por eso misma razón, viola el principio de la progresividad en materia de derechos humanos; y 3) Viola  el principio del sufragio universal, directo y secreto, como medio de expresión de la soberanía popular.

(Este tercer aspecto es también sumamente grave: el madurismo pretende ahora eliminar el voto popular, directo y secreto, después de 70 años de su establecimiento. Quieren sustituirlo mediante “bases constituyentes” unilaterales, según las cuales los constituyentistas no serían elegidos por el pueblo, sino por corporaciones fascistoides y en “representación” de cada municipio, pero de manera fraudulenta, porque los municipios despoblados tendrían más representantes que los poblados, con lo cual se desconoce a la mayoría y se privilegia a la minoría.)

Por desgracia, visto el pronunciamiento de ayer del TSJ, pretenden hacerla “a lo Jalisco”, sin importarles la voluntad de los venezolanos, ni la Constitución que ellos mismos aprobaron en 1999, y que su “comandante eterno” (quien, por lo visto, cuatro años después de muerto ya no los comanda) llamó “la mejor del mundo”.

En uso de la facultad constitucional que le otorga el Art. 70, la Asamblea Nacional debería ahora mismo acordar que se someta a referendo consultivo la iniciativa de Maduro sobre su  “constituyente” fraudulenta. Y si, como todo pareciera indicar, el CNE o el TSJ lo niegan, sin tener potestad para ello, debemos hacerlo de todas maneras a fin de dejar en evidencia el amplio repudio del pueblo a la misma. 

@gehardcartay

El Blog de Gehard Cartay Ramírez

LA PRENSA de  Barinas (Venezuela) _ Martes, 13 de junio de 2017

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UNA MINORÍA ARROGANTE Y CANALLA

UNA MINORÍA ARROGANTE Y CANALLA

Gehard Cartay Ramírez

Esta es la perfecta definición de la minoría chavomadurista por ahora en el poder.

Se trata de una minoría arrogante, que se cree dueña de los venezolanos y, por eso mismo, pretende imponerle una neodictadura fasciocomunista. Lo peor es que siempre ha sido una minoría y nunca una mayoría avasallante. Ha sido una minoría desde que llegó al poder en 1998, y desde entonces nunca ha representado a la mayoría del pueblo venezolano.

Quien quiera comprobarlo simplemente debe estudiar los resultados electorales, desde 1998 hasta hoy. Por ahora, apenas un botón de muestra: Chávez fue electo en 1998 con 3.673.685 votos, lo que significa el 33 por ciento de los electores, es decir, que de cada 100 venezolanos con derecho al sufragio, sólo 33 votaron por él, mientras que el 63 por ciento restante no lo hizo.

(Y aquí debo hacer una necesaria digresión histórica para comprobar el carácter minoritario del actual régimen. Gallegos, nuestro primer presidente electo por el pueblo, logró el 58,30 por ciento de los votos en 1947, la legitimidad más elevada hasta hoy; Betancourt el 43,40% en 1958; CAP el 45% en 1973, Herrera Campíns el 40% en 1978; Lusinchi el 48,50% en 1983 y otra vez CAP el 42,10% en 1988. La legitimidad de Chávez, en cambio, alcanzó el 33,40% en 1998, cuando ganó las elecciones por vez primera con un CNE libre de sospechas en materia de fraudes y trampas.)  

Lo mismo sucedió con la Asamblea Constituyente electa en julio de 1999. En esa oportunidad, los candidatos chavistas apenas lograron el 25 por ciento de los votos, es decir, de cada 100 electores, apenas 25 estuvieron de acuerdo con el régimen. Y fueron esos diputados constituyentes quienes redactaron la nueva Constitución, por la que luego votó favorablemente sólo el 30 por ciento de los electores.

(Aquella elección, por cierto, fue engañosa: con apenas ese 25 por ciento de los votos obtenidos en julio de 1999 eligieron el 92 por ciento de los diputados a la Constituyente, mientras que la oposición, que sacó el 20 por ciento de los votos, apenas logró elegir el 8 por ciento de los diputados restantes.)

Ese mismo año 2000, Chávez logró su reelección con 3.757.773 sufragios, o sea, sólo el 31 por ciento de los votos, es decir, de cada 100 electores, sólo 31 votaron por él. No creo que valga la pena citar los resultados posteriores, siempre maquillados por autoridades electorales del régimen, que nunca revelaron las cifras reales de la abstención y siempre le otorgaron porcentajes sobre los votos escrutados, y no sobre el total de electores, como si la abstención y el voto nulo no fueran también un derecho de todo elector.

En cualquier caso y desde entonces, esa minoría sufriría un acentuado declive hasta llegar a la muy dudosa elección de Maduro en 2013 y la soberana paliza de diciembre de 2015, cuando la oposición democrática logró elegir las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

Por todo ello es razonable afirmar que el régimen nunca ha interpretado a la gran mayoría de los venezolanos, aún cuando haya ganado algunas elecciones. Una cosa muy distinta es que entonces haya obtenido la primera minoría en votos, pero eso nunca significó que los venezolanos lo autorizaran a imponerles la camisa de fuerza de un régimen neodictadorial y fasciocomunistoide. 

Pero, además de arrogante, también se trata de una minoría canalla que todavía intenta, sin embargo, imponerle al pueblo de Venezuela –a troche y moche– una constituyente fraudulenta para perpetuarse en el poder y continuar profundizando este sistema autoritario, cubanizante y empobrecedor. Y pretenden hacerlo hoy, cuando el 85 por ciento de los venezolanos clama por su salida inmediata del poder. 

Por tales razones, esa minoría arrogante y canalla no quiere más elecciones, ni regionales ni nacionales, porque sabe que será derrotada aplastantemente. En su lugar, hoy quiere “elegir” una Constituyente fraudulenta, sin participación del voto soberano del pueblo, como debe ser.

Porque lo que pretende ahora es la “elección” de una Constituyente basada en la escogencia de una parte de sus miembros a través del método fascista de representantes por corporaciones inventadas por ellos mismos, y la otra parte “elegida” en base a patrones territoriales y no poblacionales, con lo cual los municipios menos poblados tendrían más representantes que los más poblados.

Por una perversión parecida a esta, que desconoció la voluntad soberana del pueblo venezolano, el dictador Marcos Pérez Jiménez tuvo que abandonar el poder el 23 de Enero de 1958. No debería olvidarlo esa minoría arrogante y canalla que hoy desafía la soberanía popular.

@gehardcartay

El Blog de Gehard Cartay Ramírez

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 06 de junio de 2017.

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PROTESTA POPULAR vs. TERRORISMO DE ESTADO

PROTESTA POPULAR vs. TERRORISMO DE ESTADO

Gehard Cartay Ramírez

Los sucesos de la semana pasada en Barinas, al igual que en el resto del país, ratifican la indignación popular y la represión y el terrorismo de Estado como su única respuesta.

Pero, ciertamente, pocas veces antes en la capital barinesa se había vivido una situación de muertes, heridos, saqueos y represión indiscriminada, como la que se produjo a comienzos de la semana pasada. Con excepción del incendio de la ciudad y los saqueos de las tropas del realista Puy el 22 de enero de 1814, durante la guerra de Independencia, y el posterior vandalismo que produjo nuevamente quemas y saqueos durante la contienda federal de 1859, no se conocen otros hechos similares a los sucedidos el 22 y 23 de mayo pasados en esta capital llanera.

No es poca cosa, amigo lector. Si en aquellas dos ocasiones murieron numerosos barineses y fue incendiada y arrasada la ciudad de Barinas –“verdadera perla del arte colonial”, la llamó el historiador Domingo Alberto Rangel–, sumiéndola por casi un siglo en el atraso y la miseria, los infaustos sucesos de la semana pasada no son menos graves: varios muertos y cerca de 200 comercios y empresas saqueados por colectivos terroristas armados al servicio del régimen.

En los días anteriores había circulado una sospechosa convocatoria a un supuesto paro, acompañada de amenazas inaceptables. Tal perversión se la intentó achacar a la MUD, quien prontamente la desmintió. Pero la maniobra tenía el sello indiscutible de los laboratorios de guerra sucia del régimen. Y así se comprobó el lunes 22.

Ese día, desde temprano, se produjeron protestas en varias zonas de la ciudad Barinas y otras del interior, que fueron prontamente enfrentadas por policías y guardias nacionales, con saldo de varios estudiantes muertos y heridos. La indignación, como era de suponer, incrementó la protesta en la ciudad capital, se encendieron fogatas y montaron barricadas. En Barinitas, Santa Bárbara y Socopó hubo eventos similares. De inmediato, colectivos armados comenzaron a saquear indiscriminadamente locales comerciales en Barinas y Barinitas, sin que se produjera ninguna intervención de las autoridades y sus fuerzas de orden público. Estas estaban ocupadas reprimiendo las manifestaciones de protesta, sin enfrentar a los saqueadores, que actuaron impunemente y a sus anchas.

La maniobra estaba muy clara: reprimir la protesta, pero no a los saqueadores. Seguramente se pretendió achacar los saqueos a la MUD, así como la violencia ya generalizada a partir del medio día del lunes y todo el martes siguiente. La gente, sin embargo, no se tragó aquella mentira. Como por arte de magia, ese martes en la noche reaparecieron el gobierno regional y las autoridades militares ofreciendo restablecer el orden, después de casi 48 horas sin actuar al respecto. Pero ya el mal estaba hecho: la impunidad de los saqueadores arrasó con cerca de 200 comercios y empresas, arruinando a buena parte de sus propietarios.

La impunidad con que actuaron los saqueadores y la falta de respuesta de las autoridades frente a sus desmanes durante dos días, mientras –por increíble que parezca– que sólo se reprimía la protesta popular, dio lugar a diversas interpretaciones. Algunos han hablado de un supuesto “laboratorio en ensayo” montado en Barinas para ejercitar la fase dos de llamado Plan Zamora, mientras que otros han señalado lo absurdo de una represión selectiva que sólo afectó a los opositores y no a los delincuentes armados que saquearon sin que ninguna autoridad los enfrentara en el momento.

Mientras tanto, como era natural, el temor se extendió aceleradamente. Ese lunes y martes siguiente fueron de obligada vigilia en barrios y urbanizaciones, previendo nuevos saqueos ante la condenable ausencia de las autoridades. En los días subsiguientes, la ciudad capital y otras del interior mostraron una increíble desolación y los terribles efectos de comercios destruidos y arrasados, mientras algunas familias lloraban a sus muertos y otros trataban de comprar alimentos y proveerse de insumos mínimos, aunque sin mayor éxito.

Terribles lecciones las que nos dejan estos nefastos acontecimientos. Nos muestran, por una parte, la infinita perversión del régimen en su afán de perpetuarse, objetivo que pretenden lograr “a sangre y fuego”, sin importar la muerte de jóvenes estudiantes, ni la vida y los bienes de los venezolanos. Y por la otra, que no han vacilado en apoyarse en la delincuencia común para aterrorizar a sus adversarios y así desmoralizarlos, si fuere el caso. Para esa cúpula podrida ya es ley que “el fin justifica los medios”, lo que demuestra una vez más su inmoralidad y falta de escrúpulos.

Tengamos clara, una vez más, la catadura perversa del régimen que enfrentamos.

@gehardcartay

El Blog de Gehard Cartay Ramírez

LA PRENSA de Barinas - Martes, 30 de mayo de 2017.

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