LA DESESPERACIÓN DEL RÉGIMEN
Gehard Cartay Ramírez
La desesperación del régimen ante su menguado apoyo popular no admite discusión.
Lo demuestra palmariamente su última maniobra, de cara a las elecciones de diciembre próximo. Se trata de las fulanas “inhabilitaciones” de candidatos a diputados por la oposición democrática. Porque, como se sabe, sólo son “inhabilitados” los candidatos opositores, especialmente aquellos más representativos por haber ejercido una oposición valiente.
Al respecto, lo primero que hay que dejar en claro es que esas fulanas “inhabilitaciones” son inconstitucionales. La carta Magna señala expresamente en su artículo 65, que “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
“Más claro no canta un gallo”. Para ser inhabilitado entonces tiene que haber sido previamente condenada la persona. Por lo tanto, el juicio debe haber finalizado con la respectiva sentencia condenatoria “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público”. La inhabilitación procede “a partir del cumplimiento de la condena” y de acuerdo con la gravedad de la misma.
A este respecto, hay que insistir -como lo ha dicho el respetado penalista Alberto Arteaga- en que la inhabilitación política sólo procede “como pena accesoria de la pena de presidio o prisión, a consecuencia de una condena en un juicio penal” y sólo puede ser dictada por un juez (El Nacional, 18-07-2015)
Hasta ahora, ninguno de esos extremos constitucionales se han llenado en ninguna de las fulanas “inhabilitaciones”, dictadas arbitrariamente por organismos administrativos -como la Contraloría General de la Nación- que no tienen facultades al respecto ya que no son tribunales de justicia. Así de sencillo.
Por desgracia, “la lupa” de la contraloría general no se ocupa de lo que tiene que ocuparse, en lugar de estar persiguiendo líderes opositores. Que se sepa, nada ha hecho con la estafa de los 25.000 millones de dólares robados en Cadivi y denunciados por el exministro chavista Jorge Giordani y la ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Egleé Betancourt. Tampoco se ha preocupado por investigar los depósitos milmillonarios de cuentas del régimen en el Banco de Andorra, en Europa y que eran mantenidos ocultos. Mucho menos se ha ocupado de los desastres milmillonarios en PDVSA, denunciados en varias oportunidades. Y eso para hablar sólo de los “mega guisos”. Pero nada: de eso no se ocupa, mucho menos del resto de la galopante corrupción que está a la orden del día en la Administración Pública.
Queda claro entonces que las fulanas “inhabilitaciones” son una trampa del régimen para apartar adversarios molestos. Así lo han hecho desde 2005, cuando “inhabilitaron” a Leopoldo López -preso político del régimen desde hace casi un año-, a quien le prorrogaron tal disparate hasta 2014 y ahora la Fiscalía General -que tampoco está facultada para ello- ha anunciado que será hasta 2017. Toda una monstruosidad jurídica.
La cadena de “inhabilitaciones” la han extendido también contra el ex alcalde de San Cristóbal y preso político del régimen, Daniel Ceballos, a quien destituyeron del cargo; y últimamente contra la ex diputada María Corina Machado -igualmente despojada de su curul-; Enzo Scarano, destituido como Alcalde San Diego, Estado Carabobo; y Pablo Pérez, ex gobernador del Zulia.
Contra estas perversiones del régimen ya han comenzado a protestar diversos parlamentos y líderes democráticos del mundo, así como el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien advirtió que “las únicas inhabilitaciones las hace el pueblo” (La Prensa, 17-07-2015).
Vendrán otras fulanas “inhabilitaciones”, igualmente inconstitucionales. Ya lo advertíamos semanas atrás (Ganar… y cobrar, La Prensa, 30-06-2015). El régimen está dispuesto a hacer todo lo posible para intentar salvarse de la segura derrota que le espera en las próximas elecciones. Y un objetivo fundamental es fomentar la abstención entre los votantes opositores, creando desánimo y escepticismo. Por lo tanto, quienes se abstengan lo estarán ayudando en estos torvos propósitos para continuar saqueando y arruinando al país.
Termino citando al escritor Alberto Barrera Tyszca: “Estamos asistiendo a un espectáculo grotesco y peligroso. Podría llamarse El culillo colorado. La oligarquía está asustada. Su revolución se está descascarando. El gobierno del pueblo le tiene miedo al pueblo” (El Nacional, 19-07-2015).
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 21 de julio de 2015.
