LA JUSTA REBELIÓN

Gehard Cartay Ramírez

Si el régimen cumple su descabellado propósito de “disolver” la Asamblea Nacional entraríamos en un oscuro tiempo que acelerará, aún más, la destrucción y ruina del país.

De hecho, el oficialismo ha venido desconociendo e irrespetando al Poder Legislativo, través del sicariato judicial que contra la Constitución se ejecuta desde la llamada Sala Constitucional. Bien se sabe que todas las leyes y decisiones que ha aprobado el parlamento venezolano han sido “anuladas” por aquel organismo, todo ello abusando del poder y en contra de las normas constitucionales.

La naturaleza ya abiertamente dictatorial del régimen desconoce así, no solamente al Poder Legislativo y sus competencias y funciones, sino al poder soberano del pueblo que lo eligió en diciembre del año pasado. A ese pueblo -el verdadero y auténtico- lo menosprecia la cúpula podrida que manda y pretende sustituirlo por los cada vez más reducidos sectores que aún lo apoyan, pero que no representan en modo alguno a la gran mayoría de los venezolanos.

Se configura entonces una realidad escandalosa: Maduro y su claque ya no representan -si es que alguna vez lo hicieron- la voluntad mayoritaria del pueblo de Venezuela. Carecen, por tanto, en su actual desempeño del poder, de la legitimidad que otorga la representación de las mayorías. Muy al contrario: lo ejercen en contra de la voluntad de más del ochenta por ciento de los venezolanos, según las últimas encuestas.

Todo ello obliga a la oposición democrática a redefinir las tácticas mediante las cuales puede lograr su objetivo de sustituir al régimen cuanto antes. Se ha demostrado ya suficientemente lo complejo que resulta combatir democráticamente a un régimen que no lo es. Y es que no es fácil la lucha entre desiguales, cuando uno de ellos usa todo su poder y viola impunemente la Constitución y las leyes, mientras la oposición es perseguida y varios de sus líderes muertos, detenidos o exiliados, sin que las instituciones que deberían garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos hagan algo al respecto. Más grave aún: hacen todo lo contrario, al justificar los atropellos del régimen.

La historia ha demostrado que los pueblos no tienen por qué tolerar las dictaduras y sus abusos. Moral y éticamente están obligados y autorizados a liquidarlas, en nombre de la libertad y la justicia. Por estos días lo ha recordado el padre jesuita Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, en un impecable artículo publicado en la revista Sic.

Ugalde, en su sólida argumentación al respecto, acudió a las fuentes primarias del pensamiento católico para justificar el derecho a la rebelión que tienen los pueblos martirizados por regímenes dictatoriales. A su juicio, “la justa rebelión contra gobiernos tiránicos es una doctrina católica milenaria y un derecho humano fundamental. La existencia de gobiernos se justifica éticamente por su condición de medio indispensable para lograr el bien común. Cuando el régimen se convierte en instrumento del mal común del conjunto de los ciudadanos y los agrede con creciente pobreza, corrupción, inseguridad y manejo de lo público como botín privado, ya es dictadura”.

Al citar a dos grandes pensadores católicos, San Agustín (“La ley injusta no es ley”) y Santo Tomás, Ugalde hace suya una opinión de este último, según la cual “si el tirano agrede al bien común y busca su interés privado, con lo que los súbditos quedan libres del acatamiento y obediencia a la legítima autoridad, pues se ha deslegitimado. Los pueblos tienen derecho a darse sus gobernantes y obligación de pedirles cuentas de buen gobierno y cambiarlos cuando se vuelven tiranos”.

La siguiente referencia del padre Ugalde al respecto es fundamental: “En el Acta de la Independencia de Venezuela y en el Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela (1811) (Juan Germán) Roscio basa en ese principio el legítimo derecho a darse un buen gobierno independiente de España: En uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos, para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España y que como todos los pueblos del mundo estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que de la nuestra (…). Los pueblos tienen derecho a juzgar y a cambiar gobiernos cuando el régimen es opresor y bloquea sistemáticamente el camino del bien común”.

Resulta indudable que la fuerza moral de estos razonamientos nos obligan a profundizar la lucha contra la dictadura y a revaluar las tácticas más eficaces que conduzcan a su sustitución cuanto antes. Es nuestro derecho y nuestra obligación.

@gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 27 de diciembre de 2016.