TERROR A LA VOLUNTAD POPULAR
Gehard Cartay Ramírez
Nuevamente, el régimen reitera su terror a la
expresión libre y soberana de la voluntad popular.
La razón obvia, por supuesto, no es otra que el
mayoritario rechazo de los venezolanos contra el régimen de Maduro y su cúpula
podrida. Y estos saben que cualquier consulta electoral los desnudaría como la
minoría pírrica que ahora es. Saben que el pueblo saldría en masa a votar para
sacarlos del poder por miles de razones, todas ellas absolutamente
justificadas. Saben que los resultados de diciembre pasado constituyen un
preaviso para ellos.
Por eso no quieren que se efectúe el referendo
revocatorio (RR), ni las elecciones regionales -constitucionalmente fijadas
para este venidero diciembre- y seguramente tampoco los próximos comicios
presidenciales. Así de asustados están que tal vez puedan sentirse tentados a
impedir más elecciones democráticas y soberanas. Por supuesto que, si ello
fuera cierto, hay que advertir que se trata de un siniestro propósito de muy
difícil ejecución.
Pero esa tentación anda
por allí, tal vez en fase de exploración y tanteo. Y a nadie, por lo demás,
podría extrañarle, si se conoce la calaña de esa gente. Pero, igualmente, esa
simple posibilidad revelaría también cuán poco conoce esa minoría arrogante hoy
en el poder las potencialidades democráticas de los venezolanos y de lo que
serían capaces ante un zarpazo antidemocrático de tal magnitud.
No creo que haga falta
agregar algo más al respecto si a la vista está la reciente decisión del CNE
bloqueando criminalmente la realización del RR, un derecho constitucional que
tenemos los venezolanos y que no le pertenece ni al régimen ni a su organismo
electoral. Pero su desfachatez es de tal naturaleza que vienen actuando como si
efectivamente el derecho a revocar a Maduro y a quien sea sólo lo deciden ellos
y no la mayoría de los venezolanos.
Resulta, en verdad,
bochornosa y vergonzosa la conducta de las rectoras del CNE intentando
desesperadamente evitar el RR contra Maduro. Poco les importa que con tal
actitud violen expresa y conscientemente la Constitución, las leyes electorales
y el sagrado derecho del pueblo venezolano a revocar a quien ocupa la
presidencia de la República. Y, por lo visto, muy poco les importa que en el
futuro sean señaladas como unas autoridades funestas que, en lugar de estimular
y garantizar la participación electoral de los venezolanos -como es su
obligación legal-, serán condenadas por haber intentado impedirla en su
momento.
La oposición venezolana, a través de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), debe crecerse ante estas adversidades. No puede
vacilar un instante sobre la estrategia a desarrollar para derrotar al régimen
y a su propio CNE, lo cual, por paradójico que parezca en cuanto a este último,
también es hoy una obligación nacional.
Por esa razón, suscribo su posición oficial -dada a
conocer ayer lunes 26 de septiembre- de desconocer la absurda decisión del CNE
y, en su lugar, continuar el proceso revocatorio en marcha, conforme al
artículo 72 de la Constitución. Porque sería absurdo tolerar la vulgar maniobra
inconstitucional que, en su desesperación, ha urdido el régimen para impedir el
revocatorio presidencial.
Además, porque nadie puede ser obligado a aceptar
que se viole la Carta Magna, ni esta lo permite en su articulado. Todo lo
contrario: nos autoriza a desconocer “cualquier régimen, legislación o
autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o
menoscabe los derechos humanos” (Artículo 350). Ya sabemos, desde luego, que se
trata de un principio vago y gaseoso, de difícil ejecución, pero allí está en
el texto constitucional. Y eso no debe olvidarse.
No faltará quien diga que
no importa que el régimen y su CNE
aumenten los impedimentos del revocatorio, por cuanto la decisión popular
terminaría llevándoselos por delante como un bravío río crecido en invierno. No
tengo duda alguna que así sería. El problema, en realidad, es que hay que
continuar advirtiendo a todo el mundo sobre la naturaleza dictatorial del régimen
venezolano y su desprecio a la Constitución y la soberanía popular. Y porque,
si se lo seguimos permitiendo, continuarán actuando igual en lo adelante. Entonces
los venezolanos, más temprano que tarde, estaríamos obligados a darles un parao.
Lo conducente entonces es obligar al régimen y su
CNE a convocar el RR, conforme el artículo 72 de la Constitución. Y hay que
hacerlo ejerciendo nuestro derecho a manifestar y protestar pacíficamente. Así,
la presencia de multitudes populares en las calles de cada ciudad de Venezuela
será un formidable instrumento de lucha contra el despotismo del régimen y su
intención de impedir el RR y continuar violando la Constitución y el Estado de
Derecho.
@gehardcartayLA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 27 de septiembre de 2016.
