LA LEY DE AMNISTÍA:
JUSTA Y NECESARIA
Gehard Cartay Ramírez
La
gran mayoría de los venezolanos desea salir de esta pesadilla que nos acogota y
que volvamos a ser una sóla familia.
La cúpula
podrida del régimen está, en cambio, opuesta a esa necesaria unidad nacional.
Desde el principio, ellos apostaron por la confrontación, la división y el odio
entre nosotros. Ese fue el legado de su extinto jefe único y lo continúan
ejecutando sus herederos, mediante una política de terrorismo, persecución y
judicialización del adversario que, oportunamente, permitirá enjuiciarlos por
crímenes de lesa humanidad.
Por eso
han anunciado que no aceptan la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que
acaba de aprobar la Asamblea Nacional. Se alzan así contra la soberanía
popular, la Constitución Nacional y el Estado de Derecho, lo cual no puede
sorprender a nadie pues este régimen siempre ha sido genéticamente golpista.
Nacieron gracias a la traición y la felonía de sus fundadores, quienes
acudieron al golpe de Estado en 1992 para intentar imponer su credo
fasciocomunista.
Pero
su cinismo es desvergonzado al respecto. Su extinto jefe y los facciosos presos
que lo acompañaban en Yare, imploraron a moco tendido una ley de amnistía que
los liberara, a pesar de que su traición a la democracia produjo centenares de
muertos. Hace poco, monseñor Ovidio Pérez Morales, Obispo de Los Teques, dio a
conocer una carta de los golpistas implorando a la Iglesia que mediara al
efecto.
Son tan cínicos que, por ejemplo, apoyan que
en Colombia se apruebe una ley de amnistía para liberar a guerrilleros de las
FARC y del ELN, que han asesinado, secuestrado y herido miles de personas, todos
crímenes de lesa humanidad. En cambio, aquí se la niegan a presos políticos que
no han matado ni secuestrado a nadie, sino que simplemente han hecho uso de sus
derechos constitucionales a la protesta.
Por
desgracia, esa cúpula siempre se ha mostrado mezquina, malagradecida y
perversa. Luego de que intentaran derrocar mediante un cruento golpe de Estado
al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez en 1992, este tuvo la generosidad
de sobreseer -junto a su sucesor, el presidente Ramón J. Velásquez- a 270
oficiales golpistas, quienes salieron en libertad escasos meses después de su
indigna actuación. Y ya se sabe que el presidente Rafael Caldera hizo lo mismo
en 1994 con los oficiales que encabezaron el golpe de Estado. Por cierto,
muchos lo critican aún por esa decisión, pero olvidan que aquel fue un proceso iniciado
entonces por el propio presidente Pérez, principal víctima del golpe de Estado
de 1992.
La
República Civil
(1959-1998) demostró así su capacidad de perdón y reconciliación, movida -sin
duda- por la buena fe y tal vez una dosis grande de ingenuidad frente a la
pésima catadura moral de aquellos que perdonó en su momento. Esa pésima
catadura moral, por cierto, la demuestran hoy nuevamente al negarse a apoyar
este esfuerzo de conciliación y de paz que tanto está necesitando Venezuela en
las amargas y desgraciadas circunstancias que sufrimos.
La mala fe de la cúpula podrida que manda la
demuestran también sus “argumentos” para rechazar la Ley de Amnistía. Dicen que
esa ley va a liberar “asesinos” y “criminales”. Y eso es una mentira
descomunal: la ley sólo pondrá en libertad a detenidos por delitos políticos
(los llamados presos de conciencia),
nunca a criminales y asesinos. Bien se sabe que esos presos políticos son
procesados sin que se hayan demostrado los delitos que se le imputan. Y hasta
hay fiscales acusadores que renunciaron a sus cargos denunciando que todo lo
actuado en contra de esos presos de conciencia -especialmente en el caso de
Leopoldo López- forma parte de una tramoya montada por el régimen.
La Ley
de Amnistía y Reconciliación Nacional cumple con todos los extremos
constitucionales y legales. Va a liberar solamente presos políticos que no han
cometido crímenes de lesa humanidad. No son asesinos, insisto, sino luchadores
por sus ideales.
Por lo demás, el presidente de la República
no tiene facultades para desconocer esa ley. Y si no la promulga, la Asamblea
Nacional lo hará, según el artículo 216 de la Constitución. Además, es función
privativa de la Asamblea Nacional decretar amnistías (Art. 187, ordinal 5), por
lo que el Tribunal Supremo tampoco puede objetar la citada ley, a menos que
esta contemple amnistía por violación de los derechos humanos y delitos de lesa
humanidad, que no es el caso, como queda demostrado. Por supuesto, al régimen
nada de eso le importa y con seguridad su TSJ la declarará inconstitucional, a
pesar de no serlo.
Pero
la amnistía hoy es una necesidad y un sentimiento nacional, apoyada por la
abrumadora mayoría de los venezolanos.
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 05 de abril de 2016.
