LOS RETOS DE LA OPOSICIÓN

Gehard Cartay Ramírez

A estas alturas de la ya larga confrontación con el régimen actual, la oposición democrática no ha podido superar algunos retos.

El primero de ellos es el asumir una actitud autocrítica frente a su desempeño. No se ha querido revisar lo actuado, ni mucho menos reconocer los errores cometidos, con el fin de corregirlos, como lo recomienda el objetivo fundamental de vencer al adversario en este combate tan desigual y complejo.

Esa falta de autocrítica, al igual que otros asuntos, se pretende justificar con el muy manoseado argumento de que no podemos “desmotivar” al electorado opositor. Así se ha construido un auténtico círculo vicioso: no se revisan los errores tácticos y estratégicos, pero continúa presente la desmotivación en ciertos sectores que podrían estar al lado de la lucha democrática.

Lo mismo sucede frente al absurdo empeño por copiar el discurso chavista. Algunos repiten como loros el cuento chino de la supuesta “Cuarta República”, utilizan los mismos adjetivos del régimen y han terminado cediendo al chantaje que encierra ese discurso malévolo. Por supuesto, al lado de quienes lo hacen por ingenuidad o ignorancia, están los que acuden a esa actitud por un calculado interés en descalificar a los partidos históricos y sus dirigentes, con el propósito de presentarse  como alternativas nuevas.

Así es como insisten en lo de la “vieja” y la “nueva” política, cuando, en realidad, como lo ha planteado el Partido Social Cristiano Copei, lo que hay que diferenciar es la buena de la mala política. El problema no es de viejos o nuevos políticos, ni de vieja o nueva política. Al lado de los viejos políticos deshonestos y bellacos hay también viejos políticos honestos y  capaces. Lo mismo puede decirse de los nuevos políticos. Al fin y al cabo, todos están hechos de la misma pasta humana.

Y en cuanto a la “vieja” y la “nueva” política puede decirse lo mismo, pues tales adjetivos son un cartabón arbitrario y caprichoso que se utiliza a conveniencia. La  política siempre ha sido la misma, tanto en los tiempos de la Independencia, como ahora. La diferencia está en la buena política que -por ejemplo- representó la lucha de Bolívar y la mala política que implicaron los despropósitos del comandante golpista Pedro Carujo. Hoy sucede lo mismo, si comparamos la acción de un régimen destructor como el actual, frente a gobiernos anteriores que construyeron la democracia.

El segundo reto de la oposición democrática es entender que la lucha debe ir más allá de lo meramente electoral. Nuestro combate no puede agotarse en sólo concurrir a elecciones (y, de paso, aceptando las inicuas condiciones impuestas por el régimen), sin ocuparnos de las protestas sociales, reivindicativas y populares, así como de sus respectivas soluciones. Si sólo nos limitamos a lo electoral, nunca vamos a fortalecer nuestra opción como fuerza emergente en todos los sectores colectivos.

Vale la pena, a este respecto, señalar lo que ocurre actualmente. El país atraviesa una gravísima y peligrosa crisis institucional por las razones de todos conocidas. Sin embargo, hay dirigentes opositores que parecieran no percatarse de ello, y hasta existen aquellos que ni siquiera han tomado una posición acorde con la gravedad de la crisis, como si todo estuviera encausado en un clima de normalidad. Otros, entre ellos, el más destacado, han terminado dando declaraciones lastimosas y anodinas.

Y es que, al lado de lo electoral -que tendrá su momento, tal vez más temprano que tarde-, el país también exige respuestas ante las graves violaciones a la Constitución Nacional y la inaceptable colonización del régimen -y de la República- por parte de la dictadura castrocomunista cubana. Frente a estos despropósitos, estamos obligados a movilizar pacíficamente al país. ¿O habrá que recordar que, por ejemplo, Gandhi logró derrotar al todopoderoso imperio inglés y liberar a la India poniendo en práctica su famosa tesis de la resistencia pacífica?

La política, como casi todo en la vida, se mide por los resultados. Hasta ahora, a pesar de los innegables avances logrados especialmente a partir de 2008, la oposición democrática sigue acumulando derrotas. Al lado de un sistema electoral diseñado y manejado para beneficiar al régimen, existen fallas imputables al manejo que ha hecho la dirección opositora de ciertas estrategias erradas y a candidatos que no dieron la talla en los comicios pasados. De allí que también sea un imperativo descifrar algunas señales que han enviado los electores, tanto nacional como regionalmente, incluyendo el de los abstencionistas, a quienes no se puede seguir culpando de las derrotas sufridas.

Los retos de la oposición deben ser afrontados con honestidad y sinceridad. Para ello son imprescindibles la autocrítica y la revisión de lo actuado, la sustitución de los liderazgos fracasados, la corrección del rumbo y la adopción de mecanismos de lucha que vayan más allá de lo meramente electoral.

Ahora que se abre ante nosotros otra etapa de la lucha contra la incapacidad y la corrupción del régimen, su fracaso en la solución de los gravísimos problemas que sufren los venezolanos y ante su autoritarismo y vulgar dependencia castrocomunista, entonces con mayor razón sus adversarios estamos obligados a actuar correctamente y a no volver a equivocarnos.

(LA PRENSA de Barinas - Martes, 22 de enero de 2013)  

Verdades

VENEZUELA, PAÍS INSÓLITO

Gehard Cartay Ramírez

Entre las cosas gravísimas que están sucediendo en este insólito país hay dos que sobresalen por encima de las demás, que son bastantes.

La primera es la descarada violación de la Constitución Nacional por parte del régimen de facto que se instauró el pasado 10 de diciembre usurpando el poder, sin que nadie lo haya elegido y, por si fuera poco, con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia y las demás “instituciones” que el chavismo controla.

La segunda la constituye la penosa circunstancia de que 200 años después de habernos independizado del imperio español ahora Venezuela sea una colonia del castrocomunismo cubano.

Una y otra cosa son gravísimas y ponen en entredicho la existencia misma de nuestra República.

Analicemos la primera: violar la Constitución Nacional es atentar contra el pacto que sostiene la existencia de la República y que garantiza nuestros derechos y deberes como nación. Y no es un asunto de “formalismos” ni de “leguleyería”, como afirma el usurpador, apelando a su enciclopédica ignorancia.

Violar la Carta Magna es un desconocimiento a la primera ley de la República y demuestra, a todas luces, el talante autoritario y dictatorial del régimen. Porque si sus jerarcas desconocen la Constitución, la violan y no la cumplen, allí está la esencia de lo que muchas veces hemos repetido sobre el particular: que estamos en presencia de un régimen que se considera por encima de la norma constitucional y de las demás leyes. Por tanto, convierte su voluntad omnímoda en la regla que se cumple, mientras desconoce el Estado de Derecho y el Principio de la Legalidad.

En cualquier democracia que se respete a sí misma, la Constitución es la carta de navegación de las instituciones, y estas, en el cumplimiento de sus principios y finalidades, se ciñen escrupulosamente a sus mandatos. Por tanto, no es cualquier cosa violar sus normas para convertirla, como acaba de hacerlo el chavismo, en simple papel sanitario. Lo peor de todo es que quien ha venido fungiendo como jefe único del régimen desde 1999 fue el principal promotor de la Constitución, lo que nunca le impidió, como no le impide hoy a sus partidarios, violarla y desconocerla cada vez que les da la gana.

Lo ocurrido el pasado 10 de enero es suficientemente ilustrativo al respecto. El régimen sencillamente acordó, con la venia del TSJ, “meterse por el bolsillo de atrás” -para citar una frase célebre del enfermo de La Habana- el articulado de la Constitución que rige el inicio de un nuevo período constitucional. De modo que prefirió desconocer el mandato de la Carta Magna al respecto y colocarse en situación de ilegitimidad absoluta, razón por la cual Venezuela hoy no tiene Presidente de la República, ni comandante en jefe de la Fuerza Armada, mientras un sujeto usurpa el poder acompañado de unos “ministros” a quienes ya se les venció su período. Y todo ello con el “visto bueno” de sus conmilitones del más alto tribunal.

 Vayamos ahora la segunda perversión chavista: la de haber convertido a Venezuela en una colonia del castrocomunismo cubano. Esta alta traición a la patria es tan o tal vez más grave que la anterior. Porque si el Libertador Simón Bolívar resucitara ahora mismo, seguramente repetiría -ante esta aberración- aquello de que había “arado en el mar”. Porque eso es lo que significa la sumisión del régimen a la tiranía cubana. Significa que hemos dejado de ser una nación independiente y que hemos vuelto a ser parte de un imperio, esta vez el de los hermanos Castro de Cuba.

Hoy, para vergüenza de todos, pero muy especialmente de la cúpula del régimen, nuestro destino se decide en La Habana, a donde acuden los altos jerarcas del chavismo a pedir instrucciones a la gerontocracia castrista -Fidel y Raúl Castro, los dos ancianos que mandan en Cuba desde hace más de medio siglo- sobre lo que deben hacer aquí en el manejo del poder.

Porque nunca antes (léase bien: nunca antes) Venezuela había dejado de ser una nación soberana, como ahora lamentablemente sucede. Nunca antes, habíamos presenciado este espectáculo humillante y ominoso de un régimen que, sin vergüenza alguna, acude a un gobierno extranjero para discutir asuntos del exclusivo interés nacional, lo que constituye, sin hipérbole de ninguna naturaleza, un acto de traición a la patria que deberá ser condenado más temprano que tarde y enjuiciados sus culpables con la pena máxima.

Se trata, lamentablemente, de una situación tragicómica. Trágica, por lo que significa que la Patria de Bolívar hoy sea colonia de un país extranjero, al convertirse el actual régimen venezolano en un títere de la vergonzosa dictadura cubana.

 Y, al mismo tiempo, no deja de ser cómica toda esta penosa situación porque Cuba es un pequeño y atrasado país, propiedad de un par de dinosaurios que lo han condenado a una tiranía espantosa y a vivir en las peores condiciones de hambre y miseria. Cuba posee un territorio nueve veces menor que el nuestro y tiene menos de la mitad de los habitantes de Venezuela, no produce nada, carece de todo tipo de tecnología y de adelantos científicos y ha subsistido en los últimos 50 años gracias a los millonarios subsidios de la extinta Unión Soviética y, ahora, de los petrodólares venezolanos que les ha venido regalando el actual régimen, a cambio de baratijas ideológicas y de supuestos médicos y técnicos cubanos.

No está lejos el tiempo en que toda esta situación tendrá que cambiar. Pero, para que ello sea posible, también tenemos que cambiar quienes nos oponemos a este régimen: cambiar los liderazgos, las estrategias y los procedimientos. Pero a eso nos referiremos otro día.

(LA PRENSA de Barinas - Martes, 15 de enero de 2013)

GOLPE DE ESTADO CONTINUADO

Gehard Cartay Ramírez

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Los golpistas que mandan en Venezuela desde hace ya 15 largos años continúan desarrollando el golpe de Estado que iniciaron en 1992.

Esa ofensiva se ha radicalizado en estos últimos días. Ahora, cuando está a punto de iniciarse un nuevo período constitucional en medio de gravísimas circunstancias -como la indiscutible ausencia de quien acaba de ser reelecto presidente de la República-, la actitud golpista de la cúpula oficial no puede ser más descarada y grosera.

Para pretender justificar lo injustificable -es decir, la violación de la Constitución Nacional-, estos segundones que hoy encabezan los Poderes Públicos apelan a los argumentos más grotescos. Uno de ellos es la absurda tesis de que no existe un nuevo período constitucional, por lo que el enfermo presidente podría juramentarse cuando le dé su real gana. La  otra posición, inmadura y descabellada, es la de que podría prestar juramento desde La Habana, capital del imperio castro comunista al que hoy pertenece Venezuela, donde convalece el presidente y paciente.

Ambas cosas son de una gravedad extrema. La primera es causa suficiente para desconocer legítimamente al régimen, tal cual lo ordena el artículo 333 de la Carta Magna. Porque, sin duda, cuando un gobierno viola la Constitución Nacional, automáticamente se coloca en contra de ella. En consecuencia, pierde legitimidad por tal delito y, por tanto, todos los ciudadanos -tengan o no autoridad- tienen el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Ni más ni menos, a eso nos autoriza el precepto constitucional. Y desde luego que también se lo ordena a las instituciones del Estado, incluyendo la Fuerza Armada Nacional, sin que ello implique una conducta golpista, sino todo lo contario: esas instituciones están obligadas a actuar para reparar la gravísima situación que significa que un régimen desconozca la Constitución Nacional.

La segunda cuestión también le quita legitimidad al actual régimen, pues el juramento del presidente entrante nunca podría realizarse en suelo extranjero. En este caso, no operaría la ficción de que la embajada venezolana en Cuba pueda considerarse territorio venezolano, algo que hoy no es reconocido por las modernas normas del Derecho Internacional.

La Constitución es muy clara al respecto, tal como expresamente lo reconoció y explicó -paso a paso, por cierto- el actual presidente en su alocución, antes de someterse a la nueva operación de la que hoy convalece. Por tanto, y aunque el oficialismo las descalifique como “meras formalidades”, resulta inaceptable que se viole la normativa constitucional en el caso que comentamos. 

Lamentablemente, eso es lo que viene haciendo el chavismo en el poder desde hace ya 12 largos años. Pudiera decirse, sin incurrir en exageración alguna, que en todo este tiempo los golpistas que -por ahora- mandan en Venezuela han violado casi todos (por no decir todos) los artículos de la Constitución vigente.

Por supuesto que, ante tal felonía, la alcahuetería de la asamblea nacional, del tribunal supremo, de la fiscalía general y de la cúpula militar ha terminado creando una insólita impunidad a favor del actual régimen. Estamos, pues, como en los tiempos de la dictadura de Hitler en la Alemania de los años 30 y 40 del siglo pasado, cuando la Constitución y las leyes fueron sustituidas por la voluntad de aquella tiranía. Ya sabemos cómo terminaron todos: Hitler suicidado y sus compinches ahorcados en Núremberg. El juicio de la historia, sin embargo, les ha sido mucho más severo y categórico.

(Por cierto que en 1992 los golpistas que dirigen el actual régimen no se cansaron de justificar su felonía de entonces argumentando que el gobierno de CAP “había devenido en una dictadura, que como tal se arroga todos los poderes del Estado”. Que, por tanto, era necesario “asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las Leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”. Y finalmente -vaya cinismo al compararlo con lo que ellos mismos hacen hoy- que también aquel gobierno “violaba de manera diaria y sistemática la Constitución y las Leyes que juraron cumplir y hacer cumplir” (El Nacional, 24-06-1992). Por cierto que las cosas entonces no llegaron a tales extremos, como ahora sí sucede, precisamente cuando mandan quienes hacían estas denuncias.)

He citado las previsiones que incluye la Constitución Nacional para garantizar su plena vigencia, justamente ahora cuando el régimen continúa violándola, marchando aceleradamente hacia una dictadura militarista y antipopular. Y lo hago para que estemos concientes de nuestros derechos y obligaciones cuando aquí se quiere instaurar una nueva tiranía.

Lo hago para que sepamos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la barbarie gorila que hoy pisotea la primera ley de la República y pretende imponer su perversa voluntad por encima de la Carta Magna.

LA PRENSA de Barinas - Martes, 08 de enero de 2013.