“Virtual: Que tiene existencia aparente y no real”.
Tenemos hoy en Venezuela un presidente virtual, es decir, “que tiene existencia aparente y no real”, de acuerdo con la definición de la Academia de la Lengua Española.
La enfermedad de quien viene ejerciendo tal cargo ha traído como consecuencia esta situación anómala e irregular. No han faltado, en este sentido, quienes hablen de un vacío de poder al respecto. En verdad, la situación de precariedad institucional que vive ahora Venezuela, sin antecedentes en nuestra historia, obliga a serias reflexiones y análisis sobre el particular.
Nadie puede discutir esta realidad, y mucho menos negarla. Tenemos a un presidente enfermo desde hace ya casi un año. En todo este tiempo ha sido operado varias veces y convalecido unos cuantos meses, sin que -por cierto- se haya ofrecido información oficial sobre su verdadero estado de salud, que se supone grave. Pero no es esto lo que me interesa destacar, sino la situación institucional que ha creado su enfermedad.
Resulta obvio, por tanto, que el presidente no está en capacidad de ejercer plenamente su cargo mientras se encuentre aquejado de graves problemas de salud. Por más que en estos meses el ejercicio de su alta responsabilidad se haya reducido a los estrechos espacios de una sala de operaciones y un lecho de enfermo en Cuba, y de este a un estudio de televisión o a la comunicación por teléfono con el Canal 8 para dar la sensación de que está gobernando, la realidad de los hechos indica otra cosa.
Por eso hablamos de un presidente virtual en este caso. Y esto hay que advertirlo porque, lamentablemente, aquí se han violado las disposiciones que la Constitución establece al respecto. Precisamente porque quien ejerce ese cargo -lo mismo pasa en cualquier otra parte del mundo- es un simple ser humano y no una especie de Supermán, la Carta Magna ordena muy precisos mandatos al respecto, en caso de que se enferme el Jefe de Estado. Y ya se sabe que si este es quien encabeza el gobierno, con más razón hay que tomar las previsiones en caso de que la enfermedad lo incapacite o, en el peor de los casos, produzca su falta absoluta por muerte.
No está de más recordar que, de acuerdo al artículo 232 de la Constitución, el Presidente es responsable de sus actos “y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo”. Por tanto, si en verdad está impedido de cumplirlas, por enfermedad o cualquier otra causa, debe proceder a su alejamiento del cargo y permitir que se declare la falta temporal. En este caso, corresponde entonces al Vicepresidente o Vicepresidenta -según se trate- la responsabilidad de asumir el cargo hasta por 90 días, prorrogables por igual número si así lo aprueba la Asamblea Nacional.
Lo lógico, en consecuencia, hubiera sido que el Presidente subrogara sus responsabilidades en el Vicepresidente y se ocupara exclusivamente de su enfermedad. De esa manera no estuviéramos presenciando esa aberración inconstitucional que convierte hoy a una ciudad extranjera, en este caso, La Habana, en una especie de sede del Poder Ejecutivo Nacional de la República de Venezuela, con lo que se viola el Artículo 18 de la Constitución, según el cual “la ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional”. La única excepción a esta disposición es la que autoriza el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de nuestro país.
Ya sabemos, en todo caso, que el jefe del régimen y su combo utilizan la que una vez llamaron “la mejor Constitución del mundo” como vulgar papel sanitario. Pero esa perversión no le resta vigencia a la Carta Magna y, en su momento, tendrán que responder por estas descaradas violaciones a su texto.
También sabemos que la República de Venezuela ha devenido en una suerte de autocracia. Por tanto, el jefe del régimen hace lo que le viene en gana, sin que nadie -y menos las “instituciones públicas” obligadas a ello- pueda meterlo en cintura para que cumpla la Constitución y las leyes, tal cual juró en el momento de asumir el cargo. A esos extremos hemos llegado en este país, a causa de la degeneración de quienes mandan.
Ya vendrá el momento de normalizar el estado democrático y social de Derecho que establece la Constitución y de ajustar cuentas a quienes la han desconocido y violado en estos años.
LA PRENSA de Barinas - Martes, 06 de marzo de 2012.
Gehard Cartay Ramírez
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