ILEGITIMIDAD, VIOLENCIA Y REPRESIÓN
Gehard Cartay Ramírez
El régimen desnuda su propia ilegitimidad acentuando la represión y la violencia, luego de las elecciones del pasado 14 de abril.
Por esa razón, tal vez no deberíamos detenernos en mayores explicaciones. Tan clara es esta situación, que el usurpador se encuentra hoy en un verdadero laberinto, producto del fraude y el desconocimiento del régimen a la voluntad popular.
Como lo señalamos en anterior artículo, la burda respuesta del régimen y de su Asamblea Nacional, CNE, TSJ, Fiscalía, Defensoría y demás incondicionales negando el recuento de votos planteado por Capriles, es la mejor evidencia de que no obtuvieron la victoria en las pasadas elecciones presidenciales.
Porque resulta de una lógica indiscutible que si hubieran ganado sin problemas, ellos serían entonces los más interesados en la auditoría planteada por las fuerzas democráticas. Sería una respuesta contundente al reclamo de recontar los votos y reafirmaría entonces su victoria, si efectivamente se hubiera producido.
Pero han hecho todo lo contrario. Y lo han hecho bajo sospecha de todo el país. Porque todos aquí sabemos que el ilegítimo aceptó la misma noche de las elecciones que se abrieran las cajas y se recontaran los votos. Al día siguiente, luego de que la inefable presidenta del CNE negara el conteo planteado por Capriles y proclamara ipso facto a Maduro como “Presidente Electo” con una velocidad nunca antes vista en estos casos, el ilegítimo le hizo coro. Anunció entonces que no aceptaba el reconteo.
Lógico es suponer también, entonces, que alguien le dijo que las cifras del CNE no cuadrarían a su favor si se hacía un nuevo conteo voto a voto, con cuadernos de votación y actas incluidas. Sin embargo, para aparentar frente a la comunidad internacional y engañar a los demás gobiernos -de cara a la “investidura” del ilegítimo-, el CNE abrió la rendija de una supuesta auditoría. Pasada la ceremonia en cuestión, inmediatamente, las rectoras dijeron que los resultados eran irreversibles por lo que nadie debía hacerse ilusiones con la fulana auditoría. La respuesta de Capriles y las fuerzas democráticas no podía ser otra que rechazar esta farsa.
Como se sabe, desde el mismo lunes 15 de abril, vino una contundente respuesta popular. La reacción del régimen fue una brutal violencia y represión contra manifestantes que ejercían su derecho frente a lo que consideraban un descomunal fraude electoral. A tales efectos, guardias nacionales y policías enfrentaron, armados -lo que está prohibido por la Constitución Nacional-, a manifestantes pacíficos y desarmados en las calles de todo el país. La respuesta bestial del régimen se tradujo en varios muertos y centenares de heridos y detenidos, algunos de ellos torturados, desconociendo así el derecho a manifestar que consagra la Carta Magna y creando una suerte de terrorismo de Estado para someter a la disidencia activa.
Y es que, ante la evidencia del fraude, el régimen ha puesto en marcha de nuevo la criminalización de la protesta. Esta práctica autoritaria y totalitaria, propia del fascismo y del comunismo -sistemas que son “hermanos mellizos”, como los describió en su momento Hannah Arendt-, parte de la falsa premisa según la cual todos somos terroristas, por lo que los derechos de manifestación y protesta son conculcados automáticamente.
Por eso hicieron aprobar la llamada Ley Antiterrorismo, un instrumento inspirado en las leyes nazis de Hitler. Se trata de un mecanismo muy discrecional que, en manos de fiscales y jueces inescrupulosos, convierte la protesta -consagrada constitucionalmente como un derecho humano- en un delito, castigado con cárcel e incautación de bienes. Hasta una acción tan inofensiva como la de cacerolear pretende ser castigada a tales efectos. Accesoriamente, puede aplicarse para despojar a cualquiera de sus legítimos derechos constitucionales a manifestar y protestar pacíficamente.
Un hecho gravísimo, denunciado por la organización defensora de derechos humanos Provea -a la que intentan desprestigiar sicarios del régimen-, es que, ahora mismo, tribunales militares están enjuiciando civiles, lo que viola el principio general según el cual nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales. Tal aberración la pretenden sostener en la Ley de Seguridad de la Nación, que manejada discrecionalmente facilitaría abusos y violaciones de todo tipo contra los derechos humanos.
La conclusión es obvia: el régimen está cerrando espacios para la protesta pacífica y criminalizando a quienes lo adversan. Esto sólo conduce al totalitarismo, donde no se permite a nadie disentir. Si toman ese camino se profundizaría lo que ya muchos catalogan como una dictadura, disfrazada de democracia por unas elecciones cada vez más desprestigiadas.
No es fácil lo que viene. El panorama económico y social va a agravarse, luego de 14 años de incapacidad, corrupción e improvisación. No le conviene al régimen apelar a la violencia y la represión contra la mayoría de los venezolanos. Está demostrado históricamente que en estos casos tal absurdo se revierte contra sus autores.
(LA PRENSA de Barinas - Martes, 30 de abril de 2013)
