Gehard Cartay Ramírez
Los regímenes autoritarios siempre se esconden detrás del concepto de soberanía para pretender excusar sus delitos y tropelías.
Ese es precisamente el comportamiento del actual régimen venezolano ante la lluvia de acusaciones que se le hacen todos los días desde el exterior por sus crímenes de lesa humanidad, entre ellos, constante violación de los derechos humanos, asesinatos de estudiantes y otros opositores, creciente número de presos políticos incomunicados, torturas y vejaciones, así como la persecución judicial contra líderes de la disidencia.
Algunos casos emblemáticos, como los de Leopoldo López, María Corina Machado, los alcaldes Scarano y Ceballos, o antes el de la ex jueza Afiuni, junto a los de centenares de estudiantes que han sido detenidos sin fórmula de juicio, algunos de ellos torturados salvajemente, delatan en Venezuela la existencia de una dictadura, por más que se apoye en sus tribunales y fiscales para judicializar su constante persecución de los adversarios.
Por eso hoy en todo el mundo la fama del régimen de Maduro -al igual que el presidido antes por Chávez- es la de un gobierno dictatorial, violador de los derechos humanos y perseguidor implacable de quienes no comparten su proyecto político. Pero, al igual que toda dictadura, los voceros del régimen venezolano siempre apelan al argumento chantajista de la “soberanía” nacional ante las acusaciones que -con toda razón- se le hacen desde afuera.
Acuden así a un concepto de soberanía anacrónico y absurdo, propio de los feudos y las monarquías de hace varios siglos, pero no del actual mundo globalizado donde la democracia tiende a ser un sistema planetario y la defensa de los derechos humanos no conoce fronteras. Según estos regímenes autoritarios, “soberanía” significa que ellos pueden hacer lo que les dé la gana en sus respectivos países, y nadie de afuera -o de adentro- puede entrometerse.
Obviamente, ese concepto de soberanía ya está periclitado. Hoy día ningún gobernante puede hacer lo que quiera en su país, sin incurrir en violaciones a la Declaración de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales y el Derecho de Gentes. Hoy día los mandatarios tienen límites en el ejercicio de sus gobiernos, y ningún país puede permanecer indiferente a la suerte de otros en donde, por ejemplo, se conculquen los derechos humanos, se cometan crímenes de lesa humanidad o se desconozcan los principios democráticos.
El moderno concepto de soberanía respeta, desde luego, la autodeterminación de los pueblos y la no-injerencia en sus asuntos internos. Pero el Derecho Internacional ha evolucionado de tal manera que los derechos humanos están por encima de cualquier consideración. En otras palabras, el sagrado respeto a la persona humana trasciende a cualquier Estado de cualquier país, lo que implica -sin duda- una gran conquista para el desarrollo de toda la humanidad presente y futura.
Hay que detenerse a pensar, por ejemplo, qué habría sucedido si la comunidad internacional hubiese actuado tempranamente contra Hitler, Stalin o Mao durante sus respectivas dictaduras, bajo las cuales murieron, en su conjunto, 60 o 70 millones de personas. Para ejecutar libremente tales prácticas criminales y perversas, todos ellos alegaron la soberanía de sus Estados y detrás de ella escondieron el trágico final de esos millones de hombres, mujeres y niños que murieron en los campos de concentración judíos, en los gulag soviéticos de Siberia y durante la descomunal hambruna china en los años cuarenta del siglo pasado.
Ese concepto utilitario, desnaturalizado y cínico de soberanía es el mismo al que hoy apela el régimen chavista para intentar tapar sus crímenes de lesa humanidad, sus violaciones reiteradas a la Constitución Nacional, a la legislación venezolana, a los convenios internacionales y a los derechos humanos. De allí que la estrategia en ejecución sea la de alzarse contra la comunidad internacional, desconocer sus organismos y decisiones y encerrarse en las fronteras del país -al estilo de castrocomunismo en Cuba- para impedir que sea castigado.
La soberanía, pues, no existe en los términos concebidos por las dictaduras y los gobiernos que aspiran a convertirse en estas. Y es lógico que así sea: no puede utilizarse la soberanía para excusar los crímenes y delitos de los gobiernos genocidas, forajidos, terroristas, narcotraficantes y antihumanitarios. Frente a estos últimos, la comunidad internacional tiene perfecto derecho a intervenir, bien por las vías diplomáticas, jurídicas y económicas o, incluso, por las vías de hecho, es decir, militarmente.
Ningún gobernante puede pretender, a estas alturas de la historia, convertir a su país en un coto cerrado para atentar contra su pueblo o contra los demás, para violar los derechos humanos o para poner en peligro la paz y el orden internacional.
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 16 de diciembre de 2014.
