¿LICENCIA PARA MATAR?
Gehard Cartay Ramírez
En lugar de enfrentar el desastre económico y social que creó en estos 16
años, el régimen -por el contrario- apela a la represión criminal para combatir
las protestas populares.
Así, como se sabe, mete
presos a los dueños de comercios culpándolos por la escasez y el
desabastecimiento producto de las erráticas políticas económicas oficiales
desde 1999. O si no, detiene a quien tome fotos a los anaqueles vacíos o a los
que osen protestar en las interminables colas para intentar comprar alimentos,
medicinas o artículos de consumo personal, hoy escasos y caros.
La semana pasada -ante el previsible aumento de las protestas en curso- el
régimen llegó al colmo de autorizar el uso de armas mortales para enfrentar las
manifestaciones populares en protesta por la carestía y la falta de alimentos,
medicinas y otros artículos. Y lo ha hecho mediante una resolución del
Ministerio de la Defensa que, por una parte, viola abiertamente el artículo 68 de
la Constitución (que prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas
en el control de manifestaciones pacíficas) y, por la otra, militariza la
represión, lo cual es sumamente grave.
Porque, amigos lectores, esta es una medida que implica nefastas
consecuencias de todo orden. En primer lugar, se continúa criminalizando la
protesta, algo que se viene haciendo desde los inicios mismos del régimen, en
abierta violación a un derecho humano por excelencia. Convertir a la protesta en un crimen y, por tanto, perseguirla y
enfrentarla con armas potencialmente mortales equivale a crear un estado de
excepción y una suspensión de algunas garantías constitucionales, sin motivos
para ello.
En segundo lugar, insistir en militarizar la represión contra
manifestaciones pacíficas sólo traerá como consecuencia el crecimiento
exponencial de la violencia mortal contra civiles desarmados y, por tanto, el
aumento indiscriminado de víctimas fatales, sin que estemos ante un
enfrentamiento armado. Normalmente ningún país
democrático utiliza sus fuerzas militares para enfrentar manifestaciones
civiles, como lo pretende el régimen de Maduro a través de la infeliz resolución
oficial que venimos comentando.
Y en tercer lugar, al asumir este tipo de decisiones desafortunadas, el
régimen continúa violando los derechos humanos y desconociendo, no sólo la
Constitución Nacional que ellos mismos aprobaron en 1999, sino también la Carta
Internacional de Derechos Humanos y los mandatos de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos. Y es que, al consagrar
la protesta pacífica y democrática como un derecho humano fundamental, sus
defensores insisten que -en caso de perturbaciones del orden público- los
organismos policiales “sólo deben emplear los medios que sean indispensables
para controlar la situación, siempre de manera racional y proporcionada,
respetando el derecho a la vida y la integridad personal”.
Sin duda que la Resolución 8610 es la más clara demostración de la
desesperación del régimen ante un país que comienza a mostrar signos de
molestia e indignación ante la incapacidad, la irresponsabilidad y negligencia
oficiales para buscarle soluciones a la descomunal crisis que sufrimos.
Lamentablemente, insisto, en lugar de trabajar por resolverla, se apela a la
represión del descontento, con lo cual, por otra parte, agrava aún más la ya de
por sí caótica situación que hoy acogota a los venezolanos.
Sin duda que también es catastrófico que a la violencia criminal armada de
la delincuencia que azota al país y que ha producido desde 1999 más de 200.000
asesinatos, se le pueda unir ahora la violencia armada del régimen, que también
ha ocasionado varias muertes entre estudiantes y opositores en el pasado. Por
este camino, si no hay rectificaciones oficiales a tiempo, podríamos entrar en
una tragedia humanitaria de impredecibles proporciones, lo cual ya es mucho
decir.
Este hecho resultaría
sumamente dramático, pues, como bien se sabe, el régimen no se ha ocupado de
combatir a la delincuencia desbordada. Por el contrario, la ha convertido en su
aliada, y muchos de sus colectivos armados forman parte de la red de malandros
que hoy controla pueblos y ciudades venezolanas. Si a esto se agregara, repito,
la violencia armada del régimen contra la oposición democrática, hay que
imaginar el cuadro desolador que nos espera a los venezolanos.
No deberían olvidar
quienes firman la mencionada resolución y quienes la vayan a ejecutar que los
crímenes de lesa humanidad son perseguidos mundialmente y no prescriben.
Tampoco deberían olvidar que, en tal caso, no podrán alegar la “obediencia
debida”, pues son crímenes por los cuales tendrán que responder personalmente.
En Venezuela no existe la pena de muerte y la Constitución prohíbe, sin
excepciones, “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas”. Esta prohibición no puede derogarla una simple
resolución del Ministerio de la Defensa. Y aquí nadie puede conceder licencia
para matar.
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 03 de febrero de 2015.
