"Alguien levantó las tapas del infierno, donde varias generaciones de venezolanos, al costo de exilios, cárceles, muerte y tortura, habíamos encerrado en 1958 los demonios del militarismo...
¿Cuántas décadas llevará volverlos a encerrar?”
Ramón J. Velásquez, a propósito del cuatro de febrero de 1992.
Este 24 de junio se cumplieron seis años de la muerte del doctor Ramón J. Velásquez, ex Presidente de Venezuela (1993-1994), historiador, periodista, parlamentario e ilustre venezolano de la segunda mitad del siglo XX.
Lo conocí en el Congreso de la República cuando él era senador por Táchira y yo un joven diputado por Barinas. Varias veces sostuvimos amenas conversaciones sobre temas históricos, algunas en el hemiciclo del Senado donde solía visitarlo, y últimamente en la oficina del editor José Agustín Catalá, en la Avenida Principal de Maripérez.
Siempre me animó para que continuara escribiendo y publicando otros libros, especialmente sobre historia política contemporánea venezolana, cuyo conocimiento -decía- "es fundamental para que un político sepa de dónde viene y para dónde va".
Siempre lo sentí muy esperanzado por el papel que debíamos cumplir aquellos jóvenes de entonces en su actuación futura por la modernización y consolidación de la democracia venezolana.
A los tres días de mi toma de posesión como Gobernador del Estado Barinas, el doctor Velásquez asumió la Presidencia de la República, en sustitución de Carlos Andres Pérez.
Debo decir que fui tratado con respeto y consideración por él y sus ministros durante el segundo semestre de 1993. Creo que el impulso que su breve gestión le dio al proceso de descentralización fue preciso, contundente y coherente.
Nunca antes se le concedió a los primeros mandatarios regionales electos por voluntad popular mayor poder de decisión y autoridad sobre los organismos del gobierno nacional en sus respectivas entidades federales, al punto de colocar en sus manos la designación de los directores estadales de los ministerios e institutos autónomos, mediante el decreto presidencial No. 3.109 del 19 de agosto de 1993.
La experiencia fue positiva y útil en todo sentido, lo cual permitió una cierta unidad de acciones y propósitos entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Lamentablemente, tal ensayo fue efímero y no tuvo la continuidad necesaria.
Guardo por su memoria y su legado como presidente e historiador el mayor de los respetos. Fue un venezolano cabal, útil y profundamente conocedor de su país.

EL DILEMA OPOSITOR
Gehard Cartay Ramírez

El régimen avanza raudamente en su estrategia de estimular la abstención y montar unas elecciones a su conveniencia.
Cada paso suyo está dirigido a molestar aún más a los opositores, especialmente a los radicales, convenciéndolos de que ya todo está listo para un eventual “triunfo” chavomadurista en las elecciones parlamentarias próximas, no porque tenga la mayoría a su favor sino en virtud de su ventajismo fraudulento.
En ese propósito se inscribe la designación inconstitucional del nuevo CNE y la más reciente entrega de las tarjetas y símbolos de AD y PJ a mercenarios suyos, al igual que en el pasado lo hicieron con Copei y otros partidos opositores. Y lo seguirá haciendo con las demás organizaciones partidistas que le estorben.
Habría que ver si, al final, el régimen también terminará negándole una tarjeta propia a la oposición mayoritaria en el supuesto caso de que decidiera participar en las elecciones parlamentarias. No sería de extrañar, desde luego. Quieren unas elecciones a su medida, en la que participen sólo ellos y sus comparsas “opositoras”, de modo que nada falle y todo conduzca a un elaborado “triunfo” oficialista.
Aún faltan otras desmesuras suyas, fríamente calculadas, para consolidar la negativa a votar de muchos opositores: se especula que ahora van a destituir a los cuatro gobernadores de la oposición, a pesar de que los han maniatado y reducido a simples adornos en sus regiones. Ya han anunciado una primera de esas víctimas, al parecer, la mandataria del Táchira.
De esta manera, de forma sincronizada, seguirán haciendo todo lo posible para que la desesperanza y la resignación crezcan entre los adversarios, así como su contrariedad ante los atropellos y violaciones del régimen en materia electoral. Persiguen así su inocultable objetivo: que los opositores –es decir, la inmensa mayoría de los venezolanos– no voten, todo lo cual les despeja el camino de la participación en solitario al chavomadurismo y sus socios, visto que hoy en día son una evidente minoría.
La estrategia ha sido efectiva, sin duda, por cuanto han encerrado a buena parte de la disidencia en un círculo vicioso: muchos de ellos no quieren votar porque lo consideran inútil para echar al régimen, mientras los partidarios de este, que sí votan -aunque sean menos-, les proporcionarían automáticamente una “victoria”, no importa que sea otra mentira más como la del 2018. Por lo tanto, al no votar la mayoría de los que quieren salir del régimen, estos lo que están haciendo, en realidad, es atornillarlo en el poder.
Tal es la trampa que desde sus inicios ha venido usando el chavismo para eliminar el sufragio como palanca de cambio. Lo han hecho, hasta ahora, con verdadero éxito. Cuando no han podido imponer esa estrategia han utilizado su TSJ sin ningún rubor, violando la Constitución y las leyes para no aceptar –como sucedió en 2015–, desde el primer momento, la mayoría absoluta de diputados opositores elegidos entonces por los venezolanos, y luego acosar sistemáticamente a la nueva Asamblea Nacional anulando todas sus actuaciones para luego declararla “en desacato” (¿?) y, finalmente, “desconocer” a Juan Guaidó como su legítimo presidente. “A lo Jalisco”, pues.
Pero, por lo general, en la mayoría de los casos apelan al fraude, tal como lo hicieron en 2013, gracias a la absurda pasividad del candidato Capriles y su comando de campaña frente unas elecciones absolutamente reñidas, por decir lo menos, como lo demostraron incluso las cifras oficiales. Entonces el régimen mató dos pájaros de un tiro: consolidó la matriz de opinión entre los opositores según la cual no vale la pena votar y, basado en esta última, preparó el camino de los comicios del 2018 donde la protesta de la mayoría se canalizó a través de una abstención sin precedentes.
Como han tenido éxito hasta ahora, entonces parece lógico que insistan en esa estrategia inconstitucional, ilegal y antidemocrática que aprovecha las debilidades y flaquezas de un adversario demasiado predecible.
Y aquí reside reto de la verdadera y mayoritaria oposición. Tendrá que definir ya una estrategia para enfrentarlo. Permanecer inmóvil y de brazos cruzados no es una opción. Si llegara a participar en ese proceso –asumiendo su verdadera naturaleza y sus consecuencias–, tal vez podría incidir en el desfacimiento de un régimen que ya no gobierna, rebasado por los grandes problemas nacionales y totalmente desprestigiado frente a la comunidad internacional. Eso dependerá de su músculo popular y de su capacidad para golpear al régimen. Pero para lograr tal objetivo tendría que vencer la matriz abstencionista, desde luego, cuya verdadera magnitud aún se desconoce, por lo demás.
Y si no participa, algo tendrá que hacer. Porque lo peor que podría hacer la verdadera oposición es no hacer nada. La resignación y la inmovilización –insisto– serían absolutamente imperdonables, así como condenables y, por cierto, favorecedoras de los objetivos del régimen. La decisión debe ser inminente. Jueves 25 de mayo de 2020. LAPATILLA.COM

LA EXTINCIÓN DE LA SOBERANÍA POPULAR
* Gehard Cartay Ramírez
Desde hace algo más de 20 años el régimen chavista viene liquidando la soberanía popular, mediante la utilización de los Poderes Públicos bajo su control y con el apoyo de la cúpula militar.
Así ha logrado lo que durante mucho tiempo hizo el Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) en México. Ello supone realizar aparentes procesos electorales donde la gente vota pero no elige, dentro de un entorno de corrupción, fraudes, abusos, violación de leyes y, lo que resulta peor, desprecio absoluto de la propia voluntad popular.
En nuestro caso, esta tragedia se exacerbó por la mentalidad militarista del teniente coronel Chávez Frías, quien conceptuó su elección en 1998 como una batalla militar ganada contra sus enemigos, que ponía a Venezuela bajo exclusivo dominio suyo y de su claque.
Y todo ello a pesar de que entonces obtuvo menos votos que Lusinchi en 1983 y CAP en 1988. Su paranoia, sin embargo, le hizo creer que la suya era una victoria absoluta, nunca antes vista. Lo demás lo agregarían sus resentimientos y taras psicológicas, que luego justificarían algunos civiles lame botas, émulos de Vallenilla Lanz, autor de la tesis gomecista del “gendarme necesario”.
En sus inicios aparentó disposición al diálogo, pero sólo para instalar el Congreso de la República electo en diciembre de 1998 –donde su partido era minoría–, cuando pactaron un acuerdo interpartidista, y facilitar así la toma de posesión del nuevo presidente. A los pocos meses, una vez que armaron su trampa constituyente (ayudados por el suicidio de aquel pusilánime parlamento elegido en 1998 y de una acobardada Corte Suprema de Justicia que, desconociendo la Constitución de 1961, le abrió las puertas a su proyecto totalitario), entonces el chavismo inició su tarea de destrucción de la soberanía popular imponiendo su modelo excluyente y autoritario.
Recordemos lo que pasó en 1999 cuando fue escogida una constituyente convocada violando la vigente Carta Magna y en cuya elección participó apenas el 46% de los electores, con una abstención récord del 54%. El chavismo obtuvo 122 constituyentes con el 25% de los votos, mientras la oposición eligió sólo 8 constituyentes con el 20%, lo que significaba el estreno de su vocación fraudulenta con el famoso “kino”. Finalmente, el proyecto de Constitución fue aprobado en diciembre de 1999 por el 32% de los electores inscritos y con una altísima abstención que oficialmente se contabilizó en un 57%, aunque fue mayor, por haber coincidido con el deslave del estado Vargas y fuertes tormentas en el centro del país. Esos resultados constituyeron una pírrica victoria.
En todo este tiempo han continuado en esa misma línea de desconocimiento de la soberanía popular. Desde 2003 su TSJ viene adueñándose sistemáticamente de la atribución constitucional que autoriza a la Asamblea Nacional para designar el Consejo Nacional Electoral.
En 2015 descuidaron sus trampas y la oposición ganó por mayoría absoluta la Asamblea Nacional. Pero inmediatamente su TSJ “anuló” la elección de tres diputados opositores por Amazonas, a fin de desconocer aquella mayoría. Luego declaró a la AN “en desacato”, figura que no existe en la Constitución, y luego judicializaron a Copei, BR, PPT y Podemos para entregarles las tarjetas y los símbolos de esos partidos a unos lacayos suyos. Enseguida bloquearon el revocatorio y postergaron las elecciones regionales.
Más recientemente, en 2018, adelantaron a su conveniencia una supuesta elección presidencial, que resultó un fraude gigantesco. Ahora, en este mismo mes de junio, han vuelto a nombrar un CNE a su medida –en contra de la Constitución– y han continuado el secuestro del resto de los partidos opositores para entregarles sus tarjetas electorales y símbolos a fichas al servicio del régimen (AD, Primero Justicia y próximamente Voluntad Popular).
Son demasiados hechos concretos que demuestran que estamos ante un régimen que ha liquidado la soberanía popular y consiguientemente la Constitución, el estado de Derecho y la legalidad. ¿Harán falta más pruebas de su talante antidemocrático frente a quienes todavía hablan de negociar con el régimen y llegar a acuerdos, cuando la verdad es que este siempre ha despreciado el diálogo con sus adversarios y destruido todos los puentes de entendimiento? Los hechos hablan por sí solos.
Por supuesto que en una democracia normal el diálogo y las negociaciones –interpretadas en su mejor acepción– son mecanismos necesarios para discutir acuerdos y lograr la resolución de problemas en función de los intereses del país. Pero esto no es posible bajo un régimen de fuerza, de espaldas a la legalidad y la soberanía popular y que desde sus inicios canceló cualquier intento de diálogo, acuerdo o negociación con sus adversarios.
La verdadera oposición venezolana está ahora ante un tremendo reto histórico. Debe asumirlo en unidad, con coraje e inteligencia y por sobre los inmensos obstáculos que tiene ante sí. Sólo así podrá derrotar al régimen que ha destruido Venezuela y sacrificado el presente y el futuro de sus hijos.
Miércoles, 17 de junio de 2020.
LAPATILLA.COM

NUEVO CNE: CONSTITUCIONALIDAD Y ACUERDOS POLÍTICOS

NUEVO CNE:
CONSTITUCIONALIDAD Y ACUERDOS POLÍTICOS
Gehard Cartay Ramírez

El régimen chavomadurista insiste en continuar cerrando la salida democrática, política, pacífica y electoral a la tragedia que sufrimos hace tiempo.
El chavomadurismo prefiere continuar su ejercicio autoritario, inconstitucional y hegemónico, el mismo que ha transitado desde hace dos décadas y con el cual destruyó al país y su democracia.
Por eso cierra otra vez el camino de la solución política, entendida como diálogo, discusión y acuerdos –siempre en el marco del estado de Derecho y de la legalidad– para procurar una solución a la gravísima crisis que sufrimos en Venezuela. Fiel a su vocación hegemónica, cancela esta vía, la única que establece la Constitución Nacional y la que menos sacrificios impone a los venezolanos y mayor caudal de legitimación tiene.
De manera que aquí nadie puede llamarse a engaños sobre los siniestros propósitos del régimen. Si alguien insiste en hacerse el desentendido peca por cómplice o, en el mejor de los casos, por ingenuo. Son ya 20 años en los que chavomadurismo ha desechado incluso su propia Constitución para atornillarse en el poder, utilizando los más nefastos mecanismos.
Toda esta reflexión viene a cuento por la ya anunciada decisión de declarar una supuesta omisión legislativa de la Asamblea Nacional y apelar a su comodín para todos los efectos, la llamada Sala Constitucional, a los fines de designar el nuevo Consejo Nacional Electoral. “Nada nuevo bajo el sol”, desde luego. A ese inconstitucional y torcido mecanismo han apelado desde 2003, al punto tal que los últimos CNE han sido designados echando mano a esta fraudulenta práctica.
Esa práctica inconstitucional del régimen se ha producido sin esperar que la Asamblea Nacional concluya el respectivo proceso para escoger un nuevo CNE. La manu militari del chavomadurismo, que desprecia por igual la política como medio de acuerdos y el diálogo entre contrarios para buscar áreas comunes de acción, ha concluido –como se preveía– pateando la mesa de conversaciones que se instaló en enero, con participación de diputados afectos al régimen, inclusive, para buscar candidatos aptos y de consenso que integren el próximo cuerpo electoral.
Vamos a estar claros: la Constitución Nacional no autoriza, en ninguna parte, al Tribunal Supremo de Justicia o a su inefable Sala Constitucional para nombrar el CNE. Y echarle mano a la supuesta omisión legislativa es un recurso inconstitucional para arrebatarle una vez más a la Asamblea Nacional esa atribución exclusiva que le confiere la Carta Magna, al igual como lo hicieron en 2003, 2005, 2014, 2016 y ahora, en 2020.
Se trata de una chapuza similar a la figura del “desacato”, que tampoco aparece en la Constitución y con la cual han justificado, desde el primer día, su acoso y desconocimiento al parlamento por el “delito” que según ellos supone no haber continuado siendo los segundones de la dictadura, como en períodos anteriores.
Aunque sea de Perogrullo afirmar que sólo a la Asamblea Nacional –y a nadie más– le compete nombrar las nuevas autoridades electorales, vale la pena citar el artículo 296 de la Constitución: “Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”. Más claro no canta un gallo…
Ahora, en relación a la supuesta omisión legislativa que el régimen saca otra vez de la manga para nombrar un CNE a su gusto, hay que citar el artículo 336, que habla de las competencias de la Sala Constitucional, y cuyo parágrafo siete señala: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar lar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en formar incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”.
A pesar de la pésima redacción del texto constitucional, no aparece allí la palabra “designar”. Alude gaseosamente a lo que cualquiera supondría que podría ser un procedimiento de avenimiento y consulta con los poderes que hayan incurrido en la omisión de que se trate. De lo contrario, ¿qué hubiera impedido al constituyente de 1999 traspasarle “por la calle del medio” esa facultad a la fulana Sala Constitucional?
Por supuesto que a toda esta tentación hegemónica del chavomadurismo han contribuido también los numerosos errores de la dirigencia opositora, mediocre en líneas generales, inmediatista las más de las veces y, por lo visto, desconocedora de la verdadera naturaleza de esta dictadura. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Sin embargo, nada autoriza constitucional y legalmente esta nueva arbitrariedad del régimen.
Lo novedoso ahora es que ha sido un sector que se autoproclama opositor -encabezado por el MAS y otros minipartidos, ninguno de ellos con representación en la Asamblea Nacional- el que se presta a esta farsa, solicitando a la Sala Constitucional que declare la supuesta omisión legislativa y designe el nuevo CNE. Sin duda, esto es lo más parecido a esa institución política inglesa que denominan “La leal oposición a su Majestad”.
Resulta demasiado obvio que esta nueva trastada del oficialismo y sus satélites no facilitará una salida realmente constitucional y democrática a la crisis venezolana. Lo lógico y realista es que haya un gran acuerdo como el que se venía gestando en la Asamblea Nacional para que esta designe –conforme al ya citado artículo 296 de la Constitución– un nuevo CNE, integrado por gente seria y honesta, que goce de la confianza de la mayoría de los actores políticos.

REIVINDICAR A CAP ATACANDO A CALDERA
Gehard Cartay Ramírez

Colaboradores y amigos del fallecido ex presidente Carlos Andrés Pérez vienen adelantando una campaña de reivindicación postmortem de su trayectoria como líder político y jefe de Estado en dos oportunidades.
Me parece lógico y natural que así sea. Al fin y al cabo, muchos de ellos lo acompañaron desde altas posiciones y, por lo tanto, se sienten comprometidos con sus actos y ejecutorias. Creo, además, que por elemental lealtad a su memoria están obligados a hacerlo.
Hasta aquí lo que hacen está bien. Lo que está mal es que muchos de ellos –la mayoría, tal vez– pretenden hacer su tarea hagiográfica a favor de CAP intentando destruir la imagen del también fallecido ex presidente Rafael Caldera, de tal suerte que presentan al primero como un héroe y al segundo como un villano. Y esto es condenable desde cualquier punto de vista, aparte de constituir una superchería y un concepto sin sustento histórico serio y analítico.
Vayamos al asunto de fondo: si ellos creen de verdad que CAP tuvo los méritos y aciertos que le atribuyen, entonces no tiene ningún sentido maltratar a Caldera como figura histórica para reafirmar aquella tesis. Bastaría que quienes asuman la reivindicación histórica del expresidente Pérez la cimenten sobre sus méritos y virtudes a lo largo de su carrera política y del ejercicio presidencial por casi una década, y no –insisto– a partir de la absurda intención de destruir la trayectoria del ex presidente Caldera.
Por lo demás, esos defensores de CAP, al asumir esta insensata actitud, han incurrido en exageraciones y opiniones tan descabelladas como antihistóricas. Alguno de ellos llegó al colmo de afirmar que Caldera y Copei habían sido un invento de Rómulo Betancourt (¡!), una aseveración grotesca que, como es obvio, no resiste el más mínimo análisis.
Hay otros que, entre medias verdades y medias mentiras, a pesar de que se refieren a los aciertos y los errores de CAP, terminan a la larga incurriendo también en el inútil empeño de agredir a Caldera para elevar a su jefe. Uno de ellos, Carlos Blanco, ex ministro de Pérez y miembro del que fue su entorno más cercano, escribió recientemente un artículo donde hace referencia a importantes capítulos de la segunda presidencia de CAP, sus problemas con AD y Lusinchi, las conspiraciones militares, las reformas económicas que intentó adelantar y el proceso que lo destituyó como presidente y lo llevó a juicio posteriormente. Como telón de fondo de toda esta situación, Blanco reseña una gran conspiración “gomecista” –así la llama– contra Pérez, encabezada por Uslar Pietri y Los Notables, a la cual, mediante un fugaz proceso alquimista, termina vinculando a Caldera.
Y luego va más allá para llegar al objetivo final: la inquina contra Caldera como medio de exaltar a CAP. Así, presenta al dos veces ex presidente socialcristiano como un malagradecido con Pérez, quien le habría dado “consideraciones especiales”, entre ellas la de presidir la Comisión Bicameral de Reforma Constitucional. ¿Se olvida, acaso, que tal fue una decisión del entonces Congreso de la República y no de quien era jefe de Estado, con todo y la importancia que podía tener su opinión? Y por cierto, ¿había entonces alguien más calificado que Caldera para presidirla, siendo un constitucionalista destacado, vicepresidente de la comisión que elaboró el proyecto de la Constitución de 1961, jurista y hombre de leyes, aparte del consenso parlamentario que su nombre tuvo al momento de la designación?
No se queda allí el exministro de CAP. Repite la monserga del “aborrecimiento” de Caldera contra Pérez “por diversas razones psicológicas, políticas e históricas”, pero sin sustentarlas, tarea imposible, por lo demás. Estampa luego una frase francamente dramática y tele novelesca: la de que cuando Caldera “percibió débil” a CAP… “le saltó a la yugular”. Por supuesto que no podía faltar otra frase marmórea: la vuelta de Caldera a la presidencia “no tenía el carácter de una nueva propuesta sino de una revancha” (¡!).
Después se refiere a una reunión que sostuvo, junto a otras personalidades, con el ex presidente Caldera, antes de la intentona golpista de noviembre de 1992, donde le plantearon que se reuniera con CAP para que ambos “abortaran la crisis tipo mamut que se avecinaba”. Al preguntarles si Pérez sabía de esa reunión, lo que negaron sus contertulios, Caldera habría respondido que no podía hacerlo (“moralmente no puedo”, dice que dijo). Resulta obvio que aquella no era una iniciativa de CAP, por lo que no implicaba ningún propósito de rectificación ni de diálogo con quien, como Caldera, había insistido en un cambio de rumbo por parte del gobierno. Tal vez esas serían sus razones morales, si la frase que se le atribuye fue cierta. En todo caso, la verdad es que esta cita resulta francamente inelegante –por decir lo menos–, sobre todo porque el ex presidente ya no está físicamente, mientras se pone en su boca algo que, si no fue verdad y aunque lo fuera, solo podría él mismo confirmar o negar.
Lo que sí está documentado y comprobado es que Caldera se opuso desde el principio al paquete de medidas económicas que CAP puso en práctica en los primeros días de su segunda gestión. Así mismo, en múltiples oportunidades Caldera le planteó la necesidad de rectificarlas, mediante políticas de consulta con todos los sectores de la vida nacional. Ya se sabe que Pérez no oyó ninguna de esas recomendaciones en los años 1989, 1990 y 1991.
Por lo tanto, la posición de Caldera era sumamente conocida en relación a la política económica del gobierno de entonces. Aún así, también está registrado en los medios de comunicación que en 1989, luego de El Caracazo y de una célebre intervención suya en el Senado, Caldera –invitado por CAP– no tuvo problema en acompañarlo a Atlanta, Estados Unidos, a una reunión con el Centro Carter, a los fines de tratar sobre las medidas que debían tomarse luego de aquella eclosión social.
Esa es la historia, y no serán las hipótesis de algunos la que puedan cambiarla. En consecuencia, si los amigos y seguidores de CAP piensan seguir con su campaña para reivindicarlo están en su derecho, por supuesto, pero no a partir de otra campaña en paralelo, en este caso, contra Caldera y sus ejecutorias.