jueves, 27 de febrero de 2014

EL ESTADO TERRORISTA
Gehard Cartay Ramírez
“Maldito el soldado que vuelva las armas de la República contra su pueblo”.
Simón Bolívar
Solamente gobernantes sanguinarios han utilizado la Fuerza Armada para enfrentar la protesta popular.
Y lo afirmo, conteniendo la indignación, cuando dolorosamente hoy hace lo mismo el régimen venezolano. Porque, sin duda, es una cobardía inaudita valerse de las armas de la República para atacar a un pueblo desarmado, que sólo ejerce su derecho constitucional a la protesta contra un régimen que está acabando nuestro país.
Adelantándose en el tiempo, esa cobarde actitud mereció la maldición del Libertador, tal como lo reza el epígrafe de este artículo. Y no puede ser de otra manera. Porque se supone que la Fuerza Armada de cualquier país sólo existe para confrontar un enemigo externo o un adversario interno de iguales proporciones, llegado el caso. Nunca para masacrar a la ciudadanía, y menos cuando esta protesta pacíficamente, sin armas, como ahora ocurre en Venezuela.
Toda fuerza militar, al actuar en un escenario bélico, persigue liquidar -matar- al enemigo, que, como es obvio también busca tal propósito. No está, por tanto, preparada para enfrentar civiles desarmados, a menos que se quiera producir una matanza de inocentes. Ni más ni menos. Por eso, su uso contra la ciudadanía pacífica es un crimen de lesa patria y lesa humanidad. Y eso aún en el caso -como pasó en San Cristóbal con aviones y helicópteros militares- de que sólo sea para amedrentarla.
En toda democracia que efectivamente sea tal, las manifestaciones violentas las enfrentan policías adiestrados al efecto, sin armas de fuego. En cambio aquí, el actual régimen ataca las manifestaciones pacíficas con armas de guerra en manos de Guardias Nacionales y policías, sin descartar la ayuda criminal que le prestan sus escuadrones de la muerte -eufemísticamente llamados “colectivos”-, armados y financiados por el régimen, como bandas de choque.
Todo ello constituye, sin duda, terrorismo de Estado. No otra cosa es la utilización de las armas de la República contra la ciudadanía pacífica de un país. Se trata de delitos internacionales que no prescriben y que, por tanto, pueden ser juzgados en cualquier tiempo. Sin embargo, el terrorismo del Estado siempre tiene un límite y la sensatez que aún debe existir en la Fuerza Armada en algún momento debería exigir que cese esta orgía de represión y muerte.
Por desgracia, toda esa escalada terrorista comenzó en Táchira y Mérida, cuando el régimen y sus grupos armados arremetieron contra manifestaciones estudiantiles que protestaban por el estrangulamiento financiero a que han sido sometidas las universidades autónomas y por la inseguridad que, al igual que a todo el país, también las afecta.
El 12 de febrero se realizó en Caracas una gigantesca manifestación para respaldar a los estudiantes del interior del país. Aquella enorme demostración de fuerza terminó pacíficamente, como consta a todos. Luego, un grupo de estudiantes fueron a la Fiscalía General a consignar un documento con sus peticiones. Lamentablemente, grupos armados del régimen los emboscaron a sangre y fuego, con el saldo de dos muertos y varios heridos.
Lo que ha ocurrido después ha sido la natural indignación de la ciudadanía. Y la respuesta criminal del actual Estado terrorista, en lugar de rectificar y castigar a los culpables, ha sido la de profundizar la represión de manera indiscriminada. Lo ha hecho con nocturnidad y alevosía, en forma vil y canalla. Los resultados son escandalosos: van 12 muertos, centenares de heridos aún no precisados, 560 detenidos, más de 60 denuncias de torturas, gracias a la desproporcionada actuación de la Guardia Nacional, Policía Nacional y paramilitares. No hay un solo detenido entre estos últimos.
Ha sido una actuación brutal, adobada con las mentiras recurrentes de Maduro y su claque, al denunciar un supuesto “golpe de Estado en desarrollo”, cuando bien sabemos que estos sólo pueden realizarlos los militares, mientras “santifica” a sus escuadrones de la muerte, mal llamados “colectivos”; y acusa a estudiantes y opositores de promover la violencia, cuando ha sido su régimen el que la ha ejecutado con particular saña y furia.
El régimen parece estar en etapa terminal. Maduro no dio la talla y luce cada vez más inepto e incapaz. No quiere reconocer que la protesta popular (y el descontento silencioso de otros millones de venezolanos, incluyendo muchos chavistas) se debe a la escasez, la carestía, la inseguridad, la corrupción de la cúpula del régimen y muy especialmente a la inquietud de los jóvenes ante un futuro que se presenta cada vez más sombrío y difícil, si las cosas siguen como van.
Hay que buscar entonces una salida pacífica y democrática. Pero esta sólo será posible si implica un cambio verdadero, y no la continuación del actual orden de cosas.   
Twitter: @gehardcartay
(LA PRENSA de Barinas - Martes, 25 de febrero de 2014)