GOLPE DE ESTADO CONTINUADO
Gehard Cartay Ramírez
Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Los golpistas que mandan en Venezuela desde hace ya 15 largos años continúan desarrollando el golpe de Estado que iniciaron en 1992.
Esa ofensiva se ha radicalizado en estos últimos días. Ahora, cuando está a punto de iniciarse un nuevo período constitucional en medio de gravísimas circunstancias -como la indiscutible ausencia de quien acaba de ser reelecto presidente de la República-, la actitud golpista de la cúpula oficial no puede ser más descarada y grosera.
Para pretender justificar lo injustificable -es decir, la violación de la Constitución Nacional-, estos segundones que hoy encabezan los Poderes Públicos apelan a los argumentos más grotescos. Uno de ellos es la absurda tesis de que no existe un nuevo período constitucional, por lo que el enfermo presidente podría juramentarse cuando le dé su real gana. La otra posición, inmadura y descabellada, es la de que podría prestar juramento desde La Habana, capital del imperio castro comunista al que hoy pertenece Venezuela, donde convalece el presidente y paciente.
Ambas cosas son de una gravedad extrema. La primera es causa suficiente para desconocer legítimamente al régimen, tal cual lo ordena el artículo 333 de la Carta Magna. Porque, sin duda, cuando un gobierno viola la Constitución Nacional, automáticamente se coloca en contra de ella. En consecuencia, pierde legitimidad por tal delito y, por tanto, todos los ciudadanos -tengan o no autoridad- tienen el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Ni más ni menos, a eso nos autoriza el precepto constitucional. Y desde luego que también se lo ordena a las instituciones del Estado, incluyendo la Fuerza Armada Nacional, sin que ello implique una conducta golpista, sino todo lo contario: esas instituciones están obligadas a actuar para reparar la gravísima situación que significa que un régimen desconozca la Constitución Nacional.
La segunda cuestión también le quita legitimidad al actual régimen, pues el juramento del presidente entrante nunca podría realizarse en suelo extranjero. En este caso, no operaría la ficción de que la embajada venezolana en Cuba pueda considerarse territorio venezolano, algo que hoy no es reconocido por las modernas normas del Derecho Internacional.
La Constitución es muy clara al respecto, tal como expresamente lo reconoció y explicó -paso a paso, por cierto- el actual presidente en su alocución, antes de someterse a la nueva operación de la que hoy convalece. Por tanto, y aunque el oficialismo las descalifique como “meras formalidades”, resulta inaceptable que se viole la normativa constitucional en el caso que comentamos.
Lamentablemente, eso es lo que viene haciendo el chavismo en el poder desde hace ya 12 largos años. Pudiera decirse, sin incurrir en exageración alguna, que en todo este tiempo los golpistas que -por ahora- mandan en Venezuela han violado casi todos (por no decir todos) los artículos de la Constitución vigente.
Por supuesto que, ante tal felonía, la alcahuetería de la asamblea nacional, del tribunal supremo, de la fiscalía general y de la cúpula militar ha terminado creando una insólita impunidad a favor del actual régimen. Estamos, pues, como en los tiempos de la dictadura de Hitler en la Alemania de los años 30 y 40 del siglo pasado, cuando la Constitución y las leyes fueron sustituidas por la voluntad de aquella tiranía. Ya sabemos cómo terminaron todos: Hitler suicidado y sus compinches ahorcados en Núremberg. El juicio de la historia, sin embargo, les ha sido mucho más severo y categórico.
(Por cierto que en 1992 los golpistas que dirigen el actual régimen no se cansaron de justificar su felonía de entonces argumentando que el gobierno de CAP “había devenido en una dictadura, que como tal se arroga todos los poderes del Estado”. Que, por tanto, era necesario “asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las Leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”. Y finalmente -vaya cinismo al compararlo con lo que ellos mismos hacen hoy- que también aquel gobierno “violaba de manera diaria y sistemática la Constitución y las Leyes que juraron cumplir y hacer cumplir” (El Nacional, 24-06-1992). Por cierto que las cosas entonces no llegaron a tales extremos, como ahora sí sucede, precisamente cuando mandan quienes hacían estas denuncias.)
He citado las previsiones que incluye la Constitución Nacional para garantizar su plena vigencia, justamente ahora cuando el régimen continúa violándola, marchando aceleradamente hacia una dictadura militarista y antipopular. Y lo hago para que estemos concientes de nuestros derechos y obligaciones cuando aquí se quiere instaurar una nueva tiranía.
Lo hago para que sepamos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la barbarie gorila que hoy pisotea la primera ley de la República y pretende imponer su perversa voluntad por encima de la Carta Magna.
LA PRENSA de Barinas - Martes, 08 de enero de 2013.
