LA CONSTITUCIÓN Y
LOS MILITARES
Gehard Cartay
Ramírez
La Constitución Nacional es la Carta
Fundamental de la República y, con tal carácter, establece los derechos y
deberes de sus ciudadanos y precisa el modelo político, económico y social del
Estado venezolano.
Por tanto, su contenido nos obliga a todos
sin excepción, y entre ellos están incluidos los miembros de la Fuerza Armada
Nacional (FAN). Por eso mismo, cuando se le exige que cumplan sus deberes
constitucionales nadie los insta a alzarse, sino todo lo contrario: a ser
garantes de las normas constitucionales.
Y esa es, sin duda alguna, una alta
exigencia nacional a estas alturas: que garanticen el cumplimiento de la
Constitución, violada todos los días por el régimen castrochavomadurista. Pero
cuando se le exige a la Fuerza Armada Nacional que garantice la vigencia
de la Carta Magna, ella misma debe comenzar cumpliendo con el artículo 328, que
la regula como institución castrense, y cuya cúpula viola a cada rato. La
Constitución le ordena ser “una institución esencialmente profesional, sin
militancia política”, que “en el cumplimiento de sus funciones, está al
servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad
política alguna”. Más claro no canta un
gallo. Entonces, sobra eso de “Chávez vive” o lo de “patria socialista”.
Comiencen, pues, por cumplir el artículo 328.
Desde luego que, basada en estas mismas
razones -por estar “al servicio exclusivo
de la Nación”-, la FAN debería exigirle al régimen que cumpla también con la
Constitución y las leyes, respete el Estado de Derecho, garantice la comida así
como la seguridad y los bienes de los venezolanos, deje de violar los derechos
humanos, libere a los presos políticos y acceda a la celebración de elecciones
limpias y transparentes.
¿Será mucho pedir? Por supuesto que no: todo
eso está en las normas constitucionales, especialmente en el artículo 2 que
define a Venezuela “como un Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia”, lo que ahora obviamente no es.
Hay que recordarle a la cúpula militar de
hoy que desde 1958 hasta 1998 las FAN fueron -por expreso mandato de la
Constitución de 1961- “apolíticas, no deliberantes y sometidas al poder civil”.
Se les inculcó entonces una profunda raigambre constitucional y se las mantuvo
alejadas del debate político-partidista. Se respetó -en lo posible- la
meritocracia en materia de ascensos, revisados por el Senado, antes de ser
aprobados por el Presidente de la República. Y se actualizó entonces a la alta
oficialidad en temas de interés nacional, a través del Instituto de Altos
Estudios de la Defensa Nacional durante el primer gobierno del presidente
Rafael Caldera.
Entre 1958 y 1999 las FAN como institución
tuvieron un comportamiento institucional, con apego a las normas
constitucionales. En su momento, respaldaron la democracia republicana frente
la subversión guerrillera de la extrema izquierda, patrocinada por el dictador
cubano Fidel Castro, y la derrotaron militarmente.
La llegada al poder del actual régimen en
1999 cambió intempestivamente el papel de las FAN. No hay que olvidar, por
cierto, que luego de la derrota de las guerrillas en los años sesenta, continuó
la infiltración marxista de los cuadros medios de la institución armada (Véase
mi libro Los orígenes ocultos del
chavismo, Editorial Libros Marcados, 2006). Después siguieron la
preparación sigilosa de una logia militar
conspiradora y las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992.
Estos lamentables hechos y la gigantesca
crisis nacional creada por el actual desgobierno convierten a la institución
militar en un factor decisivo en el desenlace de la actual situación. De allí
que los venezolanos le reclamen a la Fuerza Armada Nacional que actúe en
función de los principios constitucionales y sea garante efectivo de la
institucionalidad democrática, y no el soporte armado de un proyecto político
que ha destruido las instituciones, dividido al país y sembrado el odio, aparte
de conducirnos a la más severa crisis económica que este país haya podido
sufrir nunca antes.
La resolución de la presente crisis de
gobernabilidad sólo es posible mediante el cumplimiento efectivo e inmediato de
los principios del sistema democrático y del Estado de Derecho que consagra la
actual Constitución de la República y, por tanto, la Fuerza Armada Nacional
tiene que ser su garante, pues ella ejerce la custodia de las armas propiedad
del pueblo venezolano y el monopolio de la violencia.
@gehardcartay
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Jueves, 12 de julio de 2018