SIN EXCUSAS

Gehard Cartay Ramírez

Luego de 15 años en el poder y de dilapidar novecientos cincuenta mil millones de dólares, el actual régimen carece de excusas para explicar su colosal fracaso.

Por eso, cuando a cada rato lo intenta, la gente no les cree. Porque, en realidad, eso de estar culpando a la oposición de todos los males y problemas que sufrimos -cuando el régimen tiene todo el poder en sus manos desde hace tres lustros- es el colmo del caradurismo de Maduro y su cúpula podrida. Eso de estar inventando que sus opositores sabotean todo y que nada le sale bien al régimen porque aquellos lo tienen en jaque, es también el colmo de su imbecilidad, al apelar a un argumento increíble desde todo punto de vista.

¿Cómo puede ser creíble, insisto, un régimen que con tales argumentos confiesa su incapacidad absoluta? Habría que imaginarse al presidente estadounidense Obama o al ruso Putin declarando a la prensa que ellos no hacen nada por culpa de la oposición, que todo lo sabotea. Estoy seguro de que serían el hazme reír de sus países -como ocurre aquí- y de la comunidad mundial.

Porque, en verdad, resulta absurdo un gobierno que teniendo todo bajo su control no sea capaz de reconocer su culpa, no sólo al no resolver los problemas, sino también al agravarlos e, incluso, crear otros nuevos. Así, resulta sencillamente infantil culpar a los opositores por todo lo malo que ocurra. Habría entonces que pensar que el oficialismo cree que los venezolanos somos unos soberanos pendejos, dispuestos a tragarnos todo este tipo de mentiras.

Y es ya se ha convertido en una especie de disco rayado eso de que cuando algo no funciona o funciona mal, inmediatamente el régimen dice que es culpa de la oposición. Pasa casi siempre con el pésimo funcionamiento de los servicios públicos. Los continuos “apagones” son consecuencia del “saboteo de los opositores”. Lo mismo ocurre con los reiterados incendios en las refinerías e instalaciones de PDVSA. Si se va el agua, también es un “saboteo opositor”. Y, desde luego, el desabastecimiento, la escasez, la inflación y la pésima situación económica de Venezuela también son responsabilidad de la oposición, según la cantaleta estúpida del régimen.

Se diría, entonces, que aquí quien gobierna es la oposición y no el régimen chavista. Porque, como es de suponer, si los opositores tienen más poder que quienes gobiernan, ¿qué carajo hacen estos sujetos al frente del Estado? ¿Cómo es entonces que si el actual régimen controla todos -absolutamente todos- los poderes del Estado, de manera exclusiva, excluyente y sectaria, la oposición puede más que aquel, y supuestamente desbarata sus planes de gobierno, los sabotea y en la práctica, es mucho más eficiente que la rosca madurista en el poder?

(A este respecto, por cierto, vale la pena citar la aguda observación del humorista  Laureano Márquez, quien refiriéndose a esas acusaciones se preguntaba, con toda razón, si la oposición es tan eficiente saboteando, por qué no ha comenzado por sabotear el mismísimo sistema electoral que, en última instancia, siempre la ha perjudicado, dada su dependencia de la actual cúpula del poder.)  

Definitivamente, el oficialismo no tiene sentido del ridículo y abusa de su caradurismo, pretendiendo engañar a los venezolanos. Allí está lo del cuento chino de los “magnicidios” que vienen denunciando desde hace 15 años. El extinto lo hizo hasta el cansancio, y nunca aparecieron los responsables. Ahora su sucesor, imitándolo siempre, acude a la misma invención, sin pruebas serias. En un país con un presidente responsable y digno de crédito una acusación tan grave sólo sería denunciada públicamente si en verdad elementos probatorios así lo confirmaran.

Fíjese usted, amigo lector, la risible denuncia de Maduro al acusar del plan de su supuesto magnicidio al ex presidente colombiano Álvaro Uribe y al actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama… nada menos! Lo cómico es que, según esta truculenta versión, la posible invasión de Estados Unidos a Siria sólo sería la excusa para desviar la atención al producirse el magnicidio de Maduro. Bueno, ni un guionista de películas de ficción podría inventar un argumento más retorcido.

En materia de argumentos retorcidos hay otro al cual acuden los voceros del régimen: responsabilizar al capitalismo por la avasallante inseguridad que reina en Venezuela, porque ellos, por supuesto, no son culpables al efecto. Se trata de una ridícula teoría que choca contra un hecho indiscutible: en los países capitalistas por excelencia la inseguridad es mucho menor que en  esta “patria socialista”, si se las compara en base a población y delitos cometidos. Ergo, la inseguridad no podría ser un efecto directo del capitalismo.

En conclusión, el régimen nunca tiene la culpa de los problemas, y nunca es responsable de nada de lo que nos afecta, sólo de lo bueno que, por lo visto, es casi inexistente: la oposición es la culpable de todo lo malo, incluyendo la corrupción de la cúpula podrida que está en el poder.

¿Habrase visto mayor caradurismo y cinismo en nuestra historia? Ya está bueno de tanta falta de respeto a los venezolanos, incluyendo a los partidarios del propio régimen.

Twitter: @gehardcartay

HAY QUE PROFUNDIZAR LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA REGIONALIZACIÓN

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO

 GEHARD CARTAY RAMÍREZ

 EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

(Sesión del día 30 de junio de 1990)

DIPUTADO CARTAY RAMÍREZ (GEHARD). (Desde la Tribuna de Oradores)

Ciudadano Presidente; Ciudadanos Diputados:

Para la Fracción Parlamentaria del Partido Social Cristiano Copei este debate sobre el proceso de descentralización que deberla cumplirse en el país es sumamente importante.

No es necesario, desde luego, recordar que durante los últimos años hubo una presión realmente notable de la opinión pública nacional y de las regiones de Venezuela para que se tomaran las decisiones legislativas y administrativas que permitieran adelantar el proceso de descentralización. En diciembre del año pasado, el Congreso de la República aprobó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. Se trata de un instrumento legal que fue trabajado cuidadosamente por la comisión designada al efecto y que trata de recoger, en la medida de sus posibilidades, las expectativas creadas a lo largo y ancho del país.

Hay algunos que han considerado, sin embargo, que esa Ley es tímida en sus alcances y que debería haber recogido con mayor contundencia las peticiones que desde el interior se le vienen haciendo al Poder Central para que, efectivamente, se produzca una verdadera transferencia de las competencias nacionales a las entidades federales.

En cualquier caso, la Ley fue aprobada por un amplio consenso y creo que conviene ahora, tal como es el propósito de este debate, realizar una revisión a fondo acerca de si realmente estamos cumpliendo con este proceso descentralizador.

Los objetivos de la Ley

La Ley está dirigida fundamentalmente a cinco objetivos: en primer lugar, como se ha dicho, busca desarrollar los principios constitucionales para promover la descentralización administrativa, atendiendo a lo establecido en el Artículo 137 de la Constitución Nacional. Se busca, por esta misma vía, atribuir a los Estados determinadas materias de la competencia nacional para los efectos de esa descentralización y, concretamente el Artículo 11 de la Ley, contempla cuáles son esas materias.

En segundo lugar, la Ley busca delimitar las competencias entre el Poder Nacional y los Estados. Así, el instrumento legal señala un régimen de delimitación donde están establecidas las competencias exclusivas de los Estados (Artículo 30); aquellas competencias en las cuales concurren el Poder Nacional y los Estados y, finalmente, aquellas que eran exclusivas del Poder Nacional, pero que ahora han sido transferidas a las entidades federales, lo cual está establecido en el Artículo 11.

En tercer lugar, la Ley determina las funciones de los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional. Sobra decir que ahora, cuando los Gobernadores de Estado han sido y van a continuar siendo electos por la voluntad popular, realmente es importante que se le dé mayor relieve a esa condición de agentes del Ejecutivo Nacional que tienen los mandatarios regionales.

La Constitución Nacional establece que el Gobernador del Estado es, además de Jefe del Ejecutivo Regional, un agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción. Los artículos 22 y 28 de la Ley están dirigidos a darles esa competencia a los Gobernadores.

En cuarto lugar, la Ley establece y determina las fuentes de ingresos de los Estados y la coordinación de los planes anuales de inversión de las entidades federales con los que realiza el Ejecutivo Nacional. Allí se señalan cuáles son los ingresos de los Estados (Artículos 12 al 15); se deroga expresamente la Ley Orgánica de la Coordinación de la Inversión del Situado Constitucional en su Artículo 35  y, finalmente, establece procesos de facilitación de la transferencia de la prestación de los servicios del Poder Público Nacional a los Estados.

El régimen de competencias

A los efectos del análisis que estamos haciendo en relación al proceso de descentralización y transferencia, vale la pena detenernos un poco en torno a este régimen de competencias.

Como ya se ha señalado, están las competencias exclusivas de los Estados, establecidas en los Artículos 3 y 11 de la Ley. Están las competencias concurrentes entre el Poder Nacional y el Poder Estadal. Aquí se establecen normas de procedimiento para que se produzca la transferencia expresa de los servicios enumerados en el Artículo 40 del Poder Nacional a los Poderes Estadales.

Dentro de esta fase procedimental, la Ley establece que las Asambleas Legislativas deben fijar las atribuciones que ha de ejercer la Administración local en la prestación del servicio transferido. Habría que preguntarse si realmente las Asambleas Legislativas están cumpliendo ahora con este cometido. Tengo la impresión de que salvo honrosas excepciones, las legislaturas regionales no están haciendo lo conducente al respecto y por eso sería importante, y así lo pienso proponer al final de mi intervención, que el Congreso exhorte a los Cuerpos Legislativos Regionales a cumplir con este cometido.

Por otra parte, la propia Ley establece que esa transferencia de los servicios debe operarse a través de la figura de los convenios entre la República y los Estados. Pero también el texto legal señala que es necesaria y de manera previa la intervención del Gobierno Nacional, a los fines de impulsar los procesos de descentralización y desconcentración de funciones dentro de sus respectivas dependencias. Esto lo establece el artículo 9, en donde prácticamente se le dá al Ejecutivo Nacional la posibilidad de ser la palanca de todos estos procesos. Habría que preguntarse también si efectivamente el Gobierno nacional está cumpliendo con esta disposición legal. Me temo que hasta ahora la ley ha sido letra muerta y que poco o ningún interés se aprecia, como lo señalaré más adelante, en las altas esferas gubernamentales de la República.

El gobierno conspira contra la descentralización

     Justamente por eso es que se impone hacer una revisión del proceso que debería cumplirse de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia. Creo que conviene denunciar acá, a los efectos de esa investigación, que no hay voluntad política del Ejecutivo Nacional para impulsar el proceso de descentralización. No tenemos noticias de lo que se está haciendo en esta materia. Se ha hablado de una Comisión Interministerial, cuyos resultados nadie conoce, y si se está haciendo lago entonces es un secreto bien guardado.

Podríamos afirmar, además, que la propia actitud del Gobierno Nacional conspira contra el proceso descentralizador y ahoga las iniciativas de algunos Gobernadores de Estado que están tomando las previsiones del caso.

Lamentablemente hay que decir que es una minoría de los Gobernadores la que está cumpliendo con el proceso descentralizador, porque hay muchos otros que no tiene ni siquiera idea de cuál es el procedimiento para desconcentrar y descentralizar a la Administración Pública y para obtener la trasferencia de algunas materias del Poder Público Nacional a las entidades federales.

Con ocasión de iniciarse este debate por parte del Diputado Aniyar, del Movimiento al Socialismo, se dijo que había casos concretos que demuestran una actitud —pudiéramos decir— realmente indiferente, cuando no en algunos casos de abierto boicot, por parte del Ejecutivo Nacional con relación a la transferencia de competencias a los Estados y al proceso que debe cumplirse en materia de desconcentración y descentralización.

Podríamos citar por caso, por ejemplo, la actitud del Ministro de Sanidad frente a iniciativas muy concretas que en el área de salud han tomado los Gobernadores de Carabobo y Aragua. Podríamos, igualmente, señalar el caso de la entrega de las salinas del Estado Zulia por parte del Fondo de Inversiones de Venezuela a un grupo privado, no obstante que ya por Ley fueron transferidas a esa entidad federal.

Igualmente podríamos referirnos al caso de los puertos, que siendo ahora competencia de las entidades federales, sin embargo, el Ministro de Transporte y Comunicaciones continúa hablando de planes concretos de privatización. Desde luego, que no estamos en contra de la privatizacón en sí misma, pero creo que debemos alzar nuestra voz de protesta por el desconocimiento del Gobierno Nacional en estas materias que ahora corres ponden a los Estados de la República.

En el diario “El Nacional” de hoy, en la columna de la periodista Alba Sánchez, “El Nacional en Palacio”, aparecen unas declaraciones del Ministro de Cordiplan que demuestran un olímpico desprecio al proceso de descentralización que deberíamos adelantar. El Ministro, al referirse a la designación de una Comisión encabezada por la Presidenta del Instituto de Comercio Exterior, que se encargará de analizar lo concerniente a la privatización de los puertos del país, dice lo siguiente, con la venia de la Presidencia (Asentimiento):”El Ministro de Cordiplan señal que este proceso es una de las decisiones más importantes del Gobierno. Viene un proceso de reestructuración, de cambios y de privatización en un área clave y fundamental para el crecimiento de la economía venezolana”. Y añadió: “Sólo en la medida en que tengamos puertos eficientes se podrá promover la economía exportadora. Esto justificaría que sea precisamente el Instituto de Comercio Exterior el que encabece la Comisión de Reestructuración de los puertos”. Y luego se refiere a la experiencia que actualmente se estaría dando con Puerto Cabello, que está siendo administrado por compañías holandesas.

De modo, pues, que como estos podríamos señalar muchos casos más, incluso, en esta misma columna periodística a que hago referencia, hay unas declaraciones del Gobernador del Estado Aragua en las cuales señala lo siguiente: “Por su parte, Carlos Tablante dijo pensar que el Presidente de la República parece ser el único, dentro del Poder Central, que comprende el proceso de desconcentración, puesto que los procesos siguen siendo sumamente lentos para las regiones”.

Acciones concretas ya

Señor Presidente: Señores Diputados: Tal como lo dije al inicio de mis palabras, realmente se impone hacer una revisión de toda esta materia y creo que el debate es conveniente a estos fines, porque si no simplemente terminarlanios quedándonos en el campo de las buenas intenciones, sin establecer acciones concretas para que efectivamente la desconcentración y la descentralización puedan ser un proceso que se opere en un tiempo realmente breve, en virtud de que estamos viviendo una nueva experiencia a nivel de nuestras entidades federales.

Con su venia, Ciudadano Presidente, la Fraccón Parlamentaría del Partido Social Cristiano Copei va a hacer las siguientes proposiciones. (Asentimiento):

Primero: Invitar al Ciudadano Ministro de Relaciones Interiores, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, y a los Ministros del Gabinete Económico, para que informen a las Comisiones de Política Interior y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesión conjunta, sobre la actuación del Ejecutivo Nacional en materia de Descentralización y Transferencia de Competencias.

Segundo: Exhortar a las Asambleas Legislativas de los Estados a profundizar las actuaciones legislativas que la Ley respectiva les atribuye en su Artículo 14, a los fines de perfeccionar los procesos de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los poderes estadales.

Tercero: Exhortar a los ciudadanos Gobernadores de Estado a definir la prestación de los servicios que, a su juicio, puedan asumir sus Estados, a tenor de 10 dipuesto en el Artículo 4° de la Ley en referencia, a los fines de adelantar el proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Público a las entidades federales.

Es todo, muchas gracias, señor Presidente, señores Diputados. (Aplausos).

***

Todas las proposiciones del Diputado Cartay fueron aprobadas por unanimidad.

¿CUÁL SOBERANÍA ALIMENTARIA?

¿CUÁL SOBERANÍA ALIMENTARIA?

Gehard Cartay Ramírez

El actual régimen prefirió destruir el aparato productivo nacional en estos 15 años y, en su lugar, acudir a importaciones masivas de alimentos.

Esto significa dos cosas: que su proyecto castrocomunista pasa por controlar la economía nacional liquidando la libre empresa -una manera de perpetuarse en el poder- y que, por lo mismo, resulta una mentira descomunal su cacareada “soberanía alimentaria”, inexistente, como bien lo sabemos hoy.

Tal actitud inescrupulosa y antinacional ha traído las dolorosas consecuencias que venimos sufriendo los venezolanos: aparte de la ruina a que han condenado a nuestros productores agropecuarios en general, ahora padecemos también el desabastecimiento y la escasez como muy pocas veces antes.

No podían ser otra las consecuencias, insisto. Lamentablemente, el régimen se propuso liquidar de manera sistemática la producción industrial y agropecuaria del país. Por eso, desde sus inicios, el difunto Chávez y su cúpula arremetieron contra los grandes, medianos y pequeños industriales. Hoy suman más de 10.000 empresas destruidas, con su saldo de centenares de miles de trabajadores despedidos.

Lo mismo hicieron con la ganadería y la cría, al propiciar la anarquía, las invasiones y el desconocimiento de la propiedad privada en el campo. Miles de fincas de grandes, medianos y pequeños productores han sido invadidas desde 1999 por grupos al servicio del régimen, bajo una pretendida reforma agraria, que no es tal. Los predios invadidos con la anuencia criminal del régimen hoy están abandonados, sin producir nada y en demostración palpable de que su propósito era destruir lo que había, sin construir nada nuevo.

Por eso, hoy estamos como estamos. Por eso mismo, desde hace al menos una década, el régimen gasta una parte importante de la chequera petrolera en comprar afuera lo que deberíamos producir aquí. Ha preferido arruinar a nuestros ganaderos y agricultores para enriquecer a los de Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua y ahora a los de la vecina Colombia.    

Esta semana pasada, Maduro anunció que el régimen compraría 600 millones de dólares a los productores agropecuarios de Colombia. Inmediatamente -como es de suponer-, satisfecho y feliz, el presidente Santos confirmó la compra y detalló la millonaria venta al régimen venezolano: “Venezuela va a comprar a Colombia 40.000 toneladas de leche en polvo y de UHT, 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles y casi 1,7 millones de pollos” (El Universal, 14-09-2013).

Esa compra de Venezuela, por cierto, le ha servido de salvavidas al gobierno colombiano para conjurar, en parte, la significativa protesta agraria que se venía desarrollando en el vecino país. Por su parte, Luis Alberto Russián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana, señaló que atenderán de inmediato la compra de Venezuela “porque tienen excedentes” de productos agropecuarios.

No deja de ser doloroso este panorama para los venezolanos. Colombia, un país que desde hace 50 años sufre un trágico conflicto armado en sus zonas campesinas y que hasta hace poco tuvo que librar una feroz guerra contra los carteles de la droga, ¡hoy está en mejores condiciones que nosotros desde el punto de vista de su agroproducción, al punto tal que no sólo se autoabastece sino que puede vender sus excedentes al exterior!

En cambio, nosotros no podemos hacer ahora ni una cosa ni la otra. Ya no producimos par lña droga, !uevos f0 toneladasho menos para xeportar.la otra. Ya no produc imos os carteles de lña droga, !uevos f0 toneladasa abastecernos internamente, mucho menos para exportar. El régimen, al arruinar nuestra producción agropecuaria, nos ha condenado a este drama de carecer hoy de eso que llaman “soberanía alimentaria”.

Como apreciará el lector, la comida que se le comprará a los colombianos no es exótica o que no se pueda producir en Venezuela. Todo lo contrario, pues aquí antes se producía leche, ganado en pie, carne en canal, mantequilla y margarina, huevos y pollos, entre otros renglones alimenticios, al menos para el consumo interno y en algunos casos para la exportación.

Pero gracias a la destrucción del aparato productivo nacional, ahora los que “están bailando en una pata” son los agricultores y ganaderos de otros países: tienen en Venezuela un comprador rico que no produce alimentos, pues los ganaderos y agricultores de aquí han sido condenados a la ruina por ese mismo régimen que hoy anda desesperado comprando afuera lo que antes se producía en nuestras tierras.

Lo peor, en su criminal caradurismo y cinismo, es que ahora nos salen con el cuento chino de que todo esto es culpa de “la derecha y del imperio”, como si los venezolanos fuéramos unos imbéciles.

Como si aquí no se supiera que el único culpable de la escasez y el desabastecimiento es el actual régimen, empeñado desde hace casi 15 años en destruir nuestro aparato productivo nacional, con lo cual “la soberanía alimentaria” de que se jacta es otra mentira más.

@gehardcartay

 (LA PRENSA de Barinas - Martes, 17 de septiembre de 2013)

40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO CONTRA ALLENDE

Ahora que se están cumpliendo 40 años del golpe de Estado contra el presidente de Chile Salvador Allende, transcribo parte de un libro de testimonios en el que vengo trabajando desde hace algún tiempo y que espero publicar más adelante.

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Chile, 1972: El cielo encapotado

En septiembre de 1972 realicé mi primer viaje fuera de Venezuela.

Estudiaba el último año de la carrera de Derecho y era miembro del Directorio Nacional de la Juventud Revolucionaria Copeyana. Me desempeñaba entonces como Coordinador de Asuntos Estudiantiles de la juventud copeyana a nivel nacional. Con tal carácter fuimos invitados a un Seminario Internacional por la Corporación de Promoción Universitaria, fundación privada chilena cuyo objetivo era estudiar los movimientos estudiantiles y académicos que se estaban produciendo entonces en el continente americano. La delegación venezolana al evento la conformábamos Ramón Guillermo Aveledo, Rafael Llorens del Toro y yo.

Sostuvimos entonces varias entrevistas con relevantes personalidades del país austral. La más importante de todas, a mi juicio, fue la sostenida con el ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva (1911-1982), líder histórico del Partido Demócrata Cristiano (PDC), a quien le había correspondido entregar el cargo a su sucesor, el socialista Salvador Allende. La otra conversación fundamental para entender el drama chileno fue con Radomiro Tomic, el candidato presidencial demócrata cristiano que había perdido las elecciones ante Salvador Allende y el ex presidente Jorge Alessandri.

Se cierne la tragedia sobre los chilenos

Aquella visita fue una experiencia inolvidable. Tuve la singular oportunidad de comprobar la vorágine de confusión y estupidez que fue el gobierno Salvador Allende (1908-1973) en Chile.

La impresión que me traje, junto con mis compañeros de viaje, fue la de que aquella experiencia no duraría mucho: exactamente al año siguiente, el gobierno socialista de la Unidad Popular fue derrocado por las Fuerzas Armadas chilenas. Y es que ya en los meses finales de 1972, el país austral vivía el frenesí absurdo de la nefasta experiencia gubernamental presidida por Allende. Ya se asomaba por entonces la tragedia que se abatiría sobre el pueblo chileno. Cualquier observador desprevenido lo respiraba en el tenso ambiente de esos días. Aquel era, sin duda, un país anarquizado, colapsado, próximo al desastre y al caos, casi a las puertas de la guerra civil.

Mis impresiones del viaje las resumí entonces en un artículo publicado en la desaparecida revista Summa de Caracas, número 63, de fecha 15/30 de noviembre de 1972. Sin mucho esfuerzo afirmé allí que el gobierno de la Unidad Popular había fracasado en Chile y que su final estaba más cercano que tardío.

Esa opinión la sustentaba en los hechos que pude constatar personalmente en Santiago, la capital. La ciudad estaba sometida a una oleada impresionante de protestas de todo tipo, desde las antigubernamentales hasta las pro oficialistas: una serie de huelgas de camioneros, estudiantes, comerciantes, empleados bancarios, etc., había obligado a Allende a decretar el estado de emergencia en 19 provincias y puesto entonces al país bajo un severo control militar.

La verdad era que el fracaso de Allende y su gobierno había dejado al país fuera de su control. El presidente chileno, no obstante su reconocida habilidad y experiencia, se mostraba inexplicablemente  torpe en el plano político, a causa de su impotencia e indecisión al no meter en cintura a los sectores radicalizados del Partido Socialista y del MIR. Estos grupos de extrema izquierda clamaban por el camino de la violencia y pedían rabiosamente un régimen comunista para Chile. Allende, que era un socialista moderado, no estaba de acuerdo, pero su falta de carácter no impidió a tiempo que aquellos sectores irracionales fueran controlados desde adentro.

Todo aquello aconteció a pesar de que el presidente Salvador Allende era un estadista, un político hábil y un líder moderado, sin desmesura ni actitudes paranoicas. No obstante, poco pudo hacer para evitar la catástrofe que, finalmente, terminó arrastrándolo. Allende, contrariando su reputación de líder equilibrado -ésa que, precisamente, le había facilitado su designación por el Congreso chileno como Presidente, incluso con los indispensables votos de sus adversarios ideológicos-, no pudo posteriormente manejar la situación y se dejó arrastrar por el extremismo de su propio partido y de grupúsculos de ultraizquierda, en contra, por cierto, de la posición más sensata y realista del Partido Comunista. El resultado fue un desbarajuste total, con un gobierno de espaldas a la realidad y un país que se caía a pedazos, no sólo en su economía, sino en su convivencia social y política.

Por si fuera poco, en la acera del frente, la derecha reaccionaria conspiraba abiertamente, a través de movimientos terroristas y fascistas como “Patria y Libertad”. La reacción de terratenientes y sectores tradicionales era tan violenta como la de la izquierda radical. Y ambos, aunque cada uno por su lado, estaban de acuerdo en un absurdo propósito: llevar a Chile a la anarquía, ante lo cual los sectores moderados de la UP nada o muy poco podían hacer. Al final, como era previsible, Allende sucumbió aplastado por dos fuerzas, la de sus “aliados” y la de sus enemigos. De allí al golpe militar encabezado por Pinochet no había sino un paso.

Como complemento de la crisis, el gobierno socialista era un completo desaguadero de incapacidad, ineptitud y desorden en todos los aspectos. La situación se agravaba aún más por cuanto se habían nacionalizado indiscriminadamente casi todas las áreas de la economía (la banca, las empresas fundamentales, los consorcios extranjeros, el cobre, los fundos agropecuarios, etc.), con lo cual el Estado creció desmesuradamente y la incapacidad para manejarlo se convirtió en toda una catástrofe. Las empresas nacionalizadas arrojaban pérdidas cuantiosas, su ritmo de producción experimentaba caídas vertiginosas, a causa de errores de planificación y gerencia, y la corrupción gubernamental se apoderaba rápidamente de sus escasos dividendos. Mientras tanto, la inflación crecía sin control, la escasez de bienes y servicios era notoria y el desempleo y la pobreza constituían una desgracia para millones de familias chilenas.

Todo aquel desenfrenado camino al desastre era facilitado -desde el propio gobierno chileno- por la demagogia de los más radicalizados. Una de las notas más resaltantes de toda esta cadena de equivocaciones trágicas la constituyó, por cierto, una larga visita de Fidel Castro, entonces todavía un vigoroso líder continental. Castro agitó durante casi un mes a las fuerzas ultraizquierdistas, y esa experiencia contribuiría a fomentar aún más el clima de violencia, anarquía y de enfrentamientos que ya consumía al pueblo chileno. Allende y sus asesores tal vez nunca midieron en su exacta dimensión las consecuencias fatales que tal hecho implicaría para el futuro inmediato del país sureño.

El pinochetazo

Lo que vino después es también historia conocida: el militar de mayor confianza de Allende, el general Augusto Pinochet -el mismo que el presidente designó como edecán de Fidel Castro durante su larga gira de un mes por Chile en 1970-, encabezó en 1973 un sangriento golpe de Estado en su contra, y el acorralado presidente se suicidó mientras aviones militares bombardeaban el Palacio de La Moneda, sede del gobierno.

Y vino luego la larga noche pinochetista. Miles de muertos, desaparecidos, heridos y detenidos se produjeron en los días iniciales y durante varios años, mientras duró esa dictadura militar, una de las más sangrientas que han conocido los latinoamericanos en muchos años. Aquella fue una tiranía de claro signo fascista, que persiguió con singular saña a sus adversarios y los condenó a la muerte, la cárcel, la desaparición y el exilio. Como resulta consustancial a todo régimen militarista, inmediatamente el autoritarismo, la intolerancia, la represión, la corrupción, así como el absoluto aplastamiento de la sociedad civil y de sus partidos políticos, sindicatos, gremios y organizaciones comunales, se instauraron como características fundamentales de aquel funesto gobierno.

18 años duró este régimen de terror y muerte. 18 años que fueron también un largo tiempo de expiación de los errores cometidos por los partidos que apoyaron a Allende y también por quienes se le opusieron. Vino luego el tiempo del análisis frío y objetivo de aquél pasado ominoso y también el convencimiento generalizado de todos en el sentido de que no podía repetirse en el futuro ni la trágica experiencia de Allende, ni la terrible de Pinochet.

Afortunadamente, Chile volvió nuevamente a la democracia por la mayoritaria decisión de los chilenos y en parte también porque los propios militares obligaron al dictador Pinochet a aceptar la voluntad popular para ponerle fin a su régimen y celebrar elecciones libres y soberanas.

Así nacería el nuevo Chile, ese que viene caminando aceleradamente hacia el progreso, en medio de una prosperidad económica auspiciosa y de una convivencia política admirable. Pero el costo para llegar hasta aquí fue muy alto, no sólo en términos de vidas humanas sino también en términos políticos y sociales.

LA CORRUPCIÓN APAGA A VENEZUELA

Gehard Cartay Ramírez

Así describió el diario español El País la crisis eléctrica que sufrimos los venezolanos, causada por una gigantesca estafa contra el país que suma cerca de 23.000 millones de dólares.

Uno lee la cifra y le parece una exageración. Lamentablemente no lo es. Y es que, de acuerdo con las denuncias del citado diario español y de la revista Semana de Colombia, si hoy asistimos a la más grave crisis del suministro de energía eléctrica que hayamos sufrido en Venezuela es porque se robaron más de 23.000 mil millones de dólares que se habrían destinado desde el año 2009 para mejorar y consolidar este servicio de primerísima necesidad.

Parece exagerada la cifra, insisto. Pero a nadie puede extrañarle: estamos en presencia del régimen más corrupto en la historia venezolana y continental. Sólo que en este caso en particular aparecen los llamados “bolichicos”, jóvenes entre 30 y 40 años, protegidos y testaferros de la cúpula podrida del chavismo, ahora convertidos en millonarios gracias a los contratos de mantenimiento de Corpoelec, sin ser especialistas al respecto.  

Sobre este tema, la revista Semana de Colombia también publicó un revelador reportaje esta semana pasada, donde detalla, pormenorizadamente, cómo se vienen haciendo milmillonarios negociados con el dinero que debió invertirse para mejorar la estructura eléctrica de Venezuela.

Revela Semana que el sistema eléctrico colapsó en 2009, luego de una década de falta de mantenimiento y de inversiones para mejorarlo. Hubo, como se recordará, racionamientos en todo el país, con excepción de Caracas. Fue cuando el régimen chavista asignó a dedo, sin licitaciones ni concursos, 12 contratos milmillonarios en dólares para construir generadores eléctricos en un plazo de 14 meses. Se dice que hubo entonces tres mil millones dólares de sobreprecio.

La empresa favorecida fue Derwick Associates -según el reportaje de la revista colombiana- cuyos supuestos accionistas son Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro José Trebbau López, venezolanos residentes en Estados Unidos “que han acumulado fortunas enormes a través de un oscuro esquema para obtener contratos en materia energética en su país, en lo que no tenían experiencia alguna”, reseña Semana seguidamente.

“Una vez Derwick se ganó los contratos energéticos en Venezuela -agrega el citado reportaje-, pagó los sobornos y subcontrató empresas estadounidenses, incluidas general Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para que llevaran a cabo los proyectos energéticos”. Cita seguidamente al experto venezolano en energía, ingeniero José Aguilar, quien denuncia que Derwick Associates le ha sobrefacturado al Estado venezolano 2.993 millones de dólares”. Y agrega que “esto es solo una pequeña parte de una estafa al Estado venezolano, que supera 23.000 millones de dólares y que hoy tiene a más de la mitad del país en un apagón histórico”.

Todo esto parece increíble, insisto, en especial las milmillonarias sumas que han sido robadas a los venezolanos, pues se trata de nuestro dinero, al fin y al cabo. Sin embargo, según Aguilar, en esta colosal estafa también participan empresas argentinas, españolas, francesas, chinas, tailandesas y, como ya se ha dicho, hasta del “imperio mesmo”, como diría aquel personaje.

“Lo más increíble -agrega Semana- es que después de haber asignado o gastado más de 23.000 millones de dólares, Venezuela está más lejos que nunca de resolver su problema energético. Para muestra el apagón de este martes que afectó a más de la mitad del país”. Ante esta rotunda afirmación, ciertamente sobran las palabras y se pierde ya, amigo lector, la capacidad de asombro ante la corrupción insaciable de la cúpula podrida del actual régimen.

Por su parte, El País de España, en su edición del 05 de septiembre pasado, en un reportaje firmado por Alek Boyd, muestra su estupefacción ante la crisis eléctrica que sufrimos los venezolanos. Y no le falta razón, al señalar que el nuestro “es uno de los países con mayores recursos hidrográficos del mundo. La confluencia del Orinoco y el Caroní hacen que Venezuela tenga una de las cuencas orográficas más potentes del mundo, y la Represa del Guri es la tercera central hidroeléctrica del mundo”.

 El País también reproduce las denuncias del ingeniero José Aguilar, quien agrega que las empresas contratadas, tanto nacionales como extranjeras, “no tienen la capacidad técnica de ejecutar proyectos tendientes a solventar la crisis”. Esto último, obviamente, ha quedado plenamente demostrado al efecto. Lo que sí han hecho, por lo visto, es cometer una de las estafas más grandes que hayan sufrido el Estado y el pueblo venezolano.

Mientras tanto, los venezolanos sufrimos la peor crisis eléctrica, que desmejora nuestra calidad de vida, reduce la productividad nacional y destruye millones de aparatos electro domésticos e industriales. Y el régimen, como no puede justificar tanta irresponsabilidad y corrupción, nos sale con el argumento cínico de que todo “es producto de un golpe eléctrico de la derecha”. 

 Twitter@gehardcartay

(LA PRENSA de Barinas - Martes, 10 de septiembre de 2013)

EL RÉGIMEN DE LA MENTIRA

Gehard Cartay Ramírez

Pocas veces, o tal vez ninguna antes, hubo en Venezuela un régimen basado en la mentira como el que padecemos desde hace casi 15 años.

La mentira es su basamento esencial, y por ello todo de cuanto presume es falso. Por eso no es eficiente, ni honesto, ni trabaja por el pueblo, ni sus metas son el progreso y el desarrollo del país.

Todo lo contrario. Estamos en presencia del régimen más ineficiente que registra nuestra historia, lo cual, dicho sea de paso, constituye todo un récord en un país donde hubo gobiernos ineficientes en todas las épocas. Pero nunca uno como el actual.

Estamos en  presencia del régimen más corrupto entre todos los gobiernos corruptos que hemos sufrido. Sólo que nunca antes hubo un régimen corrupto que manejara más recursos que el actual. Los de antes fueron robagallinas, como ya se ha dicho. Estos corruptos de hoy son milmillonarios en dólares, con todos los recursos financieros que usted pueda imaginar. De ser unos limpios de solemnidad en 1998, ahora han pasado a ser una verdadera plutocracia, una oligarquía arribista como pocas.

Estamos en presencia de un régimen dirigido por demagogos y farsantes, como nunca los hubo en gobierno anterior alguno. Y es que ya son 15 años ininterrumpidos en el poder, dilapidando y robándose los más altos ingresos que el Estado venezolano ha obtenido por concepto de venta del petróleo, y no han sido capaces de resolver ninguno de los problemas que ofrecieron solucionar en 1998. Y no sólo eso: han creado nuevos y gravísimos problemas.

Han gastado más de 900 mil millones de dólares y no sólo no tienen una obra sólida que mostrar, sino que nos han endeudado como nunca antes. No sólo despilfarraron lo que recibió el país en estos años por concepto de la renta petrolera y de los altos impuestos que han creado vía Seniat, sino que comprometieron a la próxima generación con una deuda colosal que ellos -por supuesto- no van a pagar, sino nuestros hijos y sus hijos.

Todo cuanto hacen se basa en la mentira. Nada de lo que pregonan es verdad y, por tanto, todo cuanto dicen resulta ajeno a la realidad.

Así es como con el mayor desparpajo culpan de todos los males a la oposición, como si no tuvieran desde 1999 todo el poder y dentro del mayor sectarismo. Controlan todos los recursos del Estado y sus instituciones y, aún así, acuden a la mentira de denunciar sabotajes y endilgárselos a sus adversarios.

Acuden a la mentira como fieles discípulos de Goebbels, el ministro de Propaganda nazi, quien decía que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Eso, y no otra cosa, viene haciendo este régimen, distorsionando la historia, demonizando el pasado y pretendiendo convertir su gigantesca mentira en la única verdad.   

Y es que al lado de las mentiras de su eficiencia, de su honestidad y de su supuesta obra de gobierno, su discurso es también otra gran mentira, como ha quedado demostrado en estos 15 años.

Dicen ser patriotas y su gobierno es una colonia ideológica de Cuba, desde donde son dirigidos y tutelados. Dicen ser antiimperialistas y nos han hipotecado al imperio chino, como nunca lo hizo antes con otra nación ningún gobierno anterior de los que ellos catalogan como “imperialistas”.

Dicen que “ahora tenemos Patria”, mientras la dictadura cubana hoy invade todos los niveles del Estado, imponiendo decisiones y ejecutando políticas contrarias al interés nacional y, en paralelo, saquea recursos de los venezolanos para sostener su moribunda revolución.

Dicen que “ahora tenemos Patria”, mientras entregan la Guayana Esequiba -que forma parte indisoluble del territorio de Venezuela- al gobierno guyanés para complacer a la dictadura de Fidel Castro, que siempre ha sostenido que esos 155.000 kilómetros cuadrados no nos pertenecen.

El régimen actual es, pues, una sola y gran mentira. Porque así como mienten en cuanto al régimen mienten también en cuanto a sus personajes y sus situaciones. Está fresca aún la mentira que rodeó la enfermedad y muerte de su líder único. Nunca se supo -aunque algún día se sabrá- que pasó con este personaje, cuál fue su enfermedad y cómo murió. Engañaron no sólo al país, sino a las bases chavistas, a las que le ocultaron la verdad. Como en todo, pero en este caso se lo hicieron a su propia gente, urdieron una gran mentira.

Lo mismo sucede ahora con la nacionalidad del presidente designado por el CNE, cuya partida de nacimiento no aparece por ningún lado, al igual que la partida de defunción del anterior. Y conste que lo de Maduro es un grave problema de Estado que en una nación democrática ya habría sido abordado, corregido y sancionado como debe ser.

Es que este régimen, amigo lector, es, en sí mismo, una descomunal mentira.   

(LA PRENSA de Barinas - Martes, 03 de septiembre de 2013)