“CACERÍA DE BRUJAS”
Gehard Cartay Ramírez
Desesperado por su imperdonable fracaso y apoyado en su abierta vocación
totalitaria, el régimen profundiza su “cacería de brujas” contra líderes
opositores.
Esto no es nuevo, desde luego. A partir del 2002 (luego de la gigantesca
movilización del 11 de abril y la subsiguiente la masacre de Miraflores, que
produjo la renuncia de Chávez, la insólita interinaria de Carmona, su golpe
palaciego y el regreso de aquel), el régimen comenzó una inclemente “cacería de
brujas” contra sus adversarios.
Entonces sus primeras víctimas fueron Simonovis y los
comisarios de la Policía Metropolitana de Caracas, quienes ya llevan 12 años
presos sin que se les probara culpabilidad en aquellos sucesos. En cambio,
ciertos dirigentes chavistas y algunos militares que fueron fotografiados
disparando contra la multitud siguen libres. Nunca fueron detenidos ni
juzgados. Todo lo contrario: con el mayor cinismo los convirtieron en “héroes”
del proceso, con un monumento que los “honra” en el sitio donde se produjo la
masacre contra la marcha opositora.
Tanto cinismo y caradurismo fue entonces ejecutado a
propósito, de manera calculada y fría, con el objetivo de reescribir la versión
oficialista de aquellos lamentables hechos que dejaron cerca de 20 muertos y
unos cuantos heridos. De allí en adelante, como se lo han aconsejado los
capitostes de la dictadura castrocomunista de Cuba, sus policías, fiscales y
jueces sólo juzgan una cara de los hechos, siempre para condenar a los
opositores y siempre para librar a los partidarios del régimen.
Se trata de una versión criolla de los llamados “juristas del horror”,
que Hitler y los nazis usaron para criminalizar a sus opositores. Con tales
esbirros, la “justicia nazi” tenía despejada la vía para enjuiciar y mandar a
prisión a cualquiera que le diera la gana, sin que necesariamente hubiera
cometido otro “delito” que no fuera enfrentar aquella siniestra dictadura.
Aquí en Venezuela, en todos estos años y bajo el presente
régimen, se han venido produciendo detenciones y juicios contra ciertas figuras
de la disidencia opositora. Se apartan así dirigentes que incomodan al
oficialismo. Hubo un tiempo en que el extinto jefe de proceso ordenaba en
cadena de radio y TV contra quienes debía actuarse, como sucedió con el ex
candidato presidencial y ex gobernador zuliano Manuel Rosales -hoy en el
exilio- o la ex jueza María Lourdes Afiuni, que sigue presa. Apenas oída
aquella orden del “comandante supremo”, automáticamente se producía la “cacería
institucional” de los señalados, operación digna de la muy precisa relojería
suiza y no de un régimen de ineptos e incapaces como el que venimos padeciendo
desde 1999.
Ahora la cacería de brujas se desata contra figuras emergentes como
Leopoldo López, el joven líder de Voluntad Popular y ex alcalde de Chacao. Hay
que recordar que varios años antes le hicieron lo mismo al entonces alcalde de Baruta,
Henrique Capriles Radonsky, luego candidato presidencial opositor y actual
gobernador de Miranda, quien estuvo preso algún tiempo.
A López le imputan un delito
surrealista, pero muy propio de la justicia fascista: que su discurso
“subliminal” produjo los sucesos que se desencadenaron luego de 12 de febrero
pasado. Por eso está preso en la cárcel militar de Ramo Verde y han decidido
juzgarlo en tales condiciones, sin que se aporten pruebas convincentes de su
presunta culpabilidad.
Esta chavista “cacería de brujas” alcanzó luego a los entonces alcaldes
Enzo Scarano, de San Diego (Carabobo), y Daniel Ceballos, de San Cristóbal
(Táchira), destituidos y condenados por la justicia express del régimen. Por fortuna, el pueblo que los eligió en
diciembre acaba de sustituirlos por sus respectivas esposas, en una bofetada
popular a tanto abuso. Aquí en Barinas, como se sabe, el régimen también
mantiene detenidos a la joven pareja de abogados Hernando Garzón y Sandra
Flores, a quienes les hacemos llegar nuestra solidaridad y afecto.
En la lista sigue la corajuda María Corina Machado -contra quien se ha
cebado la misoginia oficialista- y también gente respetable, como el
exgobernador carabobeño Henrique Salas Römer y el profesor universitario y ex
parlamentario Gustavo Tarre Briceño, a quienes ha citado la Fiscalía como
testigos del supuesto magnicidio, disco rayado al que de nuevo apela el
oficialismo. También incluyen al ex
ministro Diego Arria y a Pedro Mario Burelli, experto petrolero residenciado en
el exterior.
Por supuesto que ya se sabe que resulta consustancial a toda dictadura
la judicialización y criminalización contra quienes se le oponen. Así, terminan
encarcelándolos en sus ergástulas y desmoralizándolos. Todo ello para que los
demás se vean en ese espejo y el miedo los paralice. De allí a liquidar la
resistencia hay un trecho muy corto, siempre que la valentía y el coraje de
esta última lo impidan.
Y eso estamos ahora mismo.
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas- Martes, 10 de junio de 2014.
