LA OBSESIÓN GOLPISTA DEL CHAVISMO (II)
Gehard
Cartay Ramírez
Lo que mal comienza, mal termina, reza un conocido adagio popular.
Una
gran verdad, sin duda, aplicable con suma precisión a este desastre trágico y
catastrófico que sus autores han llamado “la revolución bolivariana” y que, en
la práctica, sólo ha sido la crónica de un fracaso anunciado, parafraseando el
título de una conocida obra de García Márquez.
¿Qué
podía en verdad esperarse de un grupo de militares golpistas, traidores a su
juramento de lealtad a la Constitución, si el 4 de febrero de 1992, entre
gallos y medianoche y apropiándose de las armas de los venezolanos, intentaron
un golpe de Estado contra un gobierno electo por el pueblo?
Lo grave de aquella
intentona fue el corte autoritario y fascista de sus supuestos primeros actos
de gobierno, a juzgar por los proyectos de decretos elaborados por su principal
ideólogo y teórico, Kleber Ramírez -ya fallecido-, y que debían ser promulgados
por el Consejo General Nacional, máxima autoridad a imponerse luego del golpe
del 4 de febrero de 1992.
El
primer Decreto establecía, en su artículo 1: “Se declara cesante el Congreso
Nacional y los parlamentarios que constituyeron ambas cámaras quedan despojados
de tal condición y cesantes de sus funciones, por lo cual regresan a su
condición de ciudadanos, sin más derechos ni privilegios políticos que los del
común de la ciudadanía”. Este Consejo, a su vez, nombraría al Presidente de la
República y los demás Poderes Públicos.
Los
decretos de marras, a pesar de establecer que el régimen a instaurarse debía
“profundizar la democracia”, marcaban una clara discriminación para participar
en el nuevo proceso, lo que, a juicio del profesor ya desaparecido Alberto
Arvelo Ramos, uno de los primeros analistas del proyecto chavista, creaba una
suerte de “extranjeros en su propia tierra”. Esta aseveración surgió debido a
la proyectada inhabilitación para desempeñar funciones públicas de todos
aquellos “que sean responsables directos
o indirectos de los males que han empobrecido la nación”, o hayan sido
señalados como partícipes “de la profundización del caos en que cayó el país”,
o “incursos en manejos impropios” o como “personas de mala reputación” (Decretos
Nos. 4, 5 y 6).
El
problema estribaba, entonces, en quién tendría
en todos estos casos la capacidad para señalar tales faltas, pues con estos
mecanismos cualquier ciudadano podía haber sido despojado de sus derechos
políticos. Por lo demás, el proyecto de Decreto No. 1 declaraba cesante el
Congreso, autorizando al propio Consejo General para asumir “de pleno derecho”
sus funciones legislativas y, por otra parte, el proyecto de Decreto No. 6
destituía a la Corte Suprema de Justicia y designaba sus nuevos magistrados,
con lo cual un sólo poder público -el ejecutivo- asumía la total conducción del
país, quedando los demás subordinados a aquél.
Sin embargo, Chávez y su logia militar
justificaron aquella acción golpista con el falso disfraz de una sentida
defensa de la
Constitución de 1961 y de la democracia como sistema de
equilibrio y contrapesos entre sus Poderes Públicos. La historia posterior
revelaría que aquello fue una gran mentira y una simple excusa para esconder
una sanguinaria vocación de poder, vitalicia y corrupta.
Un día
antes de la acción golpista, el 3 de febrero de 1992, el jefe de los facciosos
escribió su propio manifiesto para alegar las razones que lo impulsaban a
intentar un golpe de Estado: “El inmenso grado de corrupción que plaga todas
las esferas de nuestro país, la gran cantidad de privilegios con que cuentan
algunos, la falta de castigo a las personas que todos sabemos culpables de
haber tomado indebidamente dineros públicos, las políticas económicas que
colocan, en posición deplorable a los venezolanos más sencillos, la venta a
consorcios extranjeros de nuestras empresas fundamentales, la imposibilidad que
tiene la gran mayoría de los venezolanos para satisfacer sus necesidades
básicas, la ineficiencia del sistema y de todos los servicios públicos, y en
fin el desconocimiento de nuestra soberanía en todos los terrenos, nos fuerzan
a tomar una acción destinada a reivindicar la democracia”.
Veintitrés años después esta situación se ha
agravado y, según lo declarara recientemente Florencio Porras, ex gobernador de
Mérida y uno de los oficiales golpistas de entonces, “hoy hay más razones para
un golpe que las que hubo entonces” (¡!).
Centenario de Catalá:
El
pasado 11 de febrero se cumplieron cien años del natalicio de José Agustín
Catalá, un
venezolano excepcional, guardián de la memoria histórica venezolana, luchador
contra las dictaduras, amigo incondicional y generoso, editor infatigable y
admirable, en definitiva, “capitán del desolvido”, como lo llamara el escritor
Jesús Sanoja Hernández. Me cuento entre los jóvenes escritores que, en su
momento, con su decidido apoyo editorial pudimos publicar sus primeros libros,
algo por lo cual le estaré siempre agradecido, así como enorgullecido por haber
contado con su fraternal amistad.
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 17 de febrero de 2015.
