LA CONDENA DE LEOPOLDO LÓPEZ
Gehard Cartay Ramírez
La sentencia contra Leopoldo
López confirma, una vez más, la utilización del sistema judicial por parte del
régimen venezolano para perseguir y condenar a sus adversarios, sin que medien
pruebas ni exista el debido proceso.
Ya se sabe
que esta es una perversión que vienen utilizando desde hace varios años.
Todavía está viva la imagen del extinto jefe del régimen ordenando el 11 de
diciembre de 2009 por cadena de radio y televisión que condenaran a la juez
Afiuni a 30 años de prisión (Véase: “La presa del Comandante”, por Francisco
Olivares, Editorial La Hoja del Norte, Caracas, 2012).
Anteriormente,
el 25 de octubre de 2008, también por radio y televisión, Chávez había dicho en
Maracaibo que metería preso a Manuel Rosales, entonces Gobernador del Zulia,
sentenciado luego y sin demora por los tribunales. Varios años antes, el 16 de
marzo de 2004, el alcalde de Baruta y hoy gobernador de Miranda, dos veces
candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, también había sido
enjuiciado por el régimen, acusado de “asaltar” la embajada de Cuba en abril de
2002.
Más
recientemente, fueron sometidos a juicio los alcaldes opositores Antonio
Ledezma y Daniel Ceballos, bajo cargos absolutamente insostenibles. Y existen
muchos otros casos más que no han tenido igual repercusión por tratarse de
ciudadanos anónimos, pero que, igualmente, también terminaron condenados por el
“delito” de adversar al régimen.
Toda esta
situación -reitero- pone de manifiesto la utilización del sistema judicial
venezolano para perseguir y condenar a quienes el oficialismo señale como adversarios
incómodos, incluyendo aquellos que incurran en el oprobioso “delito de
opinión”.
Ahora le toca el turno a
Leopoldo López. Después de 18 meses de cárcel injusta, una juez lo acaba de
condenar a 13 años y 9 meses de prisión, en medio de un proceso
plagado de irregularidades de todo tipo. Según lo han denunciado sus abogados,
se llegó al colmo de impedirles promover testigos y pruebas de ninguna naturaleza
a su favor, aparte de las aplazamientos y trampas procesales que fueron
demorando la decisión durante largo tiempo. Todo ello para alargar el suplicio
judicial contra López.
La
verdad es que las acusaciones en su contra son absolutamente increíbles,
artificiosas y sin fundamento, tal como lo han señalado sus defensores. Pero en
el caso de López, dada su proyección como dirigente opositor, se añade una apremiante
ofensiva política del régimen, aparte del mecanismo de judicialización de la
política ya anotado y que arranca desde hace ya más de una década.
Esa
urgente ofensiva política del oficialismo la constituye la cercanía de las
posibles elecciones parlamentarias, que según todas las encuestas perdería de
calle como consecuencia de la gigantesca ola de inconformidad y rabia que se
percibe entre la gran mayoría de los venezolanos.
Por
esa poderosísima razón, al condenar a Leopoldo López sin poder demostrar su
supuesta culpabilidad, el régimen persigue dos objetivos básicos en este
momento, a través de la alevosa sentencia de marras.
Por
una parte, mantener preso a quien hoy es el líder de mayor aceptación y
popularidad en Venezuela, para impedir que fuera protagonista estrella de la
oposición democrática en la venidera campaña electoral que hoy luce -insisto- muy
cuesta arriba para el chavomadurismo. Y por la otra, desmoralizar a los
electores opositores con este vil atropello contra un liderazgo en ascenso,
pretendiendo así que muchos indignados tomen el camino suicida de la abstención
ante tantas trampas, injusticias y tropelías.
Se trata, en realidad, de toda una estrategia montada por
el régimen para zafarse de la posibilidad de realizar las elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre próximo. Ya lo hemos advertido en varias
oportunidades y cada vez más los hechos nos dan la razón. En ese siniestro
propósito han intentado los conflictos con Guyana y Colombia -desechado aquel
por orden de los Castro y mantenido este último como carta debajo de la manga-,
y aún podemos esperar que acudan a otros trucos, con la complicidad de su CNE y
TSJ.
Porque
resulta demasiado evidente que ellos saben que están derrotados y que la
victoria de la oposición democrática, si se cuentan bien los votos y se impide
el fraude, puede ser una auténtica patada popular histórica contra el régimen.
Lo que supondría, por supuesto, que Venezuela entraría en la vía plena de su
liberación de esta experiencia oprobiosa y terrible que vivimos desde hace 16
años. Por si fuera poco, si la oposición logra la mayoría de la Asamblea
Nacional lo primero que haría sería aprobar una ley de amnistía, a fin de
liberar a todos los presos políticos del chavomadurismo.
Estamos,
insisto, ante un tigre herido de muerte, cada vez más peligroso, pero ante
quien no podemos bajar la guardia.
@gehardcartay
Martes, 15 de septiembre de 2015.
