¿ESTADO COMUNAL… O COMUNISTA?
Gehard Cartay Ramírez
@gehardcartay
gehardcartay.blogspot.com
El actual regimen se encamina
hacia una dictadura comunista, a juzgar por el paquete de leyes que acaba de
dictar.
La más importante de todas, en
función del proyecto dictatorial del actual presidente y su cúpula podrida, es
la Ley de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones,
con la que se pretende establecer el mal llamado Estado Comunal, cuando, en
realidad, es simple y llanamente un Estado Comunista al estilo de la actual
dictadura castrista de Cuba.
La verdad verdadera es que a través
de la citada ley se persigue eliminar gobernaciones y alcaldías, con el propósito
de establecer una relación directa entre el Presidente de la República y los
Consejos Comunales que controla su partido, a quienes se les entregarán las
competencias que actualmente corresponden a los gobiernos regionales y
municipales.
No
hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que en un sistema personalista
como este, sin instituciones elegidas por el pueblo (gobernadores y alcaldes,
en este caso), se liquidaría todo el sistema de contrapesos que por definición es
la democracia. Las opciones quedan entonces al descubierto y, en el fondo,
vienen a ser una sóla cosa: en una primera etapa, despojar de sus competencias
y recursos a los gobiernos regionales y municipales, y luego, ineluctablemente,
hacerlos desaparecer.
No es
nueva esta pretension de establecer un régimen donde el caudillo tenga una
relación directa y vertical con grupúsculos que, a su vez, dicen representar a
las comunidades, aunque, en realidad, sólo son comisarios politicos del régimen
para controlar todo en función de una perversa ambición vitalicia de
poder.
Se
trata del mismo esquema que el teórico neofascista Norberto Ceresole le
recomendó al fuhrer sabaneteño cuando
lo asesoraba poco antes de llegar al poder, y que resumiera en la ecuación caudillo-ejército-pueblo. En el fondo
-por aquello de que fascismo y comunismo son la misma miasma-, se trata del
mecanismo de dominación que impera en Cuba para permitir que la dictadura de
los hermanos Castro siga imponiendo su yugo a aquel sufrido pueblo.
Y es también lo mismo que hizo el fallecido
dictador libio Mohammar Gadafi, quien acabó con todas las instancias de
gobiernos regionales, municipales y locales, y creó una suerte de “consejos
comunales”, a los cuales directamente les entregaba dinero, siempre y cuando
estuvieran identificados con su dictadura y le profesarán acatamiento y lealtad
perruna.
En nuestro caso, la fulana Ley de
Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones resulta
absolutamente inconstitucional e ilegal desde todo punto de vista. En efecto,
por una parte, viola la Constitución Nacional en sus capítulos referidos a las
competencias exclusivas de los Estados y Municipios. Y por la otra, contradice
las leyes especiales que se refieren a las funciones de gobernaciones y
alcaldías.
Debo recordar, a estos efectos,
que la Constitución Nacional de 1961, al igual que la actual, señalaba muy
claramente las competencias y atribuciones del Poder Público en sus respectivos
niveles nacional, regional y municipal. En 1989, al aprobarse la elección directa
de gobernadores y alcaldes, comenzaron a promulgarse leyes específicas mediante
las cuales se precisaba el alcance de las competencias en referencia.
Fue
así como en 1990 se discutió y sancionó la Ley de Descentralización,
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. En aquellos
debates legislativos me correspondió, siendo diputado al Congreso Nacional,
actuar como portavoz parlamentario de mi partido al momento de discutirse y
aprobarse el referido instrumento legal, que otorgó y transfirió entonces funciones
propias y específicas a las gobernaciones y municipios.
La actual Constitución Nacional
de 1999 mantuvo ese marco de referencia. Lamentablemente, esta nueva ley obligará
a los gobiernos regionales y municipales a entregar sus competencias y recursos
presupuestarios propios a las Consejos Comunales, contrariando lo establecido
en la Carta Magna. Se trata de otro golpe de Estado perpetrado por los
golpistas que, por ahora, ejercen el poder. Un verdadero golpe de Estado contra
gobernadores y alcaldes y contra la descentralización, la regionalización y el
nuevo federalismo.
Este adefesio jurídico obligará a
gobernaciones y alcaldías a entregar algunas de sus competencias exclusivas,
como la administración y manejo de centros de salud, deportivos y culturales,
la recolección de desechos sólidos, programas sociales e industriales,
construcción de obras, prestación de servicios públicos diversos, etcétera,
etc.
Por esas razones, en el
supuesto negado de que el actual regimen ganara las elecciones y con el paquete
de leyes dictadas últimamente, sólo los idiotas pueden negar que seremos otra
Cuba castrocomunista.
Queda muy claro entonces que al golpista de 1992 y candidato vitalicio a
la reelección hay que derrotarlo y, en su lugar, elegir a Capriles
Radonski como nuevo presidente de la República, un hombre que viene de ser
alcalde y gobernador y está resteado con la regionalización, la
descentralización y el nuevo federalismo.
LA PRENSA de Barinas - Martes, 26 de junio de 2012.
