El pacto de Puntofijo

A propósito de los 59 años del Pacto de Puntofijo

 

El 30 de octubre de 1958 se había firmado en la Quinta “Puntofijo” de la Avenida Solano, sector Las Delicias de Sabana Grande en Caracas, hogar de Rafael Caldera, un trascendental acuerdo institucional entre las tres fuerzas políticas más importantes del país.

Ese acuerdo era la lógica conclusión de las conversaciones que, desde enero de ese mismo año, habían venido sosteniendo Betancourt, Villalba y Caldera, cuando -a la caída de la dictadura- se reunieron en Nueva York.  La motivación central no era otra que el reclamo de la unidad nacional. El llamado espíritu del 23 de Enero  seguía influyendo poderosamente en todas y cada una de las decisiones políticas del momento, sobre todo de cara a otra exigencia suprema como lo era el desarrollo pacífico y ordenado de la transición política en ejecución. Y si bien es cierto que la búsqueda del candidato único había fracasado y que, al final, cada partido político presentaría el suyo -dos militantes y un militar activo-, ese esfuerzo se orientó entonces hacia un acuerdo solemne. Su objetivo fundamental: asegurar el cumplimiento de las reglas del juego, normales en cualquier democracia, pero importantísimas en aquel momento cuando Venezuela salía de un largo período dictatorial y militarista. Así fue como nació lo que con posterioridad ha sido conocido como el  Pacto de Puntofijo.

Era, pues, un acuerdo coyuntural, forzado por aquellas circunstancias tan especiales. No tenía, expresamente, intenciones de largo alcance sino más bien de corto y probablemente mediano plazo. Era un pacto de proposiciones muy concretas, referidas a un momento específico y dirigido a lograr metas realistas y prácticas. No era, en consecuencia, una simple declaración de principios ni tampoco un  pronunciamiento teórico o programático. Se diría que consistía  esencialmente en un acuerdo táctico momentáneo en función de una estrategia inmediata: asegurar la transición de la dictadura a la democracia.

Contra todo lo que se ha escrito y dicho posteriormente, la verdad histórica es que el Pacto de Puntofijo fue un acuerdo circunstancial, referido apenas a los próximos cinco años, contados a partir de 1959, cuando tomará posesión el siguiente gobierno.

Afirmar, por tanto, que en ese preciso instante se comprometió el futuro de los siguientes cuarenta años del país es  -cuando menos- un disparate. Esto hay que aclararlo en aras de la verdad histórica. Y ello en virtud de que una abundante literatura, y sobre todo una interminable retórica política interesada, han terminado desvirtuando lo que, en realidad, fue el Pacto de Puntofijo. Gracias a esa tergiversación histórica,  hoy la gran mayoría de los venezolanos lo perciben como un diabólico acuerdo entre AD y Copei para repartirse el poder durante cuarenta años, usufructuar sus privilegios, distribuirse sus ventajas materiales y someter a los venezolanos a una especie de reino del terror, la ineficiencia, la corrupción y todas las otras taras políticas que puedan existir.

Por contraposición hay que agregar que tampoco corresponden al Pacto de Puntofijo los aspectos positivos y negativos de estos últimos 40 años, y esto también debe quedar absolutamente claro. Cada gobierno elegido en este período tiene sus responsabilidades asumidas ante la historia, sin que pueda establecerse una especie solución de continuidad entre, por ejemplo, el segundo gobierno de Betancourt y el primer gobierno de Caldera. Más todavía: esa solución de continuidad no es posible, incluso, pretenderla entre los primeros y segundos gobiernos de Caldera y de Carlos Andrés Pérez, con todo y que hayan sido esas mismas personas quienes ejercieran la presidencia en dos oportunidades distintas. Resulta entonces, por decir lo menos, una falacia pretender arropar estas cuatro décadas históricas con el llamado Pacto de Puntofijo, aparte de un ejercicio de superficialidad y banalidad inadmisible como mecanismo de análisis histórico, por aquello de que cada momento tiene sus propias circunstancias.

En este sentido, el testimonio del propio Caldera es categórico y definitivo: “El Pacto de Puntofijo fue acordado para un período de gobierno, es decir, para el quinquenio 1959-1964 (subrayado de Caldera). Fue complementado al cierre del proceso electoral con una declaración de principios y un programa mínimo de gobierno, suscritos por los candidatos presidenciales de los tres partidos y del Partido Comunista, a saber, Rómulo Betancourt(AD), Wolfgang Larrazábal (URD y PCV) y Rafael Caldera (COPEI)”. Y agrega el ex presidente, como para que no quede duda alguna al respecto: “No se previó su duración más allá del primer quinquenio, como se acaba de indicar; pero, indudablemente, el espíritu del 23 de Enero, el compromiso solidario de mantener las instituciones por encima de las diferencias partidistas, la defensa de las libertades y de los derechos humanos y el compromiso social, inseparable del derecho y el deber de gobernar, valores que inspiraron el Pacto de Puntofijo, sobrevivieron al término previsto”.

Esta última y lúcida interpretación de Caldera es la que explica porque se tiene a Puntofijo como “el pacto histórico” de estos últimos cuarenta años. Ciertamente que elementos consustanciales del sistema democrático como lo son el respeto a los resultados electorales, la existencia de los partidos políticos, los acuerdos parlamentarios, los entendimientos cíclicos entre los adversarios, los compromisos obligantes para mantener el sistema, etc, al verse consolidados durante estas cuatro décadas -algo nunca antes visto en nuestra accidentada historia republicana-, han permitido a algunos especular sobre el acuerdo que arropó tan largo período nacional. No puede extrañar entonces que al Pacto de Puntofijo también se le enrostren todas las fallas que se produjeron en ese tiempo y se le nieguen, hipócritamente, los logros que evidentemente hubo.

Otro expresidente socialcristiano, Luis Herrera Campíns, ha escrito con mucha claridad que el Pacto de Puntofijo “fue absolutamente diáfano. No engañó a nadie. El voto en pro de alguno de los colores partidistas de URD, COPEI o AD era en favor de la constitución de un Gobierno de Unidad  Nacional. A los parciales de cada agrupación se les permitía transitar su propio camino, pero los tres convergían en la necesidad de hacer un gobierno solidario. De manera que se ve a las claras la doble significación de `Punto Fijo´: por un lado, un pacto con ribetes electorales para ceñir la disputa a reglas de altura, de compostura republicana y de consideración cívica, y, por otra parte, un pacto ejecutivo, de gobierno”. Así, agregaba, lo electoral estaba contenido propiamente en el documento central, suscrito por los respectivos candidatos presidenciales, en tanto que lo relativo al ejercicio inmediato de gobierno se incluía en programa mínimo, igualmente firmado por aquellos. “Nuestra política venía de agudas peleas sectarias en años anteriores -sigue explicando Herrera Campíns- y por primera vez aparecía una tentativa seria de coincidir en tareas nacionales  varias fuerzas políticas de distinto signo ideológico y de acordarse sobre ordenación de prioridades. Y concluye: “Se iban a pautar así las grandes líneas de acción político-administrativa para el primer gobierno del nuevo ensayo democrático”.

Rómulo Betancourt, beneficiario directo históricamente del Pacto de Puntofijo, dijo en su discurso de toma de posesión en 1959, lo siguiente: “Mucho más profundo que la regularización de la controversia pública y el respeto a las reglas del juego democrático, fue el sentido que se le dio a la tregua interpartidista. Llegó a tan positivos extremos como el de la suscripción, el 31 de octubre de 1958, de un pacto público, en el cual los partidos Acción Democrática, el socialcristiano Copei y Unión Republicana Democrática adquirieron compromisos concretos con la nación, en vísperas de iniciarse la campaña electoral de esas tres colectividades, cada una de ellas con su propio candidato a la Presidencia y con listas propias de aspirantes a cargos electivos en organismos deliberantes. Se comprometieron a darle al debate electoral un sostenido y elevado tono principista, erradicándose el desfogue verbal y la acrimonia personalista; a respetar y hacer respetar el resultado de los comicios; a popularizar un programa común de gobierno y a que se gobernase luego dentro de un régimen de coalición”. Agregaba a continuación que, a  pesar de los augurios en contrario, los compromisos previos a las elecciones se cumplieron, como fracasarían también “los cálculos alarmistas de los descreídos -ironizaba seguidamente-, algunos formulados con la mejor buena intención. He podido llegar a un acuerdo de fondo con los partidos políticos, a través de sus jefes doctores Jóvito Villalba y Rafael Caldera, para la integración de un gobierno de ancha base nacional, donde tienen los partidos adecuada representación así como también los sectores de la producción sin ubicación partidista y los grupos técnicos”.  

El ex presidente Carlos Andrés Pérez, en cambio, opina que Puntofijo fue una trampa en contra de AD. En el libro Conversaciones con Carlos Andrés Pérez, entrevistado por el periodista Alfredo Peña, dijo resueltamente: “Para mí el llamado Pacto de Punto Fijo fue una trampa urdida contra Acción Democrática para conducirnos a una política de apoyo al ganador de las elecciones, porque jamás creyeron en la victoria de Betancourt. El pacto (...) fue una iniciativa originada en la idea de la imposibilidad del triunfo presidencial de AD y, lógicamente, en forzar al Partido a respaldar a URD o COPEI. Digo esto, sin negar la importancia del compromiso político adquirido por todos de apoyar al gobierno surgido de las elecciones”.

Del acuerdo fue excluido el Partido Comunista de Venezuela. Esa exclusión fue tácita y no expresa. Betancourt pretendió posteriormente hacer creer -y así lo afirmó en su ya citado discurso de toma de posesión- que la misma había sido “por decisión razonada de las organizaciones que lo firmaron”, lo cual no es verdad. Si se revisa exhaustivamente el texto del acuerdo, esa exclusión no aparece mencionada en ninguna parte. Por supuesto que lo que sí es cierto es que el PCV no fue llamado a firmar el acuerdo, pero las razones para esa decisión no aparecen en el documento en referencia. Por el contrario, el quinto punto en su parte final señala, textualmente, que “como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural  ejercicio por ellas, de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades  perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia”. Aún más: tanto la Declaración de Principios como el Programa Mínimo de Gobierno suscritos como complemento del Pacto de Puntofijo, fueron, a su vez, firmados por Larrazábal en su condición de candidato de la alianza formada por URD y el PCV.

Tal vez convenga, en todo caso, aclarar aquí que quien sí razonó su firme decisión de excluir al PCV del gobierno que iba a presidir fue el propio Betancourt. Y lo hizo sin mediastintas, de manera clara y contundente: “En el transcurso de mi campaña electoral fui explícito en el sentido de que no consultaría al Partido Comunista para la integración del gobierno y en el de que, respetando el derecho de ese partido a actuar como colectividad organizada en el país, miembros suyos no serían llamados por mí para desempeñar cargos administrativos en los cuales se influyera sobre los rumbos de la política nacional e internacional de los venezolanos...” Al asumir tal posición, el flamante presidente electo no actuaba improvisadamente sino en base su zamarro cálculo político personal: primero, despejaba así cualquier duda ante el gobierno norteamericano y las demás democracias occidentales; segundo, calmaba al sector militar, cuya desconfianza hacia los comunistas era aún muy notoria, y tercero, practicaba él mismo una posición de principios asumida desde el momento mismo en que abdicó de su temprana militancia comunista costarricense y se propuso trabajar en función de un proyecto político nacionalista revolucionario.

Lo cierto definitivamente es que el indudable desarrollo democrático del país tuvo, entonces, su piso más sólido en Puntofijo. Ha sido, por lo demás, el acuerdo político más importante del siglo XX venezolano en virtud de haber iniciado exitosamente una experiencia democrática interpartidista sin antecedentes en la historia nacional.  

 (Extraído de mi libro Orígenes ocultos del chavismo. Militares, guerrilleros y civiles, Editorial Libros Marcados, Caracas, 2006, Capítulo IV, páginas 103-108.)