SOBERANÍA E "INJERENCISMO"

SOBERANÍA E “INJERENCISMO”

Gehard Cartay Ramírez

Los regímenes autoritarios siempre se esconden detrás del concepto de soberanía para excusar sus delitos.

Apelan así a una caricatura de soberanía muy propia de las monarquías antiguas, pero no del actual mundo globalizado, donde la democracia tiende a ser un sistema planetario y la defensa de los derechos humanos no conoce fronteras. Según esos autócratas, “soberanía” significa que ellos pueden hacer lo que les dé la gana en sus países, y nadie de afuera -o de adentro- puede entrometerse.

Obviamente, ese concepto de soberanía no es tal. Hoy ningún gobernante puede cometer crímenes de lesa humanidad en su país sin violar la Declaración de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales y el Derecho de Gentes y pretender escapar de la justicia internacional. Hoy ningún país puede permanecer indiferente a la suerte de otros en donde se conculquen los derechos humanos, se cometan crímenes de lesa humanidad o se desconozcan los principios democráticos. 

La soberanía no existe en los términos concebidos por las dictaduras, pues no puede utilizarse para tapar crímenes y delitos de gobiernos genocidas, forajidos o terroristas. Frente a cualquiera de ellos, la comunidad internacional tiene perfecto derecho a intervenir, bien por las vías diplomáticas, jurídicas y económicas o, incluso, por las vías de hecho, es decir, militarmente. Ningún gobernante puede pretender, a estas alturas de la historia, convertir a su país en un coto cerrado para atentar contra su pueblo o contra los demás, para violar los derechos humanos o para poner en peligro la paz y el orden internacional.

El moderno concepto de soberanía respeta, desde luego, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en sus asuntos internos. Pero el Derecho Internacional ha evolucionado de tal manera que los derechos humanos están por encima de cualquier consideración, visto que hoy día se persigue la protección de toda persona, independientemente del sistema jurídico a que este sometido. En otras palabras, el sagrado respeto a la persona humana trasciende a cualquier Estado de cualquier país, lo que implica -sin duda- una gran conquista para el desarrollo de toda la humanidad presente y futura. 

Esa soberanía que tanto gusta a los mandatarios delincuentes y terroristas sólo busca evadir el castigo de sus crímenes, tarea que hoy día no conoce fronteras de ninguna naturaleza. Por ello existen ahora tribunales internacionales autorizados para juzgar los delitos de lesa humanidad que cometa cualquier mandatario de cualquier país del mundo. Allí están los casos de los extintos dictadores Pinochet y Milosevic, juzgados por tribunales internacionales.

Hay que detenerse a pensar, por ejemplo, qué habría sucedido si la comunidad internacional hubiese actuado a tiempo contra Hitler, Stalin o Mao durante sus respectivas dictaduras, bajo las cuales murieron, en su conjunto, 60 o 70 millones de personas. Para ejecutar libremente tales prácticas criminales, todos ellos alegaron la soberanía de sus Estados y detrás de ella escondieron el trágico final de esos millones de hombres, mujeres y niños que murieron en los campos de concentración judíos, en los gulag soviéticos de Siberia y durante la descomunal  hambruna china en los años cuarenta del siglo pasado.

Ese concepto cínico de soberanía es el mismo al que hoy apela el régimen chavomadurista para intentar tapar sus crímenes de lesa humanidad, sus violaciones reiteradas a la Constitución Nacional, a la legislación venezolana, a los convenios internacionales y a los derechos humanos.

Por eso el régimen venezolano acusa de “injerencistas” a quienes los critican desde el exterior. Lo cínico e hipócrita del caso es que el extinto jefe del chavismo sí se involucró en los asuntos internos de casi todos los países latinoamericanos, algunos europeos y no pocos asiáticos o africanos, gracias a su manejo discrecional de nuestros petrodólares. Pero no para defender los derechos humanos, sino para apuntalar a sus aliados ideológicos.

Aún recordamos al entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro (el mismo que hoy acusa a los demás de “injerencistas”), presionando en 2012 a la cúpula militar paraguaya para que desconociera la decisión del Congreso de aquel país que, en uso de sus facultades, destituyó a Presidente Lugo. O antes, en 2009, la vulgar intromisión del gobierno chavista en Honduras, apoyando al destituido Zelaya para que entrara luego y por la fuerza desde Nicaragua, acompañado -vaya ironía- del inefable Maduro.

O el caso del maletín de Antonini con los 800 mil dólares para la campaña de Cristina Kirchner, un detalle apenas de los millones de petrodólares nuestros que han financiado a los socios del chavismo en Latinoamérica. ¡Pero aún tienen el tupé de acusar de injerencistas a quienes desde afuera critican sus abusos y violaciones de los derechos humanos!

Y ello para no hablar, por hoy, del descarado -ese sí- injerencismo castro comunista en Venezuela.

@gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 22 de septiembre de 2015.

LA CONDENA DE LEOPOLDO LÓPEZ

LA CONDENA DE LEOPOLDO LÓPEZ

Gehard Cartay Ramírez

La sentencia contra Leopoldo López confirma, una vez más, la utilización del sistema judicial por parte del régimen venezolano para perseguir y condenar a sus adversarios, sin que medien pruebas ni exista el debido proceso.

Ya se sabe que esta es una perversión que vienen utilizando desde hace varios años. Todavía está viva la imagen del extinto jefe del régimen ordenando el 11 de diciembre de 2009 por cadena de radio y televisión que condenaran a la juez Afiuni a 30 años de prisión (Véase: “La presa del Comandante”, por Francisco Olivares, Editorial La Hoja del Norte, Caracas, 2012).

Anteriormente, el 25 de octubre de 2008, también por radio y televisión, Chávez había dicho en Maracaibo que metería preso a Manuel Rosales, entonces Gobernador del Zulia, sentenciado luego y sin demora por los tribunales. Varios años antes, el 16 de marzo de 2004, el alcalde de Baruta y hoy gobernador de Miranda, dos veces candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, también había sido enjuiciado por el régimen, acusado de “asaltar” la embajada de Cuba en abril de 2002.

Más recientemente, fueron sometidos a juicio los alcaldes opositores Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, bajo cargos absolutamente insostenibles. Y existen muchos otros casos más que no han tenido igual repercusión por tratarse de ciudadanos anónimos, pero que, igualmente, también terminaron condenados por el “delito” de adversar al régimen.

Toda esta situación -reitero- pone de manifiesto la utilización del sistema judicial venezolano para perseguir y condenar a quienes el oficialismo señale como adversarios incómodos, incluyendo aquellos que incurran en el oprobioso “delito de opinión”.

Ahora le toca el turno a Leopoldo López. Después de 18 meses de cárcel injusta, una juez lo acaba de condenar a 13 años y 9 meses de prisión, en medio de un proceso plagado de irregularidades de todo tipo. Según lo han denunciado sus abogados, se llegó al colmo de impedirles promover testigos y pruebas de ninguna naturaleza a su favor, aparte de las aplazamientos y trampas procesales que fueron demorando la decisión durante largo tiempo. Todo ello para alargar el suplicio judicial contra López.

La verdad es que las acusaciones en su contra son absolutamente increíbles, artificiosas y sin fundamento, tal como lo han señalado sus defensores. Pero en el caso de López, dada su proyección como dirigente opositor, se añade una apremiante ofensiva política del régimen, aparte del mecanismo de judicialización de la política ya anotado y que arranca desde hace ya más de una década.

Esa urgente ofensiva política del oficialismo la constituye la cercanía de las posibles elecciones parlamentarias, que según todas las encuestas perdería de calle como consecuencia de la gigantesca ola de inconformidad y rabia que se percibe entre la gran mayoría de los venezolanos.   

Por esa poderosísima razón, al condenar a Leopoldo López sin poder demostrar su supuesta culpabilidad, el régimen persigue dos objetivos básicos en este momento, a través de la alevosa sentencia de marras.

Por una parte, mantener preso a quien hoy es el líder de mayor aceptación y popularidad en Venezuela, para impedir que fuera protagonista estrella de la oposición democrática en la venidera campaña electoral que hoy luce -insisto- muy cuesta arriba para el chavomadurismo. Y por la otra, desmoralizar a los electores opositores con este vil atropello contra un liderazgo en ascenso, pretendiendo así que muchos indignados tomen el camino suicida de la abstención ante tantas trampas, injusticias y tropelías.

Se trata, en realidad, de toda una estrategia montada por el régimen para zafarse de la posibilidad de realizar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo. Ya lo hemos advertido en varias oportunidades y cada vez más los hechos nos dan la razón. En ese siniestro propósito han intentado los conflictos con Guyana y Colombia -desechado aquel por orden de los Castro y mantenido este último como carta debajo de la manga-, y aún podemos esperar que acudan a otros trucos, con la complicidad de su CNE y TSJ.

Porque resulta demasiado evidente que ellos saben que están derrotados y que la victoria de la oposición democrática, si se cuentan bien los votos y se impide el fraude, puede ser una auténtica patada popular histórica contra el régimen. Lo que supondría, por supuesto, que Venezuela entraría en la vía plena de su liberación de esta experiencia oprobiosa y terrible que vivimos desde hace 16 años. Por si fuera poco, si la oposición logra la mayoría de la Asamblea Nacional lo primero que haría sería aprobar una ley de amnistía, a fin de liberar a todos los presos políticos del chavomadurismo.

Estamos, insisto, ante un tigre herido de muerte, cada vez más peligroso, pero ante quien no podemos bajar la guardia.

@gehardcartay

Martes, 15 de septiembre de 2015.

LA CAJA NEGRA

LA CAJA NEGRA

Gehard Cartay Ramírez

“Crea usted, mi general, que a la sombra del misterio no trabaja sino el crimen…”

Simón Bolívar.

Carta al General José Antonio Páez

(23 de diciembre de 1826).

Este régimen ha sido, desde sus inicios, una auténtica caja negra, sin transparencia ni claridad interior, donde todo se oculta.

Se trata de algo que está en sus genes como grupo de conspiradores. Su extinto jefe y la logia militarista que lo acompañó en su larga carrera de golpistas dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales actuaron siempre en la oscuridad -como lo hacen los criminales-, con suma hipocresía, fingiendo la lealtad que habían jurado a la Constitución entonces vigente.

Así procedieron también durante los golpes de Estado que intentaron contra la democracia venezolana en 1992. Lo hicieron luego de haber infiltrado la institución castrense desde finales de los años setenta, ocultos bajo la piel de corderos que escondía sus siniestras intenciones.

Lo hicieron durante las elecciones de 1998, cuando se disfrazaron de demócratas y engañaron a casi todo el mundo prometiendo villas y castillos y dándose golpes de pecho en defensa de la democracia, aunque, ciertamente, sólo se proponían copiar aquí “el mar de la felicidad” castro comunista.

Durante aquella campaña electoral, el golpista candidato negó ser socialista, afirmó que en Cuba existía una dictadura, dijo que respetaría la libertad de expresión y la empresa privada y que, si ganaba las elecciones, sólo estaría en la presidencia por un período de cinco años. Puras mentiras, como se demostró luego. Pero, como siempre ocurrió, mentía para esconder sus siniestros propósitos.

En realidad, sólo lo movía una ambición enfermiza por el poder. Existen testimonios de íntimos amigos de Chávez entonces -entre ellos, los de Herma Marksman, Urdaneta Hernández y Nedo Paniz-, según los cuales aquel habría dicho que si llegaba a la presidencia jamás la entregaría porque sólo “lo sacarían a plomo”. Los hechos demostraron que sólo se trataba de un grupo de ambiciosos de poder vitalicio.

Por eso mismo, una vez que lo asumieron, iniciaron la destrucción de todas las instituciones democráticas, con la complicidad de algunas de ellas, como la extinta Corte Suprema de Justicia, que en 1999 -violando la Constitución- dio luz verde a la realización de la Constituyente. A partir de allí, con la cobardía de muchos y la colaboración de otros más, el chavismo inició una auténtica demolición de la democracia venezolana para sustituirla por un régimen militarista y dictatorial, bajo las órdenes del castrocomunismo cubano.

Ese régimen devino luego en una caja negra. Así como escondió sus verdaderos propósitos en la campaña electoral de 1998, una vez en el poder ha mantenido una permanente política de ocultamiento sistemático, como corresponde a su verdadera naturaleza. Nunca ha habido transparencia en el manejo de patrimonio público, ni en la ejecución de sus planes y proyectos.

En ese objetivo de ocultar la realidad de los hechos e imponer su matriz de opinión, el régimen ha cerrado televisoras, radios y diarios, y comprado todos los que ha podido con los dineros de su corrupción pestilente e infinita. Los ya muy escasos medios de comunicación dignos y plurales que aún existen están sometidos a duros embates para cerrarlos a como dé lugar. Lo que se pretende, insisto, es ocultar la dramática situación que sufrimos, como lo demuestran el canal ocho y los periódicos oficialistas que no reflejan la tragedia que hoy sufren los venezolanos y hablan de un país feliz y sin problemas.

Por eso hoy también pretenden ocultar la tragedia que sufrimos. La disfrazan denunciando una ridícula “guerra económica”, cuando todos sabemos que no hay comida, pero sí inflación, especulación y alto costo de la vida, gracias a las erráticas políticas económicas del chavomadurismo, que acabaron con el aparato productivo nacional.

Así fue como igualmente ocultaron la protección que le han venido brindando a la guerrilla colombiana en Venezuela y a las mafias del contrabando de gasolina durante más una década. Nunca los han tocado “ni con el pétalo de una rosa”. En cambio, ahora maltratan y deportan a humildes ciudadanos colombianos en la frontera tachirense, acusándolos de paramilitares y contrabandistas, tratando de crear una situación que les permita suspender las elecciones parlamentarias de diciembre.    

Así también han venido ocultando la milmillonaria corrupción de la cúpula podrida del régimen, de la cual no se ocupa ninguna de las instituciones que deberían investigarla y castigarla. Del mismo modo han ocultado la partida de defunción de su extinto jefe y la mismísima partida de nacimiento de quien lo sustituyó en el cargo.

El régimen es, pues, una caja negra, sin transparencia alguna, para ocultar sus perversiones y vicios.

@gehardcartay

LA PRENSA de Barinas  (Venezuela) - Martes, 01 de septiembre de 2015.