ROBO Y DESPOJO, POLITICA DEL RÉGIMEN
Gehard Cartay Ramírez
Por regla general, no acostumbro a tratar temas personales o familiares
en esta columna. Su contenido casi siempre lo constituye el análisis de la
terrible situación del país y sus lamentables consecuencias.
Sin embargo, en esta oportunidad las circunstancias me obligan a referirme
a un tema que me toca muy de cerca: la invasión, robo y despojo de que han sido
objeto los propietarios de la finca “La Primavera”: los hermanos Febres
Villalba, es decir, mi esposa Marisela, e Isilio, Mariana, Fernando y Gerardo.
Este viernes, un simple twiter del presidente del Instituto Nacional de
Tierras (@luiSoteldopapel) anunció
que había hecho “efectivo el rescate de 749 hectáreas del Hato La Primavera,
entregadas a 20 colectivos campesinos de la parroquia Alto Barinas”.
Hasta el momento en que escribo estas notas, mediodía del lunes 07 de
mayo, los afectados por este vulgar despojo de su legítima propiedad privada no
habían recibido ni siquiera una notificación oficial al respecto, lo que dice
mucho de la forma inconstitucional, ilegal y contraria a los derechos humanos
con que manejan estos asuntos el régimen y sus funcionarios.
Este es uno, por supuesto, de los miles de casos en
que el chavomadurismo –tal como lo viene haciendo desde sus inicios– desconoce
el derecho de propiedad privada y actúa de manera arbitraria, demagógica e
irresponsable contra fincas e industrias en plena producción con el argumento
mentiroso de que se encuentran ociosas, y procede a entregárselos a sus “colectivos”,
sin fórmula de juicio y en abierta violación de la Constitución, las leyes e,
incluso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este proceso de invasión, robo y despojo contra la
finca “La Primavera” y otros predios adyacentes comenzó cumpliendo el libreto
chavomadurista al respecto: el dos de febrero de 2016, sus invasores penetraron
de manera violenta en la propiedad privada de los Febres Villalba, y desde
entonces, no hubo forma ni manera de desalojarlos, ni de garantizar, en
consecuencia, la siembra de las 700 hectáreas de maíz que desde hace décadas
venía produciendo esa finca, mucho menos la integridad personal de los trabajadores,
amenazados por sujetos armados y violentos.
Se conformó, desde entonces, un cuadro de impunidad a favor
de los invasores, algunos de ellos traficantes de tierra también. Fueron
numerosas las diligencias de los propietarios ante los organismos de seguridad
y orden público de la gobernación y del gobierno nacional solicitando el
cumplimiento del decreto contra las invasiones, firmado por el maestro Chávez como gobernador. Ninguna
de esas peticiones fue atendida. Se procedió a “ruletearlas”, es decir, a
remitirlas a otros organismos y estos, a su vez, las devolvían, en una burla
siniestra y recurrente.
Fueron dos años de absoluta impunidad en beneficio de los invasores, y
de burla y desconsideración contra los propietarios de la finca “La Primavera”.
El objetivo siempre fue amparar a los invasores y negar los derechos de los
Febres Villalba. De nada valieron la tradición legal de la propiedad, adquirida
por su bisabuelo hace cien años, ni que gozara de una medida judicial de
protección agroalimentaria, ni que estuviera certificada como finca mejorable,
ni que durante cuatro generaciones “La Primavera” siempre hubiera sido una finca
en permanente producción agropecuaria.
Mientras tanto, la invasión dio paso al robo de parte de la maquinaria
agrícola (entre ellos, un tractor y un camión, hechos denunciados formalmente)
y de sus componentes, insumos de siembra, transformadores eléctricos con sus
respectivos postes y cables, árboles maderables y, finalmente, saqueo y
destrucción de la casa de la finca. Todo ello se puso en conocimiento de las
autoridades competentes en su momento y ninguna se dio por enterada, mucho
menos alguna de ellas procedió a detener el desvalijamiento de la propiedad.
Así se llegó al despojo definitivo por parte del régimen, repitiendo una
vez más política de saqueo y robo de una unidad agrícola en plena producción,
despropósito que repiten desde hace varios años, y que explica en parte la
escandalosa falta de alimentos y su carestía, gravísimo problema, entre muchos
otros, que hoy afecta a la gran mayoría de los venezolanos. En premio a su
acción vandálica e ilegal, las tierras de la finca “La Primavera” han sido
entregadas a los invasores, en flagrante violación de la Constitución y de las
leyes respectivas.
El despojo y robo de la finca de “La Primavera” es
apenas uno entre muchos. Pero revela, una vez más, la tragedia que viene
afectando a Venezuela desde la llegada del actual régimen al poder y que se
sintetiza en la violación constante de los derechos humanos, de la propiedad
privada, de la iniciativa personal y en la ruina creciente del aparato
productivo privado, el único que garantiza la producción, la productividad y
miles de empleos, visto que las empresas expropiadas por el Estado hoy se
encuentran quebradas y acabadas.
@gehardcartay
El Blog de Gehard Cartay Ramírez
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 08 de mayo de 2018.
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