LA OBSESIÓN GOLPISTA DEL CHAVISMO (II)

LA OBSESIÓN GOLPISTA DEL CHAVISMO (II)

Gehard Cartay Ramírez

Lo que mal comienza, mal termina, reza un conocido adagio popular.

Una gran verdad, sin duda, aplicable con suma precisión a este desastre trágico y catastrófico que sus autores han llamado “la revolución bolivariana” y que, en la práctica, sólo ha sido la crónica de un fracaso anunciado, parafraseando el título de una conocida obra de García Márquez.

¿Qué podía en verdad esperarse de un grupo de militares golpistas, traidores a su juramento de lealtad a la Constitución, si el 4 de febrero de 1992, entre gallos y medianoche y apropiándose de las armas de los venezolanos, intentaron un golpe de Estado contra un gobierno electo por el pueblo? 

Lo grave de aquella intentona fue el corte autoritario y fascista de sus supuestos primeros actos de gobierno, a juzgar por los proyectos de decretos elaborados por su principal ideólogo y teórico, Kleber Ramírez -ya fallecido-, y que debían ser promulgados por el Consejo General Nacional, máxima autoridad a imponerse luego del golpe del 4 de febrero de 1992.

El primer Decreto establecía, en su artículo 1: “Se declara cesante el Congreso Nacional y los parlamentarios que constituyeron ambas cámaras quedan despojados de tal condición y cesantes de sus funciones, por lo cual regresan a su condición de ciudadanos, sin más derechos ni privilegios políticos que los del común de la ciudadanía”. Este Consejo, a su vez, nombraría al Presidente de la República y los demás Poderes Públicos.

Los decretos de marras, a pesar de establecer que el régimen a instaurarse debía “profundizar la democracia”, marcaban una clara discriminación para participar en el nuevo proceso, lo que, a juicio del profesor ya desaparecido Alberto Arvelo Ramos, uno de los primeros analistas del proyecto chavista, creaba una suerte de “extranjeros en su propia tierra”. Esta aseveración surgió debido a la proyectada inhabilitación para desempeñar funciones públicas de todos aquellos “que sean responsables  directos o indirectos de los males que han empobrecido la nación”, o hayan sido señalados como partícipes “de la profundización del caos en que cayó el país”, o “incursos en manejos impropios” o como “personas de mala reputación” (Decretos Nos. 4, 5 y 6).

El problema estribaba, entonces, en quién tendría en todos estos casos la capacidad para señalar tales faltas, pues con estos mecanismos cualquier ciudadano podía haber sido despojado de sus derechos políticos. Por lo demás, el proyecto de Decreto No. 1 declaraba cesante el Congreso, autorizando al propio Consejo General para asumir “de pleno derecho” sus funciones legislativas y, por otra parte, el proyecto de Decreto No. 6 destituía a la Corte Suprema de Justicia y designaba sus nuevos magistrados, con lo cual un sólo poder público -el ejecutivo- asumía la total conducción del país, quedando los demás subordinados a aquél. 

Sin embargo, Chávez y su logia militar justificaron aquella acción golpista con el falso disfraz de una sentida defensa de la Constitución de 1961 y de la democracia como sistema de equilibrio y contrapesos entre sus Poderes Públicos. La historia posterior revelaría que aquello fue una gran mentira y una simple excusa para esconder una sanguinaria vocación de poder, vitalicia y corrupta.

Un día antes de la acción golpista, el 3 de febrero de 1992, el jefe de los facciosos escribió su propio manifiesto para alegar las razones que lo impulsaban a intentar un golpe de Estado: “El inmenso grado de corrupción que plaga todas las esferas de nuestro país, la gran cantidad de privilegios con que cuentan algunos, la falta de castigo a las personas que todos sabemos culpables de haber tomado indebidamente dineros públicos, las políticas económicas que colocan, en posición deplorable a los venezolanos más sencillos, la venta a consorcios extranjeros de nuestras empresas fundamentales, la imposibilidad que tiene la gran mayoría de los venezolanos para satisfacer sus necesidades básicas, la ineficiencia del sistema y de todos los servicios públicos, y en fin el desconocimiento de nuestra soberanía en todos los terrenos, nos fuerzan a tomar una acción destinada a reivindicar la democracia”.

Veintitrés años después esta situación se ha agravado y, según lo declarara recientemente Florencio Porras, ex gobernador de Mérida y uno de los oficiales golpistas de entonces, “hoy hay más razones para un golpe que las que hubo entonces” (¡!).

Centenario de Catalá:

El pasado 11 de febrero se cumplieron cien años del natalicio de José Agustín Catalá, un venezolano excepcional, guardián de la memoria histórica venezolana, luchador contra las dictaduras, amigo incondicional y generoso, editor infatigable y admirable, en definitiva, “capitán del desolvido”, como lo llamara el escritor Jesús Sanoja Hernández. Me cuento entre los jóvenes escritores que, en su momento, con su decidido apoyo editorial pudimos publicar sus primeros libros, algo por lo cual le estaré siempre agradecido, así como enorgullecido por haber contado con su fraternal amistad.

@gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 17 de febrero de 2015.

LA OBSESION GOLPISTA DEL CHAVISMO (I)

LA OBSESIÓN GOLPISTA DEL CHAVISMO (I)

Gehard Cartay Ramírez

Por muchísimo menos de lo que hoy está ocurriendo en este desdichado país, el teniente coronel Chávez y sus compinches justificaron el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.

En consecuencia, y de acuerdo con esa “lógica” chavista, hoy estaría planteado irremediablemente un golpe de Estado contra su presente régimen (por supuesto que quienes somos demócratas nunca hemos avalado tal razonamiento), pues no hay duda de que todas las razones que argumentaron los golpistas en aquel momento hoy se han multiplicado y profundizado como nunca antes.

 Tres razonamientos esgrimieron entonces aquellos golpistas para justificar su traición a la Constitución y a la democracia, de acuerdo con un manifiesto que publicaron el 24 de junio de 1992.

El primero consistió en señalar que el gobierno de CAP “había devenido en una dictadura, que como tal se arroga todos los poderes del Estado”, por lo cual no existía entonces “separación alguna entre las ramas del Poder Público”, y que entre candidatos y partidos se había establecido “una farsa procesal mediante el fraude de la ley”, por medio del cual la selección final se hacía “en base a la docilidad y obediencia del futuro legislador a la voluntad del eventual presidente”.

Por cierto que tres semanas después -el 15 de mayo de 1992- los golpistas argumentaron que no se someterían a la justicia, “porque en Venezuela no existe un Poder Judicial autónomo e independiente, como el que consagra la Constitución Nacional”, y que tampoco tenía vigencia “el principio de la separación de los poderes que caracteriza la existencia de un Estado Republicano y Democrático. Aquí, en Venezuela, los Poderes del Estado se encuentran concentrados en manos del jefe del Ejecutivo. Es decir, vivimos bajo un régimen autocrático y totalitario de gobierno”.

Hoy, efectivamente, sí está aconteciendo todo eso y peores cosas más. Porque si aquella exageración chavista -la de que el gobierno que intentaron derrocar “había devenido en una dictadura, que como tal se arroga todos los poderes del Estado”- era una mentira colosal; ahora resulta muy sencillo demostrar que hoy tal situación si está efectivamente ocurriendo y de manera perversa. ¿O acaso alguien duda que el actual régimen en verdad sí ha devenido “en una dictadura, que como tal se arroga todos los poderes del Estado”?

¿Acaso es mentira que, usando sus mismas frases de 1992, ahora en 2015 sí “vivimos bajo un régimen autocrático y totalitario de gobierno”? ¿Habrá alguien que pueda dudar también que hoy “en Venezuela no existe separación alguna entre las ramas del Poder Público”? ¿Será acaso mentira que aquella denuncia sobre “la docilidad y obediencia del legislador a la voluntad del eventual presidente”, hoy se repite, pero de manera más siniestra, pues si antes eran los candidatos y los partidos, ahora esa selección la hace, de manera exclusiva y en solitario, el mandamás de Miraflores?

La segunda excusa para justificar su felonía contra el gobierno de entonces se basaba en que era necesario “asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las Leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”. Tal pretexto era un ejercicio del más puro fariseísmo, ya que habían sido los golpistas precisamente quienes habían traicionado su juramento como militares comprometidos con la Constitución de 1961.

La tercera razón alegada por los golpistas de 1992 era la de que el gobierno de CAP “violaba de manera diaria y sistemática la Constitución y las Leyes que juraron cumplir y hacer cumplir”. Irónicamente, hoy la Constitución Nacional la han convertido en papel toillet para uso personal de la autocracia reinante.

Está muy claro entonces que, de acuerdo con la “lógica” chavista de 1992, ahora estaría plenamente justificado un golpe de Estado. Sólo que hoy las cosas no son iguales, porque la oposición es un movimiento mayoritariamente democrático -sin militares golpistas como los de aquel aciago 4 de febrero- y partidaria de la vía electoral como mecanismo para salir del presente régimen.

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 10 de febrero de 2015.

¿LICENCIA PARA MATAR?

¿LICENCIA PARA MATAR?

Gehard Cartay Ramírez

En lugar de enfrentar el desastre económico y social que creó en estos 16 años, el régimen -por el contrario- apela a la represión criminal para combatir las protestas populares.

Así, como se sabe, mete presos a los dueños de comercios culpándolos por la escasez y el desabastecimiento producto de las erráticas políticas económicas oficiales desde 1999. O si no, detiene a quien tome fotos a los anaqueles vacíos o a los que osen protestar en las interminables colas para intentar comprar alimentos, medicinas o artículos de consumo personal, hoy escasos y caros.

La semana pasada -ante el previsible aumento de las protestas en curso- el régimen llegó al colmo de autorizar el uso de armas mortales para enfrentar las manifestaciones populares en protesta por la carestía y la falta de alimentos, medicinas y otros artículos. Y lo ha hecho mediante una resolución del Ministerio de la Defensa que, por una parte, viola abiertamente el artículo 68 de la Constitución (que prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas) y, por la otra, militariza la represión, lo cual es sumamente grave.

Porque, amigos lectores, esta es una medida que implica nefastas consecuencias de todo orden. En primer lugar, se continúa criminalizando la protesta, algo que se viene haciendo desde los inicios mismos del régimen, en abierta violación a un derecho humano por excelencia. Convertir a la protesta en un crimen y, por tanto, perseguirla y enfrentarla con armas potencialmente mortales equivale a crear un estado de excepción y una suspensión de algunas garantías constitucionales, sin motivos para ello.

En segundo lugar, insistir en militarizar la represión contra manifestaciones pacíficas sólo traerá como consecuencia el crecimiento exponencial de la violencia mortal contra civiles desarmados y, por tanto, el aumento indiscriminado de víctimas fatales, sin que estemos ante un enfrentamiento armado. Normalmente ningún país democrático utiliza sus fuerzas militares para enfrentar manifestaciones civiles, como lo pretende el régimen de Maduro a través de la infeliz resolución oficial que venimos comentando.

Y en tercer lugar, al asumir este tipo de decisiones desafortunadas, el régimen continúa violando los derechos humanos y desconociendo, no sólo la Constitución Nacional que ellos mismos aprobaron en 1999, sino también la Carta Internacional de Derechos Humanos y los mandatos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y es que, al consagrar la protesta pacífica y democrática como un derecho humano fundamental, sus defensores insisten que -en caso de perturbaciones del orden público- los organismos policiales “sólo deben emplear los medios que sean indispensables para controlar la situación, siempre de manera racional y proporcionada, respetando el derecho a la vida y la integridad personal”.

Sin duda que la Resolución 8610 es la más clara demostración de la desesperación del régimen ante un país que comienza a mostrar signos de molestia e indignación ante la incapacidad, la irresponsabilidad y negligencia oficiales para buscarle soluciones a la descomunal crisis que sufrimos. Lamentablemente, insisto, en lugar de trabajar por resolverla, se apela a la represión del descontento, con lo cual, por otra parte, agrava aún más la ya de por sí caótica situación que hoy acogota a los venezolanos.

Sin duda que también es catastrófico que a la violencia criminal armada de la delincuencia que azota al país y que ha producido desde 1999 más de 200.000 asesinatos, se le pueda unir ahora la violencia armada del régimen, que también ha ocasionado varias muertes entre estudiantes y opositores en el pasado. Por este camino, si no hay rectificaciones oficiales a tiempo, podríamos entrar en una tragedia humanitaria de impredecibles proporciones, lo cual ya es mucho decir.

Este hecho resultaría sumamente dramático, pues, como bien se sabe, el régimen no se ha ocupado de combatir a la delincuencia desbordada. Por el contrario, la ha convertido en su aliada, y muchos de sus colectivos armados forman parte de la red de malandros que hoy controla pueblos y ciudades venezolanas. Si a esto se agregara, repito, la violencia armada del régimen contra la oposición democrática, hay que imaginar el cuadro desolador que nos espera a los venezolanos.

No deberían olvidar quienes firman la mencionada resolución y quienes la vayan a ejecutar que los crímenes de lesa humanidad son perseguidos mundialmente y no prescriben. Tampoco deberían olvidar que, en tal caso, no podrán alegar la “obediencia debida”, pues son crímenes por los cuales tendrán que responder personalmente.

En Venezuela no existe la pena de muerte y la Constitución prohíbe, sin excepciones, “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. Esta prohibición no puede derogarla una simple resolución del Ministerio de la Defensa. Y aquí nadie puede conceder licencia para matar.

    @gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 03 de febrero de 2015.

LA INSURRECCIÓN POPULAR DE 1958

LA INSURRECCIÓN POPULAR DE 1958

Gehard Cartay Ramírez

Ahora que se cumplieron 57 años de la insurrección popular que derrocó la dictadura perezjimenista no está demás -sino todo lo contrario- recordar aquellos hechos históricos

El 23 de enero de 1958 culminó una intensa jornada de lucha de casi dos meses, iniciada cuando Pérez Jiménez ejecutó -en diciembre de 1957- la farsa plebiscitaría con la cual pretendía perpetuarse en el poder. Hubo luego algunas conspiraciones de jóvenes oficiales, pero todas fracasaron. El 13 de enero, cuando se producen manifestaciones y huelgas de todo género, el Alto Mando Militar -el mismo que PJ había designado días antes- le pide la destitución del ministro de interior y del jefe de la policía política. El 21 se produce la huelga general contra la dictadura, con rotundo éxito. En ese momento, presionada por la insurrección popular en marcha, la cúpula militar le retira el apoyo al dictador y este huye a la República Dominicana.

De allí que lo ocurrido el 23 de Enero de 1958 no fue -al contrario de lo que algunos piensan- un golpe de Estado. Era imposible que lo fuera. La dictadura perezjimenista tenía entonces su más firme sostén, al igual que la de ahora, en las Fuerzas Armadas Nacionales. Sus principales ejecutores e ideólogos -Pérez Jiménez, Vallenilla Lanz y la cúpula castrense- convirtieron al factor militar en un partido político atípico, a falta de uno genuino, cosa que nunca le preocupó al tirano tachirense.

Por tal razón, Pérez Jiménez se ufanó siempre de que su régimen tenía su mejor apoyo en las Fuerzas Armadas. Dio a éstas importantísimas cuotas de poder. Hubo así una militarización creciente en todos los aspectos. Al final, aquella circunstancia se hizo repugnante a los ojos de los venezolanos, pues se tenía la sensación de que los crímenes, desmanes y arbitrariedades de la dictadura habían contado con el apoyo de los militares o, cuando menos, con su silencio cómplice. Desde luego que tal apoyo no fue unánime: un sector de los oficiales jóvenes no se tragaban a PJ y su régimen.

Sin embargo, tal circunstancia no impidió su derrocamiento el 23 de enero de 1958, entre otras cosas, porque el apoyo militar no siempre significa que un régimen no se caiga. Aunque ya se sabe -como lo comentaría socarronamente muchos años después el ex presidente Herrera Campíns- que “los militares son leales hasta que se alzan”, no es cierto que su sólo respaldo, con prescindencia de la sociedad civil, sea suficiente.

En todo caso, la actitud de la mayoría castrense trajo como consecuencia cierta desconfianza frente a las Fuerzas Armadas a partir de 1958, situación que sólo fue superada cuando se convirtió en una institución ajena a la diatriba política y partidista, uno de los logros más sobresalientes de la Constitución de 1961. Tal principio era, por lo demás, un ideal bolivariano: la sujeción de los militares al Poder Civil.

El 23 de enero de 1958 hubo, además, una circunstancia de la mayor trascendencia: nunca antes en la historia venezolana se había registrado un ambiente de unidad nacional. El país se sobrepuso a sus divergencias históricas de entonces con una facilidad pasmosa. La razón de tal proceder estribaba en el deseo común e indiscutible de marchar hacia adelante, sin detenerse en razones ideológicas o doctrinarias, muchísimo menos de orden partidista.

El actor fundamental, por tanto, fue el pueblo. Y esa, y no otra, es la verdad histórica. Acaso el 23 de enero de 1958 sea una de las muy pocas veces que los venezolanos, con auténtico espíritu de cuerpo,  asumieron su propio protagonismo. Y lo hicieron para derrocar una dictadura e implantar la democracia moderna que conocimos hasta 1999. Ni más, ni menos.

Como podrá colegir el lector, aquella fecha constituye una lección que debemos aprender en esta crucial hora, ya que puso en evidencia que el pueblo es el único depositario de la soberanía nacional.

Hoy estamos ante un régimen que se ha desentendido de la monumental crisis que nos agobia, mientras el país se cae a pedazos. Para muestra un botón: quien lo encabeza se la ha pasado viajando por el mundo casi todo el mes de enero, sin darse por enterado de la tragedia que vivimos. El suyo pareciera, en el fondo, un ejercicio de escapismo para no enfrentar el actual cataclismo político, económico y social.

Hoy, cuando soportamos el peor gobierno de toda nuestra historia, pues sólo nos ha traído hambre, pobreza, escasez, carestía, desempleo, inseguridad y corrupción como nunca antes, los venezolanos estamos obligados a luchar por un verdadero cambio que enfrente todos estos males y nos garantice progreso y bienestar.

          @gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 27 de enero de 2015.