AHORA MÁS QUE NUNCA
Gehard
Cartay Ramírez
Si
alguien tenía alguna duda de que Venezuela padece hoy un régimen dictatorial,
la reciente sentencia golpista de la Sala “Constitucional” del TSJ la disipó.
Porque, sencillamente, la única verdad es que el TSJ no
tiene potestad para despojar a la Asamblea Nacional de sus facultades. Tamaño
abuso no aparece en ninguna de las atribuciones constitucionales que le señala
el artículo 266, al igual que no aparece por ningún lado la figura del
“desacato” que ellos han inventado para acabar con el parlamento venezolano.
Todo es una simple superchería.
Lo peor es la manera como resolvieron el impasse, según Maduro: el Poder
Ejecutivo le ordenó al TSJ revisar la sentencia y recular en todo lo actuado. Y
lo hizo por TV, como para que no quedaran dudas de que aquí no hay división de
poderes, sino un régimen totalitario.
Por eso
mismo, intentaron acabar con el Poder Legislativo, lo que -aquí y en cualquier
parte- constituye un vulgar golpe de Estado. Ya lo venían haciendo por partes.
Desde el mismo momento en que los venezolanos elegimos la nueva Asamblea
Nacional (AN) en diciembre de 2015, y le dimos la mayoría de sus dos terceras
partes a la oposición democrática, el régimen madurista se propuso
desconocerla, con la abierta obsecuencia del Tribunal Supremo.
Desde entonces, casi todas las leyes aprobadas por
la AN fueron automáticamente declaradas nulas por el TSJ, sin otra razón como
no sea la de desconocer al Poder Legislativo y suplantarlo. Por eso mismo
cometieron la barbaridad de “recibirle” la Memoria y Cuenta a Maduro, aprobarle
créditos presupuestarios y, en definitiva, asumir las competencias
legislativas, todo ello en abierta violación de la Carta Magna.
Con estos antecedentes, ningún venezolano informado
podía extrañarse de tan criminal acción. Lo digo porque desde hace varios años
el país ha retrocedido en todos los órdenes y ya no somos la democracia que
fuimos entre 1958 y 1998.
Ahora estamos sometidos a una dictadura postmoderna,
si cabe el término, más propia de un mundo globalizado, sin que pueda
sustraerse de la observación internacional y sus respectivas presiones. Y
porque si bien es cierto que internamente existe la censura y autocensura en la
mayoría de los medios de comunicación social, la internet y las redes sociales
permiten todavía denunciarla aquí y afuera como lo que es. El mundo entero lo
sabe, y el régimen chavomadurista ya no puede seguir ocultando su propia
naturaleza dictatorial.
La oprobiosa
decisión del tribunal de marras terminó de quitarles la careta de “demócratas”
con la que han intentado ocultar su condición de golpistas genéticos. No hay
que olvidar, a este respecto, que el chavismo nació de un golpe de Estado el 4
de febrero de 1992, cuyos proyectos de decretos, si hubieran triunfado,
configuraban una dictadura militarista y fasciocomunista.
Ya se sabe que en 1998 aquel lobo se disfrazó de
inocente oveja para ganar las elecciones. Por supuesto que quienes fueron
engañados sabían que aquellos eran una cáfila de golpistas redomados. Pero la hipocresía
del candidato felón (que negó entonces ser socialista; calificó a Cuba como una
dictadura; y se comprometió a respetar la democracia, la propiedad privada y el
pluralismo) llevó a muchos ingenuos a apoyarlo. Ya sabemos que aquellas
promesas eran puras mentiras y que luego en el poder hizo todo lo contrario de
lo que ofreció al país entonces.
Estamos, pues, ante un régimen de facto, que actúa al
margen de la Constitución y del Estado de Derecho, ante lo cual el pueblo
venezolano debería hacer uso del artículo 350 de la Constitución, que lo
autoriza a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe
los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos
humanos”. Claro: esta es la letra, pero hay que ponerle música. “Y ahí está el
detalle”, como decía Cantinflas.
Por de pronto, ahora que la dictadura está atorada, la
señora Fiscal General de la República, una vez que hizo la denuncia “de la
ruptura del hilo constitucional” por parte del TSJ, deberá adelantar el
enjuiciamiento de sus miembros, a fin de condenarlos por su actuación
violatoria de la Constitución.
Y la Asamblea Nacional deberá, ya, “declarar la nulidad de las designaciones de los magistrados
express, exigir la liberación de los presos políticos, destituir a
todos los miembros de la Sala Constitucional y desautorizar uno a uno los actos
írritos que decretó el ejecutivo sin someterlos a su control”, tal como lo ha
propuesto el constitucionalista Tulio Álvarez.
Ahora más que nunca.
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas - Martes, 04 de abril de 2017.
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