LA JUSTIFICACIÓN CHAVISTA DEL GOLPISMO
Gehard Cartay Ramírez
Venezuela
hoy está peor, en todo sentido, que en febrero de 1992, cuando se produjo la
intentona golpista de Chávez y su logia militarista.
Sin
embargo, en un comunicado publicado el 24 de junio de 1992, aquellos felones intentaron
justificar su fracasado golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Carlos
Andrés Pérez apelando a tres argumentos, falsos entonces y ahora, desde el
punto de vista histórico.
Podría
decirse que tales planteamientos constituyen algo así como la justificación
chavista del golpismo. Ellos se presentaron entonces como unos militares
“obligados” a derrocar un gobierno que actuaba en contra de los principios
democráticos que “sustentaban” los golpistas (¿?). Aparte de un contrasentido,
porque en realidad, aunque pretendieron derrocar por la fuerza un gobierno
democrático -como todos los de la República
Civil-, una vez en el poder demostraron que nunca han creído en el sistema
democrático, pues aquella declaración “principista” la vienen desconociendo
desde 1999.
Citemos
ahora los “argumentos” de los golpistas de 1992 para justificar su acción. El
primero: que el gobierno de entonces “había devenido en una dictadura, que como
tal se arroga todos los poderes del Estado”. El segundo: que era necesario
“asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la
Constitución y las Leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de
cualquier otra obligación”. Y el tercero: que el gobierno de CAP “violaba de
manera diaria y sistemática la Constitución y las Leyes que juraron cumplir y
hacer cumplir”.
Son tres argumentaciones falsas porque nada de lo afirmado
por los golpistas era verdad en los hechos. Sostener que entonces había una
dictadura es una aseveración anti histórica. El gobierno de CAP incurrió en
muchos errores, sin duda, pero no actuó como un régimen dictatorial. Tampoco es
cierto que se arrogara “todos los poderes del Estado”. Al igual que los
gobiernos democráticos elegidos desde 1959 y hasta 1998, el de CAP respetó el
Estado de Derecho y la independencia de los Poderes Públicos, tanto que, al
final, siendo presidente fue enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia y
destituido por el Congreso.
El segundo argumento es -por decir lo menos- absolutamente
cínico. ¡Cómo pueden unos golpistas justificar su acción contra la Constitución
diciendo que con ello “aseguraban la estabilidad de las instituciones
democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento
estará siempre por encima de cualquier otra obligación”! Eso lo pudieron haber
afirmado con propiedad quienes derrocaron la dictadura perezjimenista en 1958 o
quienes intenten derribar un gobierno tiránico, siempre que, desde luego, sea
para implantar un sistema democrático y de libertades. Pero, obviamente, no era
el caso en 1992.
Y el tercer argumento insistía en que el gobierno de
entonces violaba -“de manera diaria y sistemática”- la Constitución y las
leyes. Quienes vivimos esa época sabemos que también se trata de una
exageración. Desde luego, siempre hay violaciones a la Carta Magna y a las
leyes en cualquier gobierno. Pero asegurar que se trataba entonces de una
violación sistemática es una mentira colosal. Paradójicamente, ahora esas
violaciones sí han sido sistemáticas durante el régimen de esos golpistas desde
hace 18 años y, lo que es peor, ocurren contra una Constitución redactada y
aprobada por ellos mismos.
Sin
embargo, la oposición democrática no ha echado mano a esa “justificación
chavista del golpismo”, a pesar de que hoy sobran razones si se aplicaran aquellos
argumentos de Chávez y su logia militarista en 1992. No obstante, el régimen chavomadurista
la acusa a cada rato de “golpista”, sin presentar pruebas y sin la más mínima
vergüenza por ser ellos mismos unos golpistas auténticos, que todavía hoy
celebran el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 como si fuera una fecha
patria.
Entre
1958 y 1998, la República Civil nunca
aplazó las elecciones previstas en la Constitución Nacional de 1961, como ahora
lo hace el CNE sin vergüenza alguna y con la mayor impudicia. Nunca atentó
contra el régimen de partidos, ni puso obstáculos para su legalización y
muchísimo menos procuró un régimen de partido único, como pretenden los
golpistas que hoy detentan el poder.
(Solamente bajo el gobierno democrático de Betancourt
fueron ilegalizados el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, cuando se alzaron contra la institucionalidad, auspiciaron
varios golpes de Estado y hasta propiciaron las guerrillas para intentar derrocarlo.
Después, ellos mismos han reconocido que aquello fue error garrafal.)
Hoy,
cuando el régimen de Maduro insiste en cerrar todas las salidas democráticas,
los venezolanos no podemos vacilar en enfrentar esa pretensión, acudiendo a la protesta
cívica y pacífica, con presencia masiva en la calle y utilizando las últimas
rendijas que aún quedan para avanzar en nuestra larga lucha por la democracia.
@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 14 de febrero de 2017.