miércoles, 22 de enero de 2020

EL 23 DE ENERO DE 1958
* Gehard Cartay Ramírez
(Tomado de mi libro "Orígenes ocultos del chavismo". Militares, guerrilleros y civiles", Editorial Libros Marcados, Caracas, 2006)

Ningún régimen es eterno, ni siquiera las más férreas dictaduras. El nazismo prometió gobernar mil años y apenas duró poco más de una década. Pérez Jiménez, por supuesto, no se propuso metas tan ambiciosas, pues era un hombre pragmático y realista. Sin embargo, nadie duda que acarició la idea de ejercer el poder por unos cuantos años.

1957 presenta los primeros atisbos del destino final de la dictadura. Surge, por una parte, la búsqueda afanosa de una fórmula “constitucional” que le permita a PJ continuar en la Presidencia de la República. El apresuramiento en la redacción de la Constitución de 1953 les hizo pasar por alto el establecimiento de la reelección presidencial. Ahora esta situación les preocupa, no tanto porque tengan muchos escrúpulos, sino por guardar las apariencias, sobre todo de cara a la comunidad internacional. Tampoco creen en la elección popular, como lo han demostrado en la ocasión anterior. Los juristas del régimen deberán buscar una fórmula que les permita resolver esta situación.

Pero también surgen nuevos elementos con los cuales no contaba el dictador. Comienza a despertarse una sutil y tibia reacción frente al régimen, y será nada menos que la Iglesia Católica la que tirará la primera piedra en mayo de 1957, cuando el Arzobispo de Caracas, monseñor Arias Blanco, publica su carta pastoral criticando la difícil situación de los trabajadores venezolanos y haciendo duras observaciones a la actitud del gobierno perezjimenista. El mes siguiente se constituye la llamada Junta Patriótica, promovida por Fabricio Ojeda (Independiente), José Vicente Rangel (URD), Guillermo García Ponce (PCV), Pedro Pablo Aguilar (Copei) y Moisés Gamero (AD). Su propósito central es luchar por el respeto a la Constitución de 1953, contra la reelección de Pérez Jiménez y por la celebración de elecciones libres y pulcras. En agosto es detenido por la Seguridad Nacional el doctor Rafael Caldera, conjuntamente con otros líderes de Copei. En el frente económico también hay descontento: se han acumulado deudas millonarias a contratistas, comerciantes, industriales y proveedores en general y la mora del gobierno en cancelar tales obligaciones multiplica el malestar hacia otros sectores que dependen de aquellos.

Mientras tanto, el régimen busca salidas a la próxima crisis institucional que significa la encrucijada de 1957. La preocupación la acrecienta la caída de otros dictadores amigos de Pérez Jiménez, como Perón, Odría, Remón y Rojas Pinilla, mientras Batista se acerca a su fin. Hay, sin duda, un mal ambiente para las tiranías, algo impensable poco tiempo atrás cuando estaban en pleno apogeo. La fórmula final adoptada por el régimen es la de celebrar un plebiscito, a fin de consultar al pueblo sobre la permanencia o no de Pérez Jiménez como presidente y también la de su Congreso. La verdad es que el dictador no quiere elecciones y busca vías de más fácil control para perpetuarse.

El plebiscito se celebrará el 15 de diciembre bajo absoluto control oficial y sus resultados, por tanto, fueron los que quería PJ, con lo cual quedaba ratificado como Presidente de la República para el período 1958-1963.

Pero a partir de este momento las cosas se complicarán severamente para el régimen. La fórmula mediante la cual se busca “legitimar” la permanencia de aquel gobierno por más tiempo será, a la postre, la causa final de su caída a los pocos días. Producirá, en efecto, una reacción en cadena, cada vez más intensa, entre sus opositores, los cuales comienzan a organizarse y a realizar algunas acciones concretas, luego de varios años de calma. Y se produce también un hecho trascendental: la conspiración militar que comienza a fomentarse entre los jóvenes tenientes, mayores y capitanes descontentos con la dictadura y decididos, al igual que aquellos de 1945, a participar en el cambio de rumbo que comienza a hacerse imprescindible en estos meses finales de 1957.

El 1o. de enero de 1958 estalla una rebelión militar encabezada por el Coronel Hugo Trejo en Caracas. No tendrá éxito por su equivocada estrategia de movilización y a pesar del apoyo de la aviación de Maracay que sobrevuela ese día la ciudad capital, pero políticamente abrirá la brecha para lo que sobrevendrá después. Demostrará ciertamente las profundas grietas que se han abierto entre las Fuerzas Armadas y Pérez Jiménez, las cuales se profundizarán en breves días de tal manera que conducirán a la caída del dictador. En efecto, cuatro días después son detenidos numerosos oficiales comprometidos en la conspiración que avanza ya resueltamente. El mismo día Pérez Jiménez anuncia cambios en su gabinete, debidos a la presión del Alto Mando Militar.

El día siete se producen manifestaciones estudiantiles en varias partes del país. El día nueve zarpan del Puerto de La Guaira cinco destructores de la armada venezolana en abierto desafío al gobierno. El diez de enero vuelve a plantearse una nueva crisis ministerial y sale del gabinete Laureano Vallenilla Lanz y Pedro Estrada de la jefatura de la Seguridad Nacional, dos aliados de confianza del presidente. Ambos abandonarán entonces precipitadamente el país. Los militares plantean que el general Llovera Páez encabece el nuevo gabinete.

El día quince Pérez Jiménez adopta la contraofensiva al asumir personalmente el Ministerio de la Defensa y ordenar la detención del ministro titular hasta entonces, general Rómulo Fernández, quien ha sido el portavoz de las exigencias de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente lo envía en un avión militar hacia la República Dominicana.

El país comienza a levantarse por los cuatro costados: centenares de detenidos políticos abarrotan las cárceles, los estudiantes manifiestan todos los días, los empresarios y los intelectuales comienzan también a protestar. El mundo se le viene entonces encima al dictador. Ha perdido ya, efectivamente, el control de la situación. Su caída es cuestión de días.

Sin embargo, Pérez Jiménez no se rinde tan rápidamente. Está dispuesto a resistir y continúa tomando decisiones al efecto: clausura liceos y universidades, reprime manifestaciones, ordena constantes purgas en el mundo militar, detiene a importantes líderes de la sociedad civil, en fin, persigue a sus enemigos en un desesperado intento por someterlos. Pero estos tampoco se amilanan. Por el contrario, se sienten asistidos por la opinión pública y por núcleos importantísimos de las propias Fuerzas Armadas.

La Junta Patriótica llama a la huelga general para el 21 de enero. Ese día no circulan los periódicos en apoyo a la rebelión en marcha. La gente sale a las calles en Caracas y el gobierno decreta el toque de queda a las cinco de la tarde. En la noche del 22 de enero, la Marina y la guarnición militar de Caracas resuelven apoyar el golpe contra Pérez Jiménez, con lo cual se sella definitivamente el final de la dictadura.

En las últimas horas de aquel día y en las primeras del siguiente, PJ apela a sus compañeros de armas, contacta a oficiales en puestos de comando, trata de revivir viejas lealtades, se aferra desesperadamente al poder. Pero al darse cuenta de que ya no cuenta con suficiente apoyo, resuelve huir por avión en horas de la madrugada hacia la República Dominicana.

Se cerraba así una etapa convulsa y compleja de la reciente historia venezolana. Y el hasta entonces hombre fuerte de aquellos años, el líder militar más destacado e influyente después de Juan Vicente Gómez, también comenzaría el destierro más largo vivido por venezolano alguno en nuestra historia.




martes, 14 de enero de 2020


UNA REFLEXIÓN EN LOS 74 AÑOS DE COPEI
Gehard Cartay Ramírez
El Partido Social Cristiano Copei llega a los 73 años de su fundación en muy difíciles circunstancias.

Diversas y múltiples causas han colocado ahora al partido en la situación más dramática de toda su historia. Por fortuna, y lo demuestran los hechos, los partidos no se mueren de infarto, sino de mengua.

Se diría que no hay nada que celebrar ahora. Copei es hoy un partido judicializado, dependiente de decisiones del alto tribunal que no tienen otro propósito como no sea liquidarlo por etapas.

Copei es hoy un partido dividido en varios toletes, con una dirigencia que no está a la altura de las circunstancias y que parece no haber entendido su papel en esta hora crucial que vive Venezuela.

Algunos de ellos hablan de unidad y hasta se atreven a reclamarla a la oposición y sus demás partidos. Sin embargo, ¿cómo pueden hacerlo si su propio ejemplo y sus absurdas actitudes no muestran otra cosa que un partido sin unidad alguna, resquebrajado y desgarrado afectiva y realmente? No tiene entonces moral ninguno de ellos si no son capaces de reencontrarse y reconciliarse entre ellos mismos.

Por todo ello, la recuperación de Copei esperará aun algún tiempo, pues no parece factible mientras la dictadura venezolana se mantenga. Pero, más temprano que tarde, cuando esta ya no exista, corresponderá a la base copeyana –presente en cada pueblo y en cada región del país– iniciar el rescate del partido, por encima de sus actuales dirigentes decidir.

Dios mediante así tendrá que ser y corresponderá a la militancia copeyana salvar a la institución partidista. “Salvar el partido” fue la consigna durante la tiranía perezjimenista, cuando algunos dirigentes traicionaron a Copei y se plegaron al gobierno de turno. Esa misma consigna debe ser la de hoy, cuando atravesamos circunstancias aún más difíciles.

Se impondrá entonces retornar a la madurez institucional y volver al camino de la grandeza frente a Venezuela, como tantas veces lo demostró Copei a lo largo de estas siete décadas.

Porque si de algo podemos estar orgullosos los copeyanos es justamente del servicio que el partido le ha prestado a Venezuela desde 1946, ya sea en la oposición o en el gobierno. Y cuando el pueblo venezolano nos confió el poder al elegir presidentes a dos venezolanos de excepción, como Rafael Caldera y Luis Herrera Campíns -y posteriormente eligió también gobernadores y alcaldes postulados por Copei-, se hizo una obra de gobierno fructífera y positiva para todos, sin excepciones ni mezquindades.

El Partido Social Cristiano Copei fue durante mucho tiempo una escuela de formación ideológica y un digno taller para la fragua de líderes nuevos a todos sus niveles, especialmente entre los más jóvenes, todo lo cual sirvió para que su juventud partidista se destacara como una de las más brillantes.

Como en sus inicios, tal vez hoy Copei vuelve a ser un proyecto de futuro, si por tal se entiende su recuperación y posicionamiento entre los venezolanos. Porque en este país siempre ha existido, y sigue existiendo, un amplio espacio para un vigoroso movimiento social cristiano. Y si no es Copei el que lo llene, tal vez sea otro movimiento, inspirado en la Democracia Cristiana y con líderes renovados, el que asuma esa posición.

Ojalá la responsabilidad y el espíritu socialcristiano hagan posible la recuperación de uno de los más importantes partidos de masas de la historia contemporánea, que hizo una innegable contribución a la democracia con una sólida obra de gobierno al servicio de los venezolanos.

13 de enero de 2020




miércoles, 18 de diciembre de 2019

Con ocasión del noveno aniversario de su muerte:

CAP: ANVERSO Y REVERSO
*Gehard Cartay Ramírez

- Un político carismático, controvertido y audaz, pero demasiado confiado en sí mismo y en un liderazgo que siempre sobreestimó, todo lo cual lo llevó al dramático final de su actuación pública

Un liderazgo carismático, controvertido y audaz:
En los últimos años se viene acentuando una especial campaña para reivindicar, postmortem, a Carlos Andrés Pérez, lo cual no deja ser en cierto modo algo natural por parte de seguidores y admiradores.
Pero siendo la suya una figura que ya pertenece a la Historia, y por tanto digna de investigación y discusión, resulta conveniente también una aproximación que aborde tanto sus aspectos positivos como negativos, siempre dentro del marco de un análisis lo más objetivo posible, si es que resulta factible hacerlo.
CAP fue, sin duda, un líder carismático, controvertido y audaz. En mi opinión, sus dos cualidades fundamentales fueron la valentía con que afrontó los desafíos que su accidentada carrera política le planteó; y su condición de demócrata toda prueba, demostrada en cada tramo de aquella. En cuanto a esta última cualidad, demostró también el olvido de agravios en su contra y practicó una generosa política de tolerancia y amplitud hacia muchos de sus antiguos adversarios, con excepción de algunos: Rafael Caldera, Luis Herrera Campíns y Eduardo Fernández, por citar los más importantes.
Fiel escudero de Rómulo Betancourt desde los días de la llamada Revolución de Octubre de 1945, acompañó a su jefe como secretario privado cuando el primero ejercía la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno, producto del golpe de Estado contra el general Isaías Medina Angarita. Desde entonces se convirtió prácticamente en su sombra, no sólo en las tareas del poder, sino luego, durante el exilio de ambos bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (1953-1958) –el otro Pérez andino y tachirense que también fue presidente– y, posteriormente, a partir del retorno democrático en 1958, cuando Betancourt resultó electo presidente. Fue por esos difíciles años el implacable Ministro de Relaciones Interiores contra la subversión, el terrorismo y las guerrillas castrocomunistas, aunque la ofensiva para derrotarlos la cumplieron las Fuerzas Armadas Nacionales.
Luego de la división de Acción Democrática (AD) en 1967, CAP dirigió la campaña de Gonzalo Barrios, candidato presidencial de su partido en las elecciones de 1968, en las que resultó victorioso Rafael Caldera, abanderado del Partido Social Cristiano Copei y sectores independientes. En los años siguientes, tuvo el mérito de revivir a AD y sacarla del marasmo que significó esa primera derrota electoral.
Como secretario general de AD adoptó entonces una línea de oposición dura e intransigente contra el recién iniciado gobierno de Caldera. Así, se opuso férreamente a la política de pacificación argumentando que la misma podía significar la entrega del país a la subversión, lo que sin duda constituía una exageración, como lo demostraron los hechos posteriores. (Ese encono contra las medidas pacifistas y conciliatorias del primer gobierno social cristiano inexplicablemente lo reiteraría, incluso, luego de salir del gobierno y después de diez años de la pacificación ejecutada por Caldera. Dijo entonces que la había criticado en su momento “por tender, lamentablemente, mucho más a dar una imagen de amplitud y generosidad, que efectivamente al objeto de pacificar al país” (1).
Esa agresiva oposición de AD se había manifestado tempranamente con ocasión de las negociaciones para integrar las directivas de las Cámaras del Senado y de Diputados, cuando rechazó un acuerdo que le propuso Copei. Casi de inmediato, AD se opuso a la aprobación de los recursos presupuestarios para el programa de Promoción Popular, prometidos por Caldera en su programa de gobierno, así como a un conjunto de leyes en materia de creación del ministerio de la Vivienda, financiamiento para construcción masiva de viviendas, ordenamiento urbanístico y territorial, financiamiento de la primera etapa del Metro de Caracas, etc., etcétera (2). Se trató de una oposición obstruccionista y contumaz, cuyo sello lo marcaba el propio CAP como jefe de AD.
En los siguientes comicios de 1973, Pérez se convirtió en el candidato presidencial de su partido, una vez que Betancourt anunció que no aspiraría nuevamente la presidencia. Alcanzó la victoria en aquel momento, derrotando a Lorenzo Fernández, abanderado presidencial por Copei, Fuerza Democrática Popular (FDP) y sectores independientes.
Su primer gobierno, entre 1974 y 1978, obtuvo logros fundamentales, como la nacionalización del petróleo, del hierro y del aluminio, el programa de becas “Gran Mariscal de Ayacucho” y numerosas obras en materia de salud y educación. También logró elevar los niveles de empleo, sin que se llegara –como lo proclamaron sus propagandistas– al pleno empleo, es decir, una desocupación laboral inferior al cinco por ciento. Hubo, como ya era tendencia histórica en Venezuela, una inflación moderada, pero en aumento, así como paz social y laboral. Por efectos de los altos precios petroleros se produjo así mismo un aumento del consumo, mientras que, a la par, el Estado también acrecentó sus gastos y elevó sus niveles de endeudamiento.
En ese momento, CAP se convirtió en el gran nacionalizador, y por ello creció descomunalmente el tamaño del Estado y se multiplicó de manera escandalosa la corrupción administrativa. Por contraste, en su segunda gestión (1989-1993) fue el gran privatizador. Se diría que entonces intentó un gobierno totalmente contrario al que encabezó en la primera oportunidad, algo que dice mucho de su pragmatismo audaz y de su voluntarismo como gobernante, incapaz de medir las consecuencias de sus ejecutorias políticas, económicas y sociales.
Fiel a su personalidad, en su primer gobierno puso en práctica una frenética e hiperactiva política internacional, muy distante de la sobria actuación de sus predecesores en esta materia. Se caracterizó por su indisimulado empeño en convertirse en líder del llamado Tercer Mundo. Así, Pérez tuvo una destacada participación en las negociaciones mediante las cuales Estados Unidos entregó el Canal de Panamá a este país, así como en los hechos que condujeron a la caída de la dictadura somocista de Nicaragua y al triunfo de las guerrillas sandinistas, comandadas por Daniel Ortega.
En estos propósitos y otros más, CAP superó todos los viajes presidenciales anteriores, lo que le valió no pocas críticas. Pero ese estilo excesivo e indetenible, divorciado a veces de la ponderación y la reflexión que deben ser consustanciales a un gobernante, también se lo imprimió a todas sus facetas como presidente en aquellos años.

...Pero también un liderazgo sobreestimado:
Se ha dicho que “el estilo es el hombre”. En el caso de Pérez se ajusta como anillo al dedo.
Si algo lo caracterizó fue una desmedida confianza en sí mismo –la misma que lo condujo a su final como presidente en 1993–, es decir, la creencia absoluta en que su liderazgo lo hacía invulnerable a cualquier amenaza, lo que, a la larga, también se demostró que no era cierto. Esa condición egocentrista e individualista trajo aparejada consigo una cierta dosis de infalibilidad y, lo que resultaría luego peor, una incapacidad manifiesta para reconocer sus errores y –lo más importante aún– rectificarlos a tiempo.
Quien lea, por ejemplo, sus Memorias proscritas –dictadas a los periodistas Ramón Hernández y Roberto Giusti, aunque luego, al parecer, desautorizadas por el propio CAP– encontrará allí una exagerada conceptualización de su persona y su carrera política. Cierto es que se trata de su propio testimonio de vida y de luchas, y por tanto su narrativa está hecha en primera persona. Pero los juicios sobre sus semejantes siempre giran alrededor de la importancia que tuvo él para esos personajes –nunca al revés–, comenzando por Rómulo Betancourt, de quien dijo haber sido “un hombre indispensable” (3).
Por esa exagerada sobreestimación de sí mismo cometió otro gravísimo error en 1988, cuando fue elegido por segunda vez candidato presidencial de AD. Apeló entonces al recuerdo que mucha gente guardaba sobre su primer gobierno, cuando la abundancia de petrodólares inundó al país, gracias a la lejana guerra entre Israel y Egipto, en 1973. Esa inmensa riqueza, desde luego, no fue creada por los venezolanos, sino consecuencia del citado conflicto bélico. Por desgracia, tal abundancia financiera fue muy mal administrada y su primer gobierno terminaría hundiéndose históricamente por sus colosales yerros, entre los cuales destacaron –como ya se anotó antes– el crecimiento de la deuda externa e interna y el sobredimensionamiento del Estado venezolano y de la corrupción en los más altos niveles oficiales. Esa gestión inició el declive de Venezuela como una nación que estaba destinada a sobresalir entre las primeras del continente, ya que sus tremendas equivocaciones de condicionaron la acción de los gobiernos posteriores.
Sin embargo, insisto, a alguna gente le quedó el recuerdo de la abundancia económica, sin reparar sus gravísimos daños colaterales. Y a ese recuerdo primario y superficial echó mano CAP cuando volvió a ser candidato presidencial en 1988 y ofreció que tal abundancia volvería con su retorno al poder.
Era una promesa incumplible y él lo sabía. Por eso hizo preparar dos programas de gobierno, según lo denunciara posteriormente el entonces presidente de AD, Humberto Celli (4). Uno, que fue su bandera electoral, ofrecía espejismos y fantasías imposibles de cumplir en un país ya sin reservas monetarias, con gravísimos desajustes sociales y económicos, endeudado como pocas veces y afectado por una espantosa corrupción, al término del período presidencial de su compañero de partido Jaime Lusinchi (1984-1988). El otro programa de gobierno, oculto y clandestino, contemplaba un paquete de severas medidas de ajustes que implicarían un sacrificio para todos, pero especialmente para los sectores mayoritarios. Este último fue el que puso en ejecución apenas llegó al poder en febrero de 1989, y que fue la excusa para que se produjera un rápido y extendido descontento general con la explosión social conocida como "El Caracazo", en febrero de 1989, lo que heriría de muerte su segundo gobierno a escasos veinte días de haberse iniciado pomposamente, con los resultados ya conocidos.
Aquella desafortunada idea de formular en paralelo dos programas de gobierno constituyó, sin duda, una estafa a sus electores y a los venezolanos en general. Pero lo hizo fríamente, confiando en que el suyo era un hiperliderazgo como pocos en Venezuela y en el continente.
Fiel a esa absurda creencia incurrió también en otros graves errores. A partir de 1989 no le dio ninguna importancia a la creciente conspiración que lo acechó desde el primer momento y que tenía una vertiente militar y otra civil. CAP irresponsablemente subestimó las dos.
En cuanto a la primera, sus propios órganos de inteligencia civil y militar le advirtieron tempranamente sobre la conjura militar que urdía una logia golpista incrustada desde hacía tiempo en el ejército, la misma que intentaría derrocarlo en febrero de 1992, y más adelante, ya extendida por las fuerzas aérea y marítima, también se repetiría en noviembre de ese mismo año. Confiaba en que por haber enfrentado con éxito –como Ministro del Interior del gobierno del presidente Betancourt– la insurgencia armada del castrocomunismo a principios de los años sesenta, aunado a su conocimiento de las Fuerzas Armadas, podía dominar cualquier tentativa militar en su contra. No fue así. Y aunque no hubo sorpresa propiamente dicha, lo que sí se puso de manifiesto fue que ni el régimen ni el presidente se habían preparado para enfrentar el primer intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Una cierta autosuficiencia de Pérez y la actitud capciosa del Alto Mando Militar le permitieron a Chávez y sus golpistas actuar con relativa comodidad.
Lo que sí estuvo entonces fuera de toda discusión fue la actuación valiente e inteligente de CAP mientras se desarrollaba aquella intentona golpista. En poco tiempo les arrebató la ofensiva a los oficiales insurrectos, al aparecer por televisión denunciando los hechos y exigiendo lealtad a la institución armada, todo lo cual confundió y desmoralizó a los golpistas, mientras se producía la sensación de que había retomado el control de la situación y dominado el complot en marcha.
La verdad es que, a pesar de todo, CAP fue magnánimo con los golpistas, al igual que todo el establecimiento político de esos días y la gran mayoría de la opinión pública. Aquella fue una compasión inexplicable e injusta frente a un grupo de felones y traidores a la Constitución Nacional y a su juramento como oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales. Los más importantes candidatos presidenciales –a excepción de Caldera, por cierto– prometieron liberarlos. La misma Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica abogó por los golpistas, y hasta el ex presidente Herrera Campíns pidió al presidente Pérez que los pusiera en libertad. Y fue el propio CAP quien inició la larga cadena de sobreseimientos a los golpistas, pues apenas dos meses después de la intentona en su contra sobreseyó a un grupo de oficiales, entre ellos, Henry Rangel Silva (quien luego sería ministro de la defensa con Chávez y gobernador de Trujillo a la fecha), Jesús Rafael Suárez Chourio (posteriormente comandante del Ejército) y Rodolfo Clemente Marcos Torres (ministro de finanzas y hoy gobernador de Aragua) (5). Esa misma cadena de sobreseimientos la continuaría el presidente Ramón J. Velásquez en 1993 y la concluiría el presidente Rafael Caldera en 1994. Pero, en ese momento, el propio Carlos Andrés Pérez fue más allá todavía al reincorporar al Ejército a casi el 90 por ciento de los oficiales golpistas, según lo denunciaría después el general Carlos Peñaloza, a la sazón comandante de esa fuerza.
En todo caso, si CAP pudo entonces dominar las dos tentativas golpistas de 1992, no tuvo en cambio el mismo desempeño exitoso frente a la conspiración civil, adelantada por "Los Notables", dirigidos por Arturo Uslar Pietri, y otros sectores que, a la postre, lograron en mayo de 1993 su destitución por parte del Congreso de la República y su posterior enjuiciamiento ante la Corte Suprema de Justicia. Aquél político realista y exitoso, dos veces presidente de Venezuela por elección popular, menospreció a sus adversarios y sobreestimó su capacidad de maniobra, ya sin contacto con la realidad y demasiado pagado de sí mismo.
Porque en el campo civil, pareciera haberse confiado, como siempre, en su liderazgo. Tal vez por ello no se defendió ni pasó a la ofensiva frente a sus adversarios, a lo que tenía perfecto derecho. Porque si bien es cierto que la suya fue una actitud de absoluto e impecable respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, no lo es menos que tuvo a su disposición algunos recursos políticos y jurídicos para salvaguardar –como era absolutamente lógico también– su derecho a continuar como presidente de los venezolanos, elegido en legítimos comicios electorales y por amplia mayoría. Por supuesto que, como se sabe, hizo múltiples contactos al respecto, pero al darse cuenta de que ni siquiera su propio partido lo apoyaba y que las Fuerzas Armadas Nacionales mantenían una actitud institucional, decidió esperar el desarrollo de los acontecimientos, tal como se lo confesó a algunos allegados (6), tal vez confiando en que los hechos, al final, le serían favorables. De nuevo se sobreestimó personalmente y desestimó a sus poderosos enemigos de entonces.
Mientras tanto, el grupo "Los Notables" colocaba el detonante definitivo contra el presidente Pérez: el 11 de enero de 1993 el periodista y varias veces candidato presidencial José Vicente Rangel había consignado ante el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salóm, una denuncia sobre la utilización irregular de 250 millones de bolívares, correspondientes a la partida secreta, y solicitado el respectivo antejuicio de mérito contra el Presidente Pérez y dos de sus ministros.
El 9 de marzo de 1993 el Presidente Pérez se dirigió al país en un mensaje por cadena de radio y TV, asegurando que el dinero en cuestión había sido usado en gastos de seguridad y defensa del exterior, y que no podía revelarlos porque supondría una violación a la ley de la materia. Dos días después, el 11 de marzo, el implacable Fiscal General Ramón Escovar Salom solicitaría a la Corte Suprema de Justicia que decidiera si había méritos para juzgar al Presidente y dos de sus ex ministros, Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo, por la presunta malversación de 17,2 millones de dólares. La ponencia del caso se la reservó el presidente del alto tribunal, Gonzalo Rodríguez Corro, quien presentó su proyecto de sentencia el 4 de mayo. En la sesión del 19 de mayo, la Corte Suprema declararía con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra Pérez, Izaguirre y Figueredo.
Al día siguiente, viernes 20 de mayo –y sin esperar el posterior desarrollo del juicio–, el CEN de AD decidiría expulsar del partido a Carlos Andrés Pérez, lo que suponía también una condenatoria tácita en su contra. Parecía que aquella resolución inmediata de la cúpula adeca saldaba así un ajuste cuentas pendiente, por las razones ya señaladas. Y así lo confirmarían los hechos posteriores: terminaba una difícil relación entre CAP y la organización a la que le había entregado buena parte de su vida, porque esa ruptura se caracterizaría por una dura actitud del ya ex presidente contra AD y varios de sus líderes más importantes, tema sobre el que profundizaremos más adelante.
Ese mismo 20 de mayo de 1993 el Senado de la República –de conformidad con el ordinal 8o. del Artículo 150 de la Constitución Nacional– acordó autorizar el enjuiciamiento del presidente Pérez. En el mismo acto resolvió que el Presidente del Congreso, senador Octavio Lepage (AD), se encargara transitoriamente de la Presidencia de la República, e invitó a la Cámara de Diputados a una sesión conjunta para juramentarlo. De inmediato, Lepage se trasladó al Palacio de Miraflores donde Pérez le entregaría el cargo, mientras el Congreso resolviera finalmente sobre la persona que lo sustituiría en el ejercicio de la Presidencia.

AD: “un cascarón vacío, un fracaso total”:
Un capítulo dramático fue su relación con Acción Democrática. A diferencia de Betancourt, CAP no le concedió la importancia y la jerarquía histórica que el máximo líder le asignó siempre al partido. Si aquel dijo en alguna ocasión que se sentía más orgulloso de haberlo fundado que de haber sido presidente en dos ocasiones, Pérez seguramente que pensaba lo contrario.
En ese razonamiento influía, desde luego, la sobreestimación que siempre hizo de su propio liderazgo, aspecto al cual nos hemos referido anteriormente, y que también lo llevó en sus dos gobiernos a duros enfrentamientos con la cúpula adeca y hasta con el propio Betancourt en los años finales de su primera gestión. CAP no se sometió entonces a los dictados del Comité Ejecutivo Nacional de AD, ni tampoco lo haría en su segunda presidencia.
En ambas ocasiones, al lado de prominentes dirigentes de su partido, también designó como ministros a figuras independientes, vinculadas a las altas finanzas y grupos económicos poderosos. Esa preferencia se profundizó entre 1989 y 1993, cuando incorporó a jóvenes tecnócratas sin vinculaciones políticas ni partidistas, quienes concibieron y ejecutaron un paquete de medidas neoliberales, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin consultar a la dirección de AD y sin reparar los costos sociales que traía consigo. Todos estos hechos agriaron aún más su relación con la dirigencia adeca.
Porque en este aspecto también hubo diferencias de fondo entre Betancourt y CAP. El primero siempre se caracterizó por dar preeminencia a lo colectivo por encima de lo individual, y la mejor demostración fue la de haber fundado un partido, desligándose así de la propensión caudillista que siempre animó a los hombres de poder en la historia venezolana. Pérez, en cambio, demostró siempre una exagerada tendencia personalista, la misma que lo llevó a desentenderse de su partido en las dos oportunidades que ganó la presidencia de la República.
En sus últimos años –luego de su expulsión de AD el 20 de mayo de 1993, precisamente al día siguiente en que el máximo tribunal declaró con lugar su enjuiciamiento como presidente de Venezuela–, CAP no se ahorraría dicterios, críticas y serios cuestionamientos hacia ese partido y sus principales líderes, incluyendo al propio Rómulo Betancourt, de quien dijo que en sus últimos años “sufría un deterioro intelectual grave” y “una declinación personal importante (7)”. Incluso, de cierta manera sugirió que, en algún momento, Betancourt pudo sentir celos de “mi posición y significación internacional” (8).
Al ex presidente Jaime Lusinchi, luego de señalar que había tenido “gran estimación” por él, no vaciló en calificarlo como “un pobre diablo” (9), sin condiciones para gerenciar el país. “Yo me comprometí con su candidatura a pesar de que consideraba que iba a ser un problema en la Presidencia”, agregó. “Lusinchi demostró que no era un hombre para el poder (…) Blanca Ibáñez exacerbó en Lusinchi el odio, el resentimiento, el orgullo (…) Lo volvió un camorrero” (10).
Al que fuera candidato presidencial de AD en 1978, Luis Piñerúa Ordaz, le endosa toda la responsabilidad de esa derrota, aunque CAP era entonces presidente y aquel veredicto popular envolvía también un juicio condenatorio a su gobierno. Sin embargo, esa circunstancia nunca la llegaría a reconocer. A su juicio, la candidatura de Piñerúa “era débil por sus características personales, sobre todo influenciado por la tónica que había asumido Betancourt” (11). “Hice una campaña tremenda a favor de Piñerúa, que casi le permite el triunfo. Fue la dureza de Piñerúa lo que nos perdió” (12), agregó a continuación. A Octavio Lepage, quien lo sustituyó brevemente como presidente, lo acusó de estar poseído de “una ambición tremenda”(13).
A Acción Democrática la definió luego y en repetidas ocasiones como “un cascarón vacío” (14), donde “no hay democracia interna (…) Esta es la triste y cierta razón de su desastre” (15). Eran conceptos de una dureza implacable en sus labios: “AD fue un gran proyecto político venezolano, pero ya terminó su ciclo, ahora pertenece a la historia. Una historia buena, pero cuyo final ha sido espantosamente malo. Un fracaso total. Es una minoría, después de haber sido una mayoría evidente y portentosa. No volverá a ser mayoría”(16).

Los años finales: entre la amargura y la desazón:
Obviamente que si entonces fueron muy duras esas opiniones sobre compañeros y amigos de toda una vida y sobre el partido del que fuera dos veces candidato presidencial, no lo serían menos sus descalificaciones y ataques contra adversarios como Rafael Caldera, Luis Herrera Campíns y Eduardo Fernández, con quien compitió por la presidencia en 1988.
Su animadversión contra Caldera, por ejemplo, es verdaderamente dramática y aparece en cada página de las muchas en las que Pérez se refiere al también dos veces expresidente socialcristiano por elección popular. (Invito al lector a que las lea en el libro "Carlos Andrés Pérez: Memorias proscritas" que he venido utilizando como apoyo bibliográfico en este ensayo.) Y todo ello a pesar de que algunos aún hablan de que era Caldera el que “odiaba” y le tenía “envidia” a CAP. La realidad es que fueron muchas más las menciones negativas de este contra Caldera, y probablemente un estudio hemerográfico de sus declaraciones y comentarios podría corroborarlo.
Quienes hoy lo elevan a los altares del martirologio y hasta lo presentan como “el constructor de la Venezuela moderna” sólo se limitan a una versión hagiográfica del polémico personaje, obviando sus elocuentes errores y apelando a una superchería para calificarlo como tal. Porque la verdad es que la Venezuela moderna fue construida por muchos otros más, especialmente desde 1935: civiles y militares, líderes de partidos políticos, sectores independientes, gente del sector público y privado, trabajadores y profesionales, en fin, venezolanos y extranjeros que dieron sus mejores esfuerzos para que el país iniciara su ascenso hacia el progreso y desarrollo que se truncaron a partir de 1999, con la llegada del castrochavismo al poder.
Ese tipo de calificativos, absolutos y extremos, son casi siempre producto de la exageración y la falta de profundidad en los análisis históricos. A Rómulo Betancourt, por ejemplo, lo llamaron nada más y nada menos que “el Padre de la Democracia”, como si esta necesitara de padre y madre, y, si así fuera, en este caso la última no aparece por ningún lado. Como lo escribió con su habitual agudeza Manuel Caballero, uno de los más autorizados estudiosos de la figura de Betancourt, esa denominación “es un insulto a la memoria que se pretende así halagar: desde el primer momento de su ser político, Rómulo Betancourt insurgió contra el paternalismo gomecista” (17).
En el caso de CAP, al igual que en los otros presidentes que ha tenido la República de Venezuela, su actuación como político y su legado como gobernante tendrán el juicio de la Historia, por lo general más reposado, sabio y justo que el que le podamos intentar hacer sus contemporáneos o los subsiguientes e inmediatos analistas. Nada es más cierto que aquel adagio según el cual la Historia siempre coloca los hechos en sus justos términos, más allá del halago o la inquina con que se juzgan casi siempre por la inmediatez del tiempo.




Notas:
(1) Alfredo Peña, "Conversaciones con Carlos Andrés Pérez", Editorial Ateneo de Caracas, 1979, página 243.
(2) Un análisis de mayor profundidad puede conseguirse en mi libro "Caldera y Betancourt, Constructores de la democracia", primera edición de 1987 (Ediciones Centauro, Caracas) y segunda edición de 2018 (Editorial Dahbar, Caracas).
(3) Ramón Hernández y Roberto Giusti, "Carlos Andrés Pérez: Memorias proscritas", Los Libros de El Nacional, Colección Ares, Caracas, 2006, página 577.
(4) Mirtha Rivero, "La rebelión de los náufragos", entrevista con Humberto Celli, ex presidente de AD, capítulo siete, páginas 64 y siguientes, Editorial Alfa, Caracas, 2010.
(5) Ese sobreseimiento favoreció a un grupo de 30 oficiales del Ejército y fue publicado en la Gaceta Oficial No. 34.936, de fecha dos de abril de 1992, dos meses después del intento golpista del 4 de febrero de ese mismo año.
(6) "La rebelión de los náufragos", entrevista al exministro Reinaldo Figueredo Planchart, página 423 y siguientes.
(7) "Carlos Andrés Pérez: Memorias proscritas," obra citada, página 278.
(8) Ibídem, página 275.
(9) Ibídem, página 290.
(10) Ibídem, página 291.
(11) Ibídem, página 273.
(12) Ibídem, página 272.
(13) Ibídem, página 355.
(14) Ibídem, página 419.
(15) Ibídem, página 311.
(16) Ibídem, página 419.
(17) Manuel Caballero, "Rómulo Betancourt, político de nación", página 15.


martes, 10 de diciembre de 2019


20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999
Gehard Cartay Ramírez
Este 15 de diciembre se cumplen 20 años del referéndum consultivo que aprobó la Constitución de 1999, mal llamada bolivariana por sus promotores.
Fue aprobada entonces con el 71,19 por ciento de los votos emitidos, mientras que el No obtuvo el 28,81 por ciento. Sin embargo, la abrumadora abstención de aquel día hizo que ese 71,19% sólo representara al 32,20 por ciento de los electores. La abstención oficialmente registrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue del 56,60 por ciento, aún cuando razonablemente los medios de comunicación y los analistas políticos dudaron de tal cifra, vistos los efectos devastadores que ese mismo día ocasionó la tragedia del Estado Vargas –cuyos propios resultados electorales, por cierto, nunca se conocieron con precisión– y la pertinaz lluvia que se produjo en Caracas y otras ciudades del centro del país.
La abstención, en este caso particular, adquiere una extraordinaria importancia, pues sumada a los votos negativos totalizó el 67,80 por ciento de los electores. Lo que se estaba aprobando entonces no era cualquier cosa: era, nada más y nada menos, que una nueva Constitución de Venezuela. Sin embargo, apenas el 32,20 por ciento de los electores fueron quienes, finalmente y sin conocerla a fondo, le dieron su voto afirmativo. Lo que ésta situación tiene de significativo no merece mayores comentarios.
Hubo, sin embargo, un hecho gravísimo que prácticamente pasó inadvertido: apenas siete días después de la tragedia de Vargas, el régimen aprovechó el luto y la estupefacción de los venezolanos para aprobar el Decreto Sobre el Régimen de Transición del Poder Público (Gaceta Oficial No. 36.859), el cual, a juicio del constituyente Jorge Olavarría, fue “el golpe de Estado más artero y completo de la historia constitucional de Venezuela y posiblemente del mundo”, pues violó “dos constituciones de un solo golpe: la de 1961, que estaba vigente, y la de 1999, que había sido aprobada pero que se publicaría y entraría en vigencia el 31 de diciembre” (El Nacional, 27-01-2004). Mediante ese decreto –agregó Olavarría– se disolvió al Congreso legítimamente elegido para reemplazarlo por una Comisión Legislativa Nacional socarronamente llamada `Congresillo´, que actuaría como Poder Legislativo y que nadie había elegido. Lo mismo se hizo con las asambleas legislativas de los estados, que fueron sustituidas por comisiones legislativas de cinco miembros”.
El proceso constituyente tuvo como resultado final un texto de discutible calidad y no pocas contradicciones en su articulado y en sus líneas generales. Porque si bien es cierto que pone de relieve la tesis de la democracia participativa, por ejemplo, no lo es menos que concentra –como nunca antes– demasiado poder en el Presidente de la República y centraliza indebidamente la toma de decisiones.
En lo político, aparentes mecanismos de consulta y flexibilización terminaron siendo inútiles al sobrevivir un Poder Legislativo débil, sin capacidad de contrapeso frente a un presidencialismo extremo. Esta última distorsión afectó y paralizó el proceso de descentralización y regionalización iniciado en 1989, ahora sometido al peso aplastante de un Poder Central con mayor dominio que nunca.
En el plano social, por citar otro aspecto fundamental, un articulado “poético” y de buenas intenciones no pasó de allí. Y en cuanto a la economía, una inaudita camisa de fuerza dogmática y contraria a las tendencias mundiales que hoy caracterizan tan compleja materia, terminó por sobredimensionar aún más el papel del Estado interventor y enemigo de la iniciativa privada. Los resultados están a la vista.
Por si fuera poco, la Constitución aprobada satisfizo a plenitud las metas más sentidas del proyecto político y personal del entonces jefe del proceso: estableció la reelección presidencial inmediata y alargó el período a seis años, toda una afrenta al principio de la alternabilidad democrática al establecer un cuello de botella en el relevo del liderazgo nacional. Hoy sufrimos esas nefastas consecuencias.
Algunos expertos en diversas áreas llamaron especialmente la atención sobre otras fallas del texto aprobado, entre ellas, la creación de llamado Poder Ciudadano, por cuanto resta funciones al Poder Judicial, así como en la parte relativa a los derechos humanos, con logros innovadores, sin duda, pero prácticamente irrealizables por la expresa debilidad en el equilibrio de poderes, en razón de la exagerada preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los demás. Y en el aspecto económico, la gravísima supresión de la autonomía del Banco Central de Venezuela, lo cual –opinó entonces el ya desaparecido Domingo Felipe Maza Zavala– “afectaría el mejor ejercicio de la política monetaria”. “La autonomía del BCV, agregó el experto económico, es indispensable. Si esa autonomía se somete a una camisa de fuerza, las consecuencias podrían ser muy negativas para lograr el abatimiento de la inflación y el equilibrio monetario”. Palabras proféticas, como se ha comprobado.
Desde luego que el nuevo texto tiene ciertos aspectos positivos, en teoría. La creación de la Sala Constitucional del TSJ es uno de ellos, aunque en la práctica el régimen la convirtió en un vulgar instrumento de sus políticas autoritarias y antidemocráticas. En materia de derechos humanos, la figura del Defensor del Pueblo es muy importante, aunque en los hechos ha resultado una estafa colosal. En el aspecto internacional, se lograron algunos avances, sobre todo en el área de las fronteras. En cuanto a lo político, el establecimiento del régimen refrendario constituyó también una conquista notable, aún cuando no suficiente, así como la creación de los Poderes Ciudadano y Electoral, entre otros aspectos. Todos estos avances –insisto– han sido en teoría, porque en los hechos no se han concretado.

El Poder Militar:
Hubo un asunto que también causó justificada preocupación: el tratamiento de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en la Constitución Bolivariana, que terminó creando, aún cuando no expresamente, un nuevo poder: el Poder Militar.
En esta materia hubo un cambio radical en relación con la Constitución de 1961. En primer lugar, se suprimió el principio que impedía a la Fuerza Armada deliberar, lo que abrió una verdadera Caja de Pandora. Igualmente, se eliminó el control civil sobre los ascensos, los cuales ahora sólo dependen de la cúpula castrense y, en última instancia, del Presidente de la República. La de 1961 establecía que los ascensos en los dos últimos grados debían ser aprobados por el Senado. También se eliminó el control administrativo civil sobre los gastos militares. Finalmente, el derecho del voto a los militares –proscrito en anteriores textos constitucionales– resulta un absurdo, sobre todo en un país donde la custodia de los procesos electorales está asignada a la institución armada.
Por supuesto que, al suprimirse todas estas limitaciones al fuero castrense, la FAN se sustrajo del sometimiento al Poder Civil, quedando de manera exclusiva al servicio del presidente de la República, en su condición de Comandante en jefe. No es por casualidad que la influencia militarista que impregna la Carta Magna aprobada en 1999 haya eliminado como objetivos a garantizar por parte de la Fuerza Armada Nacional “la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”, tal cual lo consagraba muy sabiamente la anterior Constitución de 1961.
También la nueva Constitución eliminó la tradicional prohibición del ejercicio simultáneo de la autoridad militar y la autoridad civil, a los fines de allanar el camino de la llamada “unión cívico-militar”, que obviamente oculta el proceso de militarización creciente de Venezuela. También se les atribuyó competencias de policía administrativa y de orden público interno, y se les otorgó a los oficiales superiores el privilegio del antejuicio de mérito, eliminado como fuero militar en todas las Constituciones anteriores desde 1830.
En definitiva, la Constitución que ahora cumple 20 años ha representado un retroceso en muchos aspectos, comparada con otras como las de 1947 y 1961. Su carácter presidencialista, centralista y militarista ha confirmado en la práctica lo que se anunciaba en la teoría.
Por lo tanto, existen muy pocas razones para celebrar ese texto constitucional, sin dejar de advertir que quienes lo han violado de todas las formas y desde sus inicios son precisamente sus creadores. Y esto forma parte de la actual tragedia venezolana.

sábado, 23 de noviembre de 2019


EL GOLPE CONTRA EL PRESIDENTE GALLEGOS

(Este 24 de noviembre se cumplen 71 años del golpe de Estado contra el escritor Rómulo Gallegos, primer Presidente de Venezuela elegido por el voto universal, directo y secreto de los venezolanos. Fue derrocado entonces por las Fuerzas Armadas Nacionales, comandadas por los coroneles Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez. A continuación transcribo un análisis al respecto que aparece en mi libro "Caldera y Betancourt, Constructores de la democracia".)

Se derrumba un castillo de naipes

El novelista Rómulo Gallegos, primer Presidente Constitucional designado en elecciones directas, universales y secretas, solo duró nueve meses en la Jefatura del Estado venezolano.

Había tomado posesión del mando en febrero de 1948. Pero ya el sistema institucional y político acusaba un franco deterioro. Días antes de su juramentación, Rómulo Betancourt había denunciado una expedición aérea, con base desde Puerto Cabezas, Nicaragua, que bombardearía a Caracas, dentro de un plan conspirativo urdido por algunos venezolanos. Después de algunas gestiones ante Washington y Managua, el gobierno nica anunció que aquel complot había sido abortado.

Pero el presidente Gallegos heredaba, sin embargo, también un caldeado clima político estimulado por la arrogancia y prepotencia de una Acción Democrática victoriosa, sin reparar su rápido desgaste electoral, y una agresiva oposición encabezada por COPEI y URD. Al lado del frente democrático, otros sectores —ligados de una u otra forma a López Contreras y Medina Angarita—se movían en las sombras de la conspiración. El mayor peligro, sin embargo, estaba dentro del propio gobierno de Gallegos: su Ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, hombre de confianza del presidente, preparaba en silencio, a espaldas de aquel, un nuevo golpe militar. La historia, curiosa e impredecible como siempre, estaba gestando el divorcio entre los socios del 18 de octubre de 1945. Ahora, en 1948, los militares que habían apoyado a Rómulo Betancourt acechaban a Rómulo Gallegos. Y la excusa no era otra que la presencia del Rómulo joven.

Pero era simplemente una excusa. La situación era mucha más compleja. Cierto era que algunos sectores acusaban un profundo resentimiento contra Betancourt y su gobierno de factoen razón de las medidas reformistas puestas en marcha, los intereses lesionados, los famosos juicios de responsabilidad civil y administrativa, etcétera, etc. El propio Betancourt era entonces un político sumamente pugnaz y agresivo, odiado por sus enemigos y loado por sus amigos. Pero no era menos cierta la evidente incapacidad de manejo político que demostraba el presidente Gallegos ante aquellas tremendas circunstancias. Actuaba de buena fe siempre, confiando en la lealtad de Delgado Chalbaud y su grupo, sin imaginar jamás que la conspiración se desarrollaba ante su propia cara. Parecía estar incomunicado, además, con su propio partido y las demás organizaciones políticas actuantes. No tenía realmente el control de la situación.

Aquello era muy peligroso en medio del tenso ambiente reinante. AD acaba de ganar las elecciones presidenciales, pero no registraba con espíritu autocrítico su desgaste electoral. Tampoco parecía dispuesta a rectificar sus abusos de poder, su prepotencia y sectarismo como partido oficialista. Si a todas estas circunstancias añadimos la de una supuesta frialdad en las relaciones entre los dos Rómulos, bien podremos imaginarnos ahora la difícil situación de entonces. En todo caso, no se actuaba con inteligencia frente a la crisis.

Son meses de intensa actividad y no precisamente en las tareas de la Administración Pública. Esta, más bien, luce inmovilizada y paralizada. El propio estilo del presidente Gallegos ayuda a que esta impresión tenga visos de realidad. Y más que en el estilo del escritor-presidente, la gente piensa en los parámetros de la comparación entre Betancourt y Gallegos. Allí estriba, tal vez, la mayor debilidad del nuevo régimen. Lo verdaderamente activo es el frente de la oposición. Huelgas y manifestaciones en la calle, clausura de la Universidad Central, disturbios estudiantiles, son algunas de tales actividades. También el escenario parlamentario se estremece. AD y el gobierno se tranzan en una disputa contra el senador Antonio Pulido Villafañe, electo en las planchas de COPEI, a quien acusan de “incitación a la rebelión militar”. Piden el allanamiento de su inmunidad y su posterior enjuiciamiento. Con los votos de AD y el PCV esta será aprobada por el Congreso Nacional, mientras la oposición califica la medida como un peligroso precedente para la institución parlamentaria.

En junio, ya avanzada la conspiración, Gallegos viaja a Estados Unidos, dejando encargado de la Presidencia a Delgado Chalbaud. Al regresar de su gira norteamericana, elogia la actitud de los militares ante aquella demostración de confianza dada por él a su Ministro de la Defensa y a las Fuerzas Armadas. Más tarde habrá violencia en los Estados andinos, a causa de enfrentamientos entre gente de AD y COPEI. Por si fuera poco, el Ministro del Interior, Eligio Anzola, introduce al Congreso un proyecto de Ley de Organización Provisional de los Servicios de Policía. La oposición lo califica de atentatorio e inconstitucional. Se denuncia, incluso, que servirá para legalizar unas supuestas brigadas armadas del partido de gobierno.

El 18 de octubre, al cumplirse el tercer aniversario del derroca¬miento de Medina, Rafael Caldera —desde las páginas de "El Gráfico"— opina sobre el sentido de aquel proceso. A juicio del líder socialcristiano, el proceso revolucionario había comenzado mucho antes de aquella fecha. Esta solo fue el paso decisivo. Pero desde antes de 1945 el país había venido marchando hacia una transformación revolucionaria. Solo que AD capitalizó aquel movimiento, pero derrochando posteriormente todo el inmenso capital político que significó el 18 de octubre y el respaldo que obtuvo de todos aquellos que pensaban que el país debía cambiar. “No comprendió AD, escribió Caldera, que su fuerza estaba en el deseo del pueblo hacia una viva armonía fecunda. Sacrificó caras consignas y no en aras del bienestar popular que no ha logrado, sino en aras del afán hegemónico. Por eso, el tercer aniversario de una fecha que fue nacional, se ha convertido en una celebración partidista” . "El Nacional" opinaba más o menos igual en su mancheta diaria: “Si algo puede ofrecer la Revolución de Octubre en su tercer aniversario, es una rectificación de sus errores que son muchos y una ratificación de sus aciertos que son los menos”.

Los primeros días de noviembre producen nuevos encontronazos entre AD y COPEI. En Cúa, Mérida, y otros sitios del país son saboteados mítines del partido socialcristiano. Caldera protesta por los atropellos del gobierno contra COPEI y su persona. El 9 es asesinado el dirigente copeyano Víctor Baptista. Ya el 20 de noviembre son insistentes los rumores de un golpe contra Gallegos. El Gobierno, tercamente, niega tal versión. Pero el mismo día suspende las garantías constitucionales.

Días antes, el 17, se había producido una dramática reunión entre Gallegos, Gonzalo Barrios, Delgado Chalbaud y Pérez Jiménez. Estos plantearon al Presidente cinco exigencias: l) Expulsión del país de Rómulo Betancourt; 2) Impedir el regreso del Comandante Mario Ricardo Vargas; 3) Remoción del jefe de la guarnición de Maracay; 4) Cambio de los edecanes presidenciales; y 5) Desvincu-lación con AD. Gallegos rechazó todas y cada una de las exigencias . Los militares retrocedieron entonces y prometieron nueva¬mente lealtad al gobierno.

El 24 de noviembre se produjo el golpe. No hubo tiros, ni combates. Fue un golpe frío, anunciado con muchísima antelación, y conocido y previsto por todos los sectores políticos y de opinión. No hubo, pues, sorpresas a la hora en que los venezolanos escucharon por la radio que los mismos militares del 18 de octubre de 1945 se apoderaban de nuevo del mando en noviembre de 1948.

¿Cómo se explica, entonces, la ruptura entre los protagonistas del movimiento octubrista? ¿Cómo entender que habiendo ganado AD tres elecciones consecutivas por una amplia mayoría se dejara arrebatar el poder sin ni siquiera haber intentado movilizaciones populares? Más aún, ¿cómo es posible que aquel inmenso poder electoral moldeado por los dirigentes de AD no hubiera contenido las ambiciones de los golpistas de 1948, si se suponía, en sana lógica, que el piso político del partido de Betancourt era ahora más sólido y estable?

La historia se encargaría en el futuro de explicar estas interrogantes.

sábado, 2 de noviembre de 2019

“BUSQUEN UNA SALIDA HONORABLE”
Gehard Cartay Ramírez

Tal ha sido la sabia sugerencia que el Cardenal Urosa Savino le hizo el pasado viernes a la cúpula del régimen.

Una muy sabia sugerencia, sin duda. Aunque lo más seguro es que sea desoída por sus destinatarios, enfermos de poder, ahítos de riquezas y confiados en su supuesta invulnerabilidad. Creen que seguirán en el poder de por vida, que aquí nada cambiará y que este país los va a soportar por siempre. La historia, sin embargo, siempre ha demostrado que nada de eso es posible en ninguna parte y que los cambios forman parte de su marcha indetenible hacia el futuro.

Por eso, insisto, harían bien en hacer suya la sugerencia del Cardenal Urosa Savino. Deberían mirarse en el espejo de otras experiencias trágicas como la nuestra, aunque la mayoría no lo han sido tanto como la que sufrimos los venezolanos hoy.

Sin ir muy lejos, allí está la del dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, cuando después de negociar con el Alto Mando Militar decidió despegar en la Vaca Sagrada y salvar su pellejo y sus dólares. Está el ejemplo de Pinochet y los militares chilenos en 1988 cuando aceptaron el triunfo de la oposición en el referéndum sobre la continuidad o no de la dictadura. Igualmente, en 1983, los militares argentinos, cuando su grado de desprestigio fue total, decidieron unilateralmente entregar el poder a los civiles demócratas, previa celebración de elecciones generales. Lo mismo hicieron luego sus colegas de Uruguay (1984) y Brasil (1985). Y en 1990 hasta los sandinistas de Daniel Ortega aceptaron su derrota en las elecciones que les ganara la opositora Violeta Chamorro.

En todos estos casos se trataba también de dictaduras criminales y sanguinarias, pero fueron los propios militares los que facilitaron la transición a la democracia, a diferencia de Venezuela donde su complicidad ha sido evidente. Y en todos estos casos también fueron salidas honorables para todos, como la que justamente sugiere ahora el cardenal Urosa Savino al régimen venezolano.

Harían bien, insisto, en hacerle caso. Ya tienen más de 20 años en el poder, han destruido el país y sus instituciones, contabilizan más asesinatos, presos y exiliados políticos que cualquier dictadura venezolana anterior. En el plano económico, financiero y social arruinaron PDVSA y todas las empresas del Estado, acumularon una deuda interna y externa como nunca antes, incrementaron exponencialmente el hambre y la pobreza, obligaron a huir a más de cinco millones de compatriotas, consumaron el más grande saqueo de las riquezas que un país haya sufrido en su historia y generaron la más gigantesca corrupción de todos los tiempos en Venezuela.

Por si fuera poco, diversas instituciones internacionales vienen denunciando la invasión de agentes cubanos, iraníes, chinos y rusos, guerrillas colombianas, bandas de narcotraficantes y explotadores de oro, coltán y diamantes, así como de terroristas musulmanes, todos indeseables y peligrosos para la paz y la seguridad nacional y del propio hemisferio. Todos ellos actúan en vastos sectores del territorio venezolano con total impunidad. Esto lo saben las potencias mundiales y nos ubica en una terrible condición geopolítica que puede amenazar la integridad territorial y la paz de Venezuela en cualquier momento.

En estos 20 años el chavomadurismo no resolvió ninguno de los problemas que consiguió al llegar al poder en 1999, sino que los ha multiplicado. Lo peor es que han creado nuevas y más graves dificultades, como los ya señalados, que tendrán consecuencias colaterales en breve plazo. Aún así, quieren seguir mandando, porque en realidad ya no gobiernan si por tal se entiende la función de resolver los problemas de la gente y preparar un futuro mejor para todos.

Si realmente les doliera Venezuela y sus hombres y mujeres, hace tiempo debieron haber procurado una salida honorable para todos. No lo han querido hacer y siguen despreciando a los venezolanos y abusando de su paciencia. Ahora, mismo, por ejemplo, tienen una oportunidad para una salida honorable y razonable con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral confiable para todos, que abra un nuevo registro electoral y convoque elecciones presidenciales y parlamentarias cuanto antes. Todo esto se lograría respetando el mandato constitucional que atribuye en exclusividad la designación del CNE a la Asamblea Nacional, lo que obligaría a esta a una amplia consulta, incluyendo al propio régimen.

El tiempo, en todo caso, opera en su contra. Más temprano que tarde y de cualquier manera, aquí habrá un cambio. Está en manos de ellos la posibilidad de que se realice en paz y de manera segura, si se abren sinceramente a un diálogo verdadero que permita a todos los factores políticos sentarse en una mesa de acuerdos y buscar soluciones factibles al actual conflicto venezolano.

Porque, entre otras cosas, nuestra tragedia sólo la podemos superar los venezolanos. No esperemos que de afuera vengan a salvarnos. La preocupación internacional y sus deseos de colaborar son importantes, desde luego, pero la decisión final es nuestra y de nadie más.





sábado, 26 de octubre de 2019

OBJETIVO: DESESTABILIZAR LAS DEMOCRACIAS
Gehard Cartay Ramírez
Los que quieren pecar de ingenuos –para no hablar de los que actúan con cinismo abierto–, al analizar los últimos acontecimientos en Perú, Ecuador y Chile, afirman que los mismos han sido provocados por el malestar de las grandes mayorías frente a sus gobiernos. Hay otro tipo de cínicos e ingenuos también que han acudido a un segundo argumento, en consonancia con el anterior, como es el de negar las implicaciones internacionales de tales hechos.

En uno y otro caso, las argumentaciones no parecen sólidas. Veamos los casos más recientes: en Ecuador, su actual presidente sustituyó a Correa, quien había gobernado por varios años bajo la influencia del denominado “Socialismo de siglo XXI”. Bastó que entregara el poder para que, a los pocos meses, estallaran los conflictos aludidos. Entonces se echó mano a la tesis del “descontento popular” por algunas medidas tomadas por el presidente Lenin Moreno, se habló de una supuesta insurgencia indígena y otras cuantas cosas más. Todo ello, insisto, en un brevísimo tiempo. Pero lo que quedó claro, luego de aplacarse rápidamente la situación, era que detrás de todo aquello se había intentado un simple golpe de Estado manejado desde Caracas –dicen– por el propio Correa. Sólo que la mecha se apagó antes de llegar a la pólvora.

En Chile pasa algo parecido: la centro izquierda ha gobernado durante cinco períodos constitucionales y la derecha en dos oportunidades. Pero se pretende que el presidente Piñera es ahora el culpable de los problemas sociales que vive aquel país, a pesar de que sus datos macroeconómicos son los mejores de América Latina, su salario mínimo figura entre los más altos y su estabilidad política, democrática y jurídica es superior a las de algunos de sus vecinos. Pero la protesta dirigida estalla ahora, lo que no es casualidad en modo alguno. No la hubo durante los gobiernos anteriores, a pesar de que las quejas y problemas son de vieja data.

En ambos casos resulta insostenible la teoría del “descontento popular”, y no porque no existan inconformidad y molestias, sino precisamente porque lo de “popular” sobra. En el caso de Chile, por ejemplo, los actos de destrucción, violencia y vandalismo no surgieron desde abajo, sino que han sido protagonizados grupos extremistas minoritarios, que obviamente obedecen directrices desde adentro y desde afuera. La precisión casi suiza para destruir varias estaciones del Metro de Santiago, los saqueos sincronizados a cadenas de supermercados, el incendio de edificaciones públicas, la logística y mecanismos de última generación para destruirlas, casi todo ello ocurrido simultáneamente en sus inicios y en una urbe tan extensa como la capital chilena, dejan en claro que lo sucedido no tuvo el carácter espontáneo que algunos le asignan.

Todo ello, insisto, sin negar el descontento popular que debe existir ante problemas insolubles en el tiempo, no obstante los innegables progresos alcanzados por Chile en los últimos años. Y, por supuesto, sin dejar de condenar también la represión desmedida o la violación de derechos humanos que se han producido por parte de militares y policías, tanto en Ecuador como en Chile, a propósito de estos hechos.
Pero, en el fondo, se echa mano a esas excusas para justificar sus planes de desestabilización antidemocrática. La verdad es que al castrocomunismo nada le importa la justicia social, la reivindicación de los pobres o los intereses populares. Su ejemplo como gobernantes dice lo contrario, como lo demuestran los casos de Cuba y Venezuela.

Queda claro entonces que hay una evidente intervención extranjera en los casos aludidos, aunque no falten los cínicos –a quienes ciertos “comeflores” y pendejos ayudan con su puerilidad descomunal– que lo nieguen con un argumento que pareciera cierto en principio, pero que cuando se analiza a fondo se cae por su propio peso. Dicen estos analistas de pacotilla que la ineptitud de Maduro, demostrada ya suficientemente en su tarea como destructor de Venezuela, lo invalida también para desestabilizar a la democracia en la región. La verdad es que su incapacidad e ineptitud están referidas a su condición de usurpador del poder, pero no a la de desestabilizador.

Su caso –no lo olvidemos– deriva de la ya larga experiencia guerrillera, desestabilizadora e intervencionista del castrocomunismo cubano en otros países. Hay que recordar que la dictadura de Cuba, desde 1959, trató de repetir su experiencia en varias regiones de Centro y Sur América, mientras su pueblo se hundía cada vez más en la pobreza, el hambre y el atraso más espantosos. Pero ello no le impedía financiar generosamente guerrillas afuera y se dio hasta el tupé de intervenir con sus tropas en África, mientras los cubanos aguantaban hambre y necesidades de todo tipo.
De manera que ambas dictaduras no son tan ineptas para desestabilizar, como sí lo han sido para gobernar. Y es bueno separar ambas cosas, para no caer en una argumentación que los “libera” de su perverso intervencionismo.

En un reciente y lúcido artículo de opinión, Fernando Luis Egaña nos ha recordado estas verdades. Ha señalado que luego de la última reunión de Foro de Sao Paulo, ocurrida precisamente en Caracas el pasado mes de junio, “se han desatado conmociones socio políticas en varios países de la región, como Ecuador y Chile, también en Perú; en Colombia parte de las FARC regresan a la violencia guerrillera (…) Y ello ha ocurrido en la cercanía de varias elecciones nacionales, como la boliviana, la argentina, la uruguaya (…) en las que fuerzas y personajes políticos que forman parte directa o indirectamente del referido Foro, aspiran a continuar en el poder o recuperarlo, no tanto por las buenas o las malas, sino por las malas y las peores, como lo evidencia el masivo y descarado fraude perpetrado por Evo Morales”.

Nada de esto es simple coincidencia. Esos actos de desestabilización de las democracias son el paso previo para imponer sus proyectos de dominación castrocomunista. Y los venezolanos lo sabemos, porque, al igual que los cubanos, ahora lo sufrimos en carne propia. En ese empeño, sus actores no se detienen ante nada, dilapidando millones de dólares para financiar la desestabilización, aliados con el narcotráfico y tejiendo una red de terrorismo en todo el continente.

Por desgracia, nuestras democracias no se muestran capaces de defenderse ante este descarado intervencionismo que busca liquidarlas. Porque, como lo he venido sosteniendo en artículos anteriores, la democracia sigue siendo el único sistema que permite a sus adversarios que la destruyan, utilizando, incluso, sus propios atributos, como el sufragio libre, la libertad de opinión e información, el pluralismo ideológico y el respeto al adversario.

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