20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999
Gehard Cartay Ramírez
Este 15 de diciembre se cumplen 20 años del referéndum consultivo que aprobó la Constitución de 1999, mal llamada bolivariana por sus promotores.
Fue aprobada entonces con el 71,19 por ciento de los votos emitidos, mientras que el No obtuvo el 28,81 por ciento. Sin embargo, la abrumadora abstención de aquel día hizo que ese 71,19% sólo representara al 32,20 por ciento de los electores. La abstención oficialmente registrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue del 56,60 por ciento, aún cuando razonablemente los medios de comunicación y los analistas políticos dudaron de tal cifra, vistos los efectos devastadores que ese mismo día ocasionó la tragedia del Estado Vargas –cuyos propios resultados electorales, por cierto, nunca se conocieron con precisión– y la pertinaz lluvia que se produjo en Caracas y otras ciudades del centro del país.
La abstención, en este caso particular, adquiere una extraordinaria importancia, pues sumada a los votos negativos totalizó el 67,80 por ciento de los electores. Lo que se estaba aprobando entonces no era cualquier cosa: era, nada más y nada menos, que una nueva Constitución de Venezuela. Sin embargo, apenas el 32,20 por ciento de los electores fueron quienes, finalmente y sin conocerla a fondo, le dieron su voto afirmativo. Lo que ésta situación tiene de significativo no merece mayores comentarios.
Hubo, sin embargo, un hecho gravísimo que prácticamente pasó inadvertido: apenas siete días después de la tragedia de Vargas, el régimen aprovechó el luto y la estupefacción de los venezolanos para aprobar el Decreto Sobre el Régimen de Transición del Poder Público (Gaceta Oficial No. 36.859), el cual, a juicio del constituyente Jorge Olavarría, fue “el golpe de Estado más artero y completo de la historia constitucional de Venezuela y posiblemente del mundo”, pues violó “dos constituciones de un solo golpe: la de 1961, que estaba vigente, y la de 1999, que había sido aprobada pero que se publicaría y entraría en vigencia el 31 de diciembre” (El Nacional, 27-01-2004). Mediante ese decreto –agregó Olavarría– se disolvió al Congreso legítimamente elegido para reemplazarlo por una Comisión Legislativa Nacional socarronamente llamada `Congresillo´, que actuaría como Poder Legislativo y que nadie había elegido. Lo mismo se hizo con las asambleas legislativas de los estados, que fueron sustituidas por comisiones legislativas de cinco miembros”.
El proceso constituyente tuvo como resultado final un texto de discutible calidad y no pocas contradicciones en su articulado y en sus líneas generales. Porque si bien es cierto que pone de relieve la tesis de la democracia participativa, por ejemplo, no lo es menos que concentra –como nunca antes– demasiado poder en el Presidente de la República y centraliza indebidamente la toma de decisiones.
En lo político, aparentes mecanismos de consulta y flexibilización terminaron siendo inútiles al sobrevivir un Poder Legislativo débil, sin capacidad de contrapeso frente a un presidencialismo extremo. Esta última distorsión afectó y paralizó el proceso de descentralización y regionalización iniciado en 1989, ahora sometido al peso aplastante de un Poder Central con mayor dominio que nunca.
En el plano social, por citar otro aspecto fundamental, un articulado “poético” y de buenas intenciones no pasó de allí. Y en cuanto a la economía, una inaudita camisa de fuerza dogmática y contraria a las tendencias mundiales que hoy caracterizan tan compleja materia, terminó por sobredimensionar aún más el papel del Estado interventor y enemigo de la iniciativa privada. Los resultados están a la vista.
Por si fuera poco, la Constitución aprobada satisfizo a plenitud las metas más sentidas del proyecto político y personal del entonces jefe del proceso: estableció la reelección presidencial inmediata y alargó el período a seis años, toda una afrenta al principio de la alternabilidad democrática al establecer un cuello de botella en el relevo del liderazgo nacional. Hoy sufrimos esas nefastas consecuencias.
Algunos expertos en diversas áreas llamaron especialmente la atención sobre otras fallas del texto aprobado, entre ellas, la creación de llamado Poder Ciudadano, por cuanto resta funciones al Poder Judicial, así como en la parte relativa a los derechos humanos, con logros innovadores, sin duda, pero prácticamente irrealizables por la expresa debilidad en el equilibrio de poderes, en razón de la exagerada preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los demás. Y en el aspecto económico, la gravísima supresión de la autonomía del Banco Central de Venezuela, lo cual –opinó entonces el ya desaparecido Domingo Felipe Maza Zavala– “afectaría el mejor ejercicio de la política monetaria”. “La autonomía del BCV, agregó el experto económico, es indispensable. Si esa autonomía se somete a una camisa de fuerza, las consecuencias podrían ser muy negativas para lograr el abatimiento de la inflación y el equilibrio monetario”. Palabras proféticas, como se ha comprobado.
Desde luego que el nuevo texto tiene ciertos aspectos positivos, en teoría. La creación de la Sala Constitucional del TSJ es uno de ellos, aunque en la práctica el régimen la convirtió en un vulgar instrumento de sus políticas autoritarias y antidemocráticas. En materia de derechos humanos, la figura del Defensor del Pueblo es muy importante, aunque en los hechos ha resultado una estafa colosal. En el aspecto internacional, se lograron algunos avances, sobre todo en el área de las fronteras. En cuanto a lo político, el establecimiento del régimen refrendario constituyó también una conquista notable, aún cuando no suficiente, así como la creación de los Poderes Ciudadano y Electoral, entre otros aspectos. Todos estos avances –insisto– han sido en teoría, porque en los hechos no se han concretado.

El Poder Militar:
Hubo un asunto que también causó justificada preocupación: el tratamiento de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en la Constitución Bolivariana, que terminó creando, aún cuando no expresamente, un nuevo poder: el Poder Militar.
En esta materia hubo un cambio radical en relación con la Constitución de 1961. En primer lugar, se suprimió el principio que impedía a la Fuerza Armada deliberar, lo que abrió una verdadera Caja de Pandora. Igualmente, se eliminó el control civil sobre los ascensos, los cuales ahora sólo dependen de la cúpula castrense y, en última instancia, del Presidente de la República. La de 1961 establecía que los ascensos en los dos últimos grados debían ser aprobados por el Senado. También se eliminó el control administrativo civil sobre los gastos militares. Finalmente, el derecho del voto a los militares –proscrito en anteriores textos constitucionales– resulta un absurdo, sobre todo en un país donde la custodia de los procesos electorales está asignada a la institución armada.
Por supuesto que, al suprimirse todas estas limitaciones al fuero castrense, la FAN se sustrajo del sometimiento al Poder Civil, quedando de manera exclusiva al servicio del presidente de la República, en su condición de Comandante en jefe. No es por casualidad que la influencia militarista que impregna la Carta Magna aprobada en 1999 haya eliminado como objetivos a garantizar por parte de la Fuerza Armada Nacional “la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”, tal cual lo consagraba muy sabiamente la anterior Constitución de 1961.
También la nueva Constitución eliminó la tradicional prohibición del ejercicio simultáneo de la autoridad militar y la autoridad civil, a los fines de allanar el camino de la llamada “unión cívico-militar”, que obviamente oculta el proceso de militarización creciente de Venezuela. También se les atribuyó competencias de policía administrativa y de orden público interno, y se les otorgó a los oficiales superiores el privilegio del antejuicio de mérito, eliminado como fuero militar en todas las Constituciones anteriores desde 1830.
En definitiva, la Constitución que ahora cumple 20 años ha representado un retroceso en muchos aspectos, comparada con otras como las de 1947 y 1961. Su carácter presidencialista, centralista y militarista ha confirmado en la práctica lo que se anunciaba en la teoría.
Por lo tanto, existen muy pocas razones para celebrar ese texto constitucional, sin dejar de advertir que quienes lo han violado de todas las formas y desde sus inicios son precisamente sus creadores. Y esto forma parte de la actual tragedia venezolana.

EL GOLPE CONTRA EL PRESIDENTE GALLEGOS

(Este 24 de noviembre se cumplen 71 años del golpe de Estado contra el escritor Rómulo Gallegos, primer Presidente de Venezuela elegido por el voto universal, directo y secreto de los venezolanos. Fue derrocado entonces por las Fuerzas Armadas Nacionales, comandadas por los coroneles Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez. A continuación transcribo un análisis al respecto que aparece en mi libro "Caldera y Betancourt, Constructores de la democracia".)

Se derrumba un castillo de naipes

El novelista Rómulo Gallegos, primer Presidente Constitucional designado en elecciones directas, universales y secretas, solo duró nueve meses en la Jefatura del Estado venezolano.

Había tomado posesión del mando en febrero de 1948. Pero ya el sistema institucional y político acusaba un franco deterioro. Días antes de su juramentación, Rómulo Betancourt había denunciado una expedición aérea, con base desde Puerto Cabezas, Nicaragua, que bombardearía a Caracas, dentro de un plan conspirativo urdido por algunos venezolanos. Después de algunas gestiones ante Washington y Managua, el gobierno nica anunció que aquel complot había sido abortado.

Pero el presidente Gallegos heredaba, sin embargo, también un caldeado clima político estimulado por la arrogancia y prepotencia de una Acción Democrática victoriosa, sin reparar su rápido desgaste electoral, y una agresiva oposición encabezada por COPEI y URD. Al lado del frente democrático, otros sectores —ligados de una u otra forma a López Contreras y Medina Angarita—se movían en las sombras de la conspiración. El mayor peligro, sin embargo, estaba dentro del propio gobierno de Gallegos: su Ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, hombre de confianza del presidente, preparaba en silencio, a espaldas de aquel, un nuevo golpe militar. La historia, curiosa e impredecible como siempre, estaba gestando el divorcio entre los socios del 18 de octubre de 1945. Ahora, en 1948, los militares que habían apoyado a Rómulo Betancourt acechaban a Rómulo Gallegos. Y la excusa no era otra que la presencia del Rómulo joven.

Pero era simplemente una excusa. La situación era mucha más compleja. Cierto era que algunos sectores acusaban un profundo resentimiento contra Betancourt y su gobierno de factoen razón de las medidas reformistas puestas en marcha, los intereses lesionados, los famosos juicios de responsabilidad civil y administrativa, etcétera, etc. El propio Betancourt era entonces un político sumamente pugnaz y agresivo, odiado por sus enemigos y loado por sus amigos. Pero no era menos cierta la evidente incapacidad de manejo político que demostraba el presidente Gallegos ante aquellas tremendas circunstancias. Actuaba de buena fe siempre, confiando en la lealtad de Delgado Chalbaud y su grupo, sin imaginar jamás que la conspiración se desarrollaba ante su propia cara. Parecía estar incomunicado, además, con su propio partido y las demás organizaciones políticas actuantes. No tenía realmente el control de la situación.

Aquello era muy peligroso en medio del tenso ambiente reinante. AD acaba de ganar las elecciones presidenciales, pero no registraba con espíritu autocrítico su desgaste electoral. Tampoco parecía dispuesta a rectificar sus abusos de poder, su prepotencia y sectarismo como partido oficialista. Si a todas estas circunstancias añadimos la de una supuesta frialdad en las relaciones entre los dos Rómulos, bien podremos imaginarnos ahora la difícil situación de entonces. En todo caso, no se actuaba con inteligencia frente a la crisis.

Son meses de intensa actividad y no precisamente en las tareas de la Administración Pública. Esta, más bien, luce inmovilizada y paralizada. El propio estilo del presidente Gallegos ayuda a que esta impresión tenga visos de realidad. Y más que en el estilo del escritor-presidente, la gente piensa en los parámetros de la comparación entre Betancourt y Gallegos. Allí estriba, tal vez, la mayor debilidad del nuevo régimen. Lo verdaderamente activo es el frente de la oposición. Huelgas y manifestaciones en la calle, clausura de la Universidad Central, disturbios estudiantiles, son algunas de tales actividades. También el escenario parlamentario se estremece. AD y el gobierno se tranzan en una disputa contra el senador Antonio Pulido Villafañe, electo en las planchas de COPEI, a quien acusan de “incitación a la rebelión militar”. Piden el allanamiento de su inmunidad y su posterior enjuiciamiento. Con los votos de AD y el PCV esta será aprobada por el Congreso Nacional, mientras la oposición califica la medida como un peligroso precedente para la institución parlamentaria.

En junio, ya avanzada la conspiración, Gallegos viaja a Estados Unidos, dejando encargado de la Presidencia a Delgado Chalbaud. Al regresar de su gira norteamericana, elogia la actitud de los militares ante aquella demostración de confianza dada por él a su Ministro de la Defensa y a las Fuerzas Armadas. Más tarde habrá violencia en los Estados andinos, a causa de enfrentamientos entre gente de AD y COPEI. Por si fuera poco, el Ministro del Interior, Eligio Anzola, introduce al Congreso un proyecto de Ley de Organización Provisional de los Servicios de Policía. La oposición lo califica de atentatorio e inconstitucional. Se denuncia, incluso, que servirá para legalizar unas supuestas brigadas armadas del partido de gobierno.

El 18 de octubre, al cumplirse el tercer aniversario del derroca¬miento de Medina, Rafael Caldera —desde las páginas de "El Gráfico"— opina sobre el sentido de aquel proceso. A juicio del líder socialcristiano, el proceso revolucionario había comenzado mucho antes de aquella fecha. Esta solo fue el paso decisivo. Pero desde antes de 1945 el país había venido marchando hacia una transformación revolucionaria. Solo que AD capitalizó aquel movimiento, pero derrochando posteriormente todo el inmenso capital político que significó el 18 de octubre y el respaldo que obtuvo de todos aquellos que pensaban que el país debía cambiar. “No comprendió AD, escribió Caldera, que su fuerza estaba en el deseo del pueblo hacia una viva armonía fecunda. Sacrificó caras consignas y no en aras del bienestar popular que no ha logrado, sino en aras del afán hegemónico. Por eso, el tercer aniversario de una fecha que fue nacional, se ha convertido en una celebración partidista” . "El Nacional" opinaba más o menos igual en su mancheta diaria: “Si algo puede ofrecer la Revolución de Octubre en su tercer aniversario, es una rectificación de sus errores que son muchos y una ratificación de sus aciertos que son los menos”.

Los primeros días de noviembre producen nuevos encontronazos entre AD y COPEI. En Cúa, Mérida, y otros sitios del país son saboteados mítines del partido socialcristiano. Caldera protesta por los atropellos del gobierno contra COPEI y su persona. El 9 es asesinado el dirigente copeyano Víctor Baptista. Ya el 20 de noviembre son insistentes los rumores de un golpe contra Gallegos. El Gobierno, tercamente, niega tal versión. Pero el mismo día suspende las garantías constitucionales.

Días antes, el 17, se había producido una dramática reunión entre Gallegos, Gonzalo Barrios, Delgado Chalbaud y Pérez Jiménez. Estos plantearon al Presidente cinco exigencias: l) Expulsión del país de Rómulo Betancourt; 2) Impedir el regreso del Comandante Mario Ricardo Vargas; 3) Remoción del jefe de la guarnición de Maracay; 4) Cambio de los edecanes presidenciales; y 5) Desvincu-lación con AD. Gallegos rechazó todas y cada una de las exigencias . Los militares retrocedieron entonces y prometieron nueva¬mente lealtad al gobierno.

El 24 de noviembre se produjo el golpe. No hubo tiros, ni combates. Fue un golpe frío, anunciado con muchísima antelación, y conocido y previsto por todos los sectores políticos y de opinión. No hubo, pues, sorpresas a la hora en que los venezolanos escucharon por la radio que los mismos militares del 18 de octubre de 1945 se apoderaban de nuevo del mando en noviembre de 1948.

¿Cómo se explica, entonces, la ruptura entre los protagonistas del movimiento octubrista? ¿Cómo entender que habiendo ganado AD tres elecciones consecutivas por una amplia mayoría se dejara arrebatar el poder sin ni siquiera haber intentado movilizaciones populares? Más aún, ¿cómo es posible que aquel inmenso poder electoral moldeado por los dirigentes de AD no hubiera contenido las ambiciones de los golpistas de 1948, si se suponía, en sana lógica, que el piso político del partido de Betancourt era ahora más sólido y estable?

La historia se encargaría en el futuro de explicar estas interrogantes.

“BUSQUEN UNA SALIDA HONORABLE”
Gehard Cartay Ramírez

Tal ha sido la sabia sugerencia que el Cardenal Urosa Savino le hizo el pasado viernes a la cúpula del régimen.

Una muy sabia sugerencia, sin duda. Aunque lo más seguro es que sea desoída por sus destinatarios, enfermos de poder, ahítos de riquezas y confiados en su supuesta invulnerabilidad. Creen que seguirán en el poder de por vida, que aquí nada cambiará y que este país los va a soportar por siempre. La historia, sin embargo, siempre ha demostrado que nada de eso es posible en ninguna parte y que los cambios forman parte de su marcha indetenible hacia el futuro.

Por eso, insisto, harían bien en hacer suya la sugerencia del Cardenal Urosa Savino. Deberían mirarse en el espejo de otras experiencias trágicas como la nuestra, aunque la mayoría no lo han sido tanto como la que sufrimos los venezolanos hoy.

Sin ir muy lejos, allí está la del dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, cuando después de negociar con el Alto Mando Militar decidió despegar en la Vaca Sagrada y salvar su pellejo y sus dólares. Está el ejemplo de Pinochet y los militares chilenos en 1988 cuando aceptaron el triunfo de la oposición en el referéndum sobre la continuidad o no de la dictadura. Igualmente, en 1983, los militares argentinos, cuando su grado de desprestigio fue total, decidieron unilateralmente entregar el poder a los civiles demócratas, previa celebración de elecciones generales. Lo mismo hicieron luego sus colegas de Uruguay (1984) y Brasil (1985). Y en 1990 hasta los sandinistas de Daniel Ortega aceptaron su derrota en las elecciones que les ganara la opositora Violeta Chamorro.

En todos estos casos se trataba también de dictaduras criminales y sanguinarias, pero fueron los propios militares los que facilitaron la transición a la democracia, a diferencia de Venezuela donde su complicidad ha sido evidente. Y en todos estos casos también fueron salidas honorables para todos, como la que justamente sugiere ahora el cardenal Urosa Savino al régimen venezolano.

Harían bien, insisto, en hacerle caso. Ya tienen más de 20 años en el poder, han destruido el país y sus instituciones, contabilizan más asesinatos, presos y exiliados políticos que cualquier dictadura venezolana anterior. En el plano económico, financiero y social arruinaron PDVSA y todas las empresas del Estado, acumularon una deuda interna y externa como nunca antes, incrementaron exponencialmente el hambre y la pobreza, obligaron a huir a más de cinco millones de compatriotas, consumaron el más grande saqueo de las riquezas que un país haya sufrido en su historia y generaron la más gigantesca corrupción de todos los tiempos en Venezuela.

Por si fuera poco, diversas instituciones internacionales vienen denunciando la invasión de agentes cubanos, iraníes, chinos y rusos, guerrillas colombianas, bandas de narcotraficantes y explotadores de oro, coltán y diamantes, así como de terroristas musulmanes, todos indeseables y peligrosos para la paz y la seguridad nacional y del propio hemisferio. Todos ellos actúan en vastos sectores del territorio venezolano con total impunidad. Esto lo saben las potencias mundiales y nos ubica en una terrible condición geopolítica que puede amenazar la integridad territorial y la paz de Venezuela en cualquier momento.

En estos 20 años el chavomadurismo no resolvió ninguno de los problemas que consiguió al llegar al poder en 1999, sino que los ha multiplicado. Lo peor es que han creado nuevas y más graves dificultades, como los ya señalados, que tendrán consecuencias colaterales en breve plazo. Aún así, quieren seguir mandando, porque en realidad ya no gobiernan si por tal se entiende la función de resolver los problemas de la gente y preparar un futuro mejor para todos.

Si realmente les doliera Venezuela y sus hombres y mujeres, hace tiempo debieron haber procurado una salida honorable para todos. No lo han querido hacer y siguen despreciando a los venezolanos y abusando de su paciencia. Ahora, mismo, por ejemplo, tienen una oportunidad para una salida honorable y razonable con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral confiable para todos, que abra un nuevo registro electoral y convoque elecciones presidenciales y parlamentarias cuanto antes. Todo esto se lograría respetando el mandato constitucional que atribuye en exclusividad la designación del CNE a la Asamblea Nacional, lo que obligaría a esta a una amplia consulta, incluyendo al propio régimen.

El tiempo, en todo caso, opera en su contra. Más temprano que tarde y de cualquier manera, aquí habrá un cambio. Está en manos de ellos la posibilidad de que se realice en paz y de manera segura, si se abren sinceramente a un diálogo verdadero que permita a todos los factores políticos sentarse en una mesa de acuerdos y buscar soluciones factibles al actual conflicto venezolano.

Porque, entre otras cosas, nuestra tragedia sólo la podemos superar los venezolanos. No esperemos que de afuera vengan a salvarnos. La preocupación internacional y sus deseos de colaborar son importantes, desde luego, pero la decisión final es nuestra y de nadie más.

OBJETIVO: DESESTABILIZAR LAS DEMOCRACIAS
Gehard Cartay Ramírez
Los que quieren pecar de ingenuos –para no hablar de los que actúan con cinismo abierto–, al analizar los últimos acontecimientos en Perú, Ecuador y Chile, afirman que los mismos han sido provocados por el malestar de las grandes mayorías frente a sus gobiernos. Hay otro tipo de cínicos e ingenuos también que han acudido a un segundo argumento, en consonancia con el anterior, como es el de negar las implicaciones internacionales de tales hechos.

En uno y otro caso, las argumentaciones no parecen sólidas. Veamos los casos más recientes: en Ecuador, su actual presidente sustituyó a Correa, quien había gobernado por varios años bajo la influencia del denominado “Socialismo de siglo XXI”. Bastó que entregara el poder para que, a los pocos meses, estallaran los conflictos aludidos. Entonces se echó mano a la tesis del “descontento popular” por algunas medidas tomadas por el presidente Lenin Moreno, se habló de una supuesta insurgencia indígena y otras cuantas cosas más. Todo ello, insisto, en un brevísimo tiempo. Pero lo que quedó claro, luego de aplacarse rápidamente la situación, era que detrás de todo aquello se había intentado un simple golpe de Estado manejado desde Caracas –dicen– por el propio Correa. Sólo que la mecha se apagó antes de llegar a la pólvora.

En Chile pasa algo parecido: la centro izquierda ha gobernado durante cinco períodos constitucionales y la derecha en dos oportunidades. Pero se pretende que el presidente Piñera es ahora el culpable de los problemas sociales que vive aquel país, a pesar de que sus datos macroeconómicos son los mejores de América Latina, su salario mínimo figura entre los más altos y su estabilidad política, democrática y jurídica es superior a las de algunos de sus vecinos. Pero la protesta dirigida estalla ahora, lo que no es casualidad en modo alguno. No la hubo durante los gobiernos anteriores, a pesar de que las quejas y problemas son de vieja data.

En ambos casos resulta insostenible la teoría del “descontento popular”, y no porque no existan inconformidad y molestias, sino precisamente porque lo de “popular” sobra. En el caso de Chile, por ejemplo, los actos de destrucción, violencia y vandalismo no surgieron desde abajo, sino que han sido protagonizados grupos extremistas minoritarios, que obviamente obedecen directrices desde adentro y desde afuera. La precisión casi suiza para destruir varias estaciones del Metro de Santiago, los saqueos sincronizados a cadenas de supermercados, el incendio de edificaciones públicas, la logística y mecanismos de última generación para destruirlas, casi todo ello ocurrido simultáneamente en sus inicios y en una urbe tan extensa como la capital chilena, dejan en claro que lo sucedido no tuvo el carácter espontáneo que algunos le asignan.

Todo ello, insisto, sin negar el descontento popular que debe existir ante problemas insolubles en el tiempo, no obstante los innegables progresos alcanzados por Chile en los últimos años. Y, por supuesto, sin dejar de condenar también la represión desmedida o la violación de derechos humanos que se han producido por parte de militares y policías, tanto en Ecuador como en Chile, a propósito de estos hechos.
Pero, en el fondo, se echa mano a esas excusas para justificar sus planes de desestabilización antidemocrática. La verdad es que al castrocomunismo nada le importa la justicia social, la reivindicación de los pobres o los intereses populares. Su ejemplo como gobernantes dice lo contrario, como lo demuestran los casos de Cuba y Venezuela.

Queda claro entonces que hay una evidente intervención extranjera en los casos aludidos, aunque no falten los cínicos –a quienes ciertos “comeflores” y pendejos ayudan con su puerilidad descomunal– que lo nieguen con un argumento que pareciera cierto en principio, pero que cuando se analiza a fondo se cae por su propio peso. Dicen estos analistas de pacotilla que la ineptitud de Maduro, demostrada ya suficientemente en su tarea como destructor de Venezuela, lo invalida también para desestabilizar a la democracia en la región. La verdad es que su incapacidad e ineptitud están referidas a su condición de usurpador del poder, pero no a la de desestabilizador.

Su caso –no lo olvidemos– deriva de la ya larga experiencia guerrillera, desestabilizadora e intervencionista del castrocomunismo cubano en otros países. Hay que recordar que la dictadura de Cuba, desde 1959, trató de repetir su experiencia en varias regiones de Centro y Sur América, mientras su pueblo se hundía cada vez más en la pobreza, el hambre y el atraso más espantosos. Pero ello no le impedía financiar generosamente guerrillas afuera y se dio hasta el tupé de intervenir con sus tropas en África, mientras los cubanos aguantaban hambre y necesidades de todo tipo.
De manera que ambas dictaduras no son tan ineptas para desestabilizar, como sí lo han sido para gobernar. Y es bueno separar ambas cosas, para no caer en una argumentación que los “libera” de su perverso intervencionismo.

En un reciente y lúcido artículo de opinión, Fernando Luis Egaña nos ha recordado estas verdades. Ha señalado que luego de la última reunión de Foro de Sao Paulo, ocurrida precisamente en Caracas el pasado mes de junio, “se han desatado conmociones socio políticas en varios países de la región, como Ecuador y Chile, también en Perú; en Colombia parte de las FARC regresan a la violencia guerrillera (…) Y ello ha ocurrido en la cercanía de varias elecciones nacionales, como la boliviana, la argentina, la uruguaya (…) en las que fuerzas y personajes políticos que forman parte directa o indirectamente del referido Foro, aspiran a continuar en el poder o recuperarlo, no tanto por las buenas o las malas, sino por las malas y las peores, como lo evidencia el masivo y descarado fraude perpetrado por Evo Morales”.

Nada de esto es simple coincidencia. Esos actos de desestabilización de las democracias son el paso previo para imponer sus proyectos de dominación castrocomunista. Y los venezolanos lo sabemos, porque, al igual que los cubanos, ahora lo sufrimos en carne propia. En ese empeño, sus actores no se detienen ante nada, dilapidando millones de dólares para financiar la desestabilización, aliados con el narcotráfico y tejiendo una red de terrorismo en todo el continente.

Por desgracia, nuestras democracias no se muestran capaces de defenderse ante este descarado intervencionismo que busca liquidarlas. Porque, como lo he venido sosteniendo en artículos anteriores, la democracia sigue siendo el único sistema que permite a sus adversarios que la destruyan, utilizando, incluso, sus propios atributos, como el sufragio libre, la libertad de opinión e información, el pluralismo ideológico y el respeto al adversario.

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MILITARISMO Y CIVILISMO, A PROPOSITO DEL 18 DE OCTUBRE DE 1945

Rómulo Betancourt, presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y Rafael Caldera, Procurador General de la República, junto a un grupo de civiles, luego del 18 de octubre de 1945.



Militarismo y petróleo
Militarismo y petróleo –este en auxilio del primero, ciertamente- pudieron marchar juntos durante casi treinta años ininterrumpidos, pero sin que el llamado oro negro significara progreso, bienestar y desarrollo para el empobrecido pueblo venezolano de aquel entonces. Todo lo contrario: el petróleo sólo sirvió para enriquecer a las compañías norteamericanas que lo explotaban y, por supuesto, al gobierno, es decir, al jefe único y su cúpula, sobre todo a la élite militar que le servía de apoyo. En estas condiciones era absolutamente comprensible que aquella tiranía se prolongara en el tiempo, sin mayores amenazas serias y sin que los leves arañazos de alguna que otra montonera armada o de las inofensivas algaradas estudiantiles de 1928 lo conmovieran de alguna manera.

Así se cumple un siglo durante el cual Venezuela fue “una República de generales-Presidentes”, según la atinada calificación de Rómulo Betancourt (2). Son cien años de dominio militar y militarista. Y aún así, la década siguiente todavía será dominada por dos militares, López Contreras y Medina Angarita, quienes a pesar de su tolerancia y amplitud no se atrevieron a implantar una democracia verdaderamente popular. Más bien se pronunciaron por una evolución lenta y gradual hacia el sistema democrático, pero, en el fondo, temerosos de entregarle al pueblo su derecho a elegir los gobernantes mediante el sufragio directo, universal y secreto. Hay que recordar, a este respecto, que ambos fueron electos mediante el sistema electoral de segundo grado que heredaron de Gómez. Su sostén institucional fue entonces la institución militar y su doctrina se basó en un bolivarianismo difuso y militarista. Asumieron, además, un criterio cerrado y discriminatorio: ambos creían que para ser Presidente de Venezuela era necesario cumplir la ecuación militar y andino.

Ese extraño maridaje cívico-militar que hace posible la caída de Medina Angarita
Vendrá después el trienio cívico-militar iniciado el 18 de octubre del 1945, cuando se produce la alianza entre un grupo de jóvenes oficiales tan ambiciosos como audaces y otro grupo de dirigentes civiles de iguales condiciones. Ese extraño maridaje cívico-militar que hace posible la caída de Medina Angarita abrirá, sin embargo, un largo paréntesis militarista en nuestra historia moderna, atenuado al principio por la imposición del liderazgo civil de Betancourt como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero definitivamente restaurado a la caída de Gallegos.

No obstante, en aquellos tres años se producirán importantes reformas institucionales, entre ellas -la más trascendente, sin duda-, el establecimiento del sufragio popular directo, universal y secreto para elegir al Presidente de la República, los miembros del Congreso y de las Asambleas Legislativas de los entidades federales. Mientras tanto, los civiles y militares coaligados en función de gobierno piensan que utilizan para sus fines al socio de aquel ensayo cívico-militar, y solo están a la espera de desembarazarse del aliado en cuestión. Se trata de una lucha soterrada entre un civilismo que menosprecia a los militares y un militarismo que desprecia a los civiles. La dirigencia civil de AD no propiciará una real democratización de la institución armada, y esta, a su vez, desconfiará acerbamente de las tendencias hegemónicas que afloran sin recato alguno en aquel partido.

Como era de preverse, al final saldrán ganando los militaristas. Apenas soportarán nueve meses del fugaz gobierno del civilista Rómulo Gallegos. Lo derrocarán el 24 de noviembre de 1948 mediante un golpe de Estado que ejecutan las Fuerzas Armadas Nacionales como institución, sin que se dispare un tiro en todo el país, mientras el mundo civil, dividido y anarquizado, se repliega impotente. Así se iniciará la década militar que culminará el 23 de enero de 1958, con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Sin embargo, una vez derrocado Gallegos, Delgado Chalbaud mantendrá sus conexiones con el mundo civil no adeco, a los fines de llevar al país a un nuevo proceso electoral. Este proyecto del presidente de la Junta Militar se frustrará con su asesinato en 1950.

El coronel Marcos Pérez Jiménez, líder único e indiscutido de la institución castrense.
Comenzará a acentuarse en ese mismo momento el militarismo más radicalizado, encabezado por el coronel Marcos Pérez Jiménez, líder único e indiscutido de la institución castrense. El militarismo perezjimenista formaba entonces parte del destino manifiesto del que se sentían depositarias buena parte de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, con muy escasas excepciones. El influjo del gobierno militarista, populista y fascista del general Juan Domingo Perón en Argentina fue un poderoso estímulo para que surgieran varias dictaduras en el continente, apoyadas luego por el gobierno del general Eisenwoher, presidente de los Estados Unidos en la década de los años cincuenta.

El general Pérez Jiménez, apoyado por las Fuerzas Armadas Nacionales como institución privilegiará entonces la profesión de las armas y hacia ella convergerán amplios sectores de la próspera clase media del momento. Bajo su gestión, las Fuerzas Armadas reciben un decidido impulso modernizador, a la sombra de una bonanza económica sin precedentes, las excelentes relaciones con Estados Unidos, los precios petroleros favorables, el auge capitalista de entonces y el afán obsesivamente constructor del propio jefe del gobierno.

Pero la fase militarista también se desarrolla, como es lógico, bajo la crítica contumaz contra los partidos y la democracia, sustituidos ahora con la prédica permanente de “la unión entre las Fuerzas Armadas y el pueblo”, la misma canción que escucharemos los venezolanos medio siglo después. El discurso militarista niega los avances del civilismo en cualquier terreno y condena la política como actividad de servicio público, mientras satura todos los niveles gubernamentales con una presencia exagerada de oficiales altos y medios.

El gobierno presidido por Pérez Jiménez será esencialmente estatista, desarrollista y militarista, todo ello en función del objetivo fundamental: la transformación del medio físico. De allí deriva la característica constructora del régimen, objetivo que privilegia por encima de los otros, al tiempo que ofrece paz y progreso. El militarismo desarrollista tiene, por supuesto, su propio complejo de superioridad: su labor es responder a las necesidades materiales fundamentales de la comunidad nacional, pero imponiéndose sobre los ciudadanos desde el sitial de fuerza que usurpan, mientras dicen servir a una nación de débiles, sin capacidad para saber lo que les conviene y mucho menos para gobernarse a sí mismos.

Así transcurrirá casi todo el período dictatorial hasta que, en sus últimos meses, Pérez Jiménez empieza a dar muestras de querer continuar ejerciendo el poder, pero de manera personal y no en nombre de las Fuerzas Armadas, como había sido hasta entonces. Será en ese momento cuando se comience a agrietar el apoyo militar al tirano. Quiere decir, obviamente, que el carácter militarista de aquél régimen estuvo dado, no sólo por la concepción personal que al respecto sostenía su jefe, sino, además, por la propia concepción que -como institución- tenían sobre el particular las Fuerzas Armadas.

El paso siguiente fue la caída de Pérez Jiménez, severamente erosionado en su base de apoyo militar y, desde luego, cuestionado por la mayoría de sus compatriotas. Pero el saldo para los militares también será negativo: ante la opinión pública aparecerán como culpables de los desafueros cometidos por la dictadura. Sin embargo, la insurgencia

de enero de 1958 rompió aquel esquema y, consecuencialmente, obligó a los altos mandos militares a retirarle al dictador el apoyo que venían prestándole desde hacía 10 largos años. Había entonces un indiscutible rechazo generalizado hacia la institución castrense que sólo el tiempo se encargaría de restañar, aunque –ciertamente- de manera bastante expedita.

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(2)Rómulo Betancourt, "Venezuela, política y petróleo", Editorial Senderos, Bogotá, 1969, página 903.

(Tomado de mi libro "Orígenes ocultos del chavismo. Militares, guerrilleros y civiles", Editorial Libros Marcados, Caracas, 2006)


El coronel Carlos Delgado Chalbaud, ministro de la Defensa, y el presidente Rómulo Gallegos. El primero derrocaría al segundo mediante un golpe de Estado el 24 de noviembre de 1948.

LA AUTÉNTICA NATURALEZA DEL RÉGIMEN
* Gehard Cartay Ramírez
La casi totalidad de la oposición venezolana pareciera no haber entendido –luego de más de 20 años- la verdadera naturaleza del régimen que ha destruido a Venezuela desde 1999.

Por una parte, estamos frente a un régimen que no oculta su deseo de prolongarse indefinidamente en el tiempo. Toda dictadura siempre busca ese objetivo, pues consideran que no tienen fecha de vencimiento. Ahora, cuando saben que la mayoría de los venezolanos los rechaza, entonces realizan elecciones a su medida, inhabilitando partidos políticos y candidatos que no les convienen, institucionalizando el fraude electoral y pretendiendo crear una “oposición” leal al régimen y, por tanto, dócil y domesticada.

Por la otra, no puede olvidarse que toda dictadura, en especial si representa una involución al haber obtenido el poder por la vía de los votos -casos de Mussolini y Hitler, entre otros-, desmantela la democracia y sus instituciones para ponerlas al servicio de su objetivo de permanecer en el poder a costa de lo que sea. Eso es precisamente lo que ha sucedido aquí desde que ganó el teniente coronel Chávez, hace ya casi 21 años.

En este propósito, por paradójico que parezca, las democracias -afirmaba el intelectual francés Jean François Revel- siempre son presa fácil, por la sencilla razón de que constituyen el único sistema que puede destruirse desde adentro utilizando, maliciosamente, eso sí, sus propios mecanismos, tal como ocurre en Venezuela desde que el chavismo ganó las elecciones en 1998, luego de haber intentado criminalmente llegar al poder por la vía del golpe de Estado.

¿Habrá que recordar, otra vez, la permanente actitud represiva del régimen, que no sólo incluye la utilización siniestra de sus tribunales y fiscalías, sino también de sus organismos policiales y de la cúpula de la Fuerza Armada?

¿Habrá que citar, nuevamente, el creciente número de presos políticos, exiliados y perseguidos que hoy son clara demostración de la naturaleza dictatorial del régimen?

¿O habrá que recordar también su abierta estrategia para liquidar finalmente a la actual Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015 por la inmensa mayoría de los venezolanos, tan sólo porque ya no es un instrumento ciego a su servicio y ahora la conceptúan como un obstáculo para sus propósitos de eternizarse en el poder, saboteándola en el ejercicio de sus funciones?

¿Habrá que citar también la judicialización de la política o la politización de la justicia para perseguir y condenar a los adversarios del régimen, violando flagrantemente la Constitución Nacional?

Y todo ello para no insistir en la tragedia humanitaria que nos azota, con millones de venezolanos en diáspora por el mundo, con el hambre y la pobreza arropándolo todo, con nuestra gente viviendo cada vez más en peores condiciones, mientras el territorio nacional es ocupado y saqueado por fuerzas extranjeras, sin que quienes están obligados por la Constitución a actuar en su salvaguarda enfrenten esa invasión foránea.

Vistas así las cosas, si el diagnóstico del régimen chavomadurista y militarista se ha demostrado desacertado durante este largo período, se explicarían entonces los errores y equívocos cometidos por la dirigencia opositora, hoy fraccionada en tres sectores que proponen salidas y alternativas muy diferentes.

Así, resulta fácil comprobar que existe un sector minoritario que aparenta no haberse dado cuenta de la retorcida naturaleza del chavomadurista militarista y pretende, por lo tanto, considerarlo como si estuviéramos en una democracia normal y ante un adversario respetuoso de la Constitución, del Estado de Derecho y del Principio de la Legalidad. Tal vez por esa razón –o algunas otras desconocidas–, se prestan a supuestas negociaciones, sin tener fuerza para ello, haciéndole comparsa a un régimen que necesita desesperadamente una “oposición” a su medida. Y no es la primera vez, por cierto: ya en las elecciones fraudulentas de mayo de 2018 le hicieron coro al chavomadurismo militarista, participando en ellas, sin garantías de ningún tipo.

Pero no sólo eso. Las declaraciones de sus voceros por lo general nunca asumen temas fundamentales como la destrucción de la institucionalidad democrática, la naturaleza totalitaria y los abusos sistemáticos del régimen, la ruina, el hambre, la inseguridad, la corrupción y el saqueo del país por parte de altos personeros y sus socios extranjeros. Los temas son tratados con pinzas y sus posiciones no muestran una oposición frontal y sincera.

También existe otro sector opositor –por fortuna igualmente minoritario como el anterior– que propugna salidas de fuerza, sin tener poder para ello, mediante un discurso populista, voluntarioso y engañoso. Apuestan por una intervención foránea que no depende de ellos en forma alguna y que, de producirse, sólo respondería a razones de interés y seguridad de quienes la acometan, tarea muy costosa desde el punto de vista político y financiero, para no hablar del aspecto humanitario. Esa oposición radical quiere “ganar indulgencia con escapulario ajeno”, como reza un refrán popular.

Tal vez el más realista sea el sector mayoritario que se agrupa en la Asamblea Nacional y lideriza Juan Guaidó. Desde enero viene desarrollando una agresiva política internacional para aislar y denunciar al régimen, tarea en la que ha resultado más exitoso que puertas adentro. Porque en el país, esa estrategia hasta ahora no ha tenido eco en el seno de la institución militar, que aparece muy comprometida en su apoyo al régimen chavomadurista, a causa de su descomunal cuota de poder, lo que autorizaría a denominarlo también como un régimen militarista. Al contrario de lo que en su momento hicieron los militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, al facilitar una transición pacífica en acuerdo con los civiles demócratas, aquí ese papel no han querido asumirlo, no obstante que la propia Constitución los autorizaría al efecto, por aquello de recobrar su vigencia ante la destrucción de las instituciones.

Y es justamente en este punto donde falla la comprensión de la mayoría opositora al no entender la auténtica naturaleza del régimen. Ello implica entonces variar la estrategia hacia otra más efectiva y realista, que implique desarrollar un cuadro similar, en lo posible, a lo ocurrido cuando fue derrocada la dictadura perezjimenista en 1958.

LAPATILLA.COM
Jueves, 02 de octubre de 2019.

MINORÍAS NEGOCIANTES
Gehard Cartay Ramírez

Por donde se le analice, ese acuerdo entre el régimen y esa supuesta oposición -minoritaria, por lo demás- no tendrá efectos reales para una posible solución de la tragedia venezolana.
El régimen sabe que no son los interlocutores válidos y ellos mismos saben que no tienen la representación mayoritaria de la oposición venezolana que, a su vez, aglutina a la gran mayoría de los venezolanos.
Más allá de los denuestos y descalificaciones contra sus firmantes, esas negociaciones adolecen entonces de un importantísimo vicio de origen: se trata de dos minorías sin poder real para cambiar nada, mucho menos para producir una solución efectiva a la tragedia que sufre Venezuela por culpa de chavomadurismo.
Se trata de una negociación donde la mayoría de los venezolanos no está representada. Eso significa que no tienen mandato para hacer lo que anuncian, por una parte y, por la otra, que se están arrogando atribuciones que nadie les ha dado. Pero, además, más allá de sus propósitos reales, lo cierto es que los temas abordados en su declaración inicial despiertan todo tipo de sospechas. Veamos.
En primer lugar, al no plantear la necesaria realización de elecciones presidenciales cuanto antes, están reconociendo automáticamente al régimen de Maduro y los resultados de la farsa fraudulenta de los pretendidos comicios de mayo de 2018. No es poca cosa y dice mucho sobre la verdadera intencionalidad de tales negociaciones.
Tal vez esta circunstancia sea producto de que esos negociadores minoritarios opositores no creen que superación de nuestra tragedia nacional pase por la necesaria y urgente salida del régimen de Maduro. Y esto es, desde luego, de suma gravedad. Porque si tal es su premisa básica entonces no tienen manera de legitimarse como facilitadores de una eventual solución de la crisis. Si tal es su convencimiento, resulta obvio que están a contracorriente de lo que piensa la mayoría de los venezolanos y de lo que, en realidad, constituye el presupuesto básico de toda solución: la sustitución inevitable del actual régimen, único causante de todas nuestras desgracias y problemas actuales.
Lo mismo sucede en cuanto a la designación de un nuevo CNE, atribución exclusiva de la Asamblea Nacional, pero que el régimen y su TSJ le han venido desconociendo tan sólo para no perder el control del organismo. Este asunto, como los demás, no ha sido asumido con claridad, con lo cual surgen otra vez las sospechas frente a esos autocalificados representantes opositores y la natural desconfianza en tales acuerdos. Se trata de un aspecto que, hasta ahora, ha sido tratado de manera opaca y nada transparente.
Otro asunto que también hace surgir justificadas reservas lo constituye el tema de las elecciones de la Asamblea Nacional que deberían celebrarse el año venidero, de acuerdo con la norma constitucional. Aquí se ha producido una extraña coincidencia entre los firmantes del acuerdo. Se trata, por cierto, de las únicas elecciones a que hacen referencia. No se necesita ser muy zahorí para darse cuenta de que tal punto viene siendo planteado insistentemente por el régimen y, por supuesto, no podría ser una simple coincidencia que ahora también lo hagan suyo quienes se autoproclaman opositores, y con tal carácter -y sin que nadie les haya otorgado un mandato al efecto- han decidido asumir la conducción “opositora” para sentarse a negociar con la dictadura. Con razón algunos han recordado al respecto el apotegma que reza: “Piensa mal y acertarás…”
Curiosamente nada dicen tampoco sobre los 25 diputados opositores inhabilitados, presos y perseguidos por el régimen, ni sobre los tres parlamentarios del estado Amazonas, desconocidos desde sus inicios por el TSJ, tan sólo para que la oposición democrática no hiciera uso de las dos terceras partes que logró en las elecciones de 2015. No hay una sola referencia al desconocimiento continuado y perverso de la Asamblea Nacional que, desde su elección en 2015, han venido haciendo el régimen y su TSJ. Este es un silencio escandaloso y comprometedor, ciertamente. A propósito: la minoría opositora que se ha sentado negociar con el régimen apenas tiene ocho diputados en el parlamento venezolano.
Pero en este asunto la supuesta oposición que ahora negocia unilateralmente con Maduro y su cúpula no cuida ni siquiera las apariencias. Al plantear la necesidad de elegir la nueva Asamblea Nacional, nada dice sin embargo sobre la Constituyente fraudulenta del madurismo. Ese silencio equivale, sin duda, a un reconocimiento del parapeto que, en teoría, discute una nueva Constitución. ¿No resulta entonces también digno de sospecha que unos supuestos opositores callen ante esta situación y, en cambio, se pronuncien por la elección de un nuevo parlamento nacional? ¿Será acaso una exageración señalar que han hecho suya la estrategia del régimen para debilitar a la oposición mayoritaria y a su líder Juan Guaidó?
A este respecto, no creo que haga falta recordar que esos sectores que ahora se sientan en la mesa con el régimen fueron los mismos que le sirvieron de comparsa en el fraude de las pretendidas elecciones de 2018, en las que no participó la inmensa mayoría de los venezolanos. Con este antecedente y con su actitud de ahora no debería extrañarles la desconfianza con que el país ha recibido el anuncio de tales negociaciones. Tampoco debería sorprenderles su falta absoluta de credibilidad en tales actores y en los acuerdos a que puedan arribar con la dictadura.
En definitiva, ambos negociantes constituyen dos minorías de espaldas al país, sin poder real para producir una salida al conflicto que sufrimos los venezolanos.