LA REVOLUCIÓN CUBANA, SESENTA AÑOS DESPUÉS: UN FRAUDE HISTÓRICO

Gehard Cartay Ramírez 

Acaban de cumplirse el pasado primero de enero sesenta años de la entrada de los guerrilleros de Fidel Castro a La Habana.

Extrañamente, el suceso no ha sido destacado por ningún bando, ni el que lo apoya –cada vez más reducido–, ni aquel que lo rechaza, ahora mucho más extenso que en sus inicios.

Una dictadura familiar y opresora por más de 60 años...

El hecho objetivo es que “ha pasado por debajo de la mesa”, sin grandes celebraciones ni manifestaciones en contra. Tal vez todo ello se explique porque, hoy en día, casi todo el mundo sabe que la llamada Revolución Cubana terminó siendo desde hace por los menos 40 años un fraude histórico, tal vez el más grande a nivel continental. Lo que se supuso un sueño de liberación y progreso para el pueblo cubano sólo ha sido desde 1959 una cruel pesadilla de opresión y pobreza para los hoy martirizados habitantes de Cuba.

Por desgracia, desde que el castrocomunismo asumió allí el poder siempre ha habido una relación entre nuestros dos países. En los años sesenta, Fidel Castro y su régimen encandilaron a un sector izquierdista de la juventud venezolana, provenientes del PCV y de AD, luego convertido en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),  que pretendió imitar la guerrilla castrista triunfante en Cuba dos años antes. Pero aquí aquella aventura fracasó, como era de esperarse.

Electo Rómulo Betancourt presidente de Venezuela atendió como primer visitante extranjero a Fidel Castro en 1959, a escasos días de haber entrado en La Habana con sus guerrilleros. Vino a pedir petróleo y como Betancourt se negó, comenzó a conspirar contra su gobierno.

Aquella fue una experiencia trágica, un error lamentable, como lo han reconocido posteriormente casi todos sus actores principales. Y ello, además de las ya señaladas, por otras dos circunstancias: 1) Sus promotores no conocían a profundidad la guerra de guerrillas, su instrumentación y organización. Nunca se prepararon para adelantarla más allá del romanticismo de la mayoría. 2) Nunca contaron con el apoyo de una población que, por el contrario, los percibía como un puñado de aventureros violentos y terroristas, pero nunca como una alternativa al régimen democrático.

Sin embargo, en su momento, otro sector de la juventud venezolana se opuso al castrocomunismo y sus agentes guerrilleros en Venezuela. Lo liderizó la Juventud Revolucionaria Copeyana (JRC), que nunca se sintió encandilada por aquel fenómeno de moda, ni tampoco creyó -ni ha creído en estos sesenta años- que la llamada Revolución Cubana trajera consigo algo positivo al pueblo de Cuba.

 AD no tuvo entonces ninguna participación importante en aquella lucha. La razón era obvia: el partido eje de gobierno se había quedado sin cuadros juveniles al desertar con el MIR la mayoría de ellos. Correspondió entonces a los jóvenes socialcristianos la dura tarea de defender al gobierno democrático de Betancourt en los sectores estudiantiles y universitarios, y al escudar aquella gestión lo que defendían -en realidad- era nada más y nada menos que a la naciente democracia frente a la embestida insurreccional alentada y dirigida por comunistas y miristas, librada no sólo desde las guerrillas o mediante acciones terroristas, sino también desde liceos y universidades.

Hoy se puede afirmar, sin hipérbole alguna, que la democracia de esos días ya lejanos le debe mucho a la hidalguía, el coraje y la convicción de los jóvenes copeyanos de entonces. Porque, ciertamente, si no hubiera sido por la lealtad de las Fuerzas Armadas y de Copei, cuya vanguardia en los momentos más dramáticos fue precisamente la JRC, aquel difícil ensayo -que en lo fundamental obviamente sostuvo la entereza de Betancourt- hubiera naufragado en medio de las complejas circunstancias en que se desarrollaba. El apoyo de los socialcristianos amplió la base popular que sostenía al régimen, junto al respaldo del partido de Betancourt, a pesar de su división interna y del desgaste sufrido en ese quinquenio.

El castrocomunismo ha convertido a Cuba en una isla-cárcel de su pueblo.

Por eso hoy, cuando algunos dicen que se sienten engañados por haber apoyado la Revolución Cubana, los jóvenes socialcristianos –antes y ahora– pueden sentirse orgullosos de haber combatido en todos los terrenos esa perversión histórica. 

La Juventud Revolucionaria Copeyana nunca creyó en la farsa de la Revolución Cubana, ni siquiera cuando estaba de moda y encandilaba a no pocos ingenuos. 

RAFAEL CALDERA:
 EN EL NOVENO ANIVERSARIO DE SU PARTIDA

Este 24 de diciembre se cumplieron nueve años del fallecimiento del ex presidente Rafael Caldera, un venezolano excepcional y –como todos sabemos- figura muy destacada en la Venezuela del siglo XX. Doctor en Derecho, laboralista, profesor universitario, parlamentario, escritor, líder político y fundador del partido Social Cristiano Copei, la voluntad popular lo eligió dos veces presidente de Venezuela (1968 y 1993), siendo el civil que por más tiempo ocupó esa posición en el siglo anterior.

Fue un luchador incansable, como él mismo se definió. Aparte de sus logros como presidente de Venezuela, su legado más importante, en mi opinión, fue haber pacificado al país en sus dos gestiones como presidente de Venezuela elegido por el pueblo. Su otro aporte fundamental fue haber introducido en nuestro país el pensamiento demócrata cristiano, al tiempo que liderizó un formidable instrumento de lucha popular, como lo ha sido Copei.

Aparte de mi ya larga militancia socialcristiana –desde los días en que era apenas un dirigente estudiantil en el Liceo O´Leary de Barinas-, en cuyas filas lo conocí siendo su líder máximo, el presidente Caldera me distinguió con su amistad y su apoyo en mis campañas electorales para ganar la gobernación de Barinas, todo lo cual comprometió mi gratitud y afecto hacia él.

No tengo duda alguna de que el tiempo, juez implacable, reconocerá en su justa dimensión su obra histórica como gobernante y líder político. Más allá de sus equivocaciones y errores como ser humano que fue, sus virtudes y aciertos serán suficientes para que ocupe un sitial de honor en nuestra historia republicana.

GEHARD CARTAY RAMÍREZ

JOSE AGUSTIN CATALÁ 

Gehard Cartay Ramírez

Este pasado martes 18 de diciembre se cumplió el octavo aniversario de la muerte de José Agustín Catalá, un venezolano extraordinario, a quien profesé gran afecto y cuya memoria honro siempre.
Fue su legendaria Editorial Centauro la que publicó mi primer libro en 1981 y varios más en los años siguientes, razón adicional para estar agradecido con él eternamente. Por cierto, muy contadas veces los editores confían en jóvenes escritores sin obra conocida. Catalá, editor estrella de su tiempo, siempre lo hizo.
Por si fuera poco, me brindó su amistad sincera y ejemplar. Fueron numerosas las horas de conversaciones sobre la historia reciente, sobre hechos y hombres de la Venezuela contemporánea, a muchos de los cuales él conocía muy bien. Y sobre todo sus consejos de viejo luchador político sobre el valor de la decencia y la honestidad en la función pública.
Pero, además, José Agustín Catalá fue "el capitán del desolvido" -como lo llamó el escritor Jesús Sanoja Hernández- que publicó varios libros sobre la dictadura perezjimenista y editó obras de autores venezolanos, sin importar su tendencia ideológica, siempre abierto al pluralismo y la libertad de opinión.
Esta foto fue tomada en la residencia de gobernadores de Barinas en septiembre de 1995 cuando se presentó por primera vez "La Cantata Criolla", obra musical del maestro Antonio Esteves, basada en "Florentino y el Diablo", de Alberto Arvelo Torrealba.

1998: CUANDO LA ABSTENCIÓN DERROTÓ A CHÁVEZ

Gehard Cartay Ramírez

A propósito de los 20 años de la elección del teniente coronel Hugo Chávez Frías como presidente de la República transcribo de mi libro “Cómo se destruye un país” (editado por Los Libros de “El Nacional”, 2009) algunos datos muy reveladores sobre su votación de 1998.

Chávez apenas obtuvo entonces el 33,40 por ciento de los votos, mientras que la abstención alcanzó el 40,60 por ciento y la votación opositora el 27,80 por ciento.

Y no sólo eso: antes hubo candidatos presidenciales triunfadores que alcanzaron votaciones superiores a las de Chávez en 1998, e incluso en 2000, y, sin embargo, no cayeron en la tentación de imponerle a sus electores una acción de gobierno más allá de los programas electorales que anunciaron en cada ocasión.

Veamos las cifras: Jaime Lusinchi en 1983 sumó 3.773.731 votos (100.046 sufragios más que los que obtuvo Chávez en 1998, y 15.958 por encima de la votación que sacó en el año 2000).

En 1988, Carlos Andrés Pérez logró 195.158 votos más que los obtenidos por Chávez en 1998 y 111.070 por encima de su votación dos años después.

Algo muy importante de destacar es que tanto Lusinchi como CAP fueron electos en procesos comiciales donde la abstención fue baja: 12,25 en 1983 y 18,08 en 1988. En cambio, Chávez lo fue en procesos caracterizados por altos niveles de abstención: 40,60 en 1998 y 43,69 en 2000, por citar apenas dos elecciones presidenciales aparentemente no contaminadas por irregularidades, como acontece desde entonces.

Sin embargo, Chávez y su camarilla actuaron desde 1998 como si las suyas hubieran sido unas victorias absolutas y sin precedentes. Por eso mismo, su estrategia, a muy corto plazo, fue desde el principio la de copar todas las instancias del poder y obtener su control absoluto, algo que durante los 40 años anteriores ningún presidente pretendió acometer -a pesar de que algunos de ellos sacaron más votos- como lo hizo el teniente coronel golpista de 1992.

Martes, 11 de diciembre de 2018.

NADIE EXPERIMENTA EN CABEZA AJENA...

NADIE EXPERIMENTA EN CABEZA AJENA…

(El deplorable remitido de salutación de algunos intelectuales y artistas venezolanos a Fidel Castro, con motivo de su visita como invitado especial en la toma de posesión de CAP en febrero de 1989)

Los días 01 y 03 de febrero de 1989 apareció publicado en “El Nacional” y “2001” un remitido firmado por varias centenas de intelectuales y artistas dando una muy entusiasta bienvenida al dictador cubano Fidel Castro, invitado especial a la juramentación de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República.

Aquellas eran unas escasas líneas totalmente contrarias a la verdad de los hechos, no sólo por lo que concernía a Castro como persona y como gobernante, sino también en cuanto a la desgraciada realidad que vive Cuba desde 1959, cada vez más pobre y esclavizada por una camarilla criminal y opresora.

En 2001 el infatigable editor José Agustín Catalá, como buen “capitán del desolvido”, reprodujo aquel remitido en un libro –cuya portada ilustra esta nota-, junto a otros materiales sobre la visita del dictador cubano en 1989. Allí aparecen los abajo firmantes de entonces.

Leer aquel texto ahora, casi 30 años después, nos revela la ceguera y la estupidez que lo animaron. Por desgracia, al revisar sus firmantes, no son pocas las sorpresas: gente honorable e informada, junto a los infaltables ñángaras que en todo tiempo y lugar han “defendido” lo indefendible que resulta ser el proceso comunista cubano por donde se le analice.

He aquí el texto completo de aquel disparate:

“Nosotros, intelectuales y artistas venezolanos, al saludar su visita a nuestro país, queremos expresarle públicamente nuestro respeto hacia lo que usted, como conductor fundamental de la Revolución Cubana, ha logrado a favor de la dignidad de su pueblo y, en consecuencia, de toda América Latina.

En esta hora dramática del Continente, sólo la ceguera ideológica puede negar el lugar que ocupa el proceso que usted representa en la historia de la liberación de nuestros pueblos.

Hace 30 años vino usted a Venezuela, inmediatamente después de una victoria ejemplar sobre la tiranía, la corrupción y el vasallaje. Entonces fue recibido por nuestro pueblo como sólo se agasaja a un héroe que encarna y simboliza el ideal colectivo.

Hoy, desde el seno de ese mismo pueblo, afirmamos que Fidel Castro, en medio de los terribles avatares que ha enfrentado la transformación social por él liderizada y de los nuevos desafíos que implica su propio avance colectivo, continúa siendo una entrañable referencia en lo hondo de nuestra esperanza, la de construir una América Latina justa, independiente y solidaria”.

Si traigo a colación este muestrario de falsedades ditirámbicas es porque, definitivamente, resulta muy cierto aquello de que “nadie experimenta en cabeza ajena”.
En ese entonces, a estos abajo firmantes no les importaba el sufrimiento y la opresión del pueblo cubano. Hoy, cuando Venezuela padece una experiencia parecida, a muchos de ellos sí les importa, como es natural. Pero, en la actualidad, a izquierdistas de otras latitudes no les interesa, como no les importó la tragedia de Cuba a los saludadores venezolanos de Castro en 1989.

Por supuesto que nadie puede negarles a algunos de ellos su derecho a cambiar de opinión luego de aquel episodio, lo cual, por lo demás, resultaría normal y corriente. Ya se ha repetido en días recientes, a propósito de la muerte de Teodoro Petkoff, una frase atribuida a él y que parece que, a su vez, tomó de Franklin Delano Roosevelt: la de que “sólo los idiotas no cambian de opinión”.

Lo afirmo porque muchos de esos firmantes hoy son opositores a la dictadura venezolana, inspirada y manejada por el castrocomunismo cubano, como bien sabemos. Sin embargo, en 1989 algunos fingían no saber -o la creían una mentira de sus adversarios- que el régimen de Cuba era (y sigue siéndolo) una las peores tiranías que ha padecido la humanidad.

Ese no es el punto, en todo caso. Lo que me interesa destacar ahora es que aquel remitido ponía de manifiesto entonces, y una vez más, lo que ahora padecemos los demócratas venezolanos: la solidaridad automática de cierta izquierda con las dictaduras que asumen tal etiqueta, por lo cual nunca son asesinas ni empobrecen al pueblo, no violan los derechos humanos, no son corruptas y siempre son mejores que las democracias, todo ello en virtud de que su carácter izquierdista las dota de una supuesta “superioridad moral” por el sólo hecho de serlo. Todo lo cual concluye siempre en que sus críticos son derechistas, fascistas, imperialistas, reaccionarios, oligarcas, etc., etcétera.

Ahora mismo, el pueblo de Venezuela sufre en carne propia algo muy parecido a la tragedia cubana, esa “entrañable referencia” que alababa el remitido de marras. 

Por lo tanto, no nos debe extrañar que en otros países –como aquí en 1989 ante Castro- existan intelectuales y dirigentes que niegan que hoy a Venezuela la oprima una dictadura procubana… y hasta hablen “maravillas” de lo que ha hecho el castrochavomadurismo en nuestro país.

Porque, insisto, “nadie experimenta en cabeza ajena”…

EL PACTO DE PUNTOFIJO: LEYENDA NEGRA O DORADA?

"EL PACTO DE PUNTOFIJO":
 ¿LEYENDA NEGRA O DORADA?

El pasado 31 de octubre se cumplieron sesenta años de la firma del Pacto de Puntofijo por parte de Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera -jefes de los partidos AD, URD y Copei-, y contra la opinión de quienes señalan aquel acuerdo histórico como el responsable de los “males” del país entre 1958 y 1998, hoy se impone la opinión generalizada de que le aseguró a Venezuela la transición a la democracia y su estabilidad durante 40 años, aunque no fuera esa la intención original de sus firmantes.

Así, el Pacto de Puntofijo es tenido ahora como un modelo de transición que ha sido imitado en otros países.

Gehard Cartay Ramírez

El 31 de octubre de 1958 se suscribió en la Quinta “Puntofijo” de la Avenida Solano,  sector Sabana Grande, en Caracas, hogar de Rafael Caldera, un trascendental acuerdo político institucional entre las tres fuerzas políticas entonces más importantes del país: Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y Partido Social Cristiano Copei.

Ese acuerdo era la lógica conclusión de las conversaciones que, desde enero de ese mismo año, habían venido sosteniendo Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, cuando -a la caída de la dictadura- se reunieron en Nueva York.  La motivación central no era otra que el reclamo de la unidad nacional. El llamado espíritu del 23 de Enero  seguía influyendo poderosamente en todas y cada una de las decisiones políticas del momento, sobre todo de cara a otra exigencia suprema como lo era el desarrollo pacífico y ordenado de la transición política en ejecución. Y si bien es cierto que la búsqueda del candidato único había fracasado y que, al final, cada partido político presentaría el suyo -dos militantes y un militar activo-, ese esfuerzo se orientó entonces hacia un acuerdo solemne. Su objetivo:  asegurar el cumplimiento de las reglas del juego, normales en cualquier democracia, pero importantísimas en aquel momento cuando Venezuela salía de un largo período dictatorial y militarista. Así fue como nació lo que con posterioridad ha sido conocido como el  Pacto de Puntofijo.

Era, pues, un acuerdo coyuntural, forzado por aquellas circunstancias tan especiales. No tenía, expresamente, intenciones de largo alcance sino más bien de corto y probablemente mediano plazo. Era un pacto de proposiciones muy concretas, referidas a un momento específico y dirigido a lograr metas realistas y prácticas. No era, en consecuencia, una simple declaración de principios ni tampoco un  pronunciamiento teórico o programático. Se diría que consistía esencialmente en un acuerdo táctico momentáneo en función de una estrategia inmediata: asegurar la transición de la dictadura a la democracia.

Diciembre de 1958: Rómulo Betancourt, candidato presidencial triunfante, se abraza con el contralmirante Wolfgang Larrazábal, quien llegó en segundo lugar, a pesar de haber sido un fenómeno electoral en Caracas. Como dato curioso hay que anotar que los dos habían sido presidentes de dos Juntas de Gobierno cívico militares: Betancourt entre 1945 y 1948; y Larrazábal en 1958.

Contra todo lo que se ha escrito y dicho posteriormente, la verdad histórica es que el Pacto de Puntofijo fue un acuerdo circunstancial, referido apenas a los próximos cinco años, contados a partir de 1959, cuando tomaría posesión el siguiente gobierno.

Afirmar, por tanto, que en ese preciso instante se comprometió el futuro de los siguientes cuarenta años del país es  -cuando menos- un disparate. Esto hay que aclararlo en aras de la verdad histórica. Y ello en virtud de que una abundante literatura y, sobre todo, una interminable retórica política interesada han terminado desvirtuando lo que, en realidad, fue el Pacto de Puntofijo. Gracias a esa tergiversación histórica, hoy muchos venezolanos lo perciben como un diabólico acuerdo entre AD y Copei para repartirse el poder durante cuarenta años, usufructuar sus privilegios, distribuirse sus ventajas materiales y someter a los venezolanos a una especie de reino de la ineficiencia y la corrupción.

Por contraposición hay que agregar que tampoco corresponden al Pacto de Puntofijo los aspectos positivos y negativos de estos últimos 40 años. Cada gobierno elegido en este largo período tiene sus responsabilidades ante la historia, sin que pueda establecerse una especie solución de continuidad entre, por ejemplo, el segundo gobierno de Betancourt y el primer gobierno de Caldera. Más todavía: esa solución de continuidad no es posible, incluso, pretenderla entre los primeros y segundos gobiernos de Caldera y de Carlos Andrés Pérez, con todo y que hayan sido esas mismas personas quienes ejercieran la presidencia en dos oportunidades distintas. Resulta entonces, por decir lo menos, una falacia pretender arropar estas cuatro décadas históricas con el llamado Pacto de Puntofijo, aparte de un ejercicio de superficialidad y banalidad inadmisible como mecanismo de análisis histórico, por aquello de que cada momento tiene sus propias circunstancias.

En este sentido, el testimonio del propio Caldera es categórico y definitivo: “El Pacto de Puntofijo fue acordado para un período de gobierno, es decir, para el quinquenio 1959-1964. Fue complementado al cierre del proceso electoral con una declaración de principios y un programa mínimo de gobierno, suscritos por los candidatos presidenciales de los tres partidos y del Partido Comunista, a saber, Rómulo Betancourt(AD), Wolfgang Larrazábal (URD y PCV) y Rafael Caldera (Copei)”. Y agrega el ex presidente, como para que no quede duda alguna al respecto: “No se previó su duración más allá del primer quinquenio, como se acaba de indicar; pero, indudablemente, el espíritu del 23 de Enero, el compromiso solidario de mantener las instituciones por encima de las diferencias partidistas, la defensa de las libertades y de los derechos humanos y el compromiso social, inseparable del derecho y el deber de gobernar, valores que inspiraron el Pacto de Puntofijo, sobrevivieron al término previsto” (1).

Esta última y lúcida interpretación de Caldera es la que explica porque se tiene a Puntofijo como “el pacto histórico” de estos últimos cuarenta años. Ciertamente que elementos consustanciales del sistema democrático como lo son el respeto a los resultados electorales, la existencia de los partidos políticos, los acuerdos parlamentarios, los entendimientos cíclicos entre los adversarios, los compromisos obligantes para mantener el sistema, etc, al verse consolidados durante esas cuatro décadas -algo nunca antes visto en nuestra accidentada historia republicana-, han permitido a algunos especular sobre el acuerdo que arropó tan largo período nacional. No puede extrañar entonces que al Pacto de Puntofijo también se le enrostren todas las fallas que se produjeron en ese tiempo y se le nieguen, hipócritamente, los logros que evidentemente hubo.

Rómulo Betancourt, beneficiario directo históricamente del Pacto de Puntofijo, dijo en su discurso de toma de posesión en 1959, lo siguiente: “Mucho más profundo que la regularización de la controversia pública y el respeto a las reglas del juego democrático, fue el sentido que se le dio a la tregua interpartidista. Llegó a tan positivos extremos como el de la suscripción, el 31 de octubre de 1958, de un pacto público, en el cual los partidos Acción Democrática, el socialcristiano Copei y Unión Republicana Democrática adquirieron compromisos concretos con la nación, en vísperas de iniciarse la campaña electoral de esas tres colectividades, cada una de ellas con su propio candidato a la Presidencia y con listas propias de aspirantes a cargos electivos en organismos deliberantes. Se comprometieron a darle al debate electoral un sostenido y elevado tono principista, erradicándose el desfogue verbal y la acrimonia personalista; a respetar y hacer respetar el resultado de los comicios; a popularizar un programa común de gobierno y a que se gobernase luego dentro de un régimen de coalición”.
Agregaba a continuación que, a  pesar de los augurios en contrario, los compromisos previos a las elecciones se cumplieron, como fracasarían también “los cálculos alarmistas de los descreídos -ironizaba seguidamente-, algunos formulados con la mejor buena intención. He podido llegar a un acuerdo de fondo con los partidos políticos, a través de sus jefes doctores Jóvito Villalba y Rafael Caldera, para la integración de un gobierno de ancha base nacional, donde tienen los partidos adecuada representación así como también los sectores de la producción sin ubicación partidista y los grupos técnicos”(2).  

  Del acuerdo fue excluido el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Esa exclusión fue tácita y no expresa. Betancourt pretendió posteriormente hacer creer -y así lo afirmó en su ya citado discurso de toma de posesión- que la misma había sido “por decisión razonada de las organizaciones que lo firmaron”, lo cual no es verdad. Si se revisa exhaustivamente el texto del acuerdo, esa exclusión no aparece mencionada en ninguna parte. Por supuesto que lo que sí es cierto es que el PCV no fue llamado a firmar el acuerdo, pero las razones para esa decisión no aparecen en el documento en referencia. Por el contrario, el quinto punto en su parte final señala textualmente- que “como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural  ejercicio por ellas, de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades  perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia”. Aún más: tanto la Declaración de Principios como el Programa Mínimo de Gobierno suscritos como complemento del Pacto de Puntofijo, fueron, a su vez, firmados por Larrazábal en su condición de candidato de la alianza formada por URD y el PCV.

Tal vez convenga, en todo caso, aclarar aquí que quien sí razonó su firme decisión de excluir al PCV del gobierno que iba a presidir fue el propio Betancourt. Y lo hizo sin mediastintas, de manera clara y contundente: “En el transcurso de mi campaña electoral fui explícito en el sentido de que no consultaría al Partido Comunista para la integración del gobierno y en el de que, respetando el derecho de ese partido a actuar como colectividad organizada en el país, miembros suyos no serían llamados por mí para desempeñar cargos administrativos en los cuales se influyera sobre los rumbos de la política nacional e internacional de los venezolanos...”

Al asumir tal posición el flamante presidente electo no actuaba improvisadamente, sino sobre la base de su zamarro cálculo político personal: primero, despejaba así cualquier duda ante el gobierno norteamericano y las demás democracias occidentales; segundo, calmaba al sector militar, cuya desconfianza hacia los comunistas era aún muy notoria, y tercero, practicaba él mismo una posición de principios asumida desde el momento mismo en que abdicó de su temprana militancia comunista costarricense y se propuso trabajar en función de un proyecto político nacionalista revolucionario.

Como consecuencia indirecta, el Pacto de Puntofijo le aseguró a Venezuela 40 años de paz, crecimiento y desarrollo, no obstante sus fallas y errores. En la foto, los últimos cuatro presidentes de la República Civil (1958-1998): Rafael Caldera (dos veces); Carlos Andrés Pérez (dos veces); Jaime Lusinchi y Luis Herrera Campíns. Ya habían fallecido Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, los dos primeros presidentes electos por el pueblo a partir de 1958,

Lo cierto definitivamente es que el indudable desarrollo democrático del país tuvo, entonces, su piso más sólido en Puntofijo. Ha sido el acuerdo político más importante del siglo XX venezolano en virtud de haber iniciado exitosamente una experiencia democrática interpartidista, sin antecedentes en la historia nacional.  

Los compromisos asumidos

La lectura y el análisis detenido del documento suscrito el 30 de octubre de 1958 por los partidos  AD, URD y Copei -en cuya representación lo firmaron Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Manuel López Rivas, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández-, establece cinco grandes líneas maestras: primera: declaratoria solemne de la unidad nacional como primera tarea y compromiso de los signatarios, por encima de cualquier otra consideración; segunda: legitimidad efectiva de las autoridades elegidas en diciembre de ese año y garantía de que ese proceso fortalezca la unidad nacional; tercera: defensa de la constitucionalidad, gobierno de Unidad Nacional y establecimiento de un programa mínimo común; cuarta: diversidad de candidaturas a todos los niveles; y quinta: respeto absoluto a los resultados electorales e integración unitaria del gobierno elegido en diciembre de 1958. 

El documento se inicia destacando el clima de participación de todos los sectores del país en la defensa del régimen democrático, al igual que los diálogos sostenidos entre los partidos políticos a los fines de salvaguardar la consolidación de la anhelada unidad nacional. Igualmente, los firmantes destacan la provechosa participación de otros sectores de la vida nacional, entre ellos, los independientes y las Fuerzas Armadas Nacionales, para asegurar el clima de armonía y colaboración existentes.

A continuación, el acuerdo define los dos polos de la llamada “política nacional de largo alcance”, definidos así: “a) seguridad de que el proceso y los Poderes Públicos que de él van a surgir, respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y b) garantía de que el proceso electoral  no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del gobierno, de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad pública como sistema popular de gobierno”. Si analizamos con detalle este párrafo, notamos dos cosas muy claras: una, que AD, URD y Copei se comprometían a respetar la voluntad popular expresada por la “libertad efectiva del sufragio”. No había, en consecuencia, pacto alguno contrario a la expresión de las mayorías. Y dos: se dictaban normas de convivencia política-electoral. Ahora bien, ninguna de ambas precisiones implicaba un pacto a perpetuidad, sino que eran la expresión común y corriente de cualquier sistema democrático. La insistencia en tales proposiciones obedecía, ciertamente, a que en aquel momento el país apenas salía de diez años de larga y penosa  interrupción de su democracia.

El tercer punto se refería al compromiso común de las fuerzas suscriptoras en tres aspectos fundamentales: a) la defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme a la voluntad popular; b) la necesidad de un próximo gobierno de unidad nacional; y c) el apoyo a un programa mínimo común  de gobierno. Pero cada uno de estos aspectos está expresamente referido a la gestión de gobierno 1959-1964.

El cuarto punto correspondía a los “otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional”, a partir del fracaso producido por la imposibilidad de lograr una candidatura única. La solución, en este sentido, fue salomónica: esas diferencias no afectarían el esfuerzo unitario. Fueron entonces consideradas “naturales contradicciones partidistas” y, en consecuencia, aceptadas. Así, cada partido o coalición electoral llevaría sus propios candidatos, sin desmedro del acuerdo alcanzado.

El quinto y último punto establecía una especie de normativa para regularizar la pluralidad candidatural, aún cuando la totalidad de los votos que obtuvieran los nominados serían considerados “como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de Derecho”. El acuerdo concluye haciendo un llamado al país en favor de la convivencia nacional y del desarrollo de una constitucionalidad estable, cuyas bases sean “la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano”.

Como complemento del Pacto de Punto Fijo, los candidatos presidenciales de AD, URD/PCV y Copei suscribieron  una breve declaración de principios y las bases del programa mínimo de gobierno.

En cuanto a la primera, baste resaltar tres aspectos: a) el respeto absoluto a los resultados electorales y la defensa del régimen constitucional; b) organización de un gobierno de unidad nacional por parte del próximo presidente constitucional, sin hegemonías partidistas y con representación “de las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país”;  c) el gobierno a elegirse se inspirará en el programa mínimo común;  y d) compromiso de “mantener  y consolidar la tregua política y la convivencia unitaria”.

El programa mínimo de gobierno contenía siete secciones: “Acción política y administración pública; política económica; política petrolera y minera; política social y laboral; política educacional; fuerzas armadas; política inmigratoria y política internacional”. En resumen, se trataba de puntos coincidentes entre las distintas fuerzas signatarias, sin mayor profundidad ideológica, con metas cortoplacistas y caracterizadas por un acento pragmático muy definido, tal como lo exigían las circunstancias del momento y de cara a una gestión de sólo cinco años de gobierno. 


(1) Rafael Caldera, Los Causahabientes: De Carabobo a Puntofijo, Editorial Panapo, Caracas, 1999, página 148.
(2) Rómulo Betancourt, La Revolución Democrática en Venezuela,  páginas 10 y 11, Tomo I, sin mención editorial, Caracas, 1968.