GUERRA CONTRA EL PUEBLO

GUERRA CONTRA EL PUEBLO

Gehard Cartay Ramírez

El actual régimen mantiene, casi desde sus inicios, una guerra inaudita contra el pueblo venezolano.

Se trata de una guerra en todos los sentidos. Una guerra en la cual la exclusión, el sectarismo y la división entre nosotros han alcanzado niveles pocas veces vistos. Una guerra que ha creado odios y enfrentamientos en muchas familias y que ha llegado al colmo de distinguir entre venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Aquellos son, obviamente, los que disfrutan del poder, y los demás somos quienes nos oponemos a un régimen hambreador, asesino, incapaz y corrupto, casi sin precedentes en el devenir de Venezuela.

El régimen libra una guerra contra las instituciones democráticas que venían funcionando regularmente desde 1958, luego de la caída de la dictadura perezjimenista. Una guerra que nos ha hecho retroceder al siglo XIX y que volvió a privilegiar el caudillismo, la violencia armada desde el poder contra los ciudadanos, el desconocimiento de los derechos humanos y la violación sistemática de la Constitución y las leyes, mediante la instauración de una tiranía de ambiciosos e inmorales que se creen dueños del país y su gente.

El régimen libra una guerra contra la clase media y los pobres, empobreciendo a la primera y llevando a la miseria más deplorable a los segundos. Una guerra que ha liquidado las inversiones nacionales y extranjeras, cerrado miles de fábricas y fincas agropecuarias productivas y acabado con millones de puestos de trabajo. Por eso mismo hoy escasean la comida, las medicinas y los empleos, al punto de convertirnos ya en un país africano marcado por el hambre y el desempleo.

El régimen libra una guerra contra el progreso alcanzado luego de varios años por los venezolanos. Así, los logros fundamentales de la República Civil entre 1959 y 1998, que crearon una clase media en ascenso y sacaron de la pobreza a centenares de miles de familias, han sido destruidos por el empeño en establecer aquí un modelo calcado de la dictadura castrocomunista cubana. Ahora campea la falta de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes, y se extiende sobre nosotros la tragedia del hambre y la miseria más desoladora. Al igualarnos por debajo, nos han empobrecido a todos.

El régimen libra una guerra contra la juventud venezolana, es decir, una guerra contra nuestro futuro. Una guerra que ha asesinado centenares de jóvenes, quienes sólo vienen haciendo uso del derecho a vivir en un país mejor y exigir que se vayan los que, por ahora, detentan el poder y desgobiernan a Venezuela. Una guerra que mantiene como presos políticos a miles de compatriotas, a quienes se les viola el debido proceso, muchos de los cuales han sido sometidos a torturas infamantes y criminales, a la usanza de las peores dictaduras que ha padecido la humanidad.

Se trata de una guerra que apela al uso de las armas ante la imposibilidad del régimen de convencer a los venezolanos de que lo está haciendo bien. Por esa razón, Maduro acaba de señalar “que lo que no han logrado con los votos lo lograrían con las armas”, ratificando así la guerra que vienen ejecutando desde hace tiempo contra los venezolanos.

Si tuvieran un ápice de vergüenza, la cúpula podrida del régimen debería haber renunciado hace tiempo. En lugar de hacerlo, pretenden -a sangre, fuego y muerte- acabar con la protesta de las grandes mayorías nacionales que ya no los soportan y piden a gritos su salida del poder. Tal es el signo característico de las dictaduras que entran en el túnel sin retorno de su caída definitiva.

Se trata entonces de una guerra fratricida de la cúpula envilecida que está en el poder, ejecutada con perversidad y saña criminal contra sus propios conciudadanos, sin que fronteras o límites de moralidad y humanismo los detengan en su carrera genocida.

Ya han perdido la más mínima vergüenza, y por eso arrecian su guerra contra nuestro pueblo, masacrándolo diariamente con sus cuerpos policiales, militares y paramilitares, conducidos como un ejército que ocupa a Venezuela con el único propósito de eliminar a cualquier precio la disidencia contra el régimen.

Bien lo acaba de declarar el Cardenal Jorge Urosa Savino: “El gobierno tiene una guerra contra el pueblo”, al exigirle al régimen que renuncie a su Constituyente fraudulenta y antipopular. “Que el gobierno desista –agregó– de estar utilizando recursos legales para desmantelar al Estado, implantar un sistema totalitario marxista y ahora también militar, militarista. Todo eso es reprochable e intolerable y no es el camino que desea la mayoría del pueblo” (El Nacional, 01-07-2017).

Pero esa guerra asesina y criminal la perderán irremediablemente. No podrán contra el pueblo venezolano y más temprano que tarde pagarán por sus crímenes de lesa humanidad.  

@gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 04 de julio de 2017

LAPATILLA.COM 

LA MAYORÍA DECIDE Y LA MINORÍA ACATA

LA MAYORÍA DECIDE Y LA MINORÍA ACATA

Gehard Cartay Ramírez

El principio básico de toda democracia se sostiene en que la mayoría decide y la minoría acata.

El madurismo, sin embargo, hoy pretende lo contrario. Pretende imponernos una Asamblea Constituyente rechazada al menos por el 80 por ciento de los venezolanos, quienes consideran que ahora no hay otra urgencia como no sea la de salir del régimen que nos oprime y empobrece desde hace tiempo.

Porque, amigo lector, el origen de nuestros problemas está en el actual régimen. No hay otras causas, luego de 18 años de desgobierno ineficiente y corrupto. Todo lo que nos afecta es producto del modelo que se ha tratado de imponer, ya fracasado en otras partes del mundo: el modelo socialista y comunista.

Y es que no hay que hacer mucho esfuerzo para entender por qué razones los venezolanos hemos llegado a esta situación calamitosa, sin comida, sin seguridad, alto costo de la vida y colapso general de los servicios públicos, aparte de la destrucción de las instituciones democráticas. La causa es, precisamente, el modelo chavomadurista que arruina a Venezuela desde 1999.

Hay que entender que las políticas públicas condicionan la economía y la marcha de la sociedad en todos los aspectos. No hay manera de desvincularlas, porque todo está sujeto a las políticas que se ejecuten desde el poder. Si esas políticas son acertadas, el país progresa y se desarrolla. Si son equivocadas, el país se arruina y empobrece. Y si son fatalmente equivocadas, como ahora sucede en Venezuela, sus consecuencias son terribles en todo sentido.

Las políticas públicas lo determinan todo. Por eso constituye una solemne estupidez cuando una persona afirma que no depende de la política, sino de su trabajo. La verdad es que, sea cual sea su trabajo, al final todo lo condicionan las políticas públicas. Porque si esas políticas son erróneas entonces destruyen los empleos, las inversiones, la productividad y sus efectos nos terminan afectando a todos. La política lo condiciona todo, incluyendo si a usted le recogen o no la basura o sufre apagones a cada rato. Así de simple.

La indiferencia, insensibilidad o estolidez de algunos frente a la tragedia que sufrimos contribuyen entonces a profundizar la terrible crisis que hoy sufre Venezuela. Lo peor es que quienes piensan que manteniéndose al margen podrían estar a salvo, están muy equivocados y, si esto sigue como va, con su irresponsable actitud condenan a sus hijos y nietos a vivir en un país arruinado, por lo que seguramente estos los maldecirán en el futuro.

Y hoy estamos precisamente en este punto de inflexión de la historia de Venezuela. El régimen madurista, huérfano de apoyo popular y, lo que es más grave aún, con un rechazo colectivo de más de 85 por ciento según las últimas encuestas serias, pretende perpetuarse en el poder, menospreciando la opinión de la gran mayoría de los venezolanos y asesinando e hiriendo a nuestros jóvenes estudiantes, aparte de miles de detenidos sin razón. 

En ese perverso empeño no les ha importado violar la Constitución de 1999, “la mejor del mundo”, según su “comandante eterno” (con lo cual demuestran que Chávez ya no los comanda, ni tampoco era eterno, a fin de cuentas). Pero hay más todavía: no sólo violan aquel legado constitucional de su extinto jefe, sino que ahora quieren cambiarla por otra Constitución, lo que no deja de ser una traición a quien los dejó en el poder en 2013.

En todo caso, la felonía del madurismo no sólo traiciona a su extinto jefe, sino al país entero, pues pretenden hacer una nueva Constitución sin consultar al pueblo venezolano. Peor aún: pretenden eliminar el voto directo, universal y secreto sustituyéndolo por votos corporativos de acuerdo con sus intereses, en lo que constituye una práctica fascista de la Italia de los años treinta del siglo pasado.

Y no sólo eso: han armado una estructura fraudulenta de elección de los diputados constituyentistas donde la minoría se impone a la mayoría. Así, por ejemplo, los municipios menos poblados tendrían más representantes que los municipios más poblados, lo que resulta contrario a todo principio democrático y de respeto a la soberanía popular.

Por todas estas razones hay que rechazar esa Constituyente fraudulenta y espuria. Llegado el caso, también  hay que desconocer sus decisiones, pues no representan la voluntad popular. Los artículos 5, 333 y 350 de la Constitución actual nos obligan y autorizan a no aceptar de ninguna manera todo aquello que llegare a decidir esa Constituyente fraudulenta, en el caso de que así lo pretendan.

Nos asiste, además, la razón porque en una democracia la mayoría decide y la minoría acata. Y punto.

@gehardcartay

El Blog de Gehard Cartay Ramírez

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 27 de junio de 2017.

LAPATILLA.COM

DERECHOS HUMANOS Y SOBERANÍA

DERECHOS HUMANOS Y SOBERANÍA

Gehard Cartay Ramírez

Los regímenes autoritarios siempre se esconden detrás del concepto de soberanía para pretender excusar sus crímenes de lesa humanidad.

Acuden entonces a un concepto de soberanía anacrónico y absurdo, propio de los feudos y las monarquías de siglos atrás, pero no del actual mundo globalizado donde la democracia tiende a ser un sistema planetario y la defensa de los derechos humanos no conoce fronteras.

Sin embargo, según estos regímenes autoritarios, su concepto de soberanía significa que ellos pueden hacer lo que les dé la gana en sus respectivos países, y nadie de afuera –o de adentro– puede entrometerse.

Obviamente, ese concepto de soberanía ya está periclitado. Hoy día ningún gobernante puede hacer lo que quiera en contra de los ciudadanos de su país, sin incurrir en violaciones de los articulados de la Declaración de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales y el Derecho de Gentes.

Hoy día los mandatarios tienen límites en el ejercicio de sus gobiernos, y ningún país puede permanecer indiferente a la suerte de otros en donde, por ejemplo, se conculquen los derechos humanos, se cometan crímenes de lesa humanidad o se desconozcan los principios democráticos. 

La soberanía, pues, no existe en los términos concebidos por las dictaduras y los gobiernos que aspiran a convertirse en estas. Y es lógico que así sea: no puede utilizarse la soberanía para excusar crímenes y delitos de gobiernos genocidas, forajidos, terroristas, narcotraficantes y antihumanitarios.

Por lo tanto, frente a esos crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional tiene perfecto derecho a intervenir, bien por las vías diplomáticas, jurídicas y económicas o, incluso, por las vías de hecho. Ningún gobernante puede pretender, a estas alturas de la historia, convertir a su país en un coto cerrado para atentar contra su pueblo o contra los demás, para violar los derechos humanos o para poner en peligro la paz y el orden internacional.

El moderno concepto de soberanía respeta, desde luego, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en sus asuntos internos. Pero el Derecho Internacional ha evolucionado de tal manera que los derechos humanos están por encima de cualquier consideración, visto que hoy día se persigue la protección de toda persona, independientemente del sistema jurídico a que esté sometido. En otras palabras, el sagrado respeto a la persona humana trasciende a cualquier Estado de cualquier país, lo que implica, sin duda, una gran conquista para el desarrollo de toda la humanidad presente y futura. 

Esa soberanía que tanto gusta a los mandatarios delincuentes y terroristas sólo busca evadir el castigo de sus crímenes, tarea que hoy día no conoce fronteras de ninguna naturaleza. Ya no existe la famosa inmunidad que antes los protegía, lo cual permitió, por ejemplo, que el dictador chileno Augusto Pinochet fuera detenido y procesado en Inglaterra hace varios años y que el tirano yugoslavo Miselovic fuera juzgado en La Haya por una corte internacional.

Hay que detenerse a pensar, por ejemplo, qué habría sucedido si la comunidad internacional hubiese actuado tempranamente contra Hitler, Stalin o Mao durante sus respectivas dictaduras, bajo las cuales murieron, en su conjunto, 60 o 70 millones de personas. Para ejecutar libremente tales prácticas criminales y perversas, todos ellos alegaron la soberanía de sus Estados y detrás de ella escondieron el trágico final de esos millones de hombres, mujeres y niños que murieron en los campos de concentración nazis, en los gulag soviéticos de Siberia y durante la descomunal  hambruna china en los años cuarenta del siglo pasado.

Ese concepto utilitario, desnaturalizado y cínico de soberanía es el mismo al que hoy apela el régimen chavomadurista para intentar tapar la tragedia humanitaria que nos afecta (sin comida, ni medicinas), casi un centenar de asesinatos de adversarios políticos por la brutal represión contra protestas pacíficas, así como sus miles de presos políticos, sus sistemas de torturas y detenciones sin fórmula de juicio –todos crímenes de lesa humanidad–, sus violaciones reiteradas a la Constitución, a los convenios internacionales y a los derechos humanos.

De allí que la estrategia hoy en ejecución sea la de alzarse en contra de la comunidad internacional, desconocer sus organismos y decisiones y encerrarse en las fronteras del país –al estilo de Castro en Cuba– para impedir ser castigados.

Pero, al final, no lo lograrán: una vez fuera del poder deberán ser juzgados por sus crímenes, y será muy difícil que puedan escapar a la justicia universal. Ya no hay lugar seguro para los ex gobernantes tiránicos o autoritarios.

@gehardcartay

El Blog de Gehard Cartay Ramírez

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 20 de junio de 2017.

LAPATILLA.COM 

“CONSTITUYENTE” SIN PUEBLO

“CONSTITUYENTE” SIN PUEBLO

Gehard Cartay Ramírez

Eso es lo que pretende la cúpula podrida de Maduro y compañía.

Si lograran hacerla, ya se sabe que tendría el contundente rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Sería entonces una “constituyente” sin pueblo, es decir, una “constituyente” de mentira. Sería, en definitiva, una “constituyente” que no es tal, inexistente para todos los efectos. Por lo tanto, sus acuerdos y decisiones tendrían que ser desconocidas por los venezolanos.

¿Cómo se podría obligar al pueblo a acatar la decisión de un grupito canalla y contrario a los intereses de Venezuela? Sería absolutamente imposible, así continuaran reprimiendo y asesinando a la gente. No habría manera de imponerles a los venezolanos la camisa de fuerza que sería esa “constituyente” fabricada por un cogollito de ineptos y corruptos, como el que maneja el país desde hace años.

Porque el único que puede convocar y aprobar una nueva Constitución es el pueblo. Más nadie. Esta verdad hay que repetirla y machacarla, así sea una perogrullada más.

La Constitución actual es muy clara al respecto y aquí no vale ninguna Sala “Constitucional” para interpretarla. Su texto es clarísimo, como el agua de un manantial.  No está escrita en ruso o arameo y, por tanto, no necesita traducción alguna, mucho menos interpretación jurídica.

Lo primero que debe advertirse es que una Constituyente sólo puede convocarla el pueblo de Venezuela como “depositario del poder constituyente originario” (Art. 347). Por consiguiente, no la puede convocar nadie más. Aquí estriba precisamente el fraude de Maduro y compañía, al pretender sustituir al pueblo para convocar su “constituyente” pirata. 

Y el pueblo de Venezuela puede convocarla con tres objetivos precisos y simultáneos: “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” (Art. 347). Si usted, amigo lector, vuelve a leer lo anterior, se dará cuenta de que, en el caso de una nueva Constitución, la Constituyente que se elija sólo puede redactarla, mas no aprobarla. Porque es el pueblo el único que puede aprobarla para que sea, en verdad, la Constitución de todos.

Por lo tanto, hay dos procesos que deben cumplirse obligatoriamente: uno, que el pueblo convoque o no la Constituyente, consultada su voluntad mediante un referendo a tal efecto; y dos, si fuere el caso, el pueblo será el que, en definitiva, aprobará o no el proyecto de Constitución redactado por la Constituyente. 

Por lo tanto, hay que diferenciar la convocatoria de la Constituyente (Art. 347), por un lado, de la iniciativa para convocarla (Art. 348), por el otro. La trampa madurista pretende fundir ambos actos, que son distintos en sí mismos. El Art. 348 establece quiénes tienen la iniciativa para convocar la Constituyente, pero sólo eso. En cambio, el 347 señala que sólo el pueblo de Venezuela podrá convocar la Constituyente, así como aprobarla o no.

Por estas razones, y como ya se ha señalado suficientemente, la “constituyente” de Maduro y su cúpula podrida no es otra cosa que un escandaloso fraude constitucional, tal como lo ha denunciado la Fiscal General de la República.

Esa iniciativa del régimen viola la Constitución en tres aspectos fundamentales: 1) No la somete a la voluntad del pueblo, donde “reside intransferiblemente la soberanía” (Art. 5); 2) Por eso misma razón, viola el principio de la progresividad en materia de derechos humanos; y 3) Viola  el principio del sufragio universal, directo y secreto, como medio de expresión de la soberanía popular.

(Este tercer aspecto es también sumamente grave: el madurismo pretende ahora eliminar el voto popular, directo y secreto, después de 70 años de su establecimiento. Quieren sustituirlo mediante “bases constituyentes” unilaterales, según las cuales los constituyentistas no serían elegidos por el pueblo, sino por corporaciones fascistoides y en “representación” de cada municipio, pero de manera fraudulenta, porque los municipios despoblados tendrían más representantes que los poblados, con lo cual se desconoce a la mayoría y se privilegia a la minoría.)

Por desgracia, visto el pronunciamiento de ayer del TSJ, pretenden hacerla “a lo Jalisco”, sin importarles la voluntad de los venezolanos, ni la Constitución que ellos mismos aprobaron en 1999, y que su “comandante eterno” (quien, por lo visto, cuatro años después de muerto ya no los comanda) llamó “la mejor del mundo”.

En uso de la facultad constitucional que le otorga el Art. 70, la Asamblea Nacional debería ahora mismo acordar que se someta a referendo consultivo la iniciativa de Maduro sobre su  “constituyente” fraudulenta. Y si, como todo pareciera indicar, el CNE o el TSJ lo niegan, sin tener potestad para ello, debemos hacerlo de todas maneras a fin de dejar en evidencia el amplio repudio del pueblo a la misma. 

@gehardcartay

El Blog de Gehard Cartay Ramírez

LA PRENSA de  Barinas (Venezuela) _ Martes, 13 de junio de 2017

LAPATILLA.COM