LA CONSTITUCIÓN Y LOS MILITARES

LA CONSTITUCIÓN Y LOS MILITARES

                           Gehard Cartay Ramírez                                  

No se justifica la reacción destemplada de la cúpula militar frente al correcto planteamiento del nuevo presidente de la Asamblea Nacional instándolos a cumplir sus deberes constitucionales.

Entre otras cosas, porque esa es una exigencia nacional a estas alturas. Y nadie les está pidiendo que den un golpe de Estado, como el de Chávez y sus golpistas en 1992. En absoluto: lo que se les reclama es que garanticen el cumplimiento de la Constitución, violada todos los días desde el mismo momento en que la aprobaron en 2000.

Porque, además -por si no se han dado cuenta-, aquí nadie quiere continuar bajo un régimen militarista. Esa experiencia siempre ha sido nefasta y hay que desterrarla por completo, como sucede en todo país moderno y civilizado, donde los militares se mantienen en los cuarteles, alejados del partidismo político.

Cuando se le exige a la Fuerza Armada Nacional (FAN) que garantice la vigencia de la Carta Magna, ella misma debe comenzar cumpliendo con el artículo 328, que la regula como institución castrense, y que su cúpula viola a cada rato. La Constitución le ordena ser “una institución esencialmente profesional, sin militancia política”, que “en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Más claro no canta un gallo. Entonces, sobra eso de “Chávez vive” o lo de “patria socialista”. Comiencen, pues, por cumplir el artículo 328.

Desde luego que por estas mismas razones -por estar “al servicio exclusivo de la Nación”- la FAN debería exigirle al régimen que cumpla también con la Constitución y las leyes, respete el Estado de Derecho, garantice la comida y la paz de los venezolanos, deje de violar los derechos humanos, libere a los presos políticos y no impida la celebración de elecciones. ¿Es mucho pedir? Por supuesto que no: todo eso está en las normas constitucionales, especialmente en el artículo 2 que define a Venezuela “como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, que obviamente ahora no lo es.

Hay que recordarle a la cúpula militar de hoy que desde 1958 hasta 1998 las FAN fueron -por expreso mandato de la Constitución de 1961- “apolíticas, no deliberantes y sometidas al poder civil”. Se les inculcó entonces una profunda raigambre constitucional y se las mantuvo alejadas del debate político-partidista. Se respetó -en lo posible- la meritocracia en materia de ascensos, revisados por el Senado, antes de ser aprobados por el Presidente de la República. Y se actualizó entonces a la alta oficialidad en temas de interés nacional, a través del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Rafael Caldera.

Entre 1958 y 1999 las FAN como institución tuvieron un comportamiento institucional, con apego a las normas constitucionales. En su momento, respaldaron la democracia republicana frente la subversión guerrillera de la extrema izquierda, patrocinada por el dictador cubano Fidel Castro, y la derrotaron militarmente.

La llegada al poder del actual régimen en 1999 cambió intempestivamente el papel de las FAN. No hay que olvidar, por cierto, que luego de la derrota de las guerrillas en los años sesenta, continuó la infiltración marxista de los cuadros medios de la institución armada (Véase mi libro Los orígenes ocultos del chavismo, Editorial Libros Marcados, 2006). Después siguieron la preparación sigilosa de una logia militar conspiradora y las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992.

Estos lamentables hechos y la gigantesca crisis nacional creada por el actual desgobierno convierten a la institución militar en un factor decisivo en el desenlace de la actual situación. De allí que los venezolanos le reclamen a la Fuerza Armada Nacional que actúe en función de los principios constitucionales y sea garante efectivo de la institucionalidad democrática, y no el soporte armado de un proyecto político que ha destruido las instituciones, dividido al país y sembrado el odio, aparte de conducirnos a la más severa crisis económica que este país haya podido sufrir nunca antes.

La resolución de la presente crisis de gobernabilidad debe ser democrática e institucional. Está en la voluntad del pueblo decidir si este nefasto proceso chavomadurista continúa destruyendo al país o si le damos un parao a la tragedia que sufrimos hoy, mediante una salida democrática y electoral a tales efectos.  

 Y cualquiera que sea la decisión de la inmensa mayoría será de obligatorio cumplimiento para todos, y la Fuerza Armada Nacional tiene que ser su garante, pues ella es el custodio de las armas propiedad del pueblo venezolano y del monopolio de la violencia.

@gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 10 de enero de 2017. 

¿TODO PASADO FUE MEJOR?

¿TODO PASADO FUE MEJOR?

Gehard Cartay Ramírez

Dependiendo de las circunstancias y de los ciclos históricos se podría responder esta interrogante. Quien analice la historia venezolana desde sus inicios conseguirá respuestas dispares.

Así, por ejemplo, las teorías cuasi paradisíacas sobre la etapa indígena en lo que hoy es territorio venezolano sostienen que la misma fue mejor que lo que vino luego. Tal vez tengan razón. Sin embargo, hubo también entonces guerras tribales violentas, aquí y en todo el continente.

La conquista y colonización española fue luego una larga etapa de imposición de una cultura extraña sobre la autóctona, con sus consecuencias nefastas: la esclavitud y la explotación de los pobladores originarios. Resulta, por tanto, obvio que esta etapa no fue mejor que el tiempo de los aborígenes.

Sin embargo, la posterior Guerra de Independencia liquidó la economía y la paz. Entre 1830 y 1859, los esfuerzos por consolidar la República fueron auspiciosos. Y cuando apenas se estaban recuperando la economía y la paz social explotó la llamada Guerra Federal, que acabó con los nacientes logros. Sin duda, los años inmediatamente anteriores habían sido mejores.

Vino luego la larga autocracia de Guzmán Blanco y sus sucesores políticos. Posteriormente, la de los militares andinos en el poder, entre 1899 y 1945, primero con los generales Castro y Gómez, y luego con los también generales López Contreras y Medina. Esta última etapa significó un avance en todo sentido.

Con la denominada Revolución de Octubre que en 1945 derrocó a Medina comenzó un sostenido proceso de ascenso económico y social que duró hasta finales del siglo XX. Se proyectaron grandes obras públicas y se inició una etapa de modernización del país. En 1946 fue elegida una Asamblea Constituyente que dictó la primera Constitución democrática, y en 1947 fue electo el escritor Rómulo Gallegos como el primer presidente escogido en comicios directos, universales y secretos. Y aunque será derrocado por las Fuerzas Armadas a los nueve meses de haber tomado posesión, serán los militares quienes ejecuten algunas de aquellas grandes obras, muchas de las cuales fueron continuadas por los gobiernos democráticos surgidos a la caída de la dictadura pérezjimenista.

Pocos pueden dudar hoy que a partir de entonces y hasta 1999 hubo una etapa de progreso ascendente, al punto que en aquel tiempo surgió una pujante clase media, como pocas en el continente. Porque si bien es cierto que durante de la década militar (1948-1958) se construyeron obras públicas fundamentales, no lo es menos que, entre 1958 y 1998, La República Civil superó aquellos logros, mientras se expandían también el sistema democrático y el respeto a las libertades públicas y los derechos humanos.

Como puede notarse, en medio de tropiezos y dificultades, se avanzó en todos los órdenes, a pesar de ciertos retrocesos puntuales, como la ausencia de democracia durante la dictadura del general Pérez Jiménez y la insurgencia guerrillera castrocomunista, a comienzos de los años sesenta. Pero queda fuera de toda duda que, entre 1959 y 1973 -bajo los gobiernos progresistas de Betancourt, Leoni y Caldera I-, Venezuela fue un país con una economía en ascenso, una moneda fuerte, niveles de endeudamiento mínimos y un manejo prudente, austero y decente de los dineros públicos.

Y si bien es cierto que el alza sorpresiva de los precios petroleros en 1973 indigestó financieramente al país y se malbarató parte de aquella montaña de recursos a partir del primer gobierno de CAP, no lo es menos que -seguido del de Herrera Campíns y Lusinchi, entre 1974 y 1988- Venezuela siguió creciendo económicamente, con saldo positivo en materias de salud, educación, vivienda, descentralización y servicios públicos.

Por desgracia, crecieron también la corrupción, la pobreza y la deuda externa, aunque nunca en las inmensas proporciones actuales. El punto de inflexión entonces volvió a presentarse, al igual que en su primera gestión, durante el gobierno de CAP II, al producirse el Caracazo, los golpes militares de 1992 y su destitución en 1993. Posteriormente, el gobierno de Caldera II garantizó cinco años de paz, así como la continuidad administrativa y la ejecución de importantes obras públicas.

Sin embargo, y a pesar de todo, la mayoría estaba descontenta y quería un cambio radical. Todo esto llevó al poder a un militar golpista como Hugo Chávez Frías, quien prometió entonces resolver los problemas del país, y luego de 13 años largos no había resuelto ninguno, sino creado otros nuevos y más complejos. Sus sucesores han continuado aquel nefasto legado. Hoy el país ha retrocedido un siglo, arruinado y peor que nunca, con más pobreza y miseria, desabastecimiento y hambre, inseguridad terrorífica, inflación descontrolada y corrupción sin precedentes.

 Obviamente que aquel pasado fue mejor que este presente trágico. ¿O usted lo duda, amigo lector?  

@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) -Martes, 03 de enero de 2016.

LA JUSTA REBELIÓN

Gehard Cartay Ramírez

Si el régimen cumple su descabellado propósito de “disolver” la Asamblea Nacional entraríamos en un oscuro tiempo que acelerará, aún más, la destrucción y ruina del país.

De hecho, el oficialismo ha venido desconociendo e irrespetando al Poder Legislativo, través del sicariato judicial que contra la Constitución se ejecuta desde la llamada Sala Constitucional. Bien se sabe que todas las leyes y decisiones que ha aprobado el parlamento venezolano han sido “anuladas” por aquel organismo, todo ello abusando del poder y en contra de las normas constitucionales.

La naturaleza ya abiertamente dictatorial del régimen desconoce así, no solamente al Poder Legislativo y sus competencias y funciones, sino al poder soberano del pueblo que lo eligió en diciembre del año pasado. A ese pueblo -el verdadero y auténtico- lo menosprecia la cúpula podrida que manda y pretende sustituirlo por los cada vez más reducidos sectores que aún lo apoyan, pero que no representan en modo alguno a la gran mayoría de los venezolanos.

Se configura entonces una realidad escandalosa: Maduro y su claque ya no representan -si es que alguna vez lo hicieron- la voluntad mayoritaria del pueblo de Venezuela. Carecen, por tanto, en su actual desempeño del poder, de la legitimidad que otorga la representación de las mayorías. Muy al contrario: lo ejercen en contra de la voluntad de más del ochenta por ciento de los venezolanos, según las últimas encuestas.

Todo ello obliga a la oposición democrática a redefinir las tácticas mediante las cuales puede lograr su objetivo de sustituir al régimen cuanto antes. Se ha demostrado ya suficientemente lo complejo que resulta combatir democráticamente a un régimen que no lo es. Y es que no es fácil la lucha entre desiguales, cuando uno de ellos usa todo su poder y viola impunemente la Constitución y las leyes, mientras la oposición es perseguida y varios de sus líderes muertos, detenidos o exiliados, sin que las instituciones que deberían garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos hagan algo al respecto. Más grave aún: hacen todo lo contrario, al justificar los atropellos del régimen.

La historia ha demostrado que los pueblos no tienen por qué tolerar las dictaduras y sus abusos. Moral y éticamente están obligados y autorizados a liquidarlas, en nombre de la libertad y la justicia. Por estos días lo ha recordado el padre jesuita Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, en un impecable artículo publicado en la revista Sic.

Ugalde, en su sólida argumentación al respecto, acudió a las fuentes primarias del pensamiento católico para justificar el derecho a la rebelión que tienen los pueblos martirizados por regímenes dictatoriales. A su juicio, “la justa rebelión contra gobiernos tiránicos es una doctrina católica milenaria y un derecho humano fundamental. La existencia de gobiernos se justifica éticamente por su condición de medio indispensable para lograr el bien común. Cuando el régimen se convierte en instrumento del mal común del conjunto de los ciudadanos y los agrede con creciente pobreza, corrupción, inseguridad y manejo de lo público como botín privado, ya es dictadura”.

Al citar a dos grandes pensadores católicos, San Agustín (“La ley injusta no es ley”) y Santo Tomás, Ugalde hace suya una opinión de este último, según la cual “si el tirano agrede al bien común y busca su interés privado, con lo que los súbditos quedan libres del acatamiento y obediencia a la legítima autoridad, pues se ha deslegitimado. Los pueblos tienen derecho a darse sus gobernantes y obligación de pedirles cuentas de buen gobierno y cambiarlos cuando se vuelven tiranos”.

La siguiente referencia del padre Ugalde al respecto es fundamental: “En el Acta de la Independencia de Venezuela y en el Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela (1811) (Juan Germán) Roscio basa en ese principio el legítimo derecho a darse un buen gobierno independiente de España: En uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos, para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España y que como todos los pueblos del mundo estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que de la nuestra (…). Los pueblos tienen derecho a juzgar y a cambiar gobiernos cuando el régimen es opresor y bloquea sistemáticamente el camino del bien común”.

Resulta indudable que la fuerza moral de estos razonamientos nos obligan a profundizar la lucha contra la dictadura y a revaluar las tácticas más eficaces que conduzcan a su sustitución cuanto antes. Es nuestro derecho y nuestra obligación.

@gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 27 de diciembre de 2016.

EL PEOR RÉGIMEN DE NUESTRA HISTORIA

Gehard Cartay Ramírez

Termina este nefasto 2016 confirmando que padecemos el peor régimen de la historia venezolana.

Nunca antes hubo uno tan incapaz, inepto, corrupto e insensible como el actual. Nunca tuvimos un presidente peor evaluado que el actual, cuyo único mérito histórico será haber superado en esa escala a Julián Castro, quien desgobernó Venezuela entre 1858 y 1859 y al que siempre se le tuvo como el más malo de todos los gobernantes en nuestra historia republicana.

Culmina este año mostrando los inocultables signos del cáncer terminal que afecta al país desde hace 18 años. Y no pueden ser más terribles: una economía en ruinas, hambre, miseria, desabastecimiento, escasez, alto costo de la vida, hiperinflación, inseguridad como nunca y una desvergonzada corrupción en todas las escalas oficiales (desde la más alta hasta la más baja) e incluso privadas. Ciertamente, Venezuela nunca estuvo peor que ahora, lo cual ya es mucho decir.

La última estación de este penoso viacrucis que sufrimos la constituye el saqueo que se nos ha hecho a todos con motivo de la supuesta sustitución de los billetes actuales. Lo que estamos presenciando en estos tristes días es la demostración más escandalosa de que hoy en Venezuela no hay gobierno, sino un régimen signado por la improvisación, la ineptitud y la corrupción, y al que nada le importa el destino de nuestro pueblo, aquejado como nunca por los peores problemas en muchas décadas.

No han faltado, por supuesto, quienes señalan que, más allá de tan colosal improvisación y de este vulgar despojo que el régimen nos ha hecho a todos, hay otras motivaciones mucho más sombrías. Economistas serios y prestigiosos han llegado a afirmar, incluso, que detrás de todo este desastre monetario hay una gigantesca operación de lavado de dineros sucios, provenientes de mafias oficialistas vinculadas a negocios ilícitos. Tal vez tengan razón, porque con gente de esta ralea todo es posible.

Lo que si resulta muy claro es que el régimen ha procedido criminalmente a incautar nuestros haberes monetarios con el argumento de que debía desincorporar los billetes actuales por los nuevos, que estas alturas siguen sin aparecer. Y mientras esto ocurre, millones de venezolanos se quedaron sin efectivo en esta temporada pre navideña, sin poder comprar la poca comida que se consigue, ni adquirir otro tipo de bienes, algo que nunca había pasado en Venezuela. Si esto no es un atraco, no sé de qué otra forma podríamos denominarlo.

Y es que hasta la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica Venezolana, con la autoridad moral y la prudencia que todos le reconocemos, este fin de semana condenó duramente estos hechos: “Poner fuera de circulación, en este momento del año, el billete de más alta denominación (Cien bolívares) y la manera apresurada de implementar la medida han causado graves molestias a toda la población y han provocado indignación, rechazo y violencia. (…) Los pobres, como siempre suele suceder, han sido los más perjudicados y los más indefensos con las decisiones tomadas”.

 Igualmente, la jerarquía episcopal denunció que las grandes masas populares “de la noche a la mañana se han quedado prácticamente sin recursos ni poder adquisitivo a fin de poder conseguir los insumos necesarios para su alimentación, transporte, medicinas y para cubrir los gastos necesarios de la cotidianidad”. Y no vaciló enseguida en afirmar que “el Gobierno ha llevado a cabo medidas terribles  y precipitadas que perjudican a todos, sin tener en cuenta que son servidores de un pueblo que de verdad está sufriendo el menosprecio de todos los dirigentes políticos”.

Los obispos católicos, por cierto, también condenaron la falta de pronunciamientos oportunos de la oposición frente a este desastre y enfatizaron que muchos venezolanos “no dejan de expresar sus sentimientos de frustración y de abandono por parte de quienes debían estar dando la cara y promoviendo soluciones justas”. Por desgracia, algunos de esos dirigentes opositores estaban más ocupados de sus precandidaturas y “hallacazos” que de acompañar a la gente en un momento tan aciago. Resultan francamente condenables su derroche de recursos, su frivolidad y sus ambiciones bastardas ante tanta desgracia colectiva.

Por lo visto, necesitamos otro gobierno y también otra oposición. El país no puede seguir hundiéndose con más dirigentes mediocres, ineptos e insensibles. Necesitamos un liderazgo experimentado y firme a todos los niveles, gente auténtica y honesta, que esté a la altura del desafío venezolano de hoy.

Ojalá que el actual sea el último de los peores regímenes que hemos sufrido en nuestra historia.

@gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 20 de diciembre de 2016.

LUCHA SIN EXCLUSIONES

LUCHA SIN EXCLUSIONES

Gehard Cartay Ramírez

En la oposición hay ciertos dirigentes a quienes “los árboles no los dejan ver el bosque”, para citar un conocido refrán.

Son gente que no alcanza a mirar más allá de sus narices. Gente que no entiende el momento que vivimos. Gente que antepone sus intereses personales por encima de los intereses nacionales. Gente que cree que sus ambiciones individuales son más importantes que todo lo demás.

La colosal crisis que hoy sufrimos requiere otro tipo de dirigentes, dedicados a un esfuerzo mayúsculo -de ellos y sus partidos- en donde se combinen las ambiciones legítimas con la aspiración mayor de los venezolanos, que no es otra que el cambio urgente y radical de la actual situación.

Lo singular del momento político, económico y social de estos últimos años es que en Venezuela no funcionan la democracia ni sus instituciones. Así de sencillo. No estamos viviendo tiempos normales de desarrollo democrático, como sucedía en la República Civil entre 1958 y 1998. Ahora estamos bajo una dictadura disfrazada de democracia, producto de un injerto de fascismo y castrocomunismo, bajo la tutela de un gobierno extranjero y cuyo legado hasta ahora sólo ha sido la destrucción del país en todos los sentidos.

No es poca cosa, amigos lectores. Sufrimos una profunda crisis política, económica, social, institucional y moral, que ha puesto al país a la deriva y de la que no será fácil salir en los próximos años. Y ante un desafío como este, la frivolidad, la mediocridad y la falta de madurez de algunos dirigentes opositores -para no referirme a los del régimen, que las vienen mostrando desde hace ya 18 años- luce escandalosa.

De allí que resulte ineludible plantear una franca discusión al respecto, hacer correctivos a tiempo y colocar la conducción de la oposición democrática en manos de los más sensatos y experimentados, sean jóvenes o viejos, pues el asunto no es la edad cronológica de la dirigencia, sino las ideas y proyectos que Venezuela exige ahora. Y 2017 es una fecha apropiada al respecto, luego de los recientes sucesos políticos que han cambiado un poco la percepción de las mayorías con respecto a la conducción del movimiento opositor al régimen de Maduro y su cúpula podrida.

Vamos a detenernos en este último asunto porque no conviene asumir posiciones excluyentes, sectarias o autosuficientes. En la lucha opositora todos somos necesarios, aunque nadie es imprescindible. Toda persona o partido político que quiera aportar su colaboración en la tarea de salir de este ominoso régimen debe ser incorporado con la mayor amplitud. La oposición democrática no es propiedad de alguien en particular, ni de ningún partido. Y esto hay que tenerlo claro, sin espacio para equivocaciones.

Por eso  mismo, hay tener cuidado con el mito del simple "relevo generacional" como único instrumento eficaz para enfrentar el difícil momento histórico que vivimos. Y digo mito, porque esa es una vieja tesis a la que siempre apelan los dirigentes jóvenes, como si ellos no van a llegar también a la madurez cronológica. Se trata de un espejismo político de viejo uso, aquí y en todas partes. Hace 18 años lo utilizó Chávez, combinándolo con la antipolítica, otra falacia a la que se apela a veces. Y allí están sus desastrosos resultados. Sin embargo, existen hoy quienes en la oposición vuelven a este manoseado recurso para apuntalar sus proyectos personales.   

El problema, digámoslo de una vez, no es ser joven o viejo, sino capaz o incapaz, competente o incompetente, experto o inexperto, honesto o corrupto. Son las virtudes y no los vicios, más que la edad, las que resultan indispensables en quienes deban asumir la conducción opositora actual y en quienes vayan luego a dirigir el país, una vez que salgamos del actual régimen. 

Resulta muy claro también que las posiciones personalistas sobran en esta lucha. Lo que está planteado entonces es un amplísimo esfuerzo colectivo, sin excluir a nadie, sea viejo o joven. Un esfuerzo comunitario de gran alcance, que nos integre a todos los que estamos decididos a cambiar a Venezuela en lo inmediato. No comprender esta dimensión de nuestra lucha es agotarse en la mediocridad y facilitarle las cosas al régimen, cuyo único propósito es prolongarse en el poder, aunque el país se hunda cada día más.

El país debe saber que sólo saldremos adelante con planes y programas concretos, con equipos humanos capaces y bien preparados, con gente honesta y sensible al frente de la cosa pública, apartando a los ineptos y ladrones, y convocando a los mejores en la tarea ciclópea de reconstruir a Venezuela. 

 @gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 13 de diciembre de 2016.