A propósito de los 59 años del Pacto de Puntofijo
El 30 de octubre de 1958 se había
firmado en la Quinta
“Puntofijo” de la
Avenida Solano, sector Las Delicias de Sabana Grande en
Caracas, hogar de Rafael Caldera, un trascendental acuerdo institucional entre
las tres fuerzas políticas más importantes del país.
Ese acuerdo era la lógica
conclusión de las conversaciones que, desde enero de ese mismo año, habían
venido sosteniendo Betancourt, Villalba y Caldera, cuando -a la caída de la
dictadura- se reunieron en Nueva York.
La motivación central no era otra que el reclamo de la unidad nacional.
El llamado espíritu del 23 de Enero
seguía influyendo poderosamente en todas y cada una de las decisiones
políticas del momento, sobre todo de cara a otra exigencia suprema como lo era
el desarrollo pacífico y ordenado de la transición política en ejecución. Y si
bien es cierto que la búsqueda del candidato único había fracasado y que, al
final, cada partido político presentaría el suyo -dos militantes y un militar
activo-, ese esfuerzo se orientó entonces hacia un acuerdo solemne. Su objetivo
fundamental: asegurar el cumplimiento de las reglas del juego, normales en
cualquier democracia, pero importantísimas en aquel momento cuando Venezuela
salía de un largo período dictatorial y militarista. Así fue como nació lo que
con posterioridad ha sido conocido como el
Pacto de Puntofijo.
Era, pues, un acuerdo coyuntural,
forzado por aquellas circunstancias tan especiales. No tenía, expresamente,
intenciones de largo alcance sino más bien de corto y probablemente mediano
plazo. Era un pacto de proposiciones muy concretas, referidas a un momento
específico y dirigido a lograr metas realistas y prácticas. No era, en
consecuencia, una simple declaración de principios ni tampoco un pronunciamiento teórico o programático. Se
diría que consistía esencialmente en un
acuerdo táctico momentáneo en función de una estrategia inmediata: asegurar la
transición de la dictadura a la democracia.
Contra todo lo que se ha escrito
y dicho posteriormente, la verdad histórica es que el Pacto de Puntofijo fue un acuerdo circunstancial, referido apenas a
los próximos cinco años, contados a partir de 1959, cuando tomará posesión el
siguiente gobierno.
Afirmar, por tanto, que en ese
preciso instante se comprometió el futuro de los siguientes cuarenta años del
país es -cuando menos- un disparate.
Esto hay que aclararlo en aras de la verdad histórica. Y ello en virtud de que
una abundante literatura, y sobre todo una interminable retórica política
interesada, han terminado desvirtuando lo que, en realidad, fue el Pacto de Puntofijo. Gracias a esa tergiversación histórica, hoy la gran mayoría de los venezolanos lo
perciben como un diabólico acuerdo entre AD y Copei para repartirse el poder
durante cuarenta años, usufructuar sus privilegios, distribuirse sus ventajas
materiales y someter a los venezolanos a una especie de reino del terror, la
ineficiencia, la corrupción y todas las otras taras políticas que puedan
existir.
Por contraposición hay que
agregar que tampoco corresponden al Pacto
de Puntofijo los aspectos positivos y negativos de estos últimos 40 años, y
esto también debe quedar absolutamente claro. Cada gobierno elegido en este
período tiene sus responsabilidades asumidas ante la historia, sin que pueda
establecerse una especie solución de continuidad entre, por ejemplo, el segundo
gobierno de Betancourt y el primer gobierno de Caldera. Más todavía: esa
solución de continuidad no es posible, incluso, pretenderla entre los primeros
y segundos gobiernos de Caldera y de Carlos Andrés Pérez, con todo y que hayan
sido esas mismas personas quienes ejercieran la presidencia en dos
oportunidades distintas. Resulta entonces, por decir lo menos, una falacia
pretender arropar estas cuatro décadas históricas con el llamado Pacto de Puntofijo, aparte de un
ejercicio de superficialidad y banalidad inadmisible como mecanismo de análisis
histórico, por aquello de que cada momento tiene sus propias circunstancias.
En este sentido, el testimonio
del propio Caldera es categórico y definitivo: “El Pacto de Puntofijo fue
acordado para un período de gobierno,
es decir, para el quinquenio 1959-1964 (subrayado de Caldera). Fue
complementado al cierre del proceso electoral con una declaración de principios
y un programa mínimo de gobierno, suscritos por los candidatos presidenciales
de los tres partidos y del Partido Comunista, a saber, Rómulo Betancourt(AD),
Wolfgang Larrazábal (URD y PCV) y Rafael Caldera (COPEI)”. Y agrega el ex
presidente, como para que no quede duda alguna al respecto: “No se previó su
duración más allá del primer quinquenio, como se acaba de indicar; pero,
indudablemente, el espíritu del 23 de Enero, el compromiso solidario de
mantener las instituciones por encima de las diferencias partidistas, la
defensa de las libertades y de los derechos humanos y el compromiso social,
inseparable del derecho y el deber de gobernar, valores que inspiraron el Pacto
de Puntofijo, sobrevivieron al término previsto”.
Esta última y lúcida
interpretación de Caldera es la que explica porque se tiene a Puntofijo como “el pacto histórico” de
estos últimos cuarenta años. Ciertamente que elementos consustanciales del
sistema democrático como lo son el respeto a los resultados electorales, la
existencia de los partidos políticos, los acuerdos parlamentarios, los
entendimientos cíclicos entre los adversarios, los compromisos obligantes para
mantener el sistema, etc, al verse consolidados durante estas cuatro décadas
-algo nunca antes visto en nuestra accidentada historia republicana-, han
permitido a algunos especular sobre el acuerdo que arropó tan largo período
nacional. No puede extrañar entonces que al Pacto
de Puntofijo también se le enrostren todas las fallas que se produjeron en
ese tiempo y se le nieguen, hipócritamente, los logros que evidentemente hubo.
Otro expresidente
socialcristiano, Luis Herrera Campíns, ha escrito con mucha claridad que el Pacto de Puntofijo “fue absolutamente
diáfano. No engañó a nadie. El voto en pro de alguno de los colores partidistas
de URD, COPEI o AD era en favor de la constitución de un Gobierno de
Unidad Nacional. A los parciales de cada
agrupación se les permitía transitar su propio camino, pero los tres convergían
en la necesidad de hacer un gobierno solidario. De manera que se ve a las claras
la doble significación de `Punto Fijo´: por un lado, un pacto con ribetes
electorales para ceñir la disputa a reglas de altura, de compostura republicana
y de consideración cívica, y, por otra parte, un pacto ejecutivo, de gobierno”.
Así, agregaba, lo electoral estaba contenido propiamente en el documento
central, suscrito por los respectivos candidatos presidenciales, en tanto que
lo relativo al ejercicio inmediato de gobierno se incluía en programa mínimo,
igualmente firmado por aquellos. “Nuestra política venía de agudas peleas
sectarias en años anteriores -sigue explicando Herrera Campíns- y por primera
vez aparecía una tentativa seria de coincidir en tareas nacionales varias fuerzas políticas de distinto signo ideológico
y de acordarse sobre ordenación de prioridades. Y concluye: “Se iban a pautar
así las grandes líneas de acción político-administrativa para el primer
gobierno del nuevo ensayo democrático”.
Rómulo Betancourt, beneficiario
directo históricamente del Pacto de
Puntofijo, dijo en su discurso de toma de posesión en 1959, lo siguiente:
“Mucho más profundo que la regularización de la controversia pública y el
respeto a las reglas del juego democrático, fue el sentido que se le dio a la
tregua interpartidista. Llegó a tan positivos extremos como el de la
suscripción, el 31 de octubre de 1958, de un pacto público, en el cual los
partidos Acción Democrática, el socialcristiano Copei y Unión Republicana
Democrática adquirieron compromisos concretos con la nación, en vísperas de
iniciarse la campaña electoral de esas tres colectividades, cada una de ellas
con su propio candidato a la
Presidencia y con listas propias de aspirantes a cargos
electivos en organismos deliberantes. Se comprometieron a darle al debate
electoral un sostenido y elevado tono principista, erradicándose el desfogue
verbal y la acrimonia personalista; a respetar y hacer respetar el resultado de
los comicios; a popularizar un programa común de gobierno y a que se gobernase
luego dentro de un régimen de coalición”. Agregaba a continuación que, a pesar de los augurios en contrario, los
compromisos previos a las elecciones se cumplieron, como fracasarían también
“los cálculos alarmistas de los descreídos -ironizaba seguidamente-, algunos
formulados con la mejor buena intención. He podido llegar a un acuerdo de fondo
con los partidos políticos, a través de sus jefes doctores Jóvito Villalba y
Rafael Caldera, para la integración de un gobierno de ancha base nacional,
donde tienen los partidos adecuada representación así como también los sectores
de la producción sin ubicación partidista y los grupos técnicos”.
El ex presidente Carlos Andrés
Pérez, en cambio, opina que Puntofijo
fue una trampa en contra de AD. En el libro Conversaciones con Carlos Andrés Pérez,
entrevistado por el periodista Alfredo Peña, dijo resueltamente: “Para mí el
llamado Pacto de Punto Fijo fue una trampa urdida contra Acción Democrática
para conducirnos a una política de apoyo al ganador de las elecciones, porque
jamás creyeron en la victoria de Betancourt. El pacto (...) fue una iniciativa
originada en la idea de la imposibilidad del triunfo presidencial de AD y,
lógicamente, en forzar al Partido a respaldar a URD o COPEI. Digo esto, sin
negar la importancia del compromiso político adquirido por todos de apoyar al
gobierno surgido de las elecciones”.
Del acuerdo fue excluido el
Partido Comunista de Venezuela. Esa exclusión fue tácita y no expresa.
Betancourt pretendió posteriormente hacer creer -y así lo afirmó en su ya
citado discurso de toma de posesión- que la misma había sido “por decisión
razonada de las organizaciones que lo firmaron”, lo cual no es verdad. Si se
revisa exhaustivamente el texto del acuerdo, esa exclusión no aparece
mencionada en ninguna parte. Por supuesto que lo que sí es cierto es que el PCV
no fue llamado a firmar el acuerdo, pero las razones para esa decisión no
aparecen en el documento en referencia. Por el contrario, el quinto punto en su
parte final señala, textualmente, que “como este acuerdo no fija principio o
condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el
país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas, de cuantas facultades
pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos
democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el
esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un
clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y
pacífica de la democracia”. Aún más: tanto la Declaración de Principios como el
Programa Mínimo de Gobierno suscritos como complemento del Pacto de Puntofijo, fueron, a su vez, firmados por Larrazábal en su
condición de candidato de la alianza formada por URD y el PCV.
Tal vez convenga, en todo caso,
aclarar aquí que quien sí razonó su firme decisión de excluir al PCV del
gobierno que iba a presidir fue el propio Betancourt. Y lo hizo sin
mediastintas, de manera clara y contundente: “En el transcurso de mi campaña
electoral fui explícito en el sentido de que no consultaría al Partido
Comunista para la integración del gobierno y en el de que, respetando el
derecho de ese partido a actuar como colectividad organizada en el país,
miembros suyos no serían llamados por mí para desempeñar cargos administrativos
en los cuales se influyera sobre los rumbos de la política nacional e
internacional de los venezolanos...” Al asumir tal posición, el flamante
presidente electo no actuaba improvisadamente sino en base su zamarro cálculo
político personal: primero, despejaba así cualquier duda ante el gobierno
norteamericano y las demás democracias occidentales; segundo, calmaba al sector
militar, cuya desconfianza hacia los comunistas era aún muy notoria, y tercero,
practicaba él mismo una posición de principios asumida desde el momento mismo
en que abdicó de su temprana militancia comunista costarricense y se propuso
trabajar en función de un proyecto político nacionalista revolucionario.
Lo cierto definitivamente es que
el indudable desarrollo democrático del país tuvo, entonces, su piso más sólido
en Puntofijo. Ha sido, por lo demás,
el acuerdo político más importante del siglo XX venezolano en virtud de haber
iniciado exitosamente una experiencia democrática interpartidista sin
antecedentes en la historia nacional.
(Extraído de mi libro Orígenes ocultos del chavismo. Militares, guerrilleros y civiles, Editorial Libros Marcados, Caracas, 2006, Capítulo IV, páginas 103-108.)
