martes, 19 de julio de 2016

1958-1998: MENTIRAS VERDADERAS





1958-1998: mentiras verdaderas

 Gehard Cartay Ramírez





VIGENCIA DEL 23 DE ENERO DE 1958

El 23 de enero de 1958 fue el punto culminante de la insurrección popular que derrocó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y el inicio del actual sistema democrático venezolano.
Aquello no fue -al contrario de lo que algunos piensan- un golpe de Estado. Era imposible que lo fuera. La dictadura tenía su más firme sostén, al igual que ahora, en las Fuerzas Armadas. La tesis perezjimenista, como también sucede actualmente, postulaba convertir -y así sucedió, sin duda, entre 1952 y 1958- al factor militar en un partido político atípico, a falta de uno genuino, cosa que nunca le preocupó al tirano tachirense. Sin embargo, tal circunstancia no impidió su derrocamiento el 23 de enero de 1958, entre otras cosas, porque el apoyo militar no siempre significa que un régimen no se caiga. Aunque ya se sabe -como lo dijo socarronamente un experimentado político venezolano, el ex presidente Herrera Campíns- que “los militares son leales hasta que se alzan”, no es cierto, por otra parte, que su sólo respaldo, con prescindencia de la sociedad civil, sea suficiente. Ha habido casos, muy recientes, por lo demás, de presidentes (Milosevic en Yugoslavia, Fujimori en Perú y este fin de semana, por cierto, Estrada en Filipinas) con sólido y perruno apoyo militar que, al final, fueron derrocados por vigorosas insurrecciones populares -sin pérdidas humanas, por cierto- a las cuales, como casi siempre sucede, las Fuerzas Armadas resolvieron no enfrentarse. Eso fue, en efecto, lo que sucedió aquí el 23 de enero de 1958.
Vale la pena detenerse en este aspecto: es probable que la historia militar siempre pretenda ocultar el apoyo que la institución brindó -como tal- a la tiranía perezjimenista. La historia, sin embargo, es terca, y difícilmente pueda reescribirse. La verdad no es otra sino esta: Pérez Jiménez (PJ) se ufanó siempre de que su régimen tenía su mejor sostén en las Fuerzas Armadas. Dio a estas, en consecuencia, una importantísima cuota de poder, sólo comparable a la actual gestión de nuestros días. Hubo así una militarización creciente en todos los aspectos. Al final, aquella circunstancia se hizo repugnante a los ojos de los venezolanos, pues se tenía la sensación de que los crímenes, desmanes y arbitrariedades de la dictadura habían contado con el apoyo de los militares o, cuando menos, se habían cometido con su silencio cómplice. Desde luego que tal apoyo no fue unánime: buena parte de los oficiales jóvenes no se tragaban a Pérez Jiménez  y su régimen. En todo caso, la actitud de la mayoría militar trajo como consecuencia cierta desconfianza frente a las Fuerzas Armadas a partir de 1958, situación que sólo fue superada cuando se convirtió en una institución ajena a la diatriba política y partidista, uno de los logros más sobresalientes de la Constitución de 1961. Tal principio era, por lo demás, un ideal bolivariano: la sujeción de los militares al Poder Civil. 40 años después, las cosas han vuelto al lugar donde las dejó la dictadura perezjimenista.
El 23 de enero de 1958 hubo, además, una circunstancia de la mayor trascendencia: nunca antes en la historia venezolana -con excepción del 5 de julio de 1811- se había registrado un ambiente de unidad nacional. El país se sobrepuso a sus divergencias históricas de entonces con una facilidad pasmosa. La razón de tal proceder estribaba en el deseo común e indiscutible de marchar hacia adelante, sin detenerse en razones ideológicas o doctrinarias, muchísimo menos de orden partidista. La integración de la llamada Junta Patriótica es un ejemplo de tal afirmación. Allí confluyeron jóvenes líderes de Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD), Partido Social Cristiano Copei, Partido Comunista de Venezuela (PCV) e independientes, todos absolutamente comprometidos con la tarea de derrocar la dictadura. Su gesto, desde luego, no fue de ninguna manera el desarrollo de una estrategia de lucha de largo alcance, sino un pronunciamiento que se produjo cuando ya las condiciones clamaban, a viva voz, que los días de la dictadura de PJ estaban contados.    
De allí que, visto con la frialdad de la distancia histórica, resulte ridículo que algunos -entonces o después- pretendan abrogarse el protagonismo del 23 de enero de 1958. Igual sucederá 31 años después, cuando explote el Caracazo. Son, sin duda, insurgencias comunitarias, no prevenidas ni organizadas, sino auténticos movimientos populares que cada cierto tiempo -al igual que los terremotos y otros fenómenos telúricos- brotan para que no se olvide que el pueblo también es protagonista, por encima de sus dirigentes o de quienes afirman serlo.
No puede, en consecuencia, negarse la importancia histórica de esta fecha. Tampoco puede, en aras de una absurda reivindicación de la figura histórica de Pérez Jiménez -estimulada aquélla por una imposible comparación de la obra del dictador con la de la democracia-, negársele su vigencia de siempre al 23 de enero de 1958. Mucho menos puede tolerarse el criterio ilógico que pretende también desconocerla, a partir de su supuesta fecha de inicio de los “40 años de las cúpulas podridas”, conforme lo machaca el maniqueo y falsificador discurso oficial de hoy. El 23 de enero de 1958 significa, ni más ni menos, la irrupción del pueblo venezolano contra una dictadura y la posterior implantación de la democracia moderna de hoy. Ni más, ni menos. Y vaya que son bastantes tales logros desde el punto de vista histórico.
Acaso valga la pena resumir lo que fue aquella insurrección popular. Se inició cuando Pérez Jiménez ejecutó -en diciembre de 1957- la farsa plebiscitaría con la cual pretendía perpetuarse en el poder. Hubo desde entonces algunas conspiraciones de oficiales jóvenes, ninguna de las cuales se concretó. El 13 de enero, cuando ya el país empieza a ser convulsionado por manifestaciones y huelgas de todo género, el Alto Mando Militar -el mismo que PJ había designado días antes- lo presiona para que destituya al ministro de interior y al jefe de la policía política. El 21 se produce la huelga general contra la dictadura, con rotundo éxito. El 23 cae Pérez Jiménez y huye a la República Dominicana, protegido por el dictador Rafael Leonidas Trujillo (Chapita).
El actor fundamental, por tanto, fue el pueblo. La Junta Patriótica -cuyo papel fue importantísimo- no tuvo empacho en reconocerlo en uno de sus primeros comunicados. Y esa, y no otra, es la verdad histórica. Acaso el 23 de enero de 1958 sea una de las muy pocas veces donde el pueblo venezolano asumió su propio protagonismo. En otras ocasiones, la falsedad de historiadores inescrupulosos y fabuladores, le asignaron roles que nunca tuvo en verdad. Así sucedió, por ejemplo, con la desgraciada etapa de la Guerra Federal o en los bufos comicios electorales convocados desde 1830 hasta 1947. En esas ocasiones, el pueblo fue el gran invocado pero nunca pasó de ser el eterno convidado de piedra.
Esa es la verdadera vigencia del 23 de enero de 1958.
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) / 23-01-2001.
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Este artículo se refiere al despropósito gubernamental actual que pretende desconocer la importancia histórica del 23 de enero de 1958, al considerarlo -de manera ilógica- como el punto de partida del mal llamado puntofijismo. Por contraposición, sobre todo a partir del año 2001, se festejó pantagruélicamente el 4 de febrero de 1992, signado como una especie de nueva “fecha patria” en conmemoración de la fallida intentona golpista. Se trata, inequívocamente, de un esfuerzo absurdo por falsificar otra etapa histórica del país, a pesar de su reciente data y de sus nefastos efectos.



PUNTOFIJISMO Y CHAVISMO
(Crónica sobre otra superchería histórica)
                                                            
El actual régimen ha manejado -con cierto éxito- la tesis de que los 40 años anteriores fueron funestos y que, al propio tiempo, su gestión está acabando con los vicios de ese pasado.
Se trata de una doble mentira histórica. Ni los 40 años anteriores fueron tan malos como dicen los chavistas, ni el actual gobierno representa todo lo contrario. Si se enjuician ambos hechos con serenidad, objetividad e imparcialidad, fácilmente puede deducirse que los criterios del régimen en estas materias son una simple superchería, es decir, contrarios a la realidad misma de nuestra reciente historia.
Los 40 años del mal llamado puntofijismo no fueron, insisto, una tragedia para el país. Históricamente constituyen, hasta hoy, la más provechosa etapa venezolana en todos los sentidos. Nunca antes hubo tantos logros en lo político, económico, social, tecnológico y cultural, como a partir del 1958. Negar esta realidad es pretender tapar el sol con un dedo, diríamos, citando un manido lugar común.
 Porque, en efecto, ¿cuándo antes Venezuela alcanzó los niveles de progreso obtenidos en esta última etapa? Nunca antes, amigo lector. Revísense con ánimo crítico los hechos históricos de la Conquista, la Colonia, la Independencia, o aquellos que vienen desde la proclamación de la República en 1830, bajo la jefatura de Páez, hasta la muerte de Gómez en 1935, y se concluirá forzosamente que durante todo ese largo tiempo el país vivió sumido en la pobreza, la guerra, las epidemias y enfermedades, la violencia, el atraso educativo y cultural y la explotación secular de los más débiles por parte de una minoría de castas ricas y aristocráticas que sometieron -durante varios siglos- a las demás clases sociales. En todos esos largos años del Siglo XIX fueron escasos los momentos en que hubo civilidad y avances democráticos, a excepción, probablemente, de las primeras décadas luego de la separación de la Gran Colombia y algunos logros modernizadores bajo los gobiernos, lamentablemente ladrones y corruptos, del general Antonio Guzmán Blanco. Y sin embargo, en el plano del desarrollo y el bienestar de la Nación, tampoco hubo hechos significativos.
¿Qué era Venezuela a la muerte de Gómez, hace apenas 70 años? Un país rural, sin comunicaciones de ningún tipo, azotado por las enfermedades, el analfabetismo, el hambre, la desnutrición y con la mayoría de sus mejores hombres pudriéndose en las cárceles o aventados al exilio. Dos o tres universidades, uno que otro liceo, pocos hospitales, escasas carreteras, pueblos de casas muertas, como bien los calificó el escritor Miguel Otero Silva, aislados del mundo y del progreso. Y no eran en tiempos inmemoriales. Se estaba viviendo la tercera década del siglo XX, en pleno apogeo mundial de la industrialización, la educación, la cultura y la educación. Buenos Aires y Río Janeiro, por ejemplo, eran metrópolis importantes y ya contaban con el metro como medio de transporte. Nosotros, mientras tanto, apenas éramos el hato del general Gómez. ¿Acaso eso se ha olvidado?
Sin desconocer los posteriores méritos de López Contreras y Medina Angarita, la verdad es que sus éxitos se limitaron a una tímida apertura hacia la democracia. El trienio adeco-militar entre 1945 y 1948, desdibujó sus pininos democráticos con una actitud torpe, sectaria y autoritaria, muy parecida a la que hoy vivimos, la cual, finalmente, ayudó a su liquidación a manos de las Fuerzas Armadas. Y sin ignorar tampoco los logros materiales de la dictadura perezjimenista, bien se sabe que ésta, en cambio y desgraciadamente, acabó con la naciente democracia, los derechos humanos y la libertad, en nombre de la transformación del medio físico, su única filosofía de gobierno.
Queda entonces el período que viene desde 1958 hasta hoy, satanizado injusta y oportunistamente por quienes ahora mal gobiernan. Su principal logro: haber consolidado la estabilidad democrática en un país que por larguísimos años vivió la pesadilla interminable de las guerras civiles, las “revoluciones” y los intermitentes golpes de estado. En este período, en cambio, el pueblo ha elegido sistemáticamente -hasta hoy- nueve presidentes y diez parlamentos, ejercido un régimen de libertades, con algunos desgraciados abusos y excesos que, en todo caso, no desmeritan el balance, y, finalmente, consolidado la cultura democrática del pueblo venezolano, esa que, justamente ahora, hace imposible que se concrete la tentación autoritaria y totalitaria de los actuales gobernantes. Y al lado de todo esto, la gran transformación que han significado la masificación de la educación -centenares de universidades, tecnológicos y politécnicos, miles de liceos, escuelas  y preescolares, así como la formación de calificados profesionales en todas las ramas, aparte de los formados en prestigiosas instituciones de educación superior extranjeras-; la salud -hospitales y centros de salud en todo el país y la erradicación de muchas enfermedades y epidemias seculares-; las comunicaciones -una red de carreteras como nunca antes, junto a puertos y aeropuertos-; la vivienda  y la electrificación de todo el territorio nacional; son, entre muchas otras, algunas de las conquistas alcanzadas.
Advierto que no estoy proponiendo volver al pasado, ni tampoco soy partidario de una restauración política. Nada más lejos de mi opinión. Simplemente trato de poner las cosas en su sitio. Por eso mismo no vacilo en afirmar que a partir 1958 hubo también muchos errores. Desde mediados de los setenta, por ejemplo, los gobiernos han asumido (en nombre del país) una deuda externa monstruosa, a pesar de disponer -como nunca antes, sin duda- de cuantiosos recursos financieros, al tiempo que también han acumulado una deuda social gigantesca, sobre todo con los más pobres. La corrupción, por otro lado, ha socavado las bases morales como nunca antes, mientras una mediocre e inmediatista dirigencia política partidista se fue desprendiendo de sus compromisos con las mayorías; un sector empresarial insensible y lucrativo continuó parasitando a la sombra del Estado y desgraciadamente la educación ha seguido empeorando cada vez más en cuanto a su calidad.
Todo eso es cierto, y no admite discusión alguna. Sin embargo, a la hora de poner en una balanza los logros y los errores, aquellos pesan mucho más. Por eso, precisamente, es que no puede admitirse la superchería del actual gobierno al pretender erigir en torno a estos 40 años de democracia una especie de leyenda negra, sin reconocerles a cambio nada positivo y reducirlos simplistamente a una etapa vil, de ineficacia, saqueo y corrupción, lo cual no es enteramente cierto, como queda afirmado.
 Lo condenable de toda esta actitud maniquea es que el chavismo destruyó lo bueno que debía conservarse de esta etapa histórica y, en cambio, conservó todo aquello que ha debido destruirse. He allí su gran contradicción. Porque, ciertamente, si comparamos los resultados de este bochinche que pretenden pasar por revolución -y encima de esto, la llaman “bolivariana”- puede colegirse sin dificultad que nada ha cambiado para mejorar y que los gobernantes de hoy han sido incapaces de imitar las muchas virtudes de estas cuatro décadas de democracia, habiendo multiplicado con creces todas sus desviaciones, aberraciones y pecados. ¿Qué cosa importante, en efecto, ha cambiado en estos años? ¿Cuál es el legado moral y ético de quienes ahora mal gobiernan? ¿Cuál es su demostración de eficiencia? ¿Qué han mejorado con relación al pasado reciente? El balance no los ayuda, desde luego.
Lamentablemente para ellos, la corrupción y la ineficacia, la deuda social con los más pobres, los pésimos servicios públicos, el hambre y la miseria crecientes, el desempleo arrollador, la desconfianza de los jóvenes en su propio país, el clientelismo político y el sectarismo fanático -todo ello aunado al autoritarismo, el militarismo y la intolerancia que lo caracterizan-, son ahora mayores que antes.
No fueron tan malos entonces los 40 años, como afirma el chavismo, ni este ha resultado el remedio adecuado para esos supuestos males. Afirmar lo contrario es falsificar la historia, lo cual resulta inaceptable.

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) / 02-04-2002.





LA CRISIS DE LOS PARTIDOS HISTÓRICOS (I)
(Causas, efectos y pronósticos)
                                           
    La crisis de los partidos políticos históricos es una de las causas primordiales de la actual coyuntura política venezolana. Se trata de un proceso iniciado hace algo más de una década, pero cuyo desenlace se produjo definitivamente en estos últimos meses.
    ¿Qué ha pasado realmente? ¿Cómo se explica toda esta nueva situación que a algunos sorprendió y a otros, en cambio, les ha  parecido el resultado lógico de múltiples errores y equivocaciones de las cúpulas tradicionales de los partidos históricos? Estas y otras muchas más son interrogantes que deben responderse luego de un análisis profundo y objetivo.
    En mi opinión, la crisis de los partidos se manifiesta nítidamente a partir del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Antes, por supuesto, ya se notaban signos evidentes de fatiga y descomposición en las organizaciones partidistas. En 1983 publiqué un libro sobre el asunto, bajo el título Política y partidos modernos en Venezuela (*), cuyo editor fue José Agustín Catalá. Algunas reflexiones allí contenidas cobran hoy plena validez, por lo cual me permito citarlas 16 años después.
    “Estamos avanzando -escribí entonces- hacia una nueva etapa histórica en Venezuela. Las propias circunstancias políticas y económicas que vivimos en estos días son claro indicio de que hay que adaptarse a nuevos modelos de conducción y liderazgo”. Y continuaba señalando: “Están planteados, pues, varios retos en el futuro inmediato. Uno de ellos -tal vez el más importante- es el que se refiere a lo que se ha denominado el relanzamiento de la democracia... La idea subraya la necesidad de renovar la democracia venezolana, dándole un énfasis muy especial a sus aspectos sociales y económicos”.
    Tales reflexiones las concluía de esta manera: “Allí está el gran desafío de los actuales partidos políticos venezolanos, muchos de los cuales aún se mantienen aferrados a programas políticos e ideológicos superados por la dinámica de hoy. Algunos, incluso, están francamente de espaldas al país de ahora y del futuro. Tal vez allí pueda encontrarse la explicación al creciente escepticismo que registra la sociedad venezolana frente a la actuación de las sociedades partidistas”.
    Hoy debo decir que tal desafío no fue comprendido ni mucho menos asumido por los partidos históricos, AD y Copei concretamente. Y, como ha quedado demostrado, lo están pagando muy caro al verse actualmente envueltos por una crisis que, incluso, amenaza su propia existencia. Y todo ello a pesar de que hubo suficientes alertas sobre el particular. La primera de todas ellos fue precisamente el Caracazo en febrero de 1989, veinte días después de la fastuosa “coronación” de CAP, quien, por lo demás, había sido elegido presidente por abrumadora mayoría dos meses antes. Luego vinieron las dos intentonas golpistas de 1992. Posteriormente se produjo la atípica elección de Rafael Caldera en una contienda donde por primera vez AD y Copei resultaron derrotados.
    Cada uno de estos partidos venía de sufrir problemas internos. El Partido Social Cristiano Copei fue, ciertamente, el más afectado con la autoexclusión de su líder fundador en 1993, al abrirse por su cuenta como candidato presidencial con el apoyo de importantes sectores socialcristianos e independientes y de algunos partidos de la izquierda tradicional. Ya en 1988 -en un episodio nunca antes visto en un partido político venezolano y tal vez ni siquiera latinoamericano- el propio Caldera había sido derrotado internamente por Eduardo Fernández, lo que dio lugar al célebre “pase a la reserva” por parte del hasta entonces máximo líder copeyano.
    AD, por su lado, lanzó a Claudio Fermín sin el apoyo del aparato organizativo y con la fría participación de la cúpula partidista, en un difícil momento en que Carlos Andrés Pérez acababa de ser destituido de la presidencia de la República con el apoyo de la bancada parlamentaria de su propio partido.
    Mientras tanto, cada partido perdía sintonía con la gente, sin que, al parecer, sus líderes así lo constataran. Estaba ya instalada en Venezuela la causa primaria de lo que sobrevendría después.

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) / 17-08-1999
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(*) Una segunda edición de este libro, publicada en 2000 con el subtítulo Las nuevas tendencias, amplió estas reflexiones con mayor profundidad. Política y partidos modernos en Venezuela, Las nuevas tendencias, Fondo Editorial Nacional, José Agustín Catalá, editor, Caracas, 2000.

LA CRISIS DE LOS PARTIDOS HISTÓRICOS (II)
(Causas, efectos y pronósticos)

Obviamente estos últimos 40 años han sido dominados por                                            la partidocracia, si se entiende esta noción como un régimen de partidos.
Su evaluación, por tanto, debe imputársele exclusivamente a los partidos que han gobernado al país durante este largo período histórico, por cierto, el más fructífero por su estabilidad y disfrute de libertades y ejercicios democráticos.
Mucho se ha especulado sobre estos 40 años. Hay quienes injustamente los satanizan y pretenden reducirlos a un simple y asqueroso ejercicio de incapacidad y corrupción. Otros, también injustamente, pretenden que han sido 40 años plenos de libertad, justicia social y desarrollo. En realidad ni una ni otra concepción, por subjetivas, retrata lo acontecido desde 1958 hasta hoy.
Yo diría que estos 40 años tienen, como todo proceso visto objetivamente, sus aspectos positivos y negativos. En cuanto a los primeros, nadie dudaría, por ejemplo, la estabilidad institucional que han significado, aparte del avance en materia de educación, salud, infraestructura física y desarrollo democrático. Entre los factores negativos figuran, sin duda también, la galopante corrupción que engangrenó los gobiernos a todos sus niveles y también al sector privado, la impresionante e inveterada ineficacia e irracionalidad del gasto público, así como la colosal deuda adquirida a cambio de más ineficacia e improductividad. El resultado no ha podido ser otro que el dramático desmejoramiento radical de la calidad de vida de los venezolanos, sobre todo en los últimos diez años.
Corresponde a los partidos históricos la principal responsabilidad en todo lo ocurrido. Esa es una culpabilidad inescapable e indiscutible. Primero, porque partidizaron en grado extremo la administración pública, con lo cual crearon un esquema clientelar, ineficiente y corrupto. Y luego, porque mediocrizaron la política y permitieron el ascenso de sargentos y activistas políticos, mediocres, corruptos e incompetentes, divorciados con las aspiraciones de las grandes mayorías y limitados en su accionar sólo a sus apetencias personales y materiales, para las cuales el control de los partidos les resultaba fundamental e imprescindible. Así internalizaron en exceso a los partidos, convirtiendo su vida doméstica en lo más importante, cerrando puertas y ventanas hacia la sociedad civil y pretendiendo -y en muchos casos lográndolo a cabalidad-, simultáneamente y desde adentro, el control absoluto del resto de la las instituciones emergentes (gremios, vecinos, comunidades organizadas, etc.).
Y todo esto sucedía con el visto bueno del país no político y, sobre todo, de sus élites. Estas, por omisión, comodidad o cobardía, resolvieron no involucrarse en la política dejando todo en manos de los partidos, mientras ellas asumían la tarea de proteger y consolidar sus privilegios bajo la política del avestruz. Sólo ahora, en los últimos diez años, asumieron una postura crítica a través de sus líderes y medios de comunicación, pero cuidándose siempre de no entrar en los terrenos de la -tan detestada por ellos- política venezolana.
Se pervirtió entonces el sistema democrático cuando los partidos comenzaron a dejar de ser mecanismos de participación ciudadana, tal como debía ser su función primordial, para convertirse en instrumentos de “cogollos” y grupos de poder, tanto internos como externos. Allí iban aparejadas la insensibilidad frente a los problemas del país y la irrefrenable corrupción de buena parte de sus dirigentes. Por este camino terminaron perdiendo sintonía con la gran mayoría de los venezolanos, y estos, a su vez, comenzaron a alejarse cada vez más de sus militancias y simpatías partidistas.
No hubo, tampoco, ningún intento serio por renovarse internamente y actualizarse, tal vez con la sola excepción del Partido Social Cristiano  Copei en 1986 cuando realizó su Congreso Ideológico, aunque fuertemente impregnado por un proyecto precandidatural interno. De resto, mientras el país avanzaba en otros órdenes, los partidos históricos se estancaban y algunos, particularmente AD, entraban en un proceso pleno de involución.

LA PRENSA/ 25-08-1999


LA CRISIS DE LOS PARTIDOS HISTÓRICOS (III)
(Causas, efectos y pronósticos)

   Analizados dentro de la profundidad que permiten los artículos de opinión, nos hemos referido ya –en las dos entregas anteriores- a las causas de la actual crisis de los partidos históricos venezolanos.
   Entremos ahora a estudiar los efectos de esa crisis. En primer lugar, se ha producido en los últimos 20 años un generalizado escepticismo sobre las bondades y la eficacia de la democracia como sistema de gobierno. La crisis económica, la corrupción, el desempleo, el colapso de los servicios públicos y, en definitiva, el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos se le achacan fundamentalmente a la democracia. Apreciados así sus resultados, se despertó en algunas capas de la población una reacción in crescendo en contra de ella y de todo cuanto tiene que ver con los partidos.
    Un análisis objetivo contradice tal juicio. Estos 40 años de democracia han sido superiores, desde todo punto de vista, al resto de nuestra historia. Nunca antes hubo tanta estabilidad, progreso y desarrollo democrático como desde 1958 hasta hoy. El siglo pasado, por ejemplo, fue terrible por las consecuencias producidas por la violencia, la anarquía, las guerras civiles, los caudillos militares y la corrupción, sin dejar de mencionar las enfermedades, la ignorancia, el analfabetismo, el militarismo omnipotente y el atraso generalizado que lo caracterizó. Ni que decir de la primera mitad de este siglo cuando nos gobernaron dictaduras ineficientes, corruptas y antinacionales.
    Pero, desde luego, no podemos sentirnos satisfechos por los logros alcanzados cuando aún existen graves problemas por resolver. Igualmente sería necio pedirle actualmente a la gente que reconozca que el período democrático ha sido mejor que los anteriores si hoy los golpea todavía el hambre, la inseguridad, el desempleo y la carestía de la vida.
    En segundo lugar, la crisis de los partidos históricos ha desmejorado notablemente la capacidad y calidad del liderazgo venezolano, habiendo sido reducido -en las últimas décadas- por lo general a una sargentería mediocre, corrupta y sin aliento ni condiciones para adelantar los grandes desafíos de la Venezuela presente y futura.
    En tercer lugar, se desató una impresionante falta de credibilidad en los partidos políticos, no sólo en la clase media, sino fundamentalmente en los sectores juveniles y populares. En los últimos 10 años esa tendencia se vio robustecida por una poderosa campaña de importantes medios de comunicación y de élites intelectuales y económicas que, sin ningún pudor, arreciaron sus baterías contra los partidos, poniendo de bulto sus múltiples pecados pero escondiendo igualmente sus indiscutibles aciertos. Hoy, por cierto, son los primeros arrepentidos de tan irresponsable actitud.
    En cuarto lugar, la crisis partidista facilitó la irrupción de otros factores políticos, amparados en un liderazgo ajeno -el de Chávez- por cuanto nunca antes pudieron en estos 40 años sintonizar con las aspiraciones populares. Intentaron en el pasado la vía guerrillera para derrotar al sistema democrático y fracasaron, no sin antes vomitar los peores insultos contra las Fuerzas Armadas Nacionales, acusándolas entonces de títeres del imperialismo, las mismas que hoy glorifican como “salvadoras del país”. Pero ahora regresan, pegados de las faldas del oportunismo, algunos de estos dinosaurios políticos al debate actual, gente que cree que aún existe la Unión Soviética, que todavía no ha caído el Muro de Berlín o que aún es posible que el régimen cubano subvencione la guerra de guerrillas en el continente americano.
    Por último, la crisis de los partidos históricos facilitó la insurgencia de un nuevo tipo de liderazgo mesiánico, populista e indefinido ideológicamente, solamente sostenido por la vieja y tantas veces fracasada teoría del “gendarme necesario” o del hombre fuerte y, desde luego, alimentada vigorosamente por una esperanza popular, ingenua y creyente, que todavía busca salidas a la tremenda y trágica situación que nos envuelve desde hace tiempo y que, sin embargo, sigue agravándose sin que se concreten soluciones efectivas en lo inmediato.          
   
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) / 01-09-1999.
 
  
LA CRISIS DE LOS PARTIDOS HISTÓRICOS (y IV)
(Causas, efectos y pronósticos)

    Pareciera que el país se apresta a estrenar nuevos escenarios políticos y, particularmente, nuevos movimientos partidistas.
    Digamos con franqueza que, a pesar de todo, no termina de morir el pasado ni tampoco termina de nacer el futuro. Estamos a medio camino entre una cosa y otra, lo cual -como es natural- inquieta los impacientes y a los conservadores por igual.
    Pareciera, insisto, que por ahora se están conformando dos bloques heterogéneos que pueden dar lugar a dos nuevos partidos.
    Por una lado están quienes se agrupan alrededor del presidente Chávez, condenados por la fuerza de los hechos a formar un partido único, lo que liquidaría la supervivencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Partido Patria para Todos (PPT), entre otros. Se formalizaría, así, un movimiento de signo nacionalista y militarista, en cuyo seno convivirán -hasta nuevo aviso- tendencias que van desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, todo lo cual desembocará en breve tiempo en un conflicto que aún no se sabe como se resolverá.
    Demás está decir que este movimiento de raíces chavistas sólo tendrá éxito en la medida en que también lo tenga su líder y el gobierno que preside, porque sus expectativas están entrelazadas íntimamente y cada una depende necesariamente de la otra.
    Por el otro lado -y como contraparte- podría conformarse un partido de centro democrático, integrado por tendencias demócrata cristianas, socialdemócratas y liberales, sin mayores ataduras con los partidos históricos y fuertemente influenciadas por nuevos liderazgos, tanto nacionales como regionales.  Su permanencia en el tiempo, en todo caso, la dictará el grado de acuerdo que logren sus promotores, no sólo en sus objetivos meramente electorales, sino también con relación a un programa político concreto, ya que lo ideológico quedará rezagado por algún tiempo más.
     Obviamente que este proyecto centrista tiene un amplísimo espacio que ganar, conformado por quienes se oponen al chavismo y también por quienes puedan regresar de este a sus posiciones adecas o copeyanas de antaño. El éxito de este nuevo partido para captar a unos y otros dependerá no sólo del carisma y fuerza de su liderazgo, sino también de su habilidad táctica y estratégica para alcanzar tales objetivos. Tendrán, además, que superar el riesgo de atomización que supone la existencia -puertas adentro- de variados proyectos y liderazgos personales, si no son capaces de unirlos alrededor de un propósito y un liderazgo común, de cara a un próximo proceso electoral.
     Los partidos históricos -por su parte- continuarán manteniendo una menguada vigencia todavía, con posibilidades -incluso- de reflotar políticamente si los actuales gobernantes fracasan e insurge una nueva oleada de descontento e indignación populares. No hay que olvidar, por ejemplo, que buena parte de la dirigencia media y de la propia base del MVR la integran adecos y copeyanos molestos con las cúpulas de sus partidos, atraídos, además, por las promesas de cambio que se les hizo en la pasada campaña electoral. Pero también esa capacidad para reflotar dependerá del grado de renovación que sean capaces de adelantar para sacudirse a sus actuales liderazgos, desprestigiados en grado sumo, sin calle ni arraigo popular y encerrados todavía en sus posturas clientelares y sectarias.
     De modo que resulta un atrevimiento afirmar que AD y COPEI están muertos, como algunos alegremente lo vienen reiterando en todos los tonos. En este sentido, no está de más recordar que en política los únicos muertos son los que están enterrados en los cementerios. La historia ha sido muy clara en demostrar con creces este aforismo.
     En conclusión, pareciera que aún es temprano para consignar pronósticos definitivos. Una época de cambios como la que vivimos, sin que aún se presienta una sedimentación de las tendencias, hace prácticamente imposible un diagnóstico certero. Habrá, entonces, que esperar un tiempo más, pero, a mi juicio, todo pareciera indicar que vamos hacia tres frentes partidistas, dos producto de los últimos acontecimientos y uno cuyo desenlace dependerá de lo que pueda suceder en el futuro inmediato.

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) / 07-09-1999

Esta serie de artículos fue motivada por la propensión continua del régimen actual a despreciar el papel cumplido por el sistema democrático desde 1958 y, particularmente, el de los partidos históricos durante estos 40 años. Esa manera prejuiciada, politiquera y manipuladora, absolutamente reñida con la verdad histórica, como el régimen pretende que los venezolanos asumamos el juicio de aquella etapa de la vida nacional, ha sido una de las constantes del chavismo en su propósito de tergiversar lo ocurrido durante estas cuatro décadas, a las cuales, por otra parte, se las pretende arropar equivocadamente bajo el manto del tan famoso como calumniado Pacto de Puntofijo.





EL FRAUDE DE LA ANTIPOLÍTICA

Definitivamente una significativa porción de los venezolanos no termina de salir del tremedal a que nos ha conducido la antipolítica en los últimos años.
Esa creencia estúpida en que la solución a la crisis nacional pasa por echar a un lado al liderazgo político para encomendarse en figuras antipolíticas, disfrazadas de mesías, de salvadores de la patria o de caudillos “por la gracia de Dios” a la usanza franquista, nos han conducido al chiquero putrefacto que representa el régimen chavista. 
Conviene detenerse aquí para intentar una breve definición de la antipolítica. Pudieran señalarse, como características primordiales suyas, en primer lugar, la tendencia de sus factores (militares golpistas, empresarios avispados, periodistas, artistas, payasos y cómicos, etc., etcétera) a pretender pasar como gente interesada en los asuntos públicos, pero sin vinculación con los partidos y los políticos. Más aún, se presentan como su antítesis: pretenden ser, por definición, contrarios a ambos y, por tanto, agentes que actúan fuera del sistema de partidos establecidos. En segundo lugar, se exhiben como la alternativa cierta de cambio frente a los políticos y sus partidos, acusándolos de corruptos, incompetentes e insensibles. En tercer lugar, explotan el resentimiento existente contra la política y sus partidos, a los que -como ya se señaló- endilgan toda la responsabilidad por los problemas y errores existentes.
Sin embargo, quienes promueven la antipolítica son, en el fondo, políticos taimados, aún cuando rechacen tal definición por conveniencia y cálculos electorales. Esa misma actitud fue la que adoptó en su tiempo el dictador Juan Vicente Gómez, cuando se definía a sí mismo “como un hombre de trabajo, y no como un político”. Lo mismo hizo el general Marcos Pérez Jiménez, otro dictador que odiaba a los políticos y sus partidos, y se definía como un hombre de armas entregado a la tarea de “hacer el bien nacional”. El generalísimo español Francisco Franco daba gracias a Dios “porque él no era político”, aunque encabezó una dictadura terrorífica por más de 40 años.
La antipolítica, así concebida, ha sido entonces un antiguo recurso de autócratas y tiranos de toda laya para ocultar su despotismo y sus crímenes, pretendiendo no haber sido contaminados por la política y sus partidos. No se trata, pues, de un fenómeno nuevo. Lamentablemente volvió a adquirir vigencia en Venezuela luego de las intentonas golpistas de 1992. Ese proyecto encontró en 1997 a Irene Sáez como su más formidable instrumento y no le faltaría el estímulo para moldearla y llevarla hacia esa meta. Sin embargo, los resultados serían realmente desastrosos en su caso particular.
 No sucedió lo mismo con la otra vertiente de la antipolítica, menos sofisticada aunque potencialmente mucho más peligrosa: la que encarnaron luego los golpistas de febrero de 1992 y cuyo triunfo electoral de 1998 ha sido una maldición para los venezolanos. Se trata, en realidad, de una tendencia más rupestre, aunque con su misma fundamentación maniquea, al afirmar de manera absoluta que, visto el fracaso de los políticos -y de los civiles en general, por cierto-, tocaba ahora a los militares tomar el poder y aplicar en consecuencia un espeso mezclote de militarismo, fascismo, autoritarismo, totalitarismo y marxismo, difícil de digerir, por lo demás. Como telón de fondo de la antipolítica militarista encarnada por los oficiales golpistas, ellos mismos se prepararon un escenario con los símbolos bolivarianos, tan caros a la idolatría popular venezolana.
Pero nada habrían logrado el golpista teniente coronel Chávez Frías y sus compinches de no haber contado -como en efecto contaron- con el apoyo de los poderosos grupos plutocráticos, económicos y mediáticos que venían impulsando la antipolítica para hacerse con el poder, mediante el desarrollo de una estrategia que comenzó a ejecutarse a comienzos de los años ochenta. Puesta en marcha aquella terrible operación antidemocrática, apalancada en la demonización de la política y de los políticos, así como en la vituperización de las instituciones, se creó toda una matriz de opinión según la cual el sistema democrático en general no presentaba logros positivos y, por el contrario, sus resultados negativos habían empeorado el nivel de vida de los venezolanos. Por contraste, al tiempo que se denigraba del Estado omnipotente y de los políticos como ineficientes, corruptos e incapaces, se postulaba a la empresa privada y sus gerentes como los modelos que debían suplantar a los políticos y al imperante sistema de gobierno. Toda esta posición era, en cierto modo, un adelanto de lo que, a finales de los años noventa, surgiría con fuerza inusitada en el país, a tal punto que lograría ganar las elecciones de 1998: la antipolítica como vía de acceso fáctico o electoral al poder. Sólo que sus actores provendrían entonces del mundo militar, y no del empresarial.
La campaña fue eficaz, pues, aparte de los propios errores y perversiones de los partidos y de las instituciones -con sus notables excepciones, ocultas por la persistente campaña para todos los efectos-, poderosos medios impresos y audiovisuales de comunicación de masas utilizaron todos los recursos a su alcance: así, por ejemplo, desde las tramas de las populares telenovelas o de los espacios cómicos, pasando por telenoticieros y programas de opinión, casi todas las emisiones estaban dirigidas a endurecer, subliminalmente, la matriz de opinión que venía creándose, día a día, desde hacía ya varios años. Los resultados fueron devastadores para las instituciones democráticas, los partidos políticos y sus dirigentes. Sus gravísimos efectos se producirían a la vuelta de breve tiempo.
Lo que no habían calculado los promotores de tal maniobra era que, a la postre, quienes realmente se beneficiarían de sus campañas de opinión pública no serían ellos mismos, sino unos desconocidos golpistas que insurgirían pocos años después, el 4 de febrero de 1992, contra el gobierno del presidente Pérez. Para decirlo en lenguaje popular, aquellos factores económicos, políticos y mediáticos actuaron como auténticos cachicamos que trabajaron para las lapas ocultas de una logia militar golpista. Una década después, los propios responsables de aquella feroz campaña de opinión pública ahora se lamentan por ello, al darse cuenta de que ayudaron a crear un monstruo que amenaza sus intereses.  Parafraseando un sabio refrán popular podía decirse que “los cachicamos habían trabajado para las lapas…”
Hoy vuelven a incurrir en el mismo error de impulsar figuras de la antipolítica de cara a las elecciones de diciembre. Y todo ello en función de privilegiar sus intereses económicos, asociados a los del régimen, como bien se sabe, y con el propósito de dividir aún más a la oposición.

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) 01-08-2006



  
CIVILISMO, MILITARISMO Y ANTIPOLÍTICA

En 1976 un lúcido periodista e intelectual venezolano, Carlos Rangel, escribió Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, un libro que derribó mitos y causó una profunda indignación en ciertos sectores radicalizados de la izquierda de entonces, al punto de que -al más puro estilo nazi- aquella obra fue quemada en la Universidad Central de Venezuela.
Rangel, entre otros asuntos polémicos, analizó allí el tema del caudillismo militarista y del civilismo democrático en nuestro continente. Dijo, entre otras verdades amargas, lo siguiente:

 “Latinoamérica no ha carecido de dirigentes políticos, e inclusive de gobernantes que hayan estimado en su justo valor las ideas y las conquistas de la revolución federal. Su mucha menor fama que la de los caudillos, los demagogos y los tiranos es indicio de la poca estima que el mundo tiene por los dirigentes moderados. Comentando la transgresión, por Trajano, de la recomendación dejada en testamento por Octavio a sus sucesores de defender las fronteras del Imperio sin intentar extenderlas, observa Gibbon (en su Decadencia y Caída del Imperio Romano) que mientras la humanidad se empeñe en aplaudir más generosamente y recordar más a sus destructores que a sus benefactores, la sed de gloria militar tentará siempre a los gobernantes. De igual manera podría decirse que mientras encontremos digno de atención, de admiración -y hasta romántico- al señor de horca y cuchillo, y más todavía (en nuestra época) cuando al echar por la borda todo escrúpulo y toda práctica política civilizada lo hace en nombre de `La Revolución´; y en comparación poco `excitantes´ a los demócratas llamados despectivamente `reformistas´; serán más numerosos en el mundo los candidatos a emular a Stalin que quienes encuentran modelos en Leon Blum, Clement Atlee, o Walther Rathenau; estarán más `en la onda´ Fidel Castro o Perón que Rómulo Betancourt, Eduardo Frei, Rafael Caldera o Carlos Andrés Pérez”.

En Venezuela, los señores de “horca y cuchillo” cubrieron casi siglo y medio, mientras los líderes civiles permanecieron en la sombra. Ciertamente, en el caso venezolano en particular, los caudillos militares coparon todo el siglo XIX y casi la primera mitad del siglo XX en desmedro de los líderes civiles. Por ello, no deja de ser interesante poner de relieve la escasa influencia que los pocos presidentes civiles tuvieron durante el siglo antepasado, a diferencia de la experiencia registrada en la segunda mitad del siglo XX.
La breve y dramática gestión del sabio José María Vargas (1835-1836), rector de la Universidad de Caracas y albacea del Libertador, resulta muy ilustrativa al respecto. Pudiera decirse que está ejemplificada en la célebre anécdota según la cual se enfrentó al golpista militarista Pedro Carujo, la otra cara de la moneda. Igual destino le aguardaría al siguiente presidente civil, Manuel Felipe Tovar (1860-1861), cuya también breve gestión terminaría siendo estrangulada por la confrontación entre la oligarquía militar conservadora y la guerrilla federal. La brevedad de otro presidente civil, Pedro Gual -prócer inicial del movimiento independentista-, relejó también el drama del civilismo ante el militarismo recurrente en Venezuela. Algo parecido le ocurriría al doctor Juan Pablo Rojas Paúl (1888-1890), último presidente civil del siglo XIX, a quien los generales Guzmán Blanco y Crespo pretendieron convertir en un prisionero suyo, cuando ambos decidieron no enfrentarse por la sucesión presidencial de 1890.
Si sumamos el tiempo acumulado por los presidentes civiles en el siglo XIX obtendríamos que apenas gobernaron, en total, un poco más de cuatro años, incluyendo la del encargado Andrés Narvarte, luego de la renuncia del doctor Vargas. El resto del tiempo el poder estuvo en manos de los militares y del militarismo en sus diversos matices. Y ya se sabe que durante la primera mitad del siglo pasado, la también fugaz presidencia civil del escritor Rómulo Gallegos (1948) culminó a los nueve meses, a manos de los militares, quienes lo derrocaron a través de un golpe institucional en nombre de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Resulta, amigo lector, que en toda nuestra historia como nación apenas hemos tenido 40 años de gobiernos civiles y civilistas. Se trata del lapso que va entre 1959 y 1999, etapa que algunos han denominado justicieramente la República Civil. Esta es el único período histórico nacional en la cual el civilismo que llegó al poder por elección popular estableció inmediatamente -vía la Constitución de 1961- como política de Estado el regreso de los militares a su campo específico. Así mismo, se estableció el principio de la obediencia castrense a los gobiernos democráticos, desarrollando de manera eficiente su nivel profesional, así como su espíritu tolerante y flexible.

Definitivamente, a pesar de todos los sobresaltos surgidos, el lapso civilista que va de 1959 hasta 1999 ha sido el más provechoso que ha vivido el país en toda su historia, dicho sea esto sin hipérbole alguna, sino atendiendo a un riguroso examen de esta etapa de la vida nacional. En todos los aspectos el país evolucionó: hubo crecimiento humano, político, social, económico y cultural como nunca antes. Hubo también en sus primeros 10 años aspectos lamentables, entre ellos, la violencia de la derecha recalcitrante contra las nacientes instituciones democráticas, así como los efectos nefastos de la guerra entre el gobierno y la subversión armada izquierdista, a principios de los sesenta, cuyas cicatrices pronto fueron restañadas por la llamada política de pacificación ejecutada en los inicios de la década de los setenta.

En consecuencia, el balance entre civilismo y militarismo es muy claro a favor del primero. El militarismo como sistema de gobierno ha resultado absolutamente negativo para el país. Un tercer elemento, la antipolítica, ya analizado en nuestro artículo de opinión la pasada semana, ha resultado en todos lados igualmente inconveniente, con el agravante de que puede vestirse de civilismo o de militarismo.
Los venezolanos debemos estar absolutamente concientes de que la única vía para salir de esta terrible encrucijada es el civilismo democrático. No hay otro camino.   
    
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - 08-08-2006  

viernes, 15 de julio de 2016

EXIGENCIAS DEL FUTURO (II)

EXIGENCIAS DEL FUTURO (II)
Gehard Cartay Ramírez
La transición política que se aproxima -afirmamos la semana pasada- será un proceso complejo.
Tendrá que abordarse una crisis colosal, dicho sea sin exageración, asumida desde el Estado venezolano, es decir, enfrentada por los Poderes Públicos de la República y todos sus recursos, hoy menguados y en situación de peligrosa debilidad, a consecuencia de su destrucción en los últimos 17 años.
Esa crisis política requerirá de mano firme y de una aguda inteligencia para intentar resolverla en el menor tiempo y ahorrando los mayores sacrificios posibles a todos los niveles. Porque no hay que olvidar que cuando hablo de transición política este concepto comprende todo lo demás. Al fin y al cabo, la política abarca en su conjunto los elementos de la crisis, es decir, lo institucional, lo económico, lo moral y lo social.
La gente debe asumir esta verdad: que la política lo determina todo. Por eso se engañan quienes dicen que “no les interesa la política porque ellos viven de su trabajo”. Aunque es cierto que mucha gente se sostiene por su propio esfuerzo y sus negocios no tienen relación con la política, no lo es menos que esta última influye en todo lo demás, independientemente de nuestra voluntad.
Porque lo cierto es que la política determina el rumbo económico y financiero de la nación, y esto último nos afecta como pueblo. Si la inflación y el costo de la vida suben, eso es producto de equivocadas políticas gubernamentales, al igual que los huecos de las calles, el mal funcionamiento del aseo urbano o la pésima calidad de la educación en los planteles públicos.
    Por lo tanto, esa transición política que se aproxima será una tarea sumamente difícil, pero no imposible. Y deberá ocuparse, cuanto antes, de los más urgentes retos políticos y económicos. Deberá comenzar por reconstruir la institucionalidad democrática, hoy inexistente, y por enfrentar el drama de la falta de alimentos y medicinas, algo insólito en un país con tantos recursos como el nuestro.
Junto a medidas que son urgentes como conseguir financiamiento internacional para comprar alimentos y medicinas para sustituir la escasez y la carestía que hoy sufrimos, habrá también que equilibrar el funcionamiento de los Poderes Públicos, así como reinstitucionalizar la Fuerza Armada Nacional, alejándola de la política partidista y la represión indiscriminada.
Y es que así como habrá que buscar también financiamiento externo para reconstruir el aparato productivo del país, abrir las fábricas cerradas y poner a producir las fincas invadidas y arruinadas hoy en día, igualmente deberán tomarse medidas drásticas para organizar un Poder Judicial sin corrupción y sin compromisos partidistas, luego de esta vergonzosa experiencia actual. Y así como habrá que liberar a los presos políticos, también se tendrán que aumentar los míseros sueldos y salarios que hoy no alcanzan para mantener el sustento mínimo de los venezolanos ante una inflación feroz y hambreadora.
Pero la transición política tendrá que enfrentar también la desgarradora crisis moral que nos afecta. El descomunal saqueo de las riquezas milmillonarias del país ha enriquecido impúdica y rápidamente a una taifa de corruptos al amparo del Estado, mientras los venezolanos nos hemos empobrecido cada vez más. Mientras, la venalidad de muchos burócratas sigue en aumento, pues imitan en pequeña escala el festín corrupto de las alturas del poder.
Habrá entonces que enjuiciar a los culpables de este criminal saqueo y repatriar los miles de millones de dólares que nos han robado a todos, pues son recursos de la Nación. Deberá dárseles una lección ejemplar a todos ellos, no sólo porque se lo merecen, sino también como advertencia futura a quienes pretendan hacer lo mismo. La corrupción, como se sabe, es una perversión humana y, cuando se arraiga y no se combate, vence ideologías, partidos políticos y hasta principios religiosos.   
Pero la crisis moral va más allá. La riqueza fácil, no creada por el trabajo, es el norte de unos cuantos. En muchos sectores se ha perdido la noción de los deberes y obligaciones que tenemos como venezolanos. Hay gente que se aprovecha de la debacle actual para hacerse ricos, a costa del sacrificio de los demás, como lo evidencian, por ejemplo, quienes se dedican a bachaquear. Hay otros que, gracias a la impunidad demagógica que les ofrecen desde el poder,  transgreden leyes y normas, al tomarse por la fuerza lo que no les pertenece, influidos también por el discurso oficialista que desde hace años -en lugar de llamar al trabajo creador y al esfuerzo personal- ha venido exaltando el resentimiento y la confrontación entre los venezolanos (Continuará).

@gehardcartay
LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 12 de julio de 2016.

lunes, 11 de julio de 2016

ORÍGENES OCULTOS DEL CHAVISMO




ORÍGENES OCULTOS DEL CHAVISMO
Gehard Cartay Ramírez



(Extracto del Prefacio de mi libro "Orígenes ocultos del chavismo, Militares, guerrilleros y civiles", publicado por la Editorial Libros Marcados en 2006)


Luces y sombras (1948 / 1973)

Entre 1948 y 1973, el país vivió una etapa de luces y sombras, de avances y retrocesos, de escepticismo y de esperanza.

La elección del demócrata civilista Rómulo Gallegos como primer Presidente de la República por el voto universal directo y secreto de los venezolanos en diciembre de 1947, pudo ser un momento estelar de nuestra historia y el inicio de un auténtico desarrollo democrático, no sólo en virtud de la ascensión al poder -por vía del sufragio popular- de un intelectual honesto, sino porque por primera vez luego de 118 años Venezuela abandonaba el militarismo como fuente y cultura de gobierno, lo cual constituía, sin duda, un hecho extraordinario. Apenas en 1888, cuando fue escogido –en elecciones de segundo grado, sujetas siempre a la decisión del Gran Elector de turno- el doctor Juan Pablo Rojas Paúl como último mandatario civil, hubo un atisbo de luz en el largo túnel de los militares-presidentes iniciado en 1830.

El presidente Gallegos sólo se sostuvo nueve meses en el cargo. Derrocado por esa misma joven oficialidad que, apenas tres años antes, se había asociado con Rómulo Betancourt y su grupo para propiciar el golpe de Estado contra el general Medina Angarita, el militarismo se extendió de nuevo por el país como una gigantesca mancha de aceite, apoderándose fácilmente de todas las instituciones, sin resistencia alguna por parte de los desplazados entonces del poder y con la colaboración del mundo civil antiadeco que la autodenominada Revolución de Octubre de 1945 había perseguido y humillado.

En una primera etapa, esa tendencia militarista light -liderizada por alguien que, apenas 10 años antes, se había asimilado como oficial de las Fuerzas Armadas, el coronel Carlos Delgado Chalbaud- alimentó la esperanza en ciertos sectores civiles de que sólo dirigirían una corta transición y se retornaría a la vía democrática, mediante una nueva convocatoria a elecciones. Tal propósito, al parecer, fue sincero por parte de Delgado Chalbaud. Sin embargo, el entonces presidente de la Junta Militar fue asesinado en 1950, muriendo con él la posibilidad de un retorno inmediato de la institucionalidad democrática.

Luego vino el militarismo duro, encabezado por el también coronel Marcos Pérez Jiménez (PJ), segundo a bordo (aunque, en realidad, siempre fue el líder) en la jefatura de la institución castrense. La suya fue una visión de gobierno militarista/desarrollista, caracterizada por la eficacia en materia de cemento y cabilla, tan cierta como su política represiva y su desprecio por la democracia y los derechos humanos. Fue una etapa terrible, durante la cual se instauró una dictadura militar de la peor categoría. Y aunque PJ no asumió directamente el poder a la muerte de su compadre Delgado Chabaud, la suya fue entonces la única jefatura, a pesar de la presidencia títere del civil Germán Suárez Flamerich. Aún así, Pérez Jiménez no quiso o no pudo zafarse, sin embargo, de la oferta electoral en curso y aceptó realizar la elección de una Asamblea Constituyente en diciembre de 1952. Sus resultados favorecieron ampliamente a la oposición encabezada por URD y Copei, pero fueron desconocidos por PJ, tras lo cual eliminó la existente Junta de Gobierno y asumió la Presidencia de la República, nombrado por una Constituyente espúrea. 

Los cinco años siguientes fueron la apoteosis de un militarismo facistoide, desarrollista y faraónico, eficiente constructor de grandes obras públicas, pero desconocedor absoluto de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. Se le trató de cubrir con un manto ideológico, cuya premisas fundamentales fueron “la transformación del medio físico”, la negación del sistema de partidos y su sustitución por un gobierno militarista, cuyo sostén único y efectivo eran las Fuerzas Armadas Nacionales.

A la caída del perezjimenato en 1958 advino la democracia civilista mediante una insurrección popular que obligó a los militares a retirarle el apoyo al entonces dictador. Sin embargo, los sectores castrenses se hicieron con el control de la situación, a través de una Junta de Gobierno manejada por ellos y presidida por su oficial de mayor antigüedad, el contralmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto, y donde participaron empresarios civiles como minoría. Incluso el propio Larrazábal, siendo militar activo y depositario de una inmensa simpatía popular, se lanzaría como candidato presidencial en las elecciones de diciembre de 1958, con el apoyo de Unión Republicana Democrática (URD) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Sin embargo, el militar candidato llegaría en segundo lugar, pues aquellos comicios los ganó el abanderado de AD y ex presidente durante el trienio 45-48, Rómulo Betancourt.

Pero el reinicio democrático no fue fácil. Estuvo, desde sus inicios, bajo la amenaza de grupos civiles y militares derechistas y, luego de  la  derrota de estos, asediado inmediatamente por la insurgencia de la guerrilla marxista.

En cuanto a la reacción derechista, mayormente proveniente de ciertos sectores militares, esta se caracterizó por varias intentonas golpistas -que analizaremos en su oportunidad- y un atentado contra la vida del presidente Betancourt, detrás del cual estuvo el entonces dictador dominicano, generalísimo Rafael Leonidas Trujillo (Chapita). Pero esa ofensiva de la derecha militar y de los viudos del perezjimenato fue rápidamente sofocada durante los primeros años del gobierno iniciado en febrero de 1959.

El mayor peligro provino entonces de la extrema izquierda, auspiciada y financiada por el también dictador cubano, comandante Fidel Castro. Este sector insurgente apeló a dos vías simultáneas: la guerra de guerrillas al estilo castrista y la conspiración militar, a través de sus infiltrados en las Fuerzas Armadas Nacionales y en algunas ocasiones en alianza con la derecha militarista. Fue así como a comienzos de 1960 se encadenaron diversos alzamientos militares (el Barcelonazo, el Carupanazo, el Porteñazo), todos derrotados por las Fuerzas Armadas Nacionales leales a Betancourt, mientras en paralelo la guerrilla comenzó a organizarse en algunas zonas del país. La estrategia también contemplaba manifestaciones violentas a nivel estudiantil, así como actos de terrorismo en las principales ciudades del país, con saldo de varios muertos y heridos.

El gobierno enfrentó todo estos hechos de manera implacable, pues aquella era una guerra entre los insurrectos y las fuerzas del régimen presidido por Betancourt en alianza con AD y Copei. También fue vencida políticamente en las elecciones que ese mismo año ganó Raúl Leoni, candidato de AD, seguido de Rafael Caldera, de Copei, ambos representantes de los partidos gubernamentales. (Por cierto que esa derrota de la insurrección guerrillera se prolongaría en el tiempo: los siguientes procesos electorales fueron ganados por Caldera -aliado político del gobierno de Betancourt- en 1968 y, luego, en 1973 por Carlos Andrés Pérez, el Ministro de Relaciones Interiores que dirigió la dura política de represión contra la subversión castrocomunista entre 1960 y 1963.)

Para elegir entonces al sucesor de Betancourt, el pueblo no solamente votó mayoritariamente a favor de los abanderados presidenciales del régimen -quienes sumaron más de 50% de los sufragios emitidos-, sino que, además, participó de manera abrumadora en aquel proceso, al punto tal que la abstención apenas se ubicó en 9,16 por ciento. Sin embargo, aunque menguado, el movimiento guerrillero siguió actuando durante la presidencia de Leoni, mediante acciones esporádicas y golpes propagandísticos, a medida que tanto el PCV como el MIR revisaban su línea de acción en virtud del fracaso de la lucha armada como vía de acceso al poder.


La pacificación de Caldera

En 1969 Rafael Caldera es elegido presidente e inmediatamente pone en marcha la política de pacificación.

Esta fue, sin duda, una política de Estado, mediante la cual se estimuló el regreso a la vida legal de miles de venezolanos que habían estado comprometidos, de una u otra forma, con anteriores conspiraciones militares -algunas de derecha, otras de izquierda, o de ambas al mismo tiempo- y con la guerra de guerrillas librada pocos años antes. Muchos de ellos fueron puestos en libertad, indultados o amnistiados por aquel gobierno social cristiano. Por si fuera poco, ninguno de ellos cumplió la pena respectiva. Sus partidos, el PCV y el MIR, volvieron a ser legalizados a partir de una decisión unilateral de Caldera.

“La República Civil -ha escrito Rodolfo José Cárdenas al evaluar aquella política pacifista- fue generosa, tolerante, abierta. Todos los golpistas militares salieron de las cárceles sin cumplir totalmente sus condenas. Todos los comandantes guerrilleros fueron objeto de pacificación. Unos y otros pudieron incorporarse a la lucha política democrática. Ahí es donde cobra estatura singular la política de pacificación de Rafael Caldera. El país volvió a ser uno”. Muchos ex guerrilleros fueron electos después senadores y diputados, algunos de ellos incluso se postularon como candidatos presidenciales. El espectro democrático se amplió como nunca antes en la vida política a partir de 1969. 

Definitivamente, a pesar de todos los sobresaltos surgidos, la etapa civilista que va de 1959 hasta 1973 ha sido la más provechosa que ha vivido el país en toda su historia, dicho sea esto sin hipérbole alguna, sino atendiendo a un riguroso examen de esta etapa de la vida nacional. En todos los aspectos el país evolucionó: hubo crecimiento humano, político, social, económico y cultural como nunca antes. Hubo una cierta probidad administrativa como regla general, con sus naturales excepciones, como corresponde a toda tarea humana.

Hubo también en sus primeros 10 años aspectos lamentables, entre ellos, la violencia de la derecha recalcitrante contra las nacientes instituciones democráticas, así como los efectos nefastos de la guerra entre el gobierno y la subversión armada izquierdista, a principios de los sesenta, cuyas cicatrices pronto fueron restañadas por la llamada política de pacificación ejecutada en los inicios de la década de los setenta.


El militarismo como sistema de gobierno en Venezuela

El militarismo como sistema de gobierno en Venezuela no es un fenómeno nuevo ni reciente. Todo lo contrario: viene desde hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente, durante los siglos XIX y XX nuestro país estuvo sometido por más de 126 largos años a una interminable tradición militarista y dictatorial. (Para colmo de males, Venezuela ha iniciado la actual centuria bajo un régimen militarista y autoritario, a pesar de que aún conserva ciertas formalidades que lo aproximan a una democracia occidental.)

La anterior afirmación requiere, por supuesto, de una definición precisa del término militarismo, sobre todo para comprender las razones por las cuales tal ha sido la característica fundamental de casi todos los gobiernos militares que ha padecido el país desde 1830. El militarismo, en este sentido, puede ser definido de manera general como la influencia y el poder fundamental que el estamento militar, en cuanto institución, ejerce -de hecho o de Derecho- sobre cualquier régimen o sistema de gobierno, independientemente de su ideología política.

Esa nefasta experiencia la inician los Padres de la Patria, al considerarse, una vez finalizada la guerra independentista, los llamados a ejercer el poder en Venezuela, con Páez a la cabeza y sin oposición manifiesta en un principio. Tal pretensión se apoyó en el Ejército formado en las luchas contra el Imperio Español, cuya construcción inicial correspondió al mantuanismo caraqueño agrupado alrededor de Bolívar, luego del estrepitoso fracaso de Miranda al pretender formar uno calcado de los modelos europeos o norteamericanos. Con Páez, muerto Boves, ese ejército se populariza y, con tal carácter, logra concretar la independencia nacional y la de otros países hermanos.

Lo que viene luego es la lucha de los generales patricios por razones de poder económico -“los haberes de sus lanzas”, según expresión del propio Libertador-, cobrando así financieramente sus luchas en el proceso independentista. Se trató de una resolución, tomada por el propio Simón Bolívar, que puede ser considerada como uno los primeros actos de corrupción de la historia republicana. Era obvio que los generales patriotas no tenían ningún derecho a cobrar por sus servicios en la lucha por la Independencia, por una parte, y que constituía, por la otra, un acto de injusticia absoluta que mientras aquellos eran beneficiados, en cambio el personal de tropa y los oficiales de menor rango, fueran excluidos de la repartición de tierras. Por si fuera poco, los altos militares también fueron depositarios del poder político, al mismo tiempo que las élites civiles e intelectuales posteriores a la conflicto independentista, mejor preparadas que las mesnadas guerreras que reclamaban entonces mayor poder político y económico, abdicaron cómodamente a favor de estas, con lo que se inició entonces un largo siglo bajo el signo militarista de sus gobernantes.

Se produce casi inmediatamente, como consecuencia de las ambiciones y los enfrentamientos entre estos, una  dispersión de mandos y se comienza a sedimentar el fenómeno de los caudillismos regionales, tan pernicioso para la Venezuela de los próximos cien años. Así se liquida el Ejército Libertador que hizo posible el triunfo independentista. Cada caudillo organizará su propio ejército, y éste –a su vez- será el brazo armado de sus ambiciones de poder. La política no es, en modo alguno, debate de ideas o confrontación de opiniones: se trata, sencillamente, de múltiples aventuras armadas. El choque entre esas montoneras determinará quien se queda, finalmente, con el botín de la República, es decir, su gobierno y sus riquezas.

Por eso mismo, el siglo XIX y más de la mitad del siglo XX estarán marcados irremediablemente por el militarismo en el poder, algunas veces atenuado y otras exagerado, aunque siempre apoyado por el infaltable servilismo civil. Lo cierto es que ese sistema de gobierno ejercido por el estamento militar como institución a partir de 1830 se prolongará en los próximos 130 años, hasta la caída de la dictadura perezjimenista en 1958. El militarismo encajará, como anillo al dedo, tanto en los años de dominación de la llamada oligarquía conservadora como en los de la oligarquía liberal hasta 1909, cuando Gómez derriba a Castro. Aún así, el militarismo también caracterizará la larga tiranía del general Gómez, pues esta se sostendrá en la institución militar, y no en el pueblo ni en los sectores civiles que le apoyaron, siempre sometidos a la férula militarista. Incluso gobiernos democráticos como los de López Contreras y Medina Angarita serán también gobiernos militaristas, pues era la institución castrense la que, en realidad, sostenía al Presidente de la República, quien además de militar debía ser también andino. La tradición continuó con el llamado trienio entre 1945-1948, pues el sector civil fue invitado a participar en el golpe militar contra Medina. Su presencia en el poder fue permitida por los militares hasta noviembre de 1948, cuando derrocan también a Gallegos, primer presidente civil venezolano electo por el pueblo. Luego vendrá el militarismo light de Delgado Chalbaud, quien coquetea con el mundo civil la posibilidad de convocar a nuevas elecciones para superar la crisis política, y, después de su asesinato, finalmente se impondrá el militarismo desarrollista de Pérez Jiménez.

El civilismo como excepción

En 1976 un lúcido periodista e intelectual venezolano, Carlos Rangel, escribió un libro -Del buen salvaje al buen revolucionario, su título- que derribó mitos y causó una profunda indignación en ciertos sectores radicalizados de la izquierda de entonces, al punto de que -al más puro estilo nazi- aquella obra fue quemada en la Universidad Central de Venezuela.

Rangel, entre otros asuntos polémicos, analizó allí el tema del caudillismo militarista y del civilismo democrático en nuestro continente. Dijo, entre otras verdades amargas, la siguiente: “Latinoamérica no ha carecido de dirigentes políticos, e inclusive de gobernantes que hayan estimado en su justo valor las ideas y las conquistas de la revolución federal. Su mucha menor fama que la de los caudillos, los demagogos y los tiranos es indicio de la poca estima que el mundo tiene por los dirigentes moderados. Comentando la trasgresión, por Trajano, de la recomendación dejada en testamento por Octavio a sus sucesores de defender las fronteras del Imperio sin intentar extenderlas, observa Gibbon (en su Decadencia y Caída del Imperio Romano) que mientras la humanidad se empeñe en aplaudir más generosamente y recordar más a sus destructores que a sus benefactores, la sed de gloria militar tentará siempre a los gobernantes. De igual manera podría decirse que mientras encontremos digno de atención, de admiración -y hasta romántico- al señor de horca y cuchillo, y más todavía (en nuestra época) cuando al echar por la borda todo escrúpulo y toda práctica política civilizada lo hace en nombre de ‘La Revolución´; y en comparación poco ‘excitantes´ a los demócratas llamados despectivamente ‘reformistas´; serán más numerosos en el mundo los candidatos a emular a Stalin que quienes encuentran modelos en Leon Blum, Clement Atlee, o Walther Rathenau; estarán más ‘en la onda´ Fidel Castro o Perón que Rómulo Betancourt, Eduardo Frei, Rafael Caldera o Carlos Andrés Pérez”.

En Venezuela, los señores de “horca y cuchillo” cubrieron casi siglo y medio, mientras los líderes civiles permanecieron en la sombra. Ciertamente, en el caso venezolano en particular -y como ya se reseñó páginas atrás-, los caudillos militares coparon todo el siglo XIX y casi la primera mitad del siglo XX en desmedro de los líderes civiles. Por ello, no deja de ser interesante poner de relieve la escasa influencia que los pocos presidentes civiles tuvieron durante el siglo antepasado, a diferencia de la experiencia registrada en la segunda mitad del siglo XX.

La breve y dramática gestión del sabio José María Vargas (1835-1836), rector de la Universidad de Caracas y albacea del Libertador, resulta muy ilustrativa al respecto, como ya se señaló páginas atrás. Pudiera decirse que está ejemplificada en la célebre anécdota según la cual se enfrentó al golpista militarista Pedro Carujo, la otra cara de la moneda. Lo cierto es que aquella fugaz presidencia civil se dirimió dentro del clásico enfrentamiento entre la razón y la fuerza, con la consecuente imposición final de esta última sobre la primera.

Igual destino le aguardaría al siguiente presidente civil, Manuel Felipe Tovar (1860-1861), cuya también breve gestión terminaría siendo estrangulada por la confrontación entre la oligarquía militar conservadora y la guerrilla federal. La brevedad de otro presidente civil, Pedro Gual -prócer inicial del movimiento independentista-, también dice mucho del papel que le tocó cumplir al encabezar tres interinarias: una, al renunciar el caudillo militar José Tadeo Monagas (15 al 18 de marzo de 1858) para entregar tres días después al también general Julián Castro; la segunda, al caer este último y encargarse el vicepresidente Tovar; y la tercera al renunciar Tovar en 1861, cuando ocupará por tres meses el cargo. Entonces es detenido y desterrado, al producirse la dictadura de Páez.

Algo parecido le ocurriría al doctor Juan Pablo Rojas Paúl (1888-1890), último presidente civil del siglo XIX, a quien los generales Guzmán Blanco y Crespo pretendieron convertir en un prisionero suyo, cuando ambos decidieron no enfrentarse por la sucesión presidencial de 1890. Y ya se sabe que la también fugaz presidencia civil del escritor Rómulo Gallegos (1948) culminó a los nueve meses, a manos de los militares, quienes lo derrocaron a través de un golpe institucional en nombre de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Si sumamos el tiempo acumulado por los presidentes civiles en el siglo XIX obtendríamos que apenas gobernaron, en total, un poco más de cuatro años, incluyendo la del encargado Andrés Narvarte, luego de la renuncia del doctor Vargas. El resto del tiempo el poder estuvo en manos de los militares y del militarismo en sus diversos matices.

Si nos trasladamos al siguiente siglo, la trágica verdad es que, en su primera mitad, sólo hubo un presidente civil y civilista, el escritor Rómulo Gallegos. Algunos podrán decir que también hubo otros civiles en la presidencia en estos últimos tiempos. Y es verdad. Pero se trataba de simples testaferros políticos del general Gómez (Juan Bautista Pérez, José Gil Fortoul, Pedro Itriago Chacín) o de ministros supliendo al presidente, como el caso de Caracciolo Parra Pérez bajo el mandato del general Medina Angarita. Por cierto que luego de este último, pudo haberse escogido como Presidente de la República un civil tachirense: Diógenes Escalante -quien reunía, al menos, un elemento de la ecuación militar/andino-, escogido por el propio Medina Angarita como su sucesor, y quien llegó a contar, incluso, con el apoyo de  Acción Democrática, entonces principal partido de oposición. Escalante había sido un brillante funcionario de la dictadura gomecista y de los regímenes de López Contreras y Medina Angarita. Lamentablemente, sufrió una severa y repentina enfermedad neurológica que lo retiró de aquella contienda electoral, de la política e, incluso, de la vida normal. Lo sustituiría como candidato del oficialismo otro civil tachirense, el también ex ministro Ángel Biaggini, quien no tuvo el mismo consenso que había logrado Escalante. A los pocos días se produjo el golpe de Estado contra el régimen medinista.

Tampoco podría mencionarse como un presidente civil efectivo a Germán Suárez Flamerich (1950-1952), hombre de paja de Pérez Jiménez, escogido por éste luego del asesinato del presidente de la Junta de Gobierno, coronel Carlos Delgado Chalbaud. Ninguno de los civiles que actuaron como presidentes títeres de Gómez y Pérez Jiménez actuó por cuenta propia ni adelantó gestiones civilistas. Se limitaron a cumplir las formalidades protocolares al ocupar una presidencia ornamental, mientras el poder real descansaba en la figura del caudillo militar, único e indiscutido.

El civilismo y la moderna institución militar


Diferente resulta, en cambio, el papel cumplido por los presidentes civiles elegidos democráticamente entre 1958 y 1993.

Esta es la única etapa histórica nacional en la cual el civilismo que llegó al poder por elección popular estableció inmediatamente -vía la Constitución de 1961- como política de Estado el principio de la obediencia castrense a los gobiernos democráticos, desarrollando de manera eficiente su nivel profesional, así como su espíritu tolerante y flexible. Fue así como se mantuvo sistemáticamente a las Fuerzas Armadas Nacionales fuera del debate partidista y dentro del perfil institucional que había venido perfeccionándose a partir de 1958.

El retorno democrático trajo consigo la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, y con ella la adopción de una medida sana e inteligente: la rotación permanente de los mandos y el tiempo de servicio. No han faltado quienes han atribuido esa medida a la perspicacia maquiavélica del liderazgo político de 1958. Sin embargo, la lógica de tal determinación se fundamentó en la necesidad de evitar la mineralización de los liderazgos militares, tal como había ocurrido en el pasado. Y es que al impedir que se taponeara el relevo generacional en una institución cuyo componente es mayoritariamente joven y dinámico, se lograba, por otro lado, incentivar en la oficialidad la posibilidad de acceder -desde luego que sobre la base de sus méritos- a los puestos superiores de comando, sin permitirse la consolidación de liderazgos por más tiempo de lo debido. 

De 1958 a 1968 las Fuerzas Armadas enfrentarán diversas intentonas golpistas y hasta un atentado contra el presidente Betancourt, acciones de la extrema derecha estimuladas por el dictador Trujillo, de República Dominicana, y posteriormente -como ya se señaló páginas atrás-, desde la extrema izquierda marxista, la lucha armada apoyada por Fidel Castro. Liquidada la guerra de guerrillas y establecida definitivamente la política de pacificación que abrió de nuevo las puertas de la vida legal y democrática a sus inspiradores durante el primer gobierno de Caldera, la institución castrense se repliega a sus cuarteles. De 1969 a 1973 será el tiempo de formación y relaciones más directas con la sociedad civil. En ese lapso, los militares harán suya también la cultura democrática reinante desde 1958. Sentirán que su responsabilidad no es otra que la de garantizar la seguridad de la República y la defensa y la integridad territorial de la Nación. Por ese camino aceptan cumplir su papel bajo las directrices del Poder Civil, al cual se someten institucionalmente al reconocerlo como el legítimo depositario de la soberanía.

Se produjo en todo este tiempo en los militares una conciencia profundamente institucional, se las mantuvo alejadas del debate político y se respetó en lo posible la meritocracia en materia de  ascensos. Esta última materia era entonces escudriñada constitucionalmente por el Senado, antes de ser resuelta por el Presidente de la República. También se establecieron programas de actualización de la alta oficialidad en temas de interés nacional y mundial, como lo comprueba la fundación del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN), a principios de los años 70. Este instituto se constituyó en una especie de foro donde se confrontaban temas y discusiones con ciertos integrantes de las élites civiles provenientes del mundo político, académico, empresarial y técnico.

Por supuesto que no todo podía ser impecable en el mundo militar. Hubo también en esta etapa republicana algunas máculas que dañaron la institución armada: en primer lugar, las tendencias golpistas durante el primer período de gobierno democrático, entre 1959 y 1964, y que obedecieron -cada una a su tiempo- a posiciones extremistas de derecha o de izquierda, según el caso. Aquella nefasta experiencia se mantuvo recesiva en el organismo castrense por algún tiempo, hasta que, a partir de 1982, insurgiría con mayor fuerza entre los jóvenes oficiales de izquierda que intentarían, 10 años después, un golpe de Estado, tema que, obviamente, no corresponde al período histórico analizado en este libro. (Sin embargo, algo se reseñará obligadamente en el Epílogo.) En segundo lugar, la muy recurrente corrupción de algunos oficiales, aunque debe destacarse particularmente la practicada por la cúpula militar –con las naturales excepciones que confirman la regla- a partir del primer gobierno de CAP, a través de compras millonarias de armamentos y equipos, por cuyos conceptos se obtenían jugosas comisiones pagadas por los llamados perros de la guerra.

Lo que no se discute es que, desde 1958, las Fuerzas Armadas en general tuvieron un comportamiento cívico, democrático y de apego a las normas constitucionales, a pesar de las intentonas golpistas contra Betancourt. Una contribución sin duda trascendente a la naciente democracia venezolana fue su respaldo a la institucionalidad durante la etapa subversiva adelantada por la extrema izquierda. La institución castrense se jugó íntegro su prestigio al lado de la democracia y derrotó militarmente a las guerrillas actuantes bajo la protección y adiestramiento del dictador cubano Fidel Castro. A partir de entonces y hasta finales de la década de los setenta, los militares regresaron a sus cuarteles y le sirvieron de sostén fundamental al sistema político vigente, al tiempo que se dedicaron a la formación de su personal, no sólo en la esfera de su competencia, sino también en el ámbito académico e intelectual.


La conspiración subterránea 

Siglo y medio de gobiernos militaristas, más la trágica experiencia de las guerrillas castrocomunistas a mediados de los años sesenta del siglo pasado, así como la infiltración marxista de las Fuerzas Armadas Nacionales por estos mismos tiempos, se convirtieron en el caldo de cultivo de lo que hoy constituye el chavismo en el poder. Fue todo un largo proceso donde se combinaron los peores vicios y los más nefastos atavismos de la vida venezolana.

Fue así como a finales de los años setenta se inició una nueva conspiración subterránea al interior de las Fuerzas Armadas Nacionales. Algunos sectores de la ya agonizante guerrilla no se rendían fácilmente ante las nuevas realidades. Esa había sido la tesis fundamental que el sector histórico del PCV propuso inicialmente para derrocar al gobierno democrático en 1960, pero entonces predominó la alternativa guerrillera al estilo castrista, propuesta por el MIR. Así, la lucha de la izquierda insurreccional entraría en una nueva fase durante el primer gobierno de CAP, sin perder su continuidad: sería dirigida precisamente hacia quienes la habían derrotado en su modalidad de guerra de guerrillas.

Rendiría sus frutos 20 años después, cuando uno de sus cooptados, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, ganaría las elecciones de 1998. Previamente, este mismo oficial encabezaría un intento frustrado de golpe de Estado en febrero de 1992, junto a otros comandantes, mayores, capitanes y tenientes reclutados por Bravo. Estos, a su vez, apoyarían una segunda intentona golpista en noviembre de ese mismo año, liderizada por oficiales de mayor graduación.