¿LICENCIA PARA MATAR?

¿LICENCIA PARA MATAR?

Gehard Cartay Ramírez

En lugar de enfrentar el desastre económico y social que creó en estos 16 años, el régimen -por el contrario- apela a la represión criminal para combatir las protestas populares.

Así, como se sabe, mete presos a los dueños de comercios culpándolos por la escasez y el desabastecimiento producto de las erráticas políticas económicas oficiales desde 1999. O si no, detiene a quien tome fotos a los anaqueles vacíos o a los que osen protestar en las interminables colas para intentar comprar alimentos, medicinas o artículos de consumo personal, hoy escasos y caros.

La semana pasada -ante el previsible aumento de las protestas en curso- el régimen llegó al colmo de autorizar el uso de armas mortales para enfrentar las manifestaciones populares en protesta por la carestía y la falta de alimentos, medicinas y otros artículos. Y lo ha hecho mediante una resolución del Ministerio de la Defensa que, por una parte, viola abiertamente el artículo 68 de la Constitución (que prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas) y, por la otra, militariza la represión, lo cual es sumamente grave.

Porque, amigos lectores, esta es una medida que implica nefastas consecuencias de todo orden. En primer lugar, se continúa criminalizando la protesta, algo que se viene haciendo desde los inicios mismos del régimen, en abierta violación a un derecho humano por excelencia. Convertir a la protesta en un crimen y, por tanto, perseguirla y enfrentarla con armas potencialmente mortales equivale a crear un estado de excepción y una suspensión de algunas garantías constitucionales, sin motivos para ello.

En segundo lugar, insistir en militarizar la represión contra manifestaciones pacíficas sólo traerá como consecuencia el crecimiento exponencial de la violencia mortal contra civiles desarmados y, por tanto, el aumento indiscriminado de víctimas fatales, sin que estemos ante un enfrentamiento armado. Normalmente ningún país democrático utiliza sus fuerzas militares para enfrentar manifestaciones civiles, como lo pretende el régimen de Maduro a través de la infeliz resolución oficial que venimos comentando.

Y en tercer lugar, al asumir este tipo de decisiones desafortunadas, el régimen continúa violando los derechos humanos y desconociendo, no sólo la Constitución Nacional que ellos mismos aprobaron en 1999, sino también la Carta Internacional de Derechos Humanos y los mandatos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y es que, al consagrar la protesta pacífica y democrática como un derecho humano fundamental, sus defensores insisten que -en caso de perturbaciones del orden público- los organismos policiales “sólo deben emplear los medios que sean indispensables para controlar la situación, siempre de manera racional y proporcionada, respetando el derecho a la vida y la integridad personal”.

Sin duda que la Resolución 8610 es la más clara demostración de la desesperación del régimen ante un país que comienza a mostrar signos de molestia e indignación ante la incapacidad, la irresponsabilidad y negligencia oficiales para buscarle soluciones a la descomunal crisis que sufrimos. Lamentablemente, insisto, en lugar de trabajar por resolverla, se apela a la represión del descontento, con lo cual, por otra parte, agrava aún más la ya de por sí caótica situación que hoy acogota a los venezolanos.

Sin duda que también es catastrófico que a la violencia criminal armada de la delincuencia que azota al país y que ha producido desde 1999 más de 200.000 asesinatos, se le pueda unir ahora la violencia armada del régimen, que también ha ocasionado varias muertes entre estudiantes y opositores en el pasado. Por este camino, si no hay rectificaciones oficiales a tiempo, podríamos entrar en una tragedia humanitaria de impredecibles proporciones, lo cual ya es mucho decir.

Este hecho resultaría sumamente dramático, pues, como bien se sabe, el régimen no se ha ocupado de combatir a la delincuencia desbordada. Por el contrario, la ha convertido en su aliada, y muchos de sus colectivos armados forman parte de la red de malandros que hoy controla pueblos y ciudades venezolanas. Si a esto se agregara, repito, la violencia armada del régimen contra la oposición democrática, hay que imaginar el cuadro desolador que nos espera a los venezolanos.

No deberían olvidar quienes firman la mencionada resolución y quienes la vayan a ejecutar que los crímenes de lesa humanidad son perseguidos mundialmente y no prescriben. Tampoco deberían olvidar que, en tal caso, no podrán alegar la “obediencia debida”, pues son crímenes por los cuales tendrán que responder personalmente.

En Venezuela no existe la pena de muerte y la Constitución prohíbe, sin excepciones, “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. Esta prohibición no puede derogarla una simple resolución del Ministerio de la Defensa. Y aquí nadie puede conceder licencia para matar.

    @gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 03 de febrero de 2015.

LA INSURRECCIÓN POPULAR DE 1958

LA INSURRECCIÓN POPULAR DE 1958

Gehard Cartay Ramírez

Ahora que se cumplieron 57 años de la insurrección popular que derrocó la dictadura perezjimenista no está demás -sino todo lo contrario- recordar aquellos hechos históricos

El 23 de enero de 1958 culminó una intensa jornada de lucha de casi dos meses, iniciada cuando Pérez Jiménez ejecutó -en diciembre de 1957- la farsa plebiscitaría con la cual pretendía perpetuarse en el poder. Hubo luego algunas conspiraciones de jóvenes oficiales, pero todas fracasaron. El 13 de enero, cuando se producen manifestaciones y huelgas de todo género, el Alto Mando Militar -el mismo que PJ había designado días antes- le pide la destitución del ministro de interior y del jefe de la policía política. El 21 se produce la huelga general contra la dictadura, con rotundo éxito. En ese momento, presionada por la insurrección popular en marcha, la cúpula militar le retira el apoyo al dictador y este huye a la República Dominicana.

De allí que lo ocurrido el 23 de Enero de 1958 no fue -al contrario de lo que algunos piensan- un golpe de Estado. Era imposible que lo fuera. La dictadura perezjimenista tenía entonces su más firme sostén, al igual que la de ahora, en las Fuerzas Armadas Nacionales. Sus principales ejecutores e ideólogos -Pérez Jiménez, Vallenilla Lanz y la cúpula castrense- convirtieron al factor militar en un partido político atípico, a falta de uno genuino, cosa que nunca le preocupó al tirano tachirense.

Por tal razón, Pérez Jiménez se ufanó siempre de que su régimen tenía su mejor apoyo en las Fuerzas Armadas. Dio a éstas importantísimas cuotas de poder. Hubo así una militarización creciente en todos los aspectos. Al final, aquella circunstancia se hizo repugnante a los ojos de los venezolanos, pues se tenía la sensación de que los crímenes, desmanes y arbitrariedades de la dictadura habían contado con el apoyo de los militares o, cuando menos, con su silencio cómplice. Desde luego que tal apoyo no fue unánime: un sector de los oficiales jóvenes no se tragaban a PJ y su régimen.

Sin embargo, tal circunstancia no impidió su derrocamiento el 23 de enero de 1958, entre otras cosas, porque el apoyo militar no siempre significa que un régimen no se caiga. Aunque ya se sabe -como lo comentaría socarronamente muchos años después el ex presidente Herrera Campíns- que “los militares son leales hasta que se alzan”, no es cierto que su sólo respaldo, con prescindencia de la sociedad civil, sea suficiente.

En todo caso, la actitud de la mayoría castrense trajo como consecuencia cierta desconfianza frente a las Fuerzas Armadas a partir de 1958, situación que sólo fue superada cuando se convirtió en una institución ajena a la diatriba política y partidista, uno de los logros más sobresalientes de la Constitución de 1961. Tal principio era, por lo demás, un ideal bolivariano: la sujeción de los militares al Poder Civil.

El 23 de enero de 1958 hubo, además, una circunstancia de la mayor trascendencia: nunca antes en la historia venezolana se había registrado un ambiente de unidad nacional. El país se sobrepuso a sus divergencias históricas de entonces con una facilidad pasmosa. La razón de tal proceder estribaba en el deseo común e indiscutible de marchar hacia adelante, sin detenerse en razones ideológicas o doctrinarias, muchísimo menos de orden partidista.

El actor fundamental, por tanto, fue el pueblo. Y esa, y no otra, es la verdad histórica. Acaso el 23 de enero de 1958 sea una de las muy pocas veces que los venezolanos, con auténtico espíritu de cuerpo,  asumieron su propio protagonismo. Y lo hicieron para derrocar una dictadura e implantar la democracia moderna que conocimos hasta 1999. Ni más, ni menos.

Como podrá colegir el lector, aquella fecha constituye una lección que debemos aprender en esta crucial hora, ya que puso en evidencia que el pueblo es el único depositario de la soberanía nacional.

Hoy estamos ante un régimen que se ha desentendido de la monumental crisis que nos agobia, mientras el país se cae a pedazos. Para muestra un botón: quien lo encabeza se la ha pasado viajando por el mundo casi todo el mes de enero, sin darse por enterado de la tragedia que vivimos. El suyo pareciera, en el fondo, un ejercicio de escapismo para no enfrentar el actual cataclismo político, económico y social.

Hoy, cuando soportamos el peor gobierno de toda nuestra historia, pues sólo nos ha traído hambre, pobreza, escasez, carestía, desempleo, inseguridad y corrupción como nunca antes, los venezolanos estamos obligados a luchar por un verdadero cambio que enfrente todos estos males y nos garantice progreso y bienestar.

          @gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 27 de enero de 2015.

UN CAMINO EQUIVOCADO

“UN CAMINO EQUIVOCADO”

Gehard Cartay Ramírez

Con este simple pero certero título la Iglesia Católica denunció hace pocos días la responsabilidad del régimen por la gravísima crisis que agobia a Venezuela.

Este histórico pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana hace suyo también lo que constituye el sentir casi unánime de nuestro pueblo, ante un nefasto régimen que ha fracasado estrepitosamente y no muestra señales de intentar siquiera rectificar sus gravísimos errores.

Por desgracia, mientras el país se cae a pedazos, la cúpula podrida del régimen sólo se ocupa de profundizar la crisis y de insultar a quienes lo critican con justa razón, la Iglesia Católica, entre ellos. Obviamente, Maduro y su claque de ineptos y corruptos sólo se limitan a repetir el discurso de su difunto jefe al no asumir sus responsabilidades y echarle la culpa del inmenso desastre creado por ellos a los demás (“el  imperialismo”, “la derecha”, “la guerra económica” y otras estupideces similares).

Frente a este cuadro dramático, la Iglesia Católica ha elevado una vez más su voz, con la autoridad moral que los venezolanos le reconocen. Ha denunciado, una vez más, la violencia y la inseguridad generalizada que viene asesinando centenares de miles de venezolanos, sin que el régimen se ocupe de combatirla.

Ha denunciado igualmente la feroz represión policial y militar contra las protestas pacíficas de estudiantes y pueblo, así como la criminal violación de los derechos humanos de los adversarios del régimen. Ha denunciado también los asesinatos y torturas contra manifestantes pacíficos y la situación de numerosos presos políticos, hoy secuestrados en las ergástulas del régimen, todo lo cual configura la existencia de una auténtica dictadura en la decadente Venezuela actual.

Igualmente, los obispos venezolanos han denunciado con toda seriedad la gravísima crisis económica creada por el régimen con sus desacertadas medidas, y que han producido una cada vez más acentuada escasez de alimentos y productos básicos, alto costo de la vida, pobreza y desempleo crecientes. “Una deuda externa gigantesca -agregan-, que hipoteca el futuro de los venezolanos, la inflación desbordada, la devaluación de nuestra moneda, el contrabando de extracción y el desabastecimiento de productos básicos han generado el empobrecimiento creciente de amplios sectores de la población, particularmente los de menos recursos económicos”.

Al respecto, insisten en que esa aguda crisis “se acrecienta por la corrupción administrativa, el centralismo, el saqueo de las divisas del fisco (dólares), la reciente baja de los precios petroleros, y por la ineficacia de las medidas y planes que está ejecutando el Gobierno Nacional”. Destacan a continuación la imperdonable crisis de la salud y muy especialmente las recientes “epidemias virales no enfrentadas con eficiencia”, así como la carencia de medicinas, insumos y equipos médicos.

 Todo este dantesco cuadro, la Iglesia Católica lo atribuye a “la decisión del Gobierno Nacional y de otros órganos del Poder Público de imponer un sistema político-económico de corte socialista, marxista o comunista. Este sistema es totalitario y centralista, establece el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas. Además, atenta contra la libertad y los derechos de las personas y asociaciones y ha conducido a la opresión y a la ruina a todos los países donde se ha aplicado”.

Como puede constatarse, se trata de una exacta fotografía del nefasto régimen que -por ahora- sufrimos los venezolanos. Otros lo hemos venido denunciando desde hace tiempo. Pero que lo exprese ahora, con tanta firmeza y seriedad la Conferencia Episcopal Venezolana, ciertamente pone de manifiesto que estamos frente a una verdadera tragedia nacional y que, por tanto, es necesario salir del presente régimen si queremos salvar a Venezuela.

Al respecto, los Obispos proponen una serie de medidas para frenar la gigantesca crisis que nos sacude, entre ellas, renuevan su llamado a dialogar (En este sentido critican la reciente designación inconstitucional rectores del CNE y magistrados del Tribunal Supremo, así como de los titulares de la Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, “que no reflejan la pluralidad política del país y de la Asamblea Nacional”). También llaman a la cúpula del régimen a asumir su responsabilidad de buscar soluciones a la crisis actual, “pues el socialismo marxista es un camino equivocado”, insisten.

Terminan su contundente manifiesto -que lamentablemente no podemos glosar totalmente en este breve espacio- exigiendo rectificaciones al régimen, proponiendo respeto a la iniciativa privada y a los derechos democráticos de los venezolanos.

¿Qué más hará falta para que Maduro y su cáfila de incompetentes y corruptos asuman las rectificaciones necesarias? Ya han demostrado que no están en capacidad de hacerlo. Siendo así, lo lógico sería que se apartaran a un lado y dejen entonces el camino despejado para que otros venezolanos, capaces y competentes, asuman la ciclópea tarea de salvar a Venezuela.

        @gehardcartay

LA PRENSA de Barinas (Venezuela) - Martes, 20 de enero de 2015.   

BARINAS Y SUS PERSPECTIVAS HACIA EL SIGLO XXI

BARINAS Y SUS PERSPECTIVAS HACIA EL SIGLO XXI

PALABRAS DEL GOBERNADOR

GEHARD CARTAY RAMIREZ

AL PRESENTAR EL PLAN TRIENAL DE DESARROLLO DEL ESTADO BARINAS (1995-1997)

(Barinas, 08 de noviembre de 1995)

Estamos presentando en este acto el Plan Trienal de Desarrollo del Estado Barinas 1995-1997, que nuestro gobierno y sus equipos técnicos han elaborado en un esfuerzo concienzudo para fijar los grandes objetivos de la región.

Tres son los objetivos que perseguimos al dar a conocer a la opinión pública barinesa un documento como este, que no vacilamos en calificar como histórico, más allá de que en el pasado su elaboración algunas veces se cumplió como un simple ritual administrativo, y no como una oportunidad excepcional para fijar nuestras grandes metas de progreso y desarrollo.   

Por eso hemos querido también que el Plan Trienal de Desarrollo del Estado Barinas 1995-1997 sea en esta ocasión presentado en una edición de lujo que con el título Barinas, tierra exuberante y promisoria / Perspectivas hacia el siglo XXI, pueda llegar a la opinión pública y cumplir así con nuestra aspiración de que sea conocido por la mayor cantidad posible de barineses.

De allí que su publicación como tal cumple ciertamente tres objetivos muy importantes.

En primer lugar, contiene -como lo acabo de señalar- la presentación del Plan Trienal de Desarrollo del estado Barinas, imperativo legal a que está obligado el Gobierno Regional, mediante el cual se fijan las metas y propósitos para los próximos tres años de ejercicio gubernamental.

En segundo lugar, este libro permitirá comunicarle a la comunidad barinesa los grandes parámetros del desarrollo integral de nuestra entidad federal, con miras hacia el próximo siglo. En este sentido, se trata de un estupendo instrumento para nuestros líderes de hoy y de mañana, por cuanto diagnostica nuestra realidad y al mismo tiempo formula proyectos y planes a fin de transformarla en beneficio de todos los barineses.

Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, este Plan Trienal de Desarrollo de estado Barinas es fundamentalmente un compromiso con el porvenir de nuestra región y de su gente. De tal manera que, junto a ese compromiso tan fundamental -yo diría también que histórico por mil razones-, se proponen programas factibles de ejecutar y también, desde luego, un instrumento para la toma de las decisiones a que haya lugar.

Debo insistir en que el Plan Trienal de Desarrollo del Estado Barinas 1995-1997 que hoy presentamos en este libro, muy bien editado por lo demás, reúne el concurso de mucha gente que vive, siente y conoce a Barinas. Decenas de profesionales jóvenes, sondeos de opinión recogidos en el seno de las comunidades y entre los más diversos sectores políticos, sociales, económicos, deportivos, culturales, universitarios, militares, religiosos, etc., etcétera, nos garantizan la seguridad de interpretar una visión realista, unida al sentimiento de los habitantes de nuestra región. A todos ellos, verdaderos gestores del Plan que hoy presentamos, expresamos nuestra gratitud y nuestro compromiso.

Junto a estos criterios de participación efectiva, que expresan una vez más nuestra convicción como gobernantes que realizamos una gestión pluralista -respetuosa de todas las opiniones y posiciones-, se suman algunas definiciones que consideramos intransables. Así, todo el diseño del Plan Trienal está priorizado por un acento en lo social, que se inscribe en una irrenunciable solidaridad con los más débiles, dicho sea esto sin hacer concesiones a la demagogia populista, tan del gusto de quienes nos antecedieron.

Esa prioridad no descuida -no podría hacerlo por razones obvias- el desarrollo económico que con realismo aborda las áreas de probada potencialidad y de arraigo del barinés, ni soslaya las necesidades del equipamiento e integración territorial, ni deja de lado la tan necesaria preservación de ambiente, ni menos renuncia a la necesidad de modernizar la gestión gubernamental en la dirección de hacerla más eficiente y útil a la gente.

La cuestión social -insisto-, rango preferente de nuestro gobierno, no es una decisión subalterna o vinculada a irresponsabilidades de corte demagógico. Eso sería perseverar en prácticas clientelares que dañan la dignidad de nuestro pueblo. Por eso mismo, las políticas de carácter social: salud, alimentación, educación, atención al niño, protección del menor, transporte público, vivienda, deporte, vialidad, financiamiento a pequeños y medianos empresarios y productores agropecuarios y campesinos, así como la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida de los barineses, son todos programas exentos de cualquier intención sectaria, que apuntan a la solución práctica de problemas urgentes y de necesidades sentidas por quienes han nacido aquí o han decidido permanecer en nuestra generosa y acogedora tierra.

El presente Plan Trienal de Desarrollo del estado Barinas 1995-1997 que, con visión futurista, presenta el Gobierno que dirijo a la consideración de la Asamblea Legislativa -y, a través de ella, a toda la comunidad barinesa- posee un diseño distinto a los tradicionales planes de este tipo. La intención no es ser innovadores para establecer diferencias de significación menor: por el contrario, valorando el destino de muchos planes anteriores, ceñidos a cartabones no muy funcionales ni pertinentes, hemos preferido elaborar un Plan Trienal de Desarrollo que, al alcance de todos, logre igualmente generar compromiso en todos los niveles de decisión y sea accesible a todos los habitantes del estado.

Sea este que hoy presentamos, como alguien decía, el Libro de Barinas, mediante el cual todos conozcamos el camino y sepamos que es posible devolverle a nuestra querida región el esplendor de otras épocas, así como también señalarle y hacer realidad nuevas metas de progreso y bienestar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsar el desarrollo definitivo de esta gran región.

Muchas gracias a todos (Aplausos).